Un estado que no invierte en investigación y desarrollo es un estado condenado a la dependencia, a la subordinación, a una acentuación de las desigualdades sociales, a la no resolución de los grandes problemas…

A menudo hemos escuchado en los tiempos electorales promesas de uno y de otro lado en relación a la investigación, a la tecnología o la innovación, hablamos de cambio de modelo productivo para abandonar el sol y el ladrillo, pero la realidad es que es un camino poco rentable en términos electorales, pues estos cambios exigen años o décadas de trabajo e inversiones.

El modelo productivo sobre el que ha descansado el desarrollo económico y social del estado durante las últimas tres décadas, basado en actividades que no permitían el pleno aprovechamiento del talento disponible, tales como el sector turístico, con un fuerte componente estacional, la construcción, y un tejido empresarial que pierde competitividad, con niveles de productividad bajos en un mercado donde la subcontratación, consecuencia de una globalización limita los beneficios, y que salvo excepciones de empresas que se han convertido en punteras a nivel mundial, sumado a este período de crisis, no permite vislumbrar un cambio significativo de cara a un tejido empresarial mas competitivo.

Con un crecimiento interanual del 0,7% en 2016 o, en números concretos, 132.60 millones de euros, el I+D en el estado español sigue perdiendo peso con niveles de hace diez años con respeto al PIB. Si el ejercicio de 2015 se saldó con un crecimiento del 2,7% estamos viendo que la desaceleración en inversión es una tónica que se sucede por sexto año consecutivo con una evolución por debajo del PIB, al mismo tiempo ese crecimiento se produce únicamente en el sector privado que, aunque sigue creciendo por debajo del PIB, se acelera, pasando del 2% en el 2015 al 3% en el 2016. Por el contrario, la inversión realizada por el sector público cae un 2%. El resumen es que el estado español invierte un 9,1% menos en I+D que, en el 2009, mientras que la UE en su conjunto invierte un 27,4% más.

El gobierno del Partido Popular, con sus políticas, está contribuyendo, sino acentuando el enquistamiento de un modelo productivo de elevado riesgo que nos deja a la cola de Europa. La tecnología que no seamos capaces de inventar y desarrollar en el estado español tendremos que adquirirla a terceros en un futuro.

Esta caída en la inversión de I+D se ve también en el espejo del número de Patentes registradas en la oficina española de Patentes y Marcas que en 2017 descendió un 19,8% hasta las 2.285 con el que se acumulan ya nueve años consecutivos de bajadas. Se trata de la mayor caída registrada en estos últimos años, cuando las solicitudes descendieron un 2% en 2016 y un 5% en años previos. Apenas hay cinco comunidades autónomas que aumentaron las cifras con respecto a 2016: La Rioja, Baleares, Navarra, Aragón y Castilla y León. En el lado contrario, Asturias y Extremadura solicitaron la mitad de patentes en 2017 que en el año anterior. En Andalucía, el descenso fue del 33,4%, mientras que en la Comunidad Valenciana cayeron un 29%, en Murcia un 26%, en Galicia y en Cataluña un 22%, en Canarias un 19,6% y en Madrid un 16,8%. Por su parte, los menores descensos se registraron en el País Vasco (13%), Castilla-La Mancha (10,7%) y Cantabria (6,7%).

El recurso principal para generar desarrollo sostenible y crecimiento en un país es la investigación científica, un medio que extrae el valor del conocimiento para aplicarlo dentro de los distintos sectores. Una apuesta decidida por el I+D provoca una mayor productividad científica y tecnológica, y por lo tanto un mayor número de productos de alto valor añadido susceptibles de ser patentados.

Deberíamos entonces preguntarnos seriamente si esos que ahora enarbolan la bandera de la unidad de un gran estado, los que nos gobiernan y que son los mismos que nos están llevando a la cola del continente europeo, son realmente lo que dicen ser.

 

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