Cada vez que Escocia remueve la idea de su independencia (con o sin referéndum, que allí por el Norte lo de la democracia se toma más en serio) los unionistas responden con campañas centradas en lo bien que estamos juntos o lo mucho que nos queremos. Aquí, en el país de los delitos de odio (esa figura legal que ha facilitado las cosas para encarcelar a dibujantes y titiriteros, además de meter el miedo en el cuerpo a quien se le ocurra criticar al Poder), el Let’s stick together del Reino Unido ha sido sustituido por un futbolero y más visceral A por ellos. Tal vez porque no sepamos hacer política en España fuera del odio y la venganza. Tal vez porque no sepamos/queramos hacer Política. Tal vez porque de tantas dosis metidas en vena, confundamos la política con el fútbol y los debates parlamentarios con una discusión de taberna.

El pasado 23 de marzo conocíamos la última decisión llegada desde Madrid referente a esa cruzada orgiástica de odio, venganza y humillación que algunos están llevando a cabo contra Catalunya (al menos contra una parte de aquel país), sin valorar las consecuencias futuras. El juez que ha asumido un papel a caballo entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo ha enviado a prisión provisional sin fianza a Turull, Romeva, Bassa, Forcadell y Rull, que se reunirán con Sánchez, Cuixart o Junqueras, quienes -sin que sepamos aún si va a haber motivos para condenarles- ya se han tragado 4 meses de prisión sin apenas comunicación con el exterior.

Es posible que estemos acumulando demasiados sucesos graves para seguir pensando en el futuro fortalecimiento de un Estado que parece haber tomado definitivamente el camino del desmembramiento de manos de los patriotas de “banderitas en la muñeca y cuentas corrientes en Panamá”. Mañana, el pleno del Parlament no podrá nombrar president a Turull, que se convierte así en el tercer candidato que “no gusta” en la orbita de La Moncloa, lugar en el que viven en esa dualidad agustiniana de la no aceptación del resultado de las elecciones convocadas por Rajoy el 21-D y la necesidad inmediata de que se conforme un gobierno en Catalunya para poder desactivar el 155 y comenzar a negociar los presupuestos del Estado con el PNV.

Aquel mismo día 23 conocíamos, además, que la ONU había instado al Estado español a garantizar los derechos políticos de Jordi Sánchez, demandándonos medidas cautelares -de acuerdo al artículo 92 de sus normas de funcionamiento- y pidiendo que se envíe cualquier información u observación sobre el caso de nchez en un plazo de 6 meses. Tal vez tengamos que acostumbrarnos a recibir notificaciones de este tipo en el futuro, al igual que otros países de dudosa trayectoria democrática. Tal vez puedan ser más graves. Incluso es muy probable que se repitan sentencias como la reciente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, condenando a España a pagar las costas del juicio e indemnizaciones por vulnerar la libertad de expresión de dos jóvenes que quemaron una foto de los reyes. Tal vez el Estado español y más concretamente el Poder Judicial tengan que afrontar un desprestigio que afecte a acuerdos internacionales y a nuestra política exterior. Y llegado el caso, tal vez -sólo tal vez- los del 155 y del a-por-ellos no vayan a asumir ninguna responsabilidad al respecto.

Desde el golpe de Estado de 1936 y la posterior Guerra Civil, no habíamos sufrido en España una situación con tantos políticos elegidos democráticamente en la cárcel o en el exilio. Y si esto aún no ha encendido todas las alarmas, ya no lo hará; provocando que nos dirijamos paso a paso hacia ese momento en que únicamente la sabiduría popular será capaz de articular alguno de esos dichos, que no servirán como solución ni ayudarán como consuelo.

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