La Xunta de Feijóo se reunió con la Fundación Franco para hablar sobre temas “técnicos” de la gestión del Pazo de Meirás

  • A preguntas de infoLibre, el Gobierno gallego se niega a aclarar cuándo fue la reunión, quién participó en ella y si se alcanzó algún acuerdo
  • La Xunta se limita a decir que el encuentro se celebró “en el ámbito del expediente” que abrió a los Franco por incumplir el régimen de visitas al pazo
  • Las asociaciones memorialistas denuncian que “la respuesta de la Xunta es impresentable” y lamentan que “va muy en la línea de su ideología

La gestión de las visitas al Pazo de Meirás por parte de la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF) continúa sin dar lugar a un posicionamiento claro por parte de la Xunta de Galicia. La fundación, que el lunes emitió un comunicado asegurando que su nuevo papel al frente de la organización de las visitas es “una excelente oportunidad para mostrar al gran público la grandeza de la figura de Francisco Franco“, mantuvo contacto con el Gobierno de Alberto Núñez Feijóo tras la apertura de un expediente a la familia del dictador, propietaria del pazo, por el incumplimiento de las visitas. “Solicitaron una reunión técnica para informarse sobre el expediente. La reunión versó sobre este asunto exclusivamente, es decir, fue una reunión de carácter técnico“, señalan a preguntas de infoLibre fuentes de la Consellería de Cultura.

La Xunta, no obstante, rechaza dar información concreta sobre los detalles del encuentro. “Esta reunión pertenece al ámbito del expediente y no podemos decir nada más sobre ella que el hecho de que versó sobre cuestiones técnicas alrededor del mismo”, sostiene un portavoz autorizado de la Xunta. El presidente de la Fundación Franco, Gonzalo Fernández de la Mora, tampoco ha querido explicar a este periódico las circunstancias de la cita.

El vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, anunció a principios del pasado marzo la apertura de un expediente a la familia Franco por “incumplir” la Ley del Patrimonio Cultural de Galicia, que obliga a abrir al público el Pazo de Meirás, ubicado en Sada (A Coruña) y declarado bien de interés cultural (BIC) en el año 2008. “Se constató que el sistema de acceso a las visitas, mediante el teléfono y el correo electrónico, se está incumpliendo”, explicó entonces Rueda. Patrimonio de la Xunta ya abrió un primer expediente el año pasado, a propuesta del Ayuntamiento de Sada y a raíz de las quejas de particulares que no lograban entrar, tal y como informó en abril el diario El País. Sobre los detalles del último expediente, “que actualmente se está tramitando”, la Xunta no da detalles. “Los expedientes atañen a las partes interesadas, por lo tanto no podemos dar información al respecto”, señala.

Por su parte, el presidente de la Xunta de Galicia ha advertido este jueves a la Fundación Francisco Franco que el gobierno autonómico pondrá en conocimiento de la justicia cualquier actuación fuera del marco legal que sea detectada tanto por la administración como por cualquier ciudadano. Feijóo ha recordado en rueda de prensa que, desde el inicio de su gestión como presidente autonómico, se “obligó a cumplir la ley de principio a final” a la familia Franco, y ha subrayado que su gobierno ha denegado en varias ocasiones la posibilidad de llegar a convenios con la fundación para el mantenimiento del pazo.

La Ley de Memoria Histórica, aprobada en el año 2007, insta en su artículo 15.1 a las administraciones públicas a tomar “las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la dictadura”. La Consellería de Cultura, señala la institución a respuestas de este diario, “no es competente para decir si algo es o no contrario a la Ley de Memoria Histórica al mantenerse esta cuestión fuera del ámbito competencial y capacidad inspectora de la legislación o ámbito de patrimonio cultural”.

La indignación por parte de la oposición parlamentaria gallega ha motivado la condena unánime de los partidos y la apertura de una serie de iniciativas de denuncia. En Marea ha instado a la Xunta a tomar acciones para evitar la gestión de la fundación: “Que no esté obligada a hacerlo no significa que no lo pueda hacer”, recalca la diputada Luca Chao. Antón Sánchez, portavoz nacional de Anova, considera que el hecho de que la ley inste a la consejería a regular el régimen de visitas “es algo que va más allá de horarios y días, y le da margen para decir que una fundación no es competente”. Sobre la propiedad del pazo, En Marea ya propuso en marzo que el Parlamento de Galicia solicitara al Congreso una modificación de la Ley de Memoria Histórica que permitiera recuperar la titularidad pública del pazo. Pese al respaldo de toda la oposición, el PP tumbó la propuesta en el mes de mayo argumentando defectos formales en la propuesta. Este jueves En Marea e IU han anunciado que pedirán en el Congreso la expropiación del Pazo de Meirás por estar “en peligro los valores democráticos”

Por su parte, el BNG también se ha sumado a las críticas y ha pedido a la Xunta que las visitas “no sean utilizadas para transmitir una versión manipulada de la historia que ofende a todas las víctimas del franquismo”. Además, la portavoz de los nacionalistas en Europa, Ana Miranda, ha solicitado la intervención de la Comisión Europea por “apología de la dictadura y de la figura del dictador”.

Finalmente, los socialistas gallegos han calificado los hechos de “insulto, burla y provocación“. En este sentido, el PSdeG ha revelado la presentación de dos iniciativas para pedir que “sean reprobadas todas las declaraciones” de la Fundación Franco que “enaltecen la figura del dictador” y la “utilización del Pazo de Meirás para la exaltación de una figura culpable del asesinato de miles de personas”.

“La ley no les gusta”

La respuesta de las asociaciones memorialistas apuntan directamente a los conservadores y su incumplimiento sistemático de la Ley de Memoria Histórica. Ángel Viviente, coordinador general de Convocatoria Cívica, afirma en conversación con infoLibre que el Gobierno de Feijóo “se está escapando” de su deber de cumplir con la ley. Entiende que ante estos hechos, el Ministerio de Justicia debería tomar medidas sancionadoras contra una fundación que ha anunciado públicamente su intención de incumplir con la norma, y matiza que “el problema básico es la mera existencia de la fundación, que va contra los objetivos de la Ley de Memoria Histórica”.

Arturo Peinado, presidente de la Federación Estatal de Foros por la Memoria, reconoce su descontento con la Ley de Memoria Histórica tal y como está planteada. La norma “es un fracaso, no cuenta con elementos para obligar a cumplir la ley, ni con un sistema de régimen sancionador, ni con el desarrollo necesario sobre lo que se entiende por exaltación del franquismo”, critica.

Peinado coincide con Viviente a la hora de señalar que “hay un hecho anterior y es la propia existencia de la Fundación Francisco Franco“, ya que, considera, “su objetivo es no cumplir la ley”. Por otro lado, y respecto al Pazo de Meirás, sostiene que el principal problema apunta a su titularidad. “Es vergonzoso que tenga la propiedad del pazo la familia de Francisco Franco”, señala, al tiempo que lamenta lo que a su entender es una “clara connivencia entre la Xunta y el franquismo” por permitir esta situación. Peinado se pregunta “en qué país del mundo una democracia consiente que la familia de un dictador se beneficie de las propiedades arrebatadas y siga disfrutando de los beneficios de la dictadura”. En este sentido, Peinado apuesta por avanzar en la recuperación del pazo por parte de las instituciones. “No podemos estar diciendo que tienen que ceder días en verano, es una estupidez y una auténtica vergüenza”, zanja.

Por su parte, el presidente de la Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica da Coruña, Fernando Souto, también considera que “la Ley de Memoria Histórica es muy light, muy ambigua”, y pide que el foco de la cuestión se centre en ilegalizar a la Fundación Franco y recuperar la titularidad del recinto como espacio de memoria.

El intento de En Marea por expropiar el pazo en marzo y el rechazo de los conservadores es algo que, a juicio de los defensores de la memoria histórica, “va en línea del PP”. “Lo seguirá haciendo, en ayuntamientos y en comunidades autónomas, porque la ley no les gusta”, lamenta Viviente.

Por su parte, el abogado Eduardo Ranz, especializado en cuestiones de memoria histórica, considera que “la respuesta de la Xunta es impresentable”. En primer lugar, explica, “hay que acudir a la Ley de Fundaciones, que dice que los fines de una fundación tienen que ser de interés general y de derechos humanos”. “Que sepamos Francisco Franco no destaca precisamente por su defensa de los derechos humanos y la fundación a la que se le ha encargado la gestión no es de interés general, son cuatro exaltados que no representan a una mayoría de la población”, insiste Ranz.

El abogado también apunta que la propia ley “no permite que se pueda favorecer a miembros del patronato, fundadores o familiares de ambos, y la realidad es que la presidenta de honor de la FNFF es Carmen Franco Polo, que tiene la propiedad del Pazo de Meirás”. La norma establece, concretamente, que “en ningún caso podrán constituirse fundaciones con la finalidad principal de destinar sus prestaciones al fundador o a los patronos, a sus cónyuges o personas ligadas con análoga relación de afectividad, o a sus parientes hasta el cuarto grado inclusive, así como a personas jurídicas singularizadas que no persigan fines de interés general”.

Por otro lado, Ranz añade que la condición de bien de interés cultural obliga a “pactar con la Xunta una serie de visitas e inspecciones, y recogerlo en un escrito, en un convenio, un acuerdo o un documento”, del que a día de hoy “no sabemos nada ni ha salido publicado”. Ese documento, advierte el abogado, “seguramente sea susceptible de impugnación por algún partido de la oposición”.

Ranz entiende que la solución a las circunstancias que rodean al pazo pasan por “una ley autonómica de memoria históricaque regulase directamente el pazo, y otra sería una transacción similar a la del Palacio de la Magdalena en Santander o el Miramar en San Sebastián, de los propietarios privados a las instituciones”. En este contexto, coincide en que el rechazo del PP a la propuesta de En Marea para recuperar el pazo va “muy en la línea de su ideología”.

Finalmente, y en cuanto al comunicado de la FNFF, Ranz lo tacha de “disparate jurídico, económico, social y político”. A su parecer, “retar a un Estado para una exaltación es de una soberbia extrema y además es vulnerar la legitimidad de un parlamento. Desde luego la Fiscalía tenía que haber actuado de oficio, e iniciar una investigación conforme a una posible sanción por delito de incitación al odio”, concluye.

LA XUNTA NO RESPONDE

infoLibre envió las siguientes preguntas a la Xunta de Galicia, que evitó responder:

1. En relación con el expediente abierto sobre las visitas al Pazo de Meirás.

a) ¿En qué fecha exacta se abrió el expediente?

b) ¿Quiénes fueron los denunciantes? ¿Quienes figuran como “interesados” en dicho expediente?

b) ¿De qué tipo de infracción se les acusa: leve, grave o muy grave?

c) ¿Contra quién se dirige el expediente: contra la familia Franco o contra la fundación?

d) ¿En qué fase se encuentra el expediente?

e) Además de dar audiencia a la Fundación Franco, ¿han dado audiencia a algún otro interesado en este expediente?

e) ¿Cuándo está previsto cerrar el expediente?

2. En relación con la reunión que la Xunta tuvo con la Fundación Franco.

a) ¿En qué fecha exacta se produjo esa reunión?

b) ¿Quién participó en la reunión por parte de la Xunta y de la Fundación Franco?

b) Dado que la iniciativa partió de la Fundación Franco, ¿qué demandas plantearon en esa reunión?

c) ¿Cuál fue el resultado de la reunión? ¿Se llegó a algún tipo de acuerdo?

Publicado en InfoLibre.es

 

Actúa por los derechos de las víctimas

Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de no repetición. Estos son los cuatro derechos que el Derecho Internacional reconoce a las víctimas y sobre cuya no aplicación en nuestro país han  puesto el foco en los últimos años distintos grupos de trabajo y relatores de Naciones Unidas.

Lo cierto es que si bien la mirada internacional se ha vuelto finalmente hacia nuestro país (prueba de ello es la visita del pasado martes que hizo una delegación del Comité de peticiones del Parlamento Europeo), en España aún no hemos puesto los cimientos para la construcción de una Memoria Colectiva que permita que más de 40 años después de la aprobación de una Constitución democrática se cumpla nuestro derecho como sociedad a las garantías de no repetición.

Este gobierno, como lo hicieran todos los anteriores, no reconoce siquiera el estatus de víctimas a quienes sufrieron los crímenes atroces de la dictadura de Francisco Franco. Sea tal vez porque les afecta ese mal llamado desmemoria, que desde el inicio de la democracia los poderes fácticos han inoculado a nuestra sociedad y que pareciera hacer gala a aquello de que Franco lo dejó todo “bien atado”. Un país que sólo en número de desaparecidos ocupa el segundo lugar del mundo tras Camboya, en el que más de 30.000 niños fueron robados y entregados a familias leales al régimen para eliminarles el “gen rojo”; donde grandes infraestructuras aún en uso fueron construidas con el sudor de trabajadores esclavos; en el que se desconoce y se pasea alegremente por lugares que representaron centros de detención en los que se torturaba a personas sólo por sus ideas; donde se sigue honrando la figura del máximo responsable de todos estos crímenes sin consecuencia legal alguna; donde aún podemos oír cosas como “fueron cosas de la guerra”, “qué hay de los muertos del otro bando”  o, lo que es peor, “están bien muertos por rojos”. Un país así padece un cáncer al borde de la metástasis que requiere intervención pública inmediata, una intervención que sólo se puede conseguir con valentía y voluntad política para que de una vez por todas recuperemos la dignidad que como sociedad perdemos cada vez que damos la espalda a nuestras víctimas.

A pesar de todo, hoy observamos vientos de cambio. Afortunadamente, hay avances que están tomando forma gracias a las fuerzas de izquierdas y progresistas de nuestro país y, sobre todo, al empuje de iniciativas ciudadanas, diferentes colectivos y asociaciones. Leyes de Memoria autonómicas están siendo aprobadas con gran valentía y esfuerzo de los parlamentos regionales. O la reciente resolución del 10 de mayo, aprobada sin votos en contra, para sacar los restos de Franco del Valle de los Caídos y otras 20 medidas. O los esfuerzos de ayuntamientos junto con la sociedad civil para que se dé reconocimiento a las víctimas. Todo ello muestra que es el momento de actuar. Es por eso que desde Actúa nos hemos propuesto sumar y canalizar estos esfuerzos, aunarlos, vigilar para que no cejen, funcionar como bisagra para que las últimas conquistas democráticas que se están consiguiendo no queden en meros gestos aislados. Exigiremos a los poderes políticos de este país que se cumplan todas y cada una de las recomendaciones de Naciones Unidas. En definitiva, que se comience a aplicar el derecho internacional.

Construyamos por fin el país sólido, plural y solidario que nos merecemos. Tomemos conciencia como sociedad de los errores que hemos cometido al no atender a nuestras víctimas. Seamos capaces de mirar bien alto y unidos. Tras haber conocido bien nuestro pasado, forjemos juntos un futuro desde el presente. Sólo así nuestra democracia podrá asentarse sobre unos cimientos fuertes. Actuemos. Rompamos los mitos y las cadenas que nos mantienen anclados a una de las épocas más horribles de nuestra historia.

Por todo lo anterior, entendemos, que el establecimiento de una Comisión de la Verdad en nuestro país puede contribuir al esclarecimiento de los hechos, a la preservación de la memoria de las víctimas del franquismo y a fijar responsabilidades, sociales y políticas en relación con nuestro pasado más oscuro y brutal como fue la dictadura franquista. Las comisiones de la verdad son órganos de investigación oficiales, de carácter temporal y extrajudicial, que disponen de un plazo relativamente corto paras tomar declaraciones, realizar investigaciones, estudios, y celebrar audiencias públicas antes de ultimar su labor con la publicación de un informe, fruto de la misma. Son un mecanismo de justicia transicional recomendado para nuestro país por diferentes organismos de Naciones Unidas, utilizado ampliamente en más de 40 países y con enormes posibilidades de adaptación a diferentes realidades y situaciones relacionadas con hechos que ofenden a toda la humanidad.

Desde Actúa y ante la falta de tutela judicial efectiva de las víctimas del franquismo, queremos que sin demora y con los medios adecuados se atiendan los derechos a la Verdad, Justicia y Reparación. Que se termine con la impunidad, se anulen los juicios-farsa y no se olvide lo que supusieron las detenciones ilegales, las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, la sustracción de bebés, el trabajo esclavo, el confinamiento arbitrario o la persecución ideológica y el exilio.

Es urgente atender las exigencias de las víctimas, reconociendo su condición y sus derechos, implementando recursos para hacerlos efectivos, estableciendo un verdadero plan de soluciones e identificaciones y que abra e investigue las 2.350 fosas aún existentes. Que retire los signos o referencias que supongan una exaltación del franquismo en los espacios públicos y muy especialmente que resignifique el llamado Valle de los Caídos, entregando los restos humanos allí depositados a las familias, incluidos los del dictador y los del jefe del partido fascista en nuestro país.

Queremos poner fin al sufrimiento de las víctimas y establecer una política de Estado que entienda que el deber de Memoria se sustenta en establecer garantías y condiciones para que la sociedad, centros de pensamiento, academia, organizaciones sociales, de derechos humanos e instituciones avancen en la reconstrucción de nuestra memoria democrática como aporte al derecho a la verdad del que son titulares las víctimas y la sociedad en su conjunto.

La política de Estado supone implementar medidas integradas, coherentes e imparciales en favor a la Verdad, la Memoria y la Reparación. Y nos sumamos a las palabras que nos ha recordado Pablo de Greiff, relator de la ONU, que entiende que la fortaleza de una democracia se mide, entre otras cosas, por su capacidad de gestionar las reclamaciones válidas de las víctimas y su capacidad de garantizar el derecho a la verdad sobre lo acontecido.

* María Garzón, directora de FIBGAR, y Jaime Ruiz, presidente de AMESDE (las dos organizaciones integran, junto a otro centenar, la Plataforma por una Comisión de la Verdad). Ambos son promotores de la Plataforma Actúa, por el Cambio Político.
Publicado en InfoLibre.es

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