La Xunta de Feijóo se reunió con la Fundación Franco para hablar sobre temas “técnicos” de la gestión del Pazo de Meirás

  • A preguntas de infoLibre, el Gobierno gallego se niega a aclarar cuándo fue la reunión, quién participó en ella y si se alcanzó algún acuerdo
  • La Xunta se limita a decir que el encuentro se celebró “en el ámbito del expediente” que abrió a los Franco por incumplir el régimen de visitas al pazo
  • Las asociaciones memorialistas denuncian que “la respuesta de la Xunta es impresentable” y lamentan que “va muy en la línea de su ideología

La gestión de las visitas al Pazo de Meirás por parte de la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF) continúa sin dar lugar a un posicionamiento claro por parte de la Xunta de Galicia. La fundación, que el lunes emitió un comunicado asegurando que su nuevo papel al frente de la organización de las visitas es “una excelente oportunidad para mostrar al gran público la grandeza de la figura de Francisco Franco“, mantuvo contacto con el Gobierno de Alberto Núñez Feijóo tras la apertura de un expediente a la familia del dictador, propietaria del pazo, por el incumplimiento de las visitas. “Solicitaron una reunión técnica para informarse sobre el expediente. La reunión versó sobre este asunto exclusivamente, es decir, fue una reunión de carácter técnico“, señalan a preguntas de infoLibre fuentes de la Consellería de Cultura.

La Xunta, no obstante, rechaza dar información concreta sobre los detalles del encuentro. “Esta reunión pertenece al ámbito del expediente y no podemos decir nada más sobre ella que el hecho de que versó sobre cuestiones técnicas alrededor del mismo”, sostiene un portavoz autorizado de la Xunta. El presidente de la Fundación Franco, Gonzalo Fernández de la Mora, tampoco ha querido explicar a este periódico las circunstancias de la cita.

El vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, anunció a principios del pasado marzo la apertura de un expediente a la familia Franco por “incumplir” la Ley del Patrimonio Cultural de Galicia, que obliga a abrir al público el Pazo de Meirás, ubicado en Sada (A Coruña) y declarado bien de interés cultural (BIC) en el año 2008. “Se constató que el sistema de acceso a las visitas, mediante el teléfono y el correo electrónico, se está incumpliendo”, explicó entonces Rueda. Patrimonio de la Xunta ya abrió un primer expediente el año pasado, a propuesta del Ayuntamiento de Sada y a raíz de las quejas de particulares que no lograban entrar, tal y como informó en abril el diario El País. Sobre los detalles del último expediente, “que actualmente se está tramitando”, la Xunta no da detalles. “Los expedientes atañen a las partes interesadas, por lo tanto no podemos dar información al respecto”, señala.

Por su parte, el presidente de la Xunta de Galicia ha advertido este jueves a la Fundación Francisco Franco que el gobierno autonómico pondrá en conocimiento de la justicia cualquier actuación fuera del marco legal que sea detectada tanto por la administración como por cualquier ciudadano. Feijóo ha recordado en rueda de prensa que, desde el inicio de su gestión como presidente autonómico, se “obligó a cumplir la ley de principio a final” a la familia Franco, y ha subrayado que su gobierno ha denegado en varias ocasiones la posibilidad de llegar a convenios con la fundación para el mantenimiento del pazo.

La Ley de Memoria Histórica, aprobada en el año 2007, insta en su artículo 15.1 a las administraciones públicas a tomar “las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la dictadura”. La Consellería de Cultura, señala la institución a respuestas de este diario, “no es competente para decir si algo es o no contrario a la Ley de Memoria Histórica al mantenerse esta cuestión fuera del ámbito competencial y capacidad inspectora de la legislación o ámbito de patrimonio cultural”.

La indignación por parte de la oposición parlamentaria gallega ha motivado la condena unánime de los partidos y la apertura de una serie de iniciativas de denuncia. En Marea ha instado a la Xunta a tomar acciones para evitar la gestión de la fundación: “Que no esté obligada a hacerlo no significa que no lo pueda hacer”, recalca la diputada Luca Chao. Antón Sánchez, portavoz nacional de Anova, considera que el hecho de que la ley inste a la consejería a regular el régimen de visitas “es algo que va más allá de horarios y días, y le da margen para decir que una fundación no es competente”. Sobre la propiedad del pazo, En Marea ya propuso en marzo que el Parlamento de Galicia solicitara al Congreso una modificación de la Ley de Memoria Histórica que permitiera recuperar la titularidad pública del pazo. Pese al respaldo de toda la oposición, el PP tumbó la propuesta en el mes de mayo argumentando defectos formales en la propuesta. Este jueves En Marea e IU han anunciado que pedirán en el Congreso la expropiación del Pazo de Meirás por estar “en peligro los valores democráticos”

Por su parte, el BNG también se ha sumado a las críticas y ha pedido a la Xunta que las visitas “no sean utilizadas para transmitir una versión manipulada de la historia que ofende a todas las víctimas del franquismo”. Además, la portavoz de los nacionalistas en Europa, Ana Miranda, ha solicitado la intervención de la Comisión Europea por “apología de la dictadura y de la figura del dictador”.

Finalmente, los socialistas gallegos han calificado los hechos de “insulto, burla y provocación“. En este sentido, el PSdeG ha revelado la presentación de dos iniciativas para pedir que “sean reprobadas todas las declaraciones” de la Fundación Franco que “enaltecen la figura del dictador” y la “utilización del Pazo de Meirás para la exaltación de una figura culpable del asesinato de miles de personas”.

“La ley no les gusta”

La respuesta de las asociaciones memorialistas apuntan directamente a los conservadores y su incumplimiento sistemático de la Ley de Memoria Histórica. Ángel Viviente, coordinador general de Convocatoria Cívica, afirma en conversación con infoLibre que el Gobierno de Feijóo “se está escapando” de su deber de cumplir con la ley. Entiende que ante estos hechos, el Ministerio de Justicia debería tomar medidas sancionadoras contra una fundación que ha anunciado públicamente su intención de incumplir con la norma, y matiza que “el problema básico es la mera existencia de la fundación, que va contra los objetivos de la Ley de Memoria Histórica”.

Arturo Peinado, presidente de la Federación Estatal de Foros por la Memoria, reconoce su descontento con la Ley de Memoria Histórica tal y como está planteada. La norma “es un fracaso, no cuenta con elementos para obligar a cumplir la ley, ni con un sistema de régimen sancionador, ni con el desarrollo necesario sobre lo que se entiende por exaltación del franquismo”, critica.

Peinado coincide con Viviente a la hora de señalar que “hay un hecho anterior y es la propia existencia de la Fundación Francisco Franco“, ya que, considera, “su objetivo es no cumplir la ley”. Por otro lado, y respecto al Pazo de Meirás, sostiene que el principal problema apunta a su titularidad. “Es vergonzoso que tenga la propiedad del pazo la familia de Francisco Franco”, señala, al tiempo que lamenta lo que a su entender es una “clara connivencia entre la Xunta y el franquismo” por permitir esta situación. Peinado se pregunta “en qué país del mundo una democracia consiente que la familia de un dictador se beneficie de las propiedades arrebatadas y siga disfrutando de los beneficios de la dictadura”. En este sentido, Peinado apuesta por avanzar en la recuperación del pazo por parte de las instituciones. “No podemos estar diciendo que tienen que ceder días en verano, es una estupidez y una auténtica vergüenza”, zanja.

Por su parte, el presidente de la Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica da Coruña, Fernando Souto, también considera que “la Ley de Memoria Histórica es muy light, muy ambigua”, y pide que el foco de la cuestión se centre en ilegalizar a la Fundación Franco y recuperar la titularidad del recinto como espacio de memoria.

El intento de En Marea por expropiar el pazo en marzo y el rechazo de los conservadores es algo que, a juicio de los defensores de la memoria histórica, “va en línea del PP”. “Lo seguirá haciendo, en ayuntamientos y en comunidades autónomas, porque la ley no les gusta”, lamenta Viviente.

Por su parte, el abogado Eduardo Ranz, especializado en cuestiones de memoria histórica, considera que “la respuesta de la Xunta es impresentable”. En primer lugar, explica, “hay que acudir a la Ley de Fundaciones, que dice que los fines de una fundación tienen que ser de interés general y de derechos humanos”. “Que sepamos Francisco Franco no destaca precisamente por su defensa de los derechos humanos y la fundación a la que se le ha encargado la gestión no es de interés general, son cuatro exaltados que no representan a una mayoría de la población”, insiste Ranz.

El abogado también apunta que la propia ley “no permite que se pueda favorecer a miembros del patronato, fundadores o familiares de ambos, y la realidad es que la presidenta de honor de la FNFF es Carmen Franco Polo, que tiene la propiedad del Pazo de Meirás”. La norma establece, concretamente, que “en ningún caso podrán constituirse fundaciones con la finalidad principal de destinar sus prestaciones al fundador o a los patronos, a sus cónyuges o personas ligadas con análoga relación de afectividad, o a sus parientes hasta el cuarto grado inclusive, así como a personas jurídicas singularizadas que no persigan fines de interés general”.

Por otro lado, Ranz añade que la condición de bien de interés cultural obliga a “pactar con la Xunta una serie de visitas e inspecciones, y recogerlo en un escrito, en un convenio, un acuerdo o un documento”, del que a día de hoy “no sabemos nada ni ha salido publicado”. Ese documento, advierte el abogado, “seguramente sea susceptible de impugnación por algún partido de la oposición”.

Ranz entiende que la solución a las circunstancias que rodean al pazo pasan por “una ley autonómica de memoria históricaque regulase directamente el pazo, y otra sería una transacción similar a la del Palacio de la Magdalena en Santander o el Miramar en San Sebastián, de los propietarios privados a las instituciones”. En este contexto, coincide en que el rechazo del PP a la propuesta de En Marea para recuperar el pazo va “muy en la línea de su ideología”.

Finalmente, y en cuanto al comunicado de la FNFF, Ranz lo tacha de “disparate jurídico, económico, social y político”. A su parecer, “retar a un Estado para una exaltación es de una soberbia extrema y además es vulnerar la legitimidad de un parlamento. Desde luego la Fiscalía tenía que haber actuado de oficio, e iniciar una investigación conforme a una posible sanción por delito de incitación al odio”, concluye.

LA XUNTA NO RESPONDE

infoLibre envió las siguientes preguntas a la Xunta de Galicia, que evitó responder:

1. En relación con el expediente abierto sobre las visitas al Pazo de Meirás.

a) ¿En qué fecha exacta se abrió el expediente?

b) ¿Quiénes fueron los denunciantes? ¿Quienes figuran como “interesados” en dicho expediente?

b) ¿De qué tipo de infracción se les acusa: leve, grave o muy grave?

c) ¿Contra quién se dirige el expediente: contra la familia Franco o contra la fundación?

d) ¿En qué fase se encuentra el expediente?

e) Además de dar audiencia a la Fundación Franco, ¿han dado audiencia a algún otro interesado en este expediente?

e) ¿Cuándo está previsto cerrar el expediente?

2. En relación con la reunión que la Xunta tuvo con la Fundación Franco.

a) ¿En qué fecha exacta se produjo esa reunión?

b) ¿Quién participó en la reunión por parte de la Xunta y de la Fundación Franco?

b) Dado que la iniciativa partió de la Fundación Franco, ¿qué demandas plantearon en esa reunión?

c) ¿Cuál fue el resultado de la reunión? ¿Se llegó a algún tipo de acuerdo?

Publicado en InfoLibre.es

 

Goya, la moderación y los extremismos

Durante siglos, nuestro país ha sufrido continuos altibajos en los ámbitos de libertades, derechos humanos, protección de los más débiles y, en definitiva, funcionamiento democrático de las instituciones que canalizan la acción de quienes nos gobiernan. Bien pudiera decirse que las épocas de bienestar y un funcionamiento político y social aceptable han sido las menos en nuestra historia.

Durante los siglos XVIII, XIX y XX, las asonadas de los poderes económicos y de la Iglesia, defensores de los privilegios, se encargaron de silenciar cualquier forma de lucha por las libertades y por la igualdad. Los gritos provenientes de la revolución francesa de Libertad, Igualdad y Fraternidad fueron asumidos por algunas mentes de nuestro país, pero la parte más conservadora y rancia de la sociedad se encargó de acallar toda idea moderna y progresista.

El librepensador Francisco de Goya, debido a sus ideas progresistas, penó y vivió atemorizado, amenazado por la pena de cárcel y vigilado por quienes defendían el poder absolutista del rey Fernando VII. Finalmente hubo de exiliarse, al igual que algo más de un siglo después tuvieron que hacer miles de españoles, defensores del orden legal establecido por la II República, huyendo de la barbarie fascista. El intento de aquellas mentes avanzadas del siglo XIX pronto cayó en lo más oscuro y en el silencio más atroz.

En pleno siglo XX, un nuevo intento liberizador y progresista se topó contra el muro de los herederos de tan rancio y eclesiástico absolutismo, férreos defensores de privilegios históricos, cercenando otro intento de acercarnos al pensamiento más avanzado de la vieja Europa. Contó para ello con el apoyo de los fascismos, que se iban fortaleciendo en el viejo continente.

Tras cuarenta años de dictadura, con el franquismo acurrucado en sus cuarteles de invierno, se inició otra ofensiva de apertura política y regeneradora, con la vista puesta en lo que se intentó previamente al golpe militar durante la II República. Una vez más, no pudo ser. Los avances conseguidos durante los años posteriores a la aprobación de la nueva Constitución en materia de derechos sociales y humanos, libertades, regeneración política, leyes laborales, Justicia Universal o Memoria Histórica se han ido desmoronando poco a poco. Esta vez no ha sido necesario un golpe de estado cruento, como ocurriera en los siglos XIX y XX. Los métodos de los que se han valido las fuerzas herederas del franquismo para mantener sus privilegios, han lastrado todo avance en materia de libertades y derechos sociales, aumentando los niveles de pobreza y de precariedad y, lo que es peor, dilapidando la fuerza que los trabajadores habían ido conquistando, con sus partidos y sindicatos a la cabeza.

Vivimos hoy en una España adocenada que sólo parece reaccionar ante las figuras más emblemáticas de los programas televisivos y de los deportes de masas, con una mayoría de la población que empieza a temblar ante el anuncio de una nueva restructuración de plantilla, pero que no conserva ningún ánimo de lucha. Quienes hoy gobiernan lo han hecho tan bien y su trabajo es ha sido tan eficaz que incluso han conseguido que buena parte de sus votantes procedan de la población más afectada por sus malas políticas, votos que incluso quieren utilizar como respaldo de sus actuaciones corruptas frente a la Justicia.

Quienes gobiernan hoy controlan los medios de comunicación, hacen leyes a su medida, reformas laborales que quitan derechos a las clases trabajadoras, y acallan cualquier intento de protesta y defensa de valores democráticos en clara decadencia. Las fuerzas de los privilegiados han ido manipulando los estamentos más altos del poder judicial, eliminando cualquier elemento hostil para conseguir una Justicia a su medida. Así, la corrupción, enquistada en lo más profundo de nuestra sociedad durante siglos, ha explosionado a niveles jamás vistos en los últimos años. Sin embargo, la impunidad manifiesta se ha apoderado de la sociedad, que parece verla como algo inevitable, es aceptada y asumida.

En paralelo a lo anterior, las desigualdades han crecido al mismo ritmo que los índices de pobreza. El exilio de miles de jóvenes, los mejor preparados, anulan cualquier intento de recuperación a corto plazo de un mercado laboral condenado al sector turístico y de servicios.

La vida pública y la política actuales han quedado vacías de contenido, al mover el campo de la discusión y del debate al ámbito de la Justicia, que debería emplearse en sus verdaderas funciones. El discurso suena vacío y hueco a una ciudadanía que sólo está llamada a opinar cada cuatro años, y a la que luego se abandona en su desesperación, frustrando toda expectativa e ilusión por el cambio.

Hace pocos días escuché al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, pedir moderación y evitar los extremismos. Me hubiera gustado que esas palabras hubiesen ido dirigidas a su propio partido, dado que es una persona que suele hablar entre líneas, con mensajes indescifrables que a muchos nos cuesta entender. Porque somos muchos quienes pensamos que el PP es el partido menos moderado y más extremista de los que forman el arco parlamentario y extraparlamentario en la actualidad. Me hubiera gustado que Rajoy pidiese moderación a los suyos en el asalto a los caudales públicos y en el deterioro de los servicios sociales, porque la situación se hace ya insostenible para su partido. Que hubiese pedido a los suyos limitar su extremismo en el control de los órganos de poder que no les pertenecen, como es la judicatura, y que demuestran al negarse a todo tipo de diálogo con la oposición, con las comunidades autónomas y con los ayuntamientos donde no gobiernan. Sí, por favor, más moderación y menos extremismo en sus comportamientos.

Pero Rajoy no lo va a hacer, él encabeza la serie catastrófica de desmanes del PP porque encabeza el Gobierno. Por eso al resto nos toca pedir a ese partido que se comporte de forma similar a la de otros partidos conservadores de Europa.

Llegados a esta situación, me pregunto qué haría aquel Goya defensor de las ideas liberalizadoras y de progreso. ¿Se volvería a exiliar? ¿No le habrían amenazado y expulsado de nuevo los mismos de siempre? Sinceramente, creo que hoy estaría también pintando escenas tenebristas y aplaudiría la petición de moderación y de no extremismo al PP.

No hay soluciones definitivas, sobre todo porque la situación es escandalosamente deplorable. Quienes pensamos que el cambio es aún posible, tan solo nos queda actuar. Unir nuestras mentes y esfuerzos para cambiar poco a poco el rumbo; ahí reside hoy la genialidad. Es bien sabido, con la correlación de fuerzas existente, que ningún grupo o partido podrá conseguirlo por sí solo actuando aisladamente. Hemos de unirnos todos aquellos que compartamos la idea de que no es el destino de nuestro país el que nos han diseñado a conciencia quienes llevan demasiado tiempo gobernando. Somos más los que deseamos el cambio que los que no lo desean y eso nos dará la fuerza y la razón para hacer posible este objetivo.

Precisamente, Actúa plantea un camino para el inicio de ese cambio mediante el diálogo, el debate y la acción política. Es necesaria la fuerza que propiciará la unidad de todas las personas y organizaciones que aún conservan la esperanza y las ganas de luchar contra la situación actual. Eso, o rendirse al neoliberalismo más feroz y carente de principios.


Ángel Viviente Core, Coordinador General de Convocatoria Cívica y promotor de la plataforma Actúa.

Publicado en NuevaTribuna es

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