autocritica necesaria

El coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, ha necesitado un año para asumir una evidencia, que muchas voces progresistas denunciaron en el momento en el que esta formación política acordó suscribir una coalición electoral con Podemos para concurrir conjuntamente a los comicios generales celebrados en junio de 2016. En algunos sectores de la organización se instaló el miedo a que IU fuera arrasada electoralmente por una fuerza en alza, encabezada por un líder carismático como Pablo Iglesias, a pesar que en las elecciones de diciembre de 2015, cuando se presentaron por separado, IU tuvo más de un millón de votos. Sin duda alguna, esta inquietud estuvo en el origen de una alianza, más oportunista y tacticísta que estratégica, abanderada por el PCE y por el propio Alberto Garzón, quien ahora ha sabido hacer una autocrítica inteligente, más allá de las urgencias que le llevaron a sellar el compromiso con Podemos.

Me consta que detrás de este acuerdo también había una voluntad clara de frenar el avance de la derecha representada por Mariano Rajoy y ganar en las urnas al PSOE con el objetivo de abrir el debate sobre un pacto de progreso que, llegado el caso, contara con el respaldo de las formaciones nacionalistas, especialmente en una coyuntura compleja marcada por el referéndum en Catalunya. Estos pronósticos no se cumplieron y hoy Izquierda Unida es, de algún modo, rehén de una entente, que ahora, transcurrido el tiempo, presenta más sombras que luces.

El informe presentado por Alberto Garzón en el mes de junio en el marco de la Asamblea Política y Social de Izquierda Unida hace suyas las críticas lanzadas en su día por Gaspar Llamazares, alertando sobre los riesgos del acuerdo con Podemos. Me refiero a la pérdida de identidad de unas siglas políticas, nacidas hace treinta años, y a la falta de visibilidad de sus dirigentes y, más importante, de sus iniciativas y mensajes. Condicionada por el control de Podemos, el número de propuestas presentadas por Izquierda Unida en Congreso de los Diputados es prácticamente testimonial y cuando una de ellas tiene impacto, como ocurre con la exigencia de una Ley de Eutanasia, el mérito se atribuye a la formación morada.

Creo firmemente en la unidad de acción de la izquierda porque favorece y estimula las opciones de cambio frente a la hegemonía de la derecha en el poder. Y no me refiero solo al Partido Popular. La monarquía, la banca, el Ibex 35, determinados sectores de la justicia y muchos medios de comunicación defienden intereses de clase para preservar sus privilegios. Actúan de la mano porque saben que así son más fuertes y eficaces en la consecución de sus fines. La izquierda tiene que interiorizar esta lección, pero debe hacerlo desde el respeto a la pluralidad entendida como un valor irrenunciable. La historia, en cambio, no apunta en esta dirección. La izquierda es reacia al entendimiento. Busca la absorción del pequeño por parte del grande y en la práctica lejos de generar ilusión provoca desencanto. El último ejemplo es Unidos Podemos.

El último posicionamiento de Alberto Garzón por reivindicar reconocimiento, influencia y visibilidad responde a un sentimiento de preocupación y malestar en el seno de Izquierda Unida, cuya base social y militancia rechaza el camino del empotramiento y disolución de facto en Podemos al que inexorablemente camina de no dar un urgente golpe de timón. Este giro es anhelado por unas bases comprometidas, reivindicativas y activas, que no siempre comulgan con el discurso de Pablo Iglesias y menos aún con el destierro al que somete a quienes no comparten su estrategia o sus ideas. Alberto Garzón, sin ir más lejos, ha pasado de situarse entre los políticos mejor valorados de este país a saberse eclipsado en un grupo en el que su protagonismo es menor del que merece, por no decir que éste es nulo. Por ello, se hace imprescindible la puesta en valor de Izquierda Unida no como oposición a Podemos sino como refuerzo a un proyecto compartido desde un criterio de respeto a la pluralidad. Resulta contradictorio hablar de generosidad con sus socios como hace Pablo Iglesias y luego mostrar actitudes de superioridad, prepotencia y búsqueda de la hegemonía, incompatibles con acuerdos justos, basados en la lealtad la colaboración y la integración. El triunfo de Pedro Sánchez favorece un acercamiento entre las distintas sensibilidades de progreso, que no se puede desaprovechar. Hace bien Izquierda Unida en buscar una interlocución directa con el PSOE. Ni puede ni debe delegar su representatividad en la formación morada. De hecho, le corresponde promover un papel de mediador para consolidar, llegado el momento, un gobierno de Izquierda, que ponga fin a una etapa negra de corrupción, recupere y profundice los derechos sociales y laborales de la ciudadanía, y gestione el tránsito hacia un estado federal y republicano. Las elecciones municipales, forales y autonómicas de 2019 serán un test para conocer la viabilidad de este frente amplio. Claro que para ello y como paso previo, Izquierda Unida deberá reconsiderar primero el marco de relaciones futuras a mantener con Podemos. Llegados a este punto, ¿basta con dotar de mayor visibilidad a Alberto Garzón o es preciso reformular las bases iniciales de una alianza basada en la subordinación y subalternidad en la que el más grande busca devorar al más pequeño?.

Este sería el camino más lógico y natural, acorde con la trayectoria de una fuerza política integra y coherente, pero no parece el más factible. Da la impresión que estamos ante un camino de no retorno. Izquierda Unida vive bajo la presión constante de su desaparición si participa en solitario en las urnas; Podemos, por su parte, ha visto rebajadas sus expectativas electorales hasta el punto de que lo que menos le interesa es una competencia a su izquierda. La necesidad nunca es el mejor punto de partida para una alianza estable y permanente. En el primer aniversario de Unidos Podemos asoman las dudas. El futuro está por escribir. Ojalá esté definido por la unidad.

Artículo de opinión publicada en EL CORREO. Julio 2017

Cinismo ante la Constitución

Cualquier proyecto de reforma solo prosperará si se busca cierto grado de consenso

La Constitución de 1978, que acaba de cumplir 38 años, rubricó la muerte del franquismo y un cambio radical en nuestra historia. Lejos de la idílica visión de una transición pacífica y una democracia otorgada, Franco murió en la cama, pero la dictadura feneció en la calle, en un ambiente tenso, entre atentados terroristas, conspiraciones de la extrema derecha, huelgas y una dura represión. La legalización del Partido Comunista demostró que las fuerzas armadas perdían su derecho de veto. Más que un punto de partida o llegada, fue un punto de encuentro.

La Ley de leyes estableció un Estado social y democrático de derecho abogando por una “democracia avanzada”. En su artículo 9.2 señala que “corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad e igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas y remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud”. El 128 afirma que “toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general (…)”.

José Saramago manifestaba que “nuestra Constitución puede servir de programa político a cualquier partido de izquierdas”. Julio Anguita decía hace unos meses que “muchos rojos imbéciles hablan de cambiar la Constitución. No, primero cumple esta”. Sin embargo, Alberto Garzón, pese a reconocer que el artículo 128 “es el programa de Izquierda Unida” y que “la Constitución se ha hecho de ultraizquierda porque la sociedad se ha ido derechizando”, afirma que “reformarla no tiene ningún sentido” y reclama una nueva.

Situados en la necesidad de actualizar el pacto constitucional, el proyecto solo prosperará si se busca cierto grado de consenso: hoy la correlación de fuerzas es peor que en 1978. Abogamos en nuestra propuesta de máximos por un Estado federal, laico y republicano, plurinacional, democrático y solidario, en la perspectiva de un doble federalismo, español y europeo. En la mesa, los cuatro puntos sobre los que informó el Consejo de Estado: fin de la preeminencia del varón sobre la mujer en la sucesión de la Corona; inclusión del nombre de las comunidades autónomas; reforma del Senado y una referencia a nuestra pertenencia a la UE. Hay un abanico de propuestas para el reconocimiento de la plurinacionalidad y la diversidad lingüística; la aclaración de competencias entre Gobierno, comunidades y Ayuntamientos, junto a su financiación respectiva; la conversión del Senado en cámara territorial; la laicidad del Estado; la reforma del sistema electoral y del Poder Judicial; la revisión, ampliación y blindaje de derechos y libertades… Todo esto muestra la dificultad del ejercicio.

Alberto Garzón, aunque reconoce que el artículo 128 “es el programa de Izquierda Unida”, afirma que “reformarla no tiene ningún sentido” y reclama una nueva

La crisis social y política derivada de las políticas de austeridad ha provocado la degeneración de la ideología en dogmatismo y cinismo político. En el último aniversario de la Constitución hemos visto desde la apropiación a la descalificación: gestos y discursos vacíos en un momento importante para la necesaria regeneración democrática. Paradójica apropiación la de quienes no la protagonizaron y más han contribuido al vaciamiento de sus contenidos sociales, los derechos civiles y el reconocimiento de la pluralidad territorial, en su momento con el precedente del referéndum OTAN y con la reforma exprés del artículo 135 (2011). Pero descalificación más dolorosa e incomprensible por parte de quienes, formando parte del bloque social y político que más luchó y contribuyó al pacto constitucional, hoy incurren en el repudio a la Constitución con términos falsos como “restauración borbónica”, “imposición franquista” o “régimen del 78”.

No santificaremos la Constitución. Sí diremos que no se puede ignorar que sus contenidos democráticos y sociales eran los de una democracia avanzada para la época, un salto sin parangón en los derechos políticos y sociales para un país que salía de una dictadura con sus aparatos de poder íntegros. Salvo la forma de Estado, parte del sistema electoral y la ambigüedad del modelo territorial, las principales insuficiencias que se achacan al texto constitucional son más fruto de la gestión timorata de los sucesivos Gobiernos, en particular del PSOE. Ocurrió en la construcción titubeante del Estado del medio estar, la sesgada aconfesionalidad o la integración en la OTAN.

La reforma es imprescindible, pero no será a través del dogma ni del cinismo. Solo se conseguirá mediante respuestas a los problemas actuales con previsión de futuro, una ciudadanía implicada y acuerdos políticos que garanticen mayorías para hacerlas posibles.

Montserrat Muñoz es portavoz de Izquierda Abierta y exdiputada.

Publicado en ElPaís.com

 

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