“Dios ordenaba esa indiferencia; Dios no quería que se

propalara en la tierra Su terrible secreto. Runeberg comprendió

que no era llegada la hora. Sintió que estaban convergiendo sobre

él antiguas maldiciones divinas; recordó a Elías y a Moisés, que en

la montaña se taparon la cara para no ver a Dios; a Isaías, que se

aterró cuando sus ojos vieron a Aquel cuya gloria llena la tierra;

a Saúl, cuyos ojos quedaron ciegos en el camino de Damasco; al

rabino Simeón ben Azaí, que vio el Paraíso y murió; al famoso

hechicero Juan de Viterbo, que enloqueció cuando pudo ver a la

Trinidad; a los Midrashim, que abominan de los impíos que pro-

nuncian el “Shem Hamephorash”, el Secreto Nombre de Dios. ¿No

era él, acaso, culpable de ese crimen oscuro? ¿No sería esa la blas-

femia contra el Espíritu, la que no sería perdonada? (Mateo 12:31).

Valerio Sorano murió por haber divulgado el oculto nombre de

Roma; ¿qué infinito castigo sería el suyo, por haber descubierto

y divulgado el horrible nombre de Dios?”.

 

Jorge Luis Borges, “Tres versiones de Judas”, Ficciones.

 

El título de este artículo tal vez no sea muy elocuente o revelador de la idea o tema que quiere tratar, en principio. Y es que la versión castellana del mismo no es la original, la versión original —nunca mejor dicho— es americana: Brokeback mountain. Ahora puede que un@ ya se pueda ir situando y haciendo con el asunto, y si no es así, lo descerrajo a bocajarro: voy emitir alguna opinión sobre la situación vivida por el colectivo LGTBI durante la dictadura fascista del General Franco. Y es que convertir en una realidad inexistente, en un secreto una manifestación tan antigua como la condición humana fue parte del ideario y de la acción política franquista. Esa manifestación es la homosexualidad.

Así lo pone de relieve el dato de que unos 5.000 hombres y mujeres fueron perseguidos y detenidos por su disidencia sexual, todo ello respaldado por algo que en la actualidad está muy en boga, por la ley. En efecto si durante la Guerra Civil y los primeros años de cruel represión se emitían condenas a muerte como quien reparte estampitas al grito de “rojo maricón” —entre otros principios de hondo calado—, a partir de la reforma de 14 de julio de 1954 de la Ley de Vagos y Maleantes la seguridad jurídica vino a resolver de un plumazo —o un plumilla, como se quiera— el problema de la legitimidad, y es que ya se sabe que dura lex sed lex, y arreglado.

En concreto, el artículo 6 número 2 de la Ley de Vagos y Maleantes decía así:

 A los homosexuales, rufianes y proxenetas, a los mendigos profesionales y a los que vivan de la mendicidad ajena, exploten menores de edad, enfermos mentales o lisiados, se les aplicarán, para que las cumplan todas, sucesivamente, las medidas siguientes:

  1. a) Internado en un establecimiento de trabajo o Colonia agrícola. Los homosexuales sometidos a esta medida de seguridad deberán se internados en Instituciones especiales y, en todo caso, con absoluta separación de los demás.
  2. b) Prohibición de residir en determinado lugar o territorio y obligación de declarar su domicilio.
  3. c) Sumisión a la vigilancia de los delegados.

Como se puede observar, el legislador de entonces era un machote de tres pares de estallos puesto que no le bastaba con encerrar a los homosexuales, sino que además “en todo caso” tenían que permanecer “con absoluta separación de los demás”. No es fácil ser tan hombre. Este comentario que puede parecer un tanto vulgar abre todo un horizonte argumentativo entorno al concepto clave sobre el que pivota la realidad que estamos analizando, los derechos humanos. En este sentido es Carlos Nino quien teoriza que los derechos humanos son derechos morales que se adjudican a sus  destinatarios por pertenecer a la especie humana, por consiguiente todos los hombres poseerían un título igual de esos derechos en la medida que todos tienen en el mismo grado esa propiedad relevante, es decir, todos serían igualmente hombres. Esta sería una distinción fuerte de qué podría ser considerado hombre y qué no podría ser considerado hombre y se estaría presuponiendo que la condición de ser hombre es del tipo “todo o nada”.

 

Pero la teoría no acaba ahí, sino que a continuación se formula la distinción débil que propugna, dicho con pocas palabras, que la propiedad de ser un individuo humano es gradual y que su cuantificación dependerá de la índole de las propiedades más simples en la que se descompone. Y en este momento surgen dos alternativas. La primera, dice Nino, consiste en caracterizar el concepto de hombre mediante propiedades prima facie moralmente relevantes —racionalidad, capacidad de proponerse fines (Kant)—, pero en este caso se llega a la conclusión llamativa de que hay hombres que los son en menor grado que otros, ya que las propiedades citadas son típicamente graduales. La segunda alternativa sería caracterizar el concepto hombre en términos biológicos básicos, tales como la estructura cromosomática de las células, que aún siendo uno de los criterios más simples que pueden tomarse en cuenta no deja de plantear problemas, pues ciertos discapacitados intelectuales tienen un cromosoma de más. Como se puede ver, la cuestión no es tan simple ni es pacífica.

Volviendo a la legislación aplicable durante la dictadura en el año 1970 se promulgó la Ley sobre Peligrosidad y Rehabilitación social que vino a sustituir a la de 1954. En lo referente al colectivo homosexual decía lo siguiente:

Artículo sexto.-Las medidas de seguridad se aplicarán a los sujetos declarados en estado peligroso de la forma siguiente:

Tercero.-A los que realicen actos de homosexualidad y a las que habitualmente ejerzan la prostitución se les impondrán para su cumplimiento sucesivo, las siguientes medidas:

  1. a) Internamiento en un establecimiento de reeducación.
  2. b) Prohibición de residir en el lugar o territorio que se designe o de visitar ciertos lugares o establecimientos públicos, y sumisión a la vigilancia de los delegados.

 

No podemos calificar la evolución del legislador franquista pues no se tiene constancia de que se haya inclinado por una distinción fuerte o por una distinción débil de los conceptos a los que se han aludido, aunque vemos que en efecto ya no se produce una separación tan tajante del colectivo LGTBI del resto de… ¿hombres? ¿seres humanos? ¿personas normales? En todo caso cabe apuntar que esta ley se fue vaciando de contenidos progresivamente mediante varias reformas pero no sería sino hasta 1995 que se produciría su total derogación. El camino seguido hasta entonces es una historia de sufrimiento, dolor y persecución sin compasión. No se puede pasar por alto como cenit rutilante de este colectivo y su historia la figura inconmensurable de Federico García Lorca, cuyos restos se retuercen con nuestra conciencia en alguna cuneta de Granada para vergüenza universal de la marca España.

Hubo que esperar al año 2002 para que el Parlamento democrático tomara algún tipo de iniciativa en relación con el paradero de los miles de asesinados y condenase el régimen dictatorial, lo cual no dejaría de ser un mero acto declarativo mediante una Proposición no de Ley. Tampoco dejan de ser llamativas las apelaciones realizadas en el trámite de la iniciativa a intervenciones realizadas durante la aprobación de la ley de amnistía entre las que destacan afirmaciones del siguiente tenor: “La amnistía es simplemente un olvido… una amnistía para todos, un olvido de todos para todos”.

Más tarde, concretamente el 17 de marzo de 2006, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa emitió un informe y denunció que el Congreso de los Diputados se había comprometido en 2001 a borrar los antecedentes judiciales de los homosexuales del franquismo y estudió la posibilidad de acordar indemnizaciones por los años de torturas y cárcel. Tildó el sistema político de homófobo denunciando que las personas del colectivo LGTBI fueron encerrados en centros psiquiátricos donde algunas de ellas fueron sometidas a operaciones bizarras de electrochoques. Los franquistas y falangistas, dice el Consejo de Europa, consideraban la propia existencia de los homosexuales contraria a su ideal de virilidad española. Los psiquiatras militares efectuaron experimentos con presos para identificar los “genes rojos”. Se trataba de una de las primeras tentativas sistemáticas de poner la psiquiatría al servicio de una ideología. Documentos publicados recientemente muestran el proyecto concebido por el psiquiatra en jefe de Franco, el doctor Antonio Vallejo Nájera, para identificar el “bio psiquismo del fanatismo marxista”. Todo esto y mucho más dice el informe del Consejo de Europa.

El íter legal que estamos describiendo culmina con la Ley de Memoria Histórica de diciembre de 2007. En ella su artículo 2.2 in fine hace una mención expresa a la orientación sexual como razón para declarar el carácter radicalmente injusto de las condenas y sanciones impuestas durante el franquismo a las personas afectadas, y en el artículo 3 se realiza una declaración de ilegitimidad de condenas y sanciones, pero sin hacer ahora ninguna mención a la orientación sexual. En cualquier caso ambas declaraciones son estériles desde el punto de vista jurídico ya que no generan efectos de ningún tipo más allá de la galería. En este sentido parece que debería procederse a una declaración de nulidad de tales condenas y sanciones para poder proceder a interponer las consiguientes reclamaciones oportunas. También es criticable lo sostenido en la exposición de motivos cuando afirma que “No es tarea del legislador implantar una determinada memoria colectiva” ya que ello conlleva implícitamente el descarte de poner en marcha una Comisión de la verdad solicitada por el sentido común y por el Consejo de Europa que ha instado al Gobierno español a crearla. En concreto dos comisiones: una estatal en la que se investiguen las violaciones de Derechos Humanos cometidas y otra de historiadores para el establecimiento de los hechos ocurridos en el período que va de 1939 a 1975. En esas comisiones las víctimas, sus descendientes y sus familiares deben ser invitados a prestar testimonio.

Para ir finalizando quisiera hacer mención otra vez a la exposición de motivos de Ley de Memoria Histórica donde dice: Es la hora, así, de que la democracia española y las generaciones vivas que hoy disfrutan de ella honren y recuperen para siempre a todos los que directamente padecieron las injusticias y agravios producidos, por unos u otros motivos políticos o ideológicos o de creencias religiosas, en aquellos dolorosos períodos de nuestra historia. La expresión “generaciones vivas” en el campo jurídico pertenece genuinamente al ideario constitucionalista, tanto es así que Rubio Llorente afirma que “la titularidad de la soberanía corresponde a las generaciones vivas”, es decir, al pueblo vivo. Hay otros autores como Mark Tushnet que están preocupados por el lugar reservado al pueblo en el derecho vigente y poner fin a un derecho constitucional elitista. En tal sentido el Consejo de Europa también dice mediante su informe que las élites franquistas han aceptado la transición y el retorno de la democracia a cambio de una amnistía política de hecho, que descansa en un “pacto de silencio”. Estimo que es bastante optimista esta observación del Consejo de Europa, pues la transacción que supuso la transición fue infinitamente más generosa con esas élites que siguieron y siguen gobernándolo todo desde hace siglos.  

El escritor Montero González habla de “una memoria viva que late bajo las cunetas de una tierra atravesada por carreteras yermas que siempre conducen al mismo sitio, ahí donde quedó escondida nuestra memoria”. Afirma que para que creyésemos que existíamos y para despistar nuestro camino nos dieron una Constitución con reserva del derecho de admisión a los disidentes, a los hijos y nietos de los que perdieron la guerra. Que esa Constitución empiece a obtener su contenido a partir de las discusiones del pueblo en los foros políticos y de los movimientos sociales ordinarios, y en textos en los que se identifique “el pequeño y sucio secreto” de la vida institucional contemporánea, esto es, la existencia e hipertrofia de prácticas y arreglos a espaldas de la ciudadanía, es el desafío principal al que se enfrenta nuestra tambaleante democracia.

Julián Romero Freijomil. Jurista especialista en Justicia constitucional, investigador en derechos fundamentale

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