Juan Ignacio Zoido, el ministro de las 12.500 medallas, ha abandonado el palco del Estadio Sánchez Pizjuán para revelarnos que la Operación Copérnico, ese despliegue policial en Catalunya que nos hizo ocupar las portadas de la prensa internacional, con alguna de las imágenes y titulares más vergonzosas de los últimos años, nos ha costado 87 millones de euros. Así, a lo tonto, casi 120.000 Sueldos mínimos interprofesionales a pagar entre todos por repartir estopa entre unos pocos o -visto de otro modo- casi la tercera parte del presupuesto aprobado en 2017 para la Renta garantizada de ciudadanía en toda Catalunya, antes de que la 14/2017 pasara a engrosar la abultada lista de leyes anuladas por el TC. Ya sabemos que los “parásitos de lo público” en España no son precisamente los Tercios, a quienes les iba en el sueldo la propia pólvora que empleaban; el problema actual radica en que esta pólvora ya no es del Rey, si no de los súbditos, que tienen que sufrir mil y un recortes en sus derechos básicos mientras ven cómo se malgasta su dinero.

La obsesión del último año por acabar con todo lo que venga de Catalunya, como si los palos fueran la mejor medicina para “curar” una ideología, está provocando el efecto contrario. En cada recuento electoral suman más votos los partidos favorables a la instauración de una república en Catalunya; y estos, a su vez, radicalizan más su postura en pro del independentismo catalán a cada nueva medida (más bien arroutada, diríamos en Galicia), que llega de Madrid.

Mientras la Audiencia Nacional y hasta el propio Tribunal Supremo juegan a hacer política, ante la ausencia de quienes debieran estar realizando esta labor, el Tribunal Constitucional tumba una tras otra las leyes y decretos aprobados por el Parlament catalán; alguna de ellas tan “burguesa” como la aprobación de la Renta garantizada de ciudadanía, el Decreto-Ley contra la pobreza energética, la del comercio y horarios comerciales, impuesto a los depósitos bancarios, contra los desahucios, impuestos a la energía nuclear, tasa a los operadores de internet o la que prohíbe el uso del fracking en la búsqueda de hidrocarburos en Catalunya.

Todo esto mientras el BOE anuncia que nos cobrarán por la callada 80 millones de euros en el recibo de la luz de este 2018 para indemnizar al Proyecto Castor, sólo unas semanas después de que el mismo TC (ese que últimamente parece interpretar la Torah para algunos) declarara nula esta indemnización. O mientras esperamos que la ministra del diferido nos explique si el ejército que España envió a Letonia, con la mayor capacidad de combate que ha desplegado nunca en el exterior y que costó 63 millones de euros solo en 2017 tiene alguna relación con el silencio de Letonia sobre la independencia catalana. De paso, también podría explicarnos porqué estas tropas fueron enviadas sin la autorización del Congreso, como ordena la Ley Orgánica 5/2005 y la propia Constitución Española.

Así las cosas, no parece que el asunto vaya a arreglarse por el Noreste de la península. Y si me apuran, tampoco parece que vaya a mejorar en el resto del Estado. Como muy acertadamente dice en su blog Iñaki Anasagasti:

“se parte de la base de que España es Madrid y que es además castellana y que eso de las naciones, idiomas cooficiales y personalidad e identidad propia solo debe llegar al nivel de los “coros y danzas” del franquismo y que lo demás es un mal sueño y una mala broma porque a “estos se les ha dado demasiado y lo que quieren es romper España”

Lejos se adivina el espacio de convivencia basado en el respeto y la pluralidad que la mayor parte de ciudadanas y ciudadanos en el conjunto del Estado (o eso quiero creer) deseamos construir. Tal vez porque nos hayan convencido de que la política es como un partido de fútbol y -si es en favor de “los nuestros”- tenemos que pedir penalti aunque la mano haya sido involuntaria y fuera del área. O tal vez porque tenemos tanta información y tan poco tiempo, que somos incapaces de distinguir a nuestro equipo antes de reclamarle al árbitro que pite el final del partido.

 

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