Escuchábamos este fin de semana en la televisión a la vicepresidenta de la unión democrática de pensionistas y jubilados la frase: “Los políticos no se dan cuenta de que somos mayores, pero no tontos“.

Por primera vez España es podio en algo y nos lo cuenta un estudio del IAW de Tubinga: El gobierno de la tercera economía con más fraude fiscal del mundo, con el 17,2% del PIB, detrás de Grecia con el 21,5% del PIB oculto e Italia con el 19,8%, el gobierno de la caja B, el de las mordidas, el de los más de 800 imputados, repite como un mantra en la caterva mediática que no hay dinero para las pensiones, no hay dinero para la sanidad, que no hay dinero para la educación y razón, dentro de su verdad a medias, podríamos decir que no le falta. Es más, si a los estudios españoles nos remitimos, existe uno de 2014 elaborado a instancias de los técnicos de Hacienda que situaba la economía sumergida en el 24% del PIB, aún peor todavía.

¿Y de cuanto dinero estamos hablando?

Si el PIB en España en 2017 fué de 1.163.662M.€ nos podemos situar en una horquilla entre 200.150 y 279.279 millones de Euros. Ahí es nada si lo comparamos, por ejemplo, con esos necesarios 4.500 para subir unas pensiones al nivel del IPC…

¿Dado que el dinero es como la energía, que ni se crea ni se destruye, sino que cambia de manos, donde está este dinero, cómo sabemos cúanto es?

Una epidemia de corrupción consentida, de cobros sin factura, de fraude fiscal, de producción no declarada que los técnicos denominan variable no observada, que el ciudadano de a pie vive y conoce y que, como dicen los economistas, sólo puede medirse y de forma indirecta a través de variables observadas. Cuantas más variables observadas se utilizan en el cálculo, más exacto sale el retrato de la no observada.

¿Y se puede combatir?

Claro que si y nuestros vecinos portugueses nos están dando buena lección de ello:

En 2014 iniciaron un sistema de sorteo para premiar a quienes exijiesen las facturas de sus compras. Le llamaron Factura de la Suerte. El premio: un coche cada semana. Los participantes: todos los consumidores finales con facturas emitidas y comunicadas a la Agencia Tributaria que incluyesen el número de identificación fiscal de los compradores. Sólo el primer mes aumentaron un 45% el número de facturas declaradas.

Crearon beneficios fiscales para quienes presentasen facturas de reparación automóvil y motos, peluquería, restauración y alojamiento de un 15% de retorno relativo al IVA pagado hasta un límite de 250 euros por persona y mes.

Incrementaron el número de inspectores, con más de 2.000 de ellos en empresas, el número de asistentes de apoyo mixtos a la investigación y la policía judicial dotada de medios como el acceso en tiempo real a los datos de hacienda y la seguridad social con la cada vez más compleja criminalidad fiscal en lo que concierne al fraude de IVA, uso indebido de sistemas informáticos que adulteran los datos contables y facturas falsas, principalmente, en los sectores alimentarios, bebidas, metales preciosos, automóviles y productos petrolíferos.

Implantaron sistemas para controlar de modo telemático los terminales de punto de venta o cajas registradoras para atajar la ocultación de ingresos con software de doble uso y por lo tanto la minoración de las bases imponibles de IVA, Impuesto sobre sociedades o IRPF.

Y la pregunta del millón, ¿por qué, en un sistema fiscal que pierde el 17% de la riqueza en el mejor de los casos o el 24% en el peor, un Ministro de Economía como Montoro aprueba una amnistía fiscal, o como eufemísticamente este señor le bautizó, una “regularización” tributaria, en lugar de declarar un estado de emergencia fiscal para sacar a flote toda esa economía sumergida?

Quizás es que esto de combatir el fraude fiscal y la economía sumergida no interesa al ministro de Hacienda, ni al Consejo de Ministros, ni al presidente del Gobierno… Habrá que preguntarse para quien gobiernan mientras nos venden un recorte de control del fraude en los tres últimos años, según el director general de la Agencia Tributaria Santiago Menéndez, de apenas 500 millones de euros, que supone un total en 2017 de 14.792 Millones, un 0,6% inferior a la de 2016.

Lo explica bien el ex-juez Baltasar Garzón en su último libro ”La indignación activa” cuando dice que “…la corrupción política de la mano de la económica se traduce en una especie de privatización del Estado. Quienes deberían servirlo pasan a ser “dueños” de aquellos elementos públicos que gestionan tomando fuerza el concepto de patrimonialización de los mismos, en detrimento de la idea democrática de atención al ciudadano que debería regirlos”.

Insisto!, hay que preguntarse para quien gobiernan mientras nos venden falsos recortes de impuestos a costa de debilitar aún más el Estado y no generar los recursos necesarios para invertir en esa sanidad, en esa educación, en esa asistencia social, en esas pensiones

 

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