A pesar del negro periodo vivido a consecuencia de las políticas de recortes y ajustes del Gobierno central, de las varias legislaturas de privatizaciones en el ámbito de las comunidades autónomas, el sistema de Sanidad Pública sobrevive: muy deteriorado y herido, pero sin haberse alterado su naturaleza y cultura de servicio público.

¿Cuáles son las prioridades, entonces, para relanzar el refortalecimiento y la calidad inmediatos de nuestra Sanidad Pública? La primera, sin duda, es sacar al paciente de la enfermedad grave en que está para, en paralelo, abordar su recuperación y el cambio necesario de su orientación y funcionamiento. Se trataría entonces de volver a la cobertura universal y poner sobre la mesa los recursos necesarios para sostener la calidad del trabajo de los profesionales y de la atención, equiparando el gasto sanitario público al de nuestro entorno. Para ello, es ineludible la derogación del RD 16/2012. 

Otra medida imprescindible es la puesta en marcha de la Ley de Salud Pública, aprobada primero, paralizada más tarde, no exenta de escándalos como el del Ébola, durante las legislaturas de la derecha. Aquí el objetivo es reorientar el sistema desde la mayoritaria atención hospitalaria de la enfermedad hacia la salud y la atención comunitaria.

Por otra parte, debemos abordar los problemas de dirección y reorganización del Sistema Nacional de Salud (SNS), de acuerdo con las CCAA y con la participación de profesionales y ciudadanos. Entre esos problemas estaría el cambio en el deficiente funcionamiento del Consejo Interterritorial de Salud en favor de una verdadera dirección compartida del mismo. Dicho viraje habría de ir acompañado de un presupuesto estatal suficiente, propio de un modelo federal para dotar las estrategias sanitarias y las políticas de equidad. También sería importante la puesta en marcha de un órgano o Instituto De Calidad, del modelo NICE, para garantizar la incorporación de fármacos y tecnologías eficientes y poner coto a la yatrogenia (las reacciones adversas producidas como consecuencia del uso de medicamentos o de un determinado tratamiento médico) en el sistema sanitario público.

En el ámbito de las CCAA, el camino a la mejora pasa por la derogación de la ley 15/97 y sus formas de gestión privadas del sistema sanitario, así como el acuerdo sobre un nuevo modelo de financiación que garantice la sostenibilidad de los servicios sanitarios públicos.

Todas las medidas mencionadas no agotan la agenda que debería ir acompañada del relanzamiento de temas preteridos como la salud mental o la salud laboral y su encaje en el sistema público. Otro tanto sería introducir la salud en todas las políticas y la participación de ciudadanos y profesionales en el sistema.  Sin embargo, tres son los problemas esenciales y estratégicos que en Actúa consideramos que debe resolver la política sanitaria de los próximos años:

1. Recuperar el carácter personal de la medicina: la relación del curar y cuidar.

Aunque uno parte siempre de la realidad más inmediata, de los fenómenos, debe llegar a la esencia de los mismos si quiere entenderlos para poder transformarlos con ciertas garantías de éxito. Por tanto, no empezaré por el sistema y sus problemas más llamativos, sino por el núcleo del mismo en términos esenciales, sin el que no sólo no se entendería, sino que dejaría de ser un sistema sanitario para convertirse en otra cosa. Me refiero al modelo de ejercicio profesional, al que tiene como centro la relación médico-enfermo (si lo prefieren, ahora equipo sanitario-paciente o ciudadano). Perder de vista que esta relación es la base del conjunto del sistema es dar un paso atrás, algo que la sanidad pública está a punto de hacer, dar un paso que supondría la completa despersonalización de la medicina, su trasformación en ciencia (biología), economía (gestión), tecnología o política. Cualquier cosa, menos medicina.

Porque la medicina no es sólo una visión técnica sobre los cuerpos y las enfermedades. Es, sobre todo, un encuentro personal que casi se ha perdido en el ámbito hospitalario y está punto de perderse en el de la Atención Primaria. Por tanto, debemos fijar la mayor atención sobre ese encuentro si queremos reorientar adecuadamente el conjunto del sistema. Revisar a fondo el modelo de ejercicio profesional es pues la primera de todas las prioridades. Recuperar a los profesionales para el sistema, ofrecerles el marco adecuado para su ejercicio, establecer unas reglas claras y justas, hacer que se sientan cómodos en lo que realmente quieren hacer, que no es otra cosa que su trabajo con calidad y seguridad, protegerles de los agentes externos e internos cuyos intereses pueden contribuir a devaluar su función y su papel en el conjunto del sistema. Sólo la recuperación de ese espacio virtual que es la relación personal entre médico y enfermo garantiza a cada persona que todo el complejo sistema sanitario está realmente a su servicio.

2. Fortalecer y equilibrar el sistema sanitario.

El entorno que determina y condiciona ese espacio, ese encuentro, es enormemente complejo, quizá una de las instituciones sociales más complejas que han creado las sociedades humanas. La sanidad es una realidad de muy difícil manejo porque en ella participan muchos actores, muchos grupos de cuya correcta articulación y funcionamiento depende finalmente la calidad, amplitud y efectividad de cada encuentro entre profesionales y pacientes. Y esa articulación de la que hablo no es exclusivamente técnica, ingenieril. Si tuviéramos el plano de lo que queremos, sería relativamente fácil construirlo. La sanidad es una empresa compleja desde una perspectiva técnica, sin duda, pero lo es además porque los actores tienen intereses propios, diferenciados, que han de casarse los unos con los otros sin desnaturalizar la función y los resultados del conjunto.

Así que la segunda de las prioridades a que nos obliga la situación actual es a la redefinición del “poder” en el conjunto del sistema. Sin una reflexión sobre este asunto la inercia llevará a la sanidad al terreno de los poderes económicos, a la privatización. Sin duda hay que enfrentar los problemas estructurales de gobierno del sistema a todos los niveles, desde el Consejo Interterritorial hasta las relaciones entre profesionales y publicitadores médicos. Con el horizonte puesto en una nueva Ley de Sanidad, hemos de proceder a revisar y cambiar lo que sea necesario en la organización del conjunto del sistema. Fuera miedos y complejos. Hagámoslo a fondo, con parsimonia, pero con voluntad real de mejorar y no sólo de gestionar lo que hay. Porque si preservar el espacio de la relación médico-paciente era el núcleo que daba sentido a la sanidad, sólo la recurrencia del propio sistema sanitario como tal garantiza aquel espacio de encuentro personal en igualdad de condiciones para todos. Revisemos el modelo de gestión de la sanidad, de la toma de decisiones en cada nivel del sistema, veamos quién puede qué… Pero, sobre todo, introduzcamos de una vez la participación social en la cadena real de decisión, salvándola de su actual papel de comparsa de un discurso y una práctica que no es suya sino ajena.

3.  La salud y la sanidad públicas como política de Estado.

Desde el espacio personal de encuentro entre el médico y el enfermo, pasando por la interioridad de la sanidad como institución social a preservar y potenciar, llegamos a la tercera prioridad de este análisis. Desde la perspectiva de Actúa, es condición necesaria de una sanidad de todos, segura, con calidad y personal, que el Estado asuma sus funciones. Recortando, poniendo copagos o privatizando, las distintas administraciones públicas no cumplirán su función objetiva. Si el papel del Estado se limita a transferir espacios de negocio al ámbito privado, la sanidad, tal y como la entendemos, estará pronto acabada.

Por tanto, la tercera de nuestras prioridades no es otra que la reversión de las políticas que ponen en cuestión la sanidad pública. No sólo en lo que se refiere al aspecto presupuestario, sino también muy señaladamente a las políticas sanitarias de las administraciones públicas, partidos, sindicatos y otros agentes sociales. El presupuesto suficiente, un nuevo marco legal a la altura de los problemas reales de la sanidad pública, un discurso claro y un liderazgo fuerte es lo que la sanidad necesita del Estado. Además, es necesario que todos los poderes públicos entiendan que la sanidad es uno de los instrumentos más poderosos para su legitimación y para su propio fortalecimiento. Así que no sólo debe garantizar aquel encuentro personal del que venimos hablando, sino que debe asumir que el carácter público y universal de sus prestaciones son condición ineludible de su propia supervivencia, y que sus esfuerzos para incluir la perspectiva de salud en todas sus políticas -no sólo en la sanitaria- es una forma obligada para su legitimación.

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