Nunca en la historia de la humanidad hemos vivido una etapa más favorable para poder recibir y emitir información. Internet abrió la puerta a la globalización y las redes sociales nos garantizan conectividad plena todos los dias del año y a todas horas. Un solo click en nuestro móvil nos acerca hasta el fin del mundo. Pensamos que, por fin, el acceso a una información plural y veraz, reconocida por la Constitución en su artículo 20, sería una realidad vinculada al desarrollo de las nuevas tecnologías. ¡Que equivocados hemos estado! Nos imaginábamos más libres y, en cambio, somos más cautivos. La era de la información ha dado paso a la era de la  desinformación por exceso e incapacidad para procesarla, pero, aún más importante, por la ocultación de hechos y datos relevantes que son sustituidos por otros que no tienen ninguna incidencia en nuestras vidas. Todo ello, además, sin contar con el nuevo fenómeno de las noticias falsas, difundidas por servicios de inteligencia e intereses ocultos, con el objetivo de condicionar la voluntad de la opinión pública e influir en sus decisiones y actitudes.  Recientemente, Oxfam-Intermon, salpicada ahora por el escándalo de Haití, ha hecho público un informe estremecedor, que pone en evidencia el modelo de sociedad que estamos construyendo. Es sólo un ejemplo más que nos puede ayudar a entender cómo se manipula y se utiliza la información en el siglo XXI

El estudio, elaborado por la organización no gubernamental de cooperación, es un documento serio, riguroso y bien argumentado, con datos concluyentes que hubiera merecido una mayor difusión de la que ha tenido. Sin embargo, no ha sido asi y cabría preguntarse el porqué. La respuesta parece obvia. El “ciclón” catalán arrasa con todo, ajeno a la sensación de hartazgo que el tema genera en una parte importante de la población, cansada a estas alturas de la omnipresencia del “procés”. Es cierto que se trata de una cuestión de Estado, con un impacto directo en el futuro del modelo territorial y la convivencia; ahora bien, es igualmente cierto que el empobrecimiento, la desigualdad, la precarización y los recortes en protección social, que con tanto acierto denuncia Oxfam-Intermon,  provocan  graves consecuencias en la vida de millones de hombres, mujeres y familias.
En un contexto pretendidamente optimista, según nos quieren hacer creer, en el que la crisis económica parece quedar atrás, el panorama resulta desolador. En 2016, más de 10.6 millones de personas vivían en España por debajo del umbral de la pobreza; un total de 600.000 hogares no contaba con ningún ingreso y el 28 por ciento de la población se encontraba en riesgo de exclusión.

Nos enfrentamos a una situación alarmante, que deberia centrar la intervención de instituciones y partidos políticos, especialmente aquellos que aspiran a representar los principios de la izquierda. Me refiero al PSOE y a Podemos en el Estado y a Bildu en Euskadi. Deben recuperar discursos tan necesarios como la igualdad, el empleo estable y bien remunerado o la redistribución equitativa de la riqueza. Hay que buscar fórmulas efectivas y pactadas  para responder a las demandas legítimas de Catalunya, pero el debate independentista no debe eclipsar otras cuestiones como son la dignidad y los derechos humanos. La “brecha” tradicional entre ricos y pobres es ya un abismo que se hace más profundo a medida que la macroeconomía permite intuir una recuperación que el Gobierno aplaude como propia, los medios y tertulianos afines al poder difunden y la oposición no termina de rebatir con firmeza y convicción, presa de la urgencia de los informativos hoy limitados a los avatares de Carles Puigdemont. En este escenario, resulta complejo concentrarnos en el hecho de que en España entre 2007 y 2016 el 10 por ciento más pobre ha visto disminuir su participación en la renta nacional en un 17 por ciento, mientras el 10 por ciento más rico la ha incrementado en un 5 por ciento, y el 1 por ciento más rico en un 9.

El crecimiento favorece cuatro veces más a los más ricos que a los más pobre. No es mi intención caer en la trampa fácil de la demagogia sino alertar sobre el consumo orquestado de información, no siempre veraz ni relevante, a la que estamos sometidos. Hay muchos modos de ejercer la censura y ésta práctica propia de las dictaduras también se hace presente en las democracias, aunque sea de un modo sutil. Extender un manto de silencio sobre hechos relevantes es una técnica habitual de manipulación tan extendida como lo es el bombardeo continuo de noticias sin trascendencia que copan primeras páginas y horas ininterrumpidas de programas de radio y televisión. Desconocemos cuál será el futuro de las pensiones, si recuperaremos o no los derechos perdidos en los años de crisis o si en algún momento la banca devolverá el dinero de todos invertido en su rescate. Incluso el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se atreve a decir que no toca hablar de la brecha salarial de género, una cuestión que implica a más de la mitad de la población española.

Sin embargo, lo sabemos todo de los exiliados y presos del conflicto catalán. Lo que almorzaron en la cárcel el dia de Año Nuevo, la casa en la que Carles Puigdemont pasa los fines de semana o las cervezas que consume en una terraza de la Grand Place, en Bruselas.  Cuando pregunto en mi entorno por el “procés” no puedo dejar de percibir cansancio en personas defensoras del derecho a decidir, debido al hastío que sienten ante tanta avalancha de datos que no les incumben y que han logrado distraer la atención sobre la cuestión de fondo: ¿si es legítimo reivindicar la independencia por qué se considera un delito convocar un referéndum y que sea la ciudadanía afectada quien se pronuncie?

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