Estas últimas semanas abogados catalanes suman fuerzas para coordinar y presentar una querella colectiva contra el juez instructor de la sala segunda del Tribunal Supremo, Pablo Llarena a la petición de Jordi Sànchez de poder salir de la cárcel para asistir al pleno de su investidura. Referentes del ámbito jurídico, como el catedrático, de Derecho Constitucional, Javier Pérez Royo, alertaban de que cualquier ciudadano catalán estaba en el derecho de presentar esa querella por vulneración del derecho de sufragio activo, e incluso también el propio Jordi Sànchez. Decenas de miles de ciudadanos están ahora mismo coordinados en las redes sociales para presentar esa querella colectiva, pero cuanto de razón y fundamentos jurídicos manejan para avanzar en esta iniciativa?:

El artículo 152 de la Constitución española establece, que en el caso de un parlamento autonómico, no así en el caso del “Congreso de los Diputados”, que podría ser cualquier ciudadano del estado español electo o no, el candidato propuesto a Presidente, tiene que ser un diputado electo y que no haya sido privado del ejercicio de sufragio mediante “Sentencia JudicialFirme”.

El acto de investidura a presidente de una comunidad autónoma está regulado en el Estatut de Cataluña y en la Constitución española. La Constitución y el Estatut establecen también que la máxima autoridad del Estado en un proceso de investidura es el Presidente del Parlamento correspondiente, en este caso el señor Roger Torrent, y por lo tanto la propuesta de un President del Parlament tiene que ser cumplida. Ni que decir tiene que la situación jurídica del señor Jordi Sànchez i Picanyol no cambia por este acto, y si el juez Instructor de la sala segunda del Tribunal Supremo establece que este tiene que volver a la cárcel, tendría, evidentemente, que volver.

Por lo tanto, Jordi Sánchez es un candidato propuesto por el President del Parlament, después de haber seguido todo el procedimiento establecido en el Estatut de Autonomía.

El Juez Pablo Llarena comete un acto de prevaricación cuando prohíbe en su “auto” la presencia de Jordi Sánchez en el acto de investidura en el Parlament. El President propone un candidato y este tiene que acudir al Parlament por derecho propio.

De cara a esta investidura, si no son empleadas la Constitución y el Estatut de Autonomía y se emplean, en su lugar, el Código penal y la “Ley de Enjuiciamiento Criminal”, que son normas infra-constitucionales y, por lo tanto subordinadas a la Constitución española, se está cometiendo un acto de prevaricación, y una subversión de todo el ordenamiento jurídico.

Este acto es denunciable por cualquier ciudadano catalán por vulnerar el derecho de sufragio activo de un ciudadano de Cataluña al haber sido vulnerado un derecho universal. Igualmente el Sr. Sànchez, imputado o no, tiene el derecho a denunciar el mismo acto, por vulnerar el derecho de sufragio pasivo del propio Sr. Sànchez.

Este acto de prevaricación, además constituye una quiebra de libro del ordenamiento jurídico muy grave y de una importancia extraordinaria.

Claro que tengo por seguro que la no separación real de poder en el Estado abre la posibilidad de que esta querella no tenga recorrido en el territorio español pero, sin embargo, es un trámite necesario para poder llegar a la justicia europea, cuando agotadas todas las vías de recurso, Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional, se acercaría el camino para presentar esta querella delante del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

El Estado Español, mediante el control de la Fiscalía y de una parte del poder judicial se está jugando su credibilidad como sistema democrático y garantista. Serán, otra vez, los largos tiempos jurídicos los que darán y quitarán razones en este conflicto que algunos pretenden resolver exclusivamente por la vía judicial, la humillación de un pueblo y la represión desde el totalitarismo más alejado del ordenamiento jurídico.

* Este artículo y sus opiniones están basados única y exclusivamente en la opinión personal del coordinador de relaciones institucionales de Xuntos-Actúa, Xabier Garaloces y en base a la argumentación jurídica y manifestada públicamente en diversos medios de comunicación del Catedrático en Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla, Javier Pérez Royo 

 

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de privacidad, pinche el enlace para mayor información.Actúa politica de privacidad

ACEPTAR
Aviso de cookies