Hace tiempo ya que el Estado Español requiere de una reforma constitucional a todos los niveles. Aunque parezca que estamos en estos últimos meses sumidos en una profunda crisis política y social, la deriva que han tomado las cosas en los últimos tiempos no deja de ser una simple manifestación de una crisis de carácter más profunda, la de una sensación por parte de una buena parte de la ciudadanía española de que el estado de derecho está en manos de los dos partidos mayoritarios y los poderes fácticos a los que representan. Desde la transición, estos dos partidos, con la ayuda inestimable de los dos partidos nacionalistas mayoritarios en Cataluña y País Vasco (CIU y PNV), han ido colocando sistemáticamente a gente afín en la dirección de las instituciones y órganos de estado que deberían velar por los intereses de todos los españoles por igual. De esta forma, poderes tan importantes como son el Consejo General del Poder Judicial o el Tribunal de Cuentas están gobernados por gente cuya única misión es preservar el status quo, un status quo diseñado para proteger a los más poderosos. La crisis a la que me refería al principio de este párrafo es una crisis de fe, una crisis existencial que hace que mucha gente no sienta apego por el estado.

El “Procés” catalán no deja de ser una simple manifestación de esta crisis más profunda. Aunque sea cierto que la actitud de los líderes independentistas catalanes ha rayado en ocasiones la irresponsabilidad y el dogmatismo, la realidad en Cataluña es que mucha gente que incluso no se considera independentista siente verdadera repugnancia e incomprensión ante el funcionamiento del estado de las autonomías actual y temor ante las represalias estatales. Desde esta comunidad se viene pidiendo reiteradamente una reforma constitucional que no sólo ayude con el encaje territorial de Cataluña dentro del estado, si no que impulse un mayor autogobierno destinado a mejorar servicios que pertenecen tanto a toda la ciudadanía catalana. Esta reforma constitucional debería dotar también al gobierno de la Generalitat con la prerrogativa de poder convocar un referéndum vinculante acerca de la relación de Cataluña con España. Un referéndum legal, con todas las garantías democráticas, en el que la gente catalana pudiese decidir su futuro de una forma tranquila y serena. No es que abogue yo por la independencia, pero soy de la firme creencia de que con una negociación sensata y con una reforma constitucional se podría establecer un nuevo encaje territorial que diese al menos una solución temporal a este problema.

Esta reforma constitucional debe ir mucho más allá del encaje territorial de las viejas naciones históricas que hay dentro del estado. Su prioridad principal debe ser dotar, mediante una compleja pero necesaria negociación política (cuya máxima prioridad debe ser el consenso democrático de cuantas más fuerzas políticas y sociales posibles) a las instituciones del estado de una nueva y sólida independencia. Es decir, proporcionarles a estos organismos mecanismos destinados a la preservación de los intereses de todos y cada uno de los ciudadanos del Estado Español, no sólo a los poderosos y sus secuaces. La independencia del poder judicial es quizás la mayor prioridad ahora, ya que los sucesos de estos últimos días generan impotencia, desasosiego y miedo. Miedo porque al mismo tiempo que se encarcela a unos líderes políticos legítimamente votados, irresponsables quizás, pero representantes pacíficos de un sentimiento independentista completamente legítimo, se libera a gente como Ignacio González de prisión, o se tapa y silencia el hecho de que un comisario de policía testificase el otro día que hay claros indicios de que el presidente del gobierno recibió dinero en negro de la mayor trama de corrupción de la historia democrática de este país. Cuando el partido del gobierno maneja la fiscalía anticorrupción o la fiscalía general del estado a su antojo, o el presidente del Consejo General del Poder Judicial tiene el carnet del Partido Popular, el estado se resiente, y la gente sufre.

La reforma constitucional debería también establecer el derecho de la ciudadanía española a decidir mediante otro referéndum si lo que desea es continuar con la monarquía o si por el contrario una república está a la orden del día. Desde el respeto, creo que los intentos que ha realizado el actual monarca de cincelar una monarquía más moderna, transparente y en contacto con la ciudadanía no han sido más que una desesperada tentativa de darle un burdo maquillaje a una institución cuyo rol quedó obsoleto tras la transición. Desde mi punto de vista, esta incapacidad de servir a la modernización de la convivencia española quedó más que manifiesta durante la intervención de monarca Felipe VI tras el referéndum ilegal del 1 de octubre. Tanto el rey como su familia pretenden arrogarse el interés de todos y cada uno de los ciudadanos españoles, pero en cuanto su posición de privilegio se ve mínimamente en peligro, corren a resguardarse, poniéndose a salvo de cualquier posible represalia. El hecho de que la Infanta Cristina y su marido sigan en la calle es un claro indicativo de que la reforma del poder judicial y la preservación de la monarquía sean quizás incompatibles.

Aunque creo también que son temas fundamentales para esta reforma constitucional la educación y la sanidad, dejaré estas ideas para futuras colaboraciones, ya que merecen sin duda por lo menos un texto aparte. Me gustaría acabar recalcando que una constitución es un texto vivo, un texto destinado a representar los derechos y responsabilidades de una población que cambia con el tiempo. La ciudadanía española de hoy es diferente de la de 1978, con intereses, preocupaciones y modos de vida que han mutado con el paso de los años. Lo irónico es que aquellos líderes que hoy tratan a la constitución como si de una pieza de museo se tratase (se mira, pero no se toca), seguramente se opusieron a ella cuando surgió. Si surgió fue porque hubo una generación de políticos valientes y comprometidos con diseñar una España mejor. Es la hora de dar paso a una nueva generación.

 

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