Los medios de comunicación se hacen eco de que las organizaciones empresariales CEOE y CEPYME han iniciado una ronda de encuentros con grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados, para presentar una propuesta de Ley de Formación, a la que han denominado de Formación Profesional en el Trabajo, con la cual pretenden reemplazar la actual Ley 30/2015 por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral.

El intento merece un comentario y tiene su aquel. Es verdad que la Ley actual fue remitida hace dos años por el gobierno al Congreso y fue aprobada con un nivel de consenso que no se corresponde con el alto grado de incumplimiento de sus objetivos que luego ha demostrado, traicionando todas y cada una de las expectativas creadas y promesas públicas realizadas para justificar aquella reforma impuesta de la formación, que no contó con el acuerdo de empresarios y sindicatos.

De hecho, la única convocatoria estatal de formación que se ha puesto en marcha tras la aprobación de la ley, se ha dilatado en el tiempo para su resolución y se ha visto acompañada por el escándalo. Ha demostrado que los males perviven, que la libre concurrencia desordenada de “expertos” en la captación de subvenciones ha convertido la formación en un pantano ingobernable. Ha vuelto a poner de relieve que merecería la pena afrontar, sin tardanza, la negociación de un pacto político y social en torno a la Formación Profesional de los trabajadores y trabajadoras en nuestro país.

No es mala idea, me parece, proponer una nueva Ley. Sólo que eso debería ser el resultado de una negociación previa para no sustituir la imposición del gobierno por la imposición de otra de las partes en conflicto. Dirán los responsables empresariales que otros pueden presentar sus propuestas y, ya si eso, luego las compaginamos.

Pero hubiera sido mejor que los sectores empresariales hubieran negociado con los sindicatos, para luego dirigirse al gobierno y a los partidos políticos con una propuesta conjunta. Nos ahorraríamos tiempo y estériles debates. Un problema de método, dirán entonces, pero es que el método en política es muy importante. Que se lo pregunten a un tal Carles.

Claro que, si lo hubieran hecho así, los sindicalistas les podrían haber espetado que, “ya puestos, por qué hablar sólo de la formación, que os trae por la calle de la amargura, y no de salarios, jornadas de trabajo, combate contra la precariedad, de Salario Mínimo Interprofesional, salud laboral, o de contratos decentes… De la negociación colectiva, vaya”. Y, claro, eso no.

El motivo es que la cúpula empresarial considera que lo primero para los empresarios debe ser “recuperar los altos beneficios empresariales y, cuando nos hayamos hartado, ya caerán las migajas de la mesa, casi por sí mismas, por hartazgo, por hastío, hacia las bocas de los trabajadores, aunque sea en forma de salarios de miseria y empleos precarios. La modernidad es eso. El futuro es así, inevitablemente”.

Han preferido, de nuevo, ir a lo suyo. El propio nombre que han elegido para la ley lo deja claro: Formación Profesional en el Trabajo, frente a Formación Profesional para el Empleo. Dicho de otra manera, las organizaciones empresariales plantean utilizar los recursos de la cuota de formación para formar a quienes ya tienen trabajo y, exclusivamente, en función de las necesidades de la empresa. Incluso los parados que, cuando tenían empleo, habían cotizado a la seguridad social, serían objetivo residual de esta ley. Y eso no es justo. Y lo saben.

Saben que vivimos en una sociedad de alto paro estructural, a causa de un tejido productivo que aporta muy poco valor añadido y que obtiene beneficios para los empresarios a costa de salarios bajos y de una rotación permanente de los trabajadores.

En estas condiciones, salvo unas pocas grandes y medianas empresas que invierten en cualificación de sus trabajadores y trabajadoras, el resto de la formación tiende a convertirse, casi exclusivamente, en una forma de retorno de las cotizaciones de formación, utilizando para ello las bonificaciones empresariales, a cambio de facturar algunos cursillos de formación. O en un requisito molesto, pero fácilmente sorteable y hasta eludible, cuando realizas un contrato laboral que incorpora compromisos de formación a cambio de pagar menos cotizaciones a la Seguridad Social. Basta ponerte en manos de “buenos” asesores de formación y puede que no tengas ni que hacer formación. O como mucho una cosita a distancia.

Se olvidan, además, de que la formación, a lo largo de toda la vida, es un derecho de la persona y una necesidad para el futuro de las empresas. La formación mejora la posibilidad de encontrar empleo, de promocionar, de cambiar de categoría profesional, puesto de trabajo, empresa, o de profesión.

La formación es el mejor capital de los trabajadores. El trabajo y nuestra formación es aquello con lo que contamos, casi lo único con lo que contamos, para abrirnos camino en la vida, atender las necesidades familiares, obtener derechos futuros a una pensión, o una prestación por desempleo.

Es incomprensible que, cuando los organismos europeos y las experiencias sobre mejores prácticas en materia de formación, aconsejan que los procesos y planes de formación de los trabajadores y trabajadoras sean fruto de la negociación entre empresarios y trabajadores, en el marco de la empresa y a niveles sectoriales, la CEOE y la CEPYME sigan considerando que la formación es competencia exclusiva del empresario y que los trabajadores y trabajadoras no tienen nada que decir al respecto, salvo ser informados.

El gobierno, con su ley, ha destrozado el sistema de formación para el empleo. Los empresarios, con su propuesta de Ley, ofrecen la exótica solución de establecer una dictadura del empresariado sobre la formación de los trabajadores y trabajadoras. Sin participación alguna, por lo tanto, de quienes tienen necesidad de  formarse y deberían tener mucho que decir sobre en qué formarse y cómo hacerlo.

Vivimos un tiempo en el que el cómo es tan importante como el qué. Y en este caso, las propuestas de una de las partes (las organizaciones empresariales), son formuladas unilateralmente, de forma egocéntrica y, además, lo hacen sin tomar en cuenta las necesidades, los intereses y las preocupaciones de los demás actores de la formación en nuestro país, ya sean sindicatos, o administraciones.

Comenzar la casa por el tejado es lo que tiene. Te ves obligado a cubrir aguas y poner la bandera, antes de que los muros y sus cimientos hayan sido construidos, consolidados y reforzados, de forma que sean capaces de sostener un entramado tan complejo. Aunque la intención inicial fuera buena, ni el cómo, ni el qué, hacen posible aceptar esta propuesta empresarial como animal de compañía.

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