Palabra de honor

En cualquier democracia normal, Cifuentes habría dimitido hace semanas, pero esto es España, y Rivera ya ha dicho que se da por satisfecho con una comisión de investigación donde se declare bajo juramento.

Lo que se aprende en la infancia no se olvida fácilmente. Recuerdo a mi madre con expresión seria, en ocasiones casi solemne. Dame tu palabra de honor. La recuerdo también cuando me ofrecía la suya. Te doy mi palabra de honor de que nunca he pensado, he hecho, he dicho tal o cual cosa. En aquella época, o al menos en aquella familia, la mía, la palabra de honor era algo muy serio, un profundo compromiso con la verdad, una garantía de la dignidad personal.

Lo recuerdo ahora, mientras Cristina Cifuentes miente, igual que ha mentido antes, como piensa seguir mintiendo en el futuro aunque sus mentiras se lleven por delante tantas cosas, la reputación de una universidad pública, las carreras de varios profesores universitarios, el prestigio de los expedientes de sus compañeros de máster, todos esos alumnos que sí se matricularon en plazo, que sí fueron a clase, que sí escribieron un trabajo, que sí lo defendieron ante un tribunal. En cualquier democracia normal, Cifuentes habría dimitido hace semanas, pero esto es España, y Rivera ya ha dicho que se da por satisfecho con una comisión de investigación donde se declare bajo juramento.

Publicado en CadenaSer.com

La universidad mancillada

El jueves 4 de marzo a las 23.30 h, horas después de que Cristina Cifuentes compareciera en la Asamblea de Madrid y eludiera toda responsabilidad en relación al “mastergate”, yo me encontraba frente al ordenador y con mi correo electrónico abierto, intercambiando comentarios y trabajo con mis colegas.

Cualquier otro día no me habría llamado la atención el hecho de que el 90% de los destinatarios de esos correos, unos veinte colegas, estuvieran también delante del ordenador cerca de la medianoche. Esa es la vida académica, una constante relación incestuosa entre nuestro tiempo de trabajo y nuestro tiempo de vida. A fin de cuentas, nuestro trabajo es vocacional y somos unos privilegiados. Gozamos de una flexibilidad muy apreciada por quienes no la viven y hasta por nosotros mismos, si bien el actual sistema de medición constante de la productividad y la competitividad en un contexto neoliberal nos está abocando a la autoexplotación a quienes tenemos las plazas “en propiedad” y a la explotación a secas a quienes tratan de meter la cabeza en el mundo académico.

Pero el 4 de abril, el hecho de que mis colegas y yo estuviéramos trabajando a las 23.30 h sí me llamó la atención. Porque ese mismo día, la presidenta de la Comunidad de Madrid enseñó a la sociedad española un modelo de universidad hecho a su medida para justificar su mentira, donde según ella, en la universidad es normal matricularse a mitad de curso, no hacer los exámenes, cambiar actas sin garantías y con procedimientos de los que no queda huella administrativa. Pero no es así. En la universidad se imponen numerosos protocolos que garantizan la seguridad jurídica de la comunidad universitaria y otorgan credibilidad a los títulos que allí se expiden.

Y también me preocupó su comparecencia, porque mancillar la universidad de la forma que lo hizo Cristina Cifuentes no es sólo un episodio de cara dura, una anécdota más para salvarse de su propia mentira y de lo que cada vez más huele a puro fraude. Ensuciar la universidad pública, como hizo Cifuentes, sólo puede  entenderse por la concurrencia de al menos tres circunstancias o fenómenos que están poniendo en peligro esta institución.

El primero de esos tres fenómenos es el de la politización de las universidades, que se manifiesta por lo menos a dos niveles. Un nivel más obvio y burdo, que es el de la dependencia financiera que tienen las universidades de los Gobiernos autonómicos y que puede permitir tratos de favor a cambio de un trato favorable, sobre todo si el Gobierno es de un partido como el PP tan propenso a patrimonializar las instituciones y los recursos públicos, como hemos visto en los ya muy numerosos casos de corrupción.  Por eso, el caso de la señora Cifuentes no es un caso más de mala praxis y corrupción universitaria como han intentado hacernos ver. Ella es la presidenta de la institución de la que dependen la financiación y el funcionamiento de la URJC, ahí es nada.

El otro nivel de politización es más complejo y tiene que ver con el nuevo modelo de sociedad que se está gestando dentro del modelo neoliberal en el que todo se mercantiliza, también la universidad. El conocido como proceso de Bolonia institucionalizó las reglas de juego que diseñan el modelo de universidad que sirve como elemento legitimador del modelo neoliberal donde cada vez se arrincona más la generación de pensamiento crítico.

En este modelo, el prestigio de una universidad y su profesorado se mide al peso, a través de una productividad que se calcula más en función de dónde se publica que de qué se publica. Teniendo en cuenta que los espacios donde se valora más publicar deben estar indexados en bases de datos como JCR o Scopus, todas ellas en manos de empresas privadas que buscan retroalimentar la dependencia que las universidades tienen de ellas y hacer negocio, los trabajos pausados, críticos o incluso, me atrevería a decir, novedosos, quedan en muchos casos fuera de lo “apreciado” en el mundo universitario. Esto hace que, en muchos casos, sólo puedan desarrollar una carrera académica quienes se amoldan a las reglas de juego que sostienen el sistema. Así, la mayor parte de los académicos, en especial aquellos que se han incorporado en los últimos años, están acostumbrados a “obedecer”. Y esto entronca directamente con el segundo aspecto relevante en esta ecuación.

Me refiero a la total y vergonzosa precarización del trabajo universitario, que también puede analizarse en sus distintas capas y niveles. Entre los que tenemos un puesto permanente, y los que también nos da la medianoche trabajando, existe una cierta libertad a la hora de involucrarnos en este sistema que nos obliga a producir sin parar, sin optar necesariamente por los trabajos de mayor calidad. Digo cierta libertad, porque también ocurre que, si no publicamos en las revistas indexadas en las bases de datos que antes mencionaba, no obtenemos el reconocimiento necesario de nuestra productividad por parte de las agencias de calidad, que se han convertido en la medida de todas las cosas. Su reconocimiento es la base para la concesión de proyectos de investigación, el establecimiento del número de horas de clase que tenemos que dar, la calibración de nuestra capacidad para dirigir programas de máster y tesis doctorales o para participar en determinados tribunales o comisiones. Oportunidades que nos pueden permitir crear espacios de resistencia, escuelas críticas en el seno de la universidad donde tengan cabida jóvenes investigadores que se posicionan dentro de corrientes críticas. Se trata sin duda de una buena trampa.

Porque, no nos engañemos, la precariedad disciplina. Y la situación de las personas más jóvenes que intentan hacerse un hueco dentro de la academia es ultraprecaria, tanto como para que una profesora sin plaza fija acceda a falsificar el acta de defensa de un trabajo fin de máster que, según todos los indicios, nunca existió. Podemos pensar que la precariedad que campa a sus anchas en la universidad es igual que la que afecta a la mayor parte de los sectores. Pero, como muy bien explica Remedios Zafra en su libro El entusiasmo. Precariedad y trabajo creativo en la era digital, las y los investigadores comparten con los creadores culturales el motor y, a la vez, la trampa del entusiasmo. Ese carácter vocacional que no sólo les lleva a aceptar trabajos mal pagados y hasta gratuitos, sino a pelearse por ellos con sus pares, garantizando así el autodisciplinamiento de la competitividad, y a considerarlos un peaje necesario para lo que algún día llegará. Esa mano de obra muy bien formada, mal retribuida o gratuita, tan competitiva como entusiasta, es el sustrato legitimador ideal de un sistema mercantilista y, al mismo tiempo, mera carne de cañón para ser utilizada en episodios tan siniestros como el del máster presuntamente espurio de Cifuentes.

Por último, deberíamos tomar en consideración el desprestigio generalizado de la universidad. No se trata de un fenómeno casual, sino de una pieza más de la transformación que está sufriendo el mundo en esta etapa neoliberal en la que todo se privatiza y mercantiliza. La degradación buscada de la universidad lo es de uno de los pocos ámbitos que aún queda parcialmente fuera de control del capital. Desde EE.UU empieza a llegarnos el eco de un movimiento muy potente que desprestigia el saber y el hacer de las universidades. ¿Para qué ir a la universidad si hay cursos online gratuitos, o no tanto, y tutoriales de youtube que nos enseñan más de lo que puede hacerlo el ensimismado profesorado universitario? ¿Para qué ir a la universidad si lo que importa en este mundo, es decir, obtener dinero y fama, nos lo transmiten cada día los programas televisivos de éxito, y para ello no hace falta pasar por las aulas? Si acaso, se compra un título, pero el conocimiento que allí se transmite, no aporta nada.

¿Para qué quiero yo ese máster, decía Cristina Cifuentes, si yo no lo necesito? No necesita esos conocimientos, se entiende, porque dispone del apoyo de su partido como ha quedado claro en la Convención del PP en Sevilla, y del de los votantes. Le faltó decir que también cuenta con el aval de un partido, Ciudadanos, cuyo objetivo inicial era, teóricamente, regenerar la política española y que, sin embargo, prefiere la corrupción y la mentira a la posibilidad de que Podemos acceda al más mínimo resorte de poder. Y que propone una comisión de investigación –que, por supuesto, el PP ha aceptado– y encarga la elaboración de unas cuantas encuestas para decidir su postura, en vez de sumarse a la moción de censura de “la dignidad” impulsada por el PSOE.

Pues para no querer el máster, señora presidenta, ha llegado usted muy lejos. Dimita y asuma su responsabilidad en este fraude y en su mentira. Ni usted, ni su partido, ni el partido que la sostiene pueden convertir la universidad en el cortijo de los poderosos, como si todo fuera negocio y quien manda, hace y deshace.  La universidad es una institución y la autonomía universitaria un principio que deben ser preservados. Es cierto que la universidad ha sido y es todavía una institución legitimadora del poder, pero también ha servido y sobre todo debe seguir sirviendo como espacio de contrapoder y generador de pensamiento crítico. No dejemos que mancillen una de las pocas instituciones que todavía se escapa, aunque solo parcialmente, a la mercantilización extrema de nuestra sociedad. Señora presidenta, dimita, los títulos de la universidad pública no se compran…aún.

publicado en ElDiario.es

Otro gravísimo error: marginación de la ciencia

Los nuevos presupuestos no deberían aprobarse sin un replanteamiento muy atinado de las cantidades destinadas a ciencia, educación, sanidad, atención social y medio ambiente. El gobierno se ha precipitado, sin permiso del Parlamento, a anunciar incrementos portentosos en defensa (¡80%!) al tiempo que la ayuda a la cooperación (solidaridad), la “competitividad” y el cumplimiento de los ODS y Acuerdos de París sobre Cambio Climático siguen por los suelos.

Son los “mercados” los que siguen marcando las pautas de la economía occidental y, así, siguiendo los designios del insólito Trump se aumentan todavía los ya inmensos caudales destinados a la seguridad militar territorial (4000 millones de dólares al día, al tiempo que mueren de hambre miles de personas, las mayoría niñas y niños de uno a cinco años de edad) en detrimento de los fondos que deberían dignificar la vida de quienes los habitan.

Las prioridades sociales han quedado relegadas y la “competitividad” se intenta lograr con sueldos bajísimos y contratos temporales en lugar de aportar nuevos conocimientos y patentes.

Cada vez menos ayuda a la ciencia y a los OPI (Órganos Públicos de Investigación) y cada vez mayor intervención fiscal, burocrática y administrativa. Con la progresiva robotización, importada pronto la “competitividad” será exclusivamente digital y dependiente de los países que siguen atendiendo sin falta a las atractivas sirenas mercantiles.

“Bruselas sitúa a España entre los países con peores niveles de innovación”, en virtud de la disminución de los presupuestos en I+D. El apoyo privado no es prioridad en el sistema mercantil-monetario actual. El resultado ha sido una reducción muy importante de puestos de trabajo y la emigración de más de 30,000 investigadores.

La comunidad científica, académica, artística y literaria, intelectual en suma, debería liderar una gran movilización, presencial y en el ciberespacio, para asegurar el desarrollo científico español, tan directamente vinculado al bienestar social. España había logrado, junto a su liderazgo en trasplantes, una excelente “clasificación” internacional en biomedicina, que tanto influye en la salud, el bien social primordial. Ahora no podemos guardar silencio.

Ha llegado el momento de “los pueblos”, de la voz del pueblo –prematuramente asignada en la Carta de las Naciones Unidas, en 1945- que ahora ya puede expresarse libremente.

Las universidades en la vanguardia de la responsabilidad social. Y todos los científicos promoviendo que no sólo se aumenten las dotaciones presupuestarias sino que se simplifiquen –sin perder rigor administrativo- las tramitaciones y uso de las mismas.

El devenir de la humanidad está en grave riesgo, porque si no se aplican a tiempolas medidas relativas al cambio climático y un desarrollo sostenible, las futuras generaciones tendrían que hacer frente a condiciones muy adversas de habitabilidad de la Tierra. El espectáculo de los líderes europeos consintiendo los altibajos de aranceles y de recortes puramente mercantiles cuando está en juego la calidad de vida de las futuras generaciones, es detestable. “Vergüenza de haber perdido la vergüenza”, dijo el Papa Francisco al final del Viacrucis del Viernes Santo (30 de marzo de 2018).

En consecuencia, impidamos que se aprueben unos presupuestos que siguen unos esquemas que conducen al deterioro medioambiental. Procuremos –con asesores parlamentarios, por ejemplo, como propone el Prof. Luis Serrano- que los representantes del pueblo sepan exactamente cómo abordar con rigor temas que requieren un conocimiento profundo de la realidad.

El Prof. Emilio Muñoz –miembro del Club de Roma y ex Presidente del CSIC- viene abogando por la reconsideración del papel central que la I+D+i desempeña en un momento histórico en el que, como establece la Carta de la Tierra, “la humanidad debe elegir su destino”.

Son de aplaudir también los esfuerzos desplegados por la COSCE (Confederación de Sociedades Científicas de España) cuyo papel en el futuro tratamiento de este tema tan crucial debería ser muy relevante. La COSCE agrupa 40,000 científicos pertenecientes a 79 sociedades.

Los profesores Mariano Barbacid y Vicente Larraga, ambos de gran prestigio, preconizan un gran pacto de Estado entre todos los partidos políticos con representación parlamentaria para la I+D+i. El PSOE ha concretado recientemente la propuesta de alcanzar rápidamente el 2% del PIB (actualmente menos del 1.2%) con un plan de reincorporación y regreso de científicos hoy en el extranjero.

También los directores de importantes centros de investigación pública, el CSIC incluido, presentaron en diciembre de 2017 sus reivindicaciones, sobre todo para evitar la intervención previa. La inversión pública ha caído desde el 2009 a la mitad en educación y un 37% en sanidad. “La investigación en España se encuentra a un paso del colapso”: así se inicia un importante artículo de Nuño Domínguez y Manuel Ansede, en la primera página de “El País”, ampliada después en el interior, el 17 de diciembre de 2017. También Matilde Mas se lamentaba del “castigo” a la I+D. Y Miguel Delibes Castro, en un excelente escrito, con propuestas muy acertadas… Está claro que ha existido, especialmente en los últimos meses, un notable despliegue de los medios de comunicación llamando la atención sobre la situación progresivamente preocupante de la investigación científica en España: “El gobierno sólo gastó tres de cada 10 euros presupuestados para I+D” se lee en una página entera del mismo  periódico.

La respuesta del gobierno: silencio.

El presupuesto nacional –que el año pasado se aprobó gracias a sabrosas prebendas ofrecidas por el gobierno a comunidades autónomas proclives  busca este año iguales subterfugios en lugar de atender tan apropiadas y apremiantes solicitudes. Lo dicho: las comunidades científica, académica, artísticas, intelectual… deben ponerse al frente de un gran clamor popular que obligue a un rápido cambio de las previsiones en I+D+i. De otro modo, el daño –no sólo económico- sería irreparable.

¿Cómo pueden explicarse tan feroces recortes presupuestarios en los pilares del contrato social y, en cambio, formidables incrementos en armas y gastos militares? Por la razón de siempre: “Si vis pacem, para bellum”, si quieres la paz, prepara la guerra… Pero ahora, por primera vez en la  historia, si no preparamos la paz pueden alcanzarse puntos de no retorno. Las amenazas son globales y potencialmente irreversibles. Sería una traición histórica a nuestras responsabilidades intergeneracionales.

Sin violencia, pero con firmeza, ¡no! No al incremento de los gastos en armas. No al detrimento de los gastos en conocimiento. Los centros universitarios y científicos no seguirán callados.

Delito de silencio.

Publicado en Público el día 7 de abril de 2018

Al hilo de la Pasión Popular

Parezca ahora que la Semana Santa se nos ha quedado un poco atrás cuando nuevas informaciones nos hacen acumularindignación ante la evidencia de que la nostalgia por tiempos pasados en que las libertades y derechos estaban mucho más limitados está muy viva. Y no solo viva en el sentir, lo más grave es que se mantiene presente en canales oficiales de comunicación, sea RTVE, sea la web oficial del Congreso de los Diputados.

Precisamente, dicha web, que sí denomina dictador a Primo de Rivera, evita el mismo término al referirse a Franco, quien según la misma no lideró un golpe de Estado, sino una sublevación militar que el contexto político y social venía justificar. Eufemismos y circunloquios para no dar una versión imparcial. Además, presidentes de las cortes franquistas figuran en igualdad de condiciones en la web, como si hubiesen sido elegidos mediante algún sufragio democrático, junto a los de momentos como la II República o del actual Congreso de los Diputados. Estamos ante el relato histórico de una fuente de información oficial, útil y accesible para cualquier público y al que pueden recurrir investigadores de dentro y fuera, que favorece una construcción interesada que sigue justificando una historia de vencedores moralmente superiores sobre vencidos, enemigos de la patria. Es decir, pervive un espíritu pre democrático que no debemos tolerar con nuestra denuncia.

Pero además, ese espíritu pre democrático entronca claramente con el nacional catolicismo y pone en un brete la aconfesionalidad del Estado. Por ello, remontarse de nuevo a la última Semana Santa es obligado. En el clímax forzado de la nostalgia, el Partido Popular entró en el esperpento de Valle Inclán entonando El novio de la muerte a cuatro voces. Un espectáculo en la celebración de una procesión malagueña que además fue acompañado de una apasionada y ferviente retransmisión en directo desde la televisión pública estatal. Una sobreactuación sin precedentes y casi provocadora en RTVE.

Asimismo, este último acto del ruedo ibérico vino precedido de la orden de duelo y banderas a media asta en los cuarteles militares y en el propio Ministerio de Defensa (María Dolores de Cospedal ya es reincidente en la causa).

Solo con estos acontecimientos podemos afirmar que el Gobierno se ha situado fuera de la Constitución en lo que se refiere a la aconfesionalidad del Estado. De hecho, podemos afirmar que el PP, que gobierna, ha actuado como si España siguiese imbuida en un nacional catolicismo de los que ya no quedan en las “democracias religiosas” (si es que ambos conceptos pueden ir juntos) de nuestro entorno europeo.

Los excesos del Gobierno de Rajoy no pueden ampararse en la excusa de las relaciones de cooperación con las confesiones religiosas que contempla la Constitución. Tampoco tiene excusa la pervivencia de los acuerdos Iglesia-Estado ni su desarrollo, tanto en el ámbito educativo público como en la resistencia a la autofinaciación prevista en la Ley de libertad religiosa o en el eterno retraso de la efectiva separación entre la Iglesia y el Estado.

Inmediatamente nos responderán que nuestro laicismo trasnochado no es respetuoso con las confesiones religiosas ni su expresión pública.

Nada más lejos de la realidad. Precisamente porque las respetamos, queremos evitar su instrumentalización política y garantizar el reconocimiento del pluralismo religioso y la libertad de creencias.

Precisamente porque damos importancia a sus manifestaciones públicas, a sus contenidos religiosos y a sus formas culturales en sus fiestas y fechas señaladas como las procesiones y pasos de Semana Santa, nos parece aberrante la vinculación con la Iglesia católica del PP cuando gobierna en un estado laico, como así se define legalmente España.

Se justificarán como quieran, pero hemos vivido la politización más descarada del hecho religioso y el intento de identificarlo conel ser profundo de este país, situando a los no creyentes o a los creyentes de otras religiones fuera de esa supuesta identidad nacional católica.

No es casual que esa identificación se intente precisamente en este momento de crisis territorial de Cataluña con España y viceversa, ni tampoco de la crisis de la derecha por la primogenitura. Esta celebración nacional católica ha sido no solo un esperpento valleinclanesco, sino también una inaceptable operación de manipulación política.

Es por ello que desde Actúa cada vez vemos más urgente que un gobierno alternativo, desde el máximo respeto al hecho religioso en general y a la iglesia católica en concreto, culmine una ley de libertad de creencias que derogue definitivamente los restos nacional católicos del Concordato, constate la separación Iglesia-Estado y establezca auto financiación sin fisuras de las confesiones religiosas.

Decía Maquiavelo que la religión podría ser útil en manos del Príncipe siempre y cuando contribuyese a la cohesión y no a la división o el enfrentamiento. Se refería con ello a Savonarola y las negras consecuencias de la manipulación de la religión en la Florencia de entonces. Su dogmatismo moral enfrentó a creyentes y humanistas, a Florencia contra Roma y a unas clases con otras, incluso a franciscanos con dominicos.

Agitar el fantasma del nacional catolicismo en España no solo no une, fractura a generaciones, sensibilidades y creencias al tiempo que alimenta el imaginario de aquellos que asimilan una democracia con el régimen. Porque la pluralidad política cultural y de creencias es el principal valor de la democracia española frente a los riesgos identitarios o excluyentes.

Publicado en InfoLibre.es

Las vulneraciones del Juez Pablo Llarena en la interpretación de la Constitución española y la legislación, y porque el Juez comete un acto de prevaricación

Estas últimas semanas abogados catalanes suman fuerzas para coordinar y presentar una querella colectiva contra el juez instructor de la sala segunda del Tribunal Supremo, Pablo Llarena a la petición de Jordi Sànchez de poder salir de la cárcel para asistir al pleno de su investidura. Referentes del ámbito jurídico, como el catedrático, de Derecho Constitucional, Javier Pérez Royo, alertaban de que cualquier ciudadano catalán estaba en el derecho de presentar esa querella por vulneración del derecho de sufragio activo, e incluso también el propio Jordi Sànchez. Decenas de miles de ciudadanos están ahora mismo coordinados en las redes sociales para presentar esa querella colectiva, pero cuanto de razón y fundamentos jurídicos manejan para avanzar en esta iniciativa?:

El artículo 152 de la Constitución española establece, que en el caso de un parlamento autonómico, no así en el caso del “Congreso de los Diputados”, que podría ser cualquier ciudadano del estado español electo o no, el candidato propuesto a Presidente, tiene que ser un diputado electo y que no haya sido privado del ejercicio de sufragio mediante “Sentencia JudicialFirme”.

El acto de investidura a presidente de una comunidad autónoma está regulado en el Estatut de Cataluña y en la Constitución española. La Constitución y el Estatut establecen también que la máxima autoridad del Estado en un proceso de investidura es el Presidente del Parlamento correspondiente, en este caso el señor Roger Torrent, y por lo tanto la propuesta de un President del Parlament tiene que ser cumplida. Ni que decir tiene que la situación jurídica del señor Jordi Sànchez i Picanyol no cambia por este acto, y si el juez Instructor de la sala segunda del Tribunal Supremo establece que este tiene que volver a la cárcel, tendría, evidentemente, que volver.

Por lo tanto, Jordi Sánchez es un candidato propuesto por el President del Parlament, después de haber seguido todo el procedimiento establecido en el Estatut de Autonomía.

El Juez Pablo Llarena comete un acto de prevaricación cuando prohíbe en su “auto” la presencia de Jordi Sánchez en el acto de investidura en el Parlament. El President propone un candidato y este tiene que acudir al Parlament por derecho propio.

De cara a esta investidura, si no son empleadas la Constitución y el Estatut de Autonomía y se emplean, en su lugar, el Código penal y la “Ley de Enjuiciamiento Criminal”, que son normas infra-constitucionales y, por lo tanto subordinadas a la Constitución española, se está cometiendo un acto de prevaricación, y una subversión de todo el ordenamiento jurídico.

Este acto es denunciable por cualquier ciudadano catalán por vulnerar el derecho de sufragio activo de un ciudadano de Cataluña al haber sido vulnerado un derecho universal. Igualmente el Sr. Sànchez, imputado o no, tiene el derecho a denunciar el mismo acto, por vulnerar el derecho de sufragio pasivo del propio Sr. Sànchez.

Este acto de prevaricación, además constituye una quiebra de libro del ordenamiento jurídico muy grave y de una importancia extraordinaria.

Claro que tengo por seguro que la no separación real de poder en el Estado abre la posibilidad de que esta querella no tenga recorrido en el territorio español pero, sin embargo, es un trámite necesario para poder llegar a la justicia europea, cuando agotadas todas las vías de recurso, Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional, se acercaría el camino para presentar esta querella delante del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

El Estado Español, mediante el control de la Fiscalía y de una parte del poder judicial se está jugando su credibilidad como sistema democrático y garantista. Serán, otra vez, los largos tiempos jurídicos los que darán y quitarán razones en este conflicto que algunos pretenden resolver exclusivamente por la vía judicial, la humillación de un pueblo y la represión desde el totalitarismo más alejado del ordenamiento jurídico.

* Este artículo y sus opiniones están basados única y exclusivamente en la opinión personal del coordinador de relaciones institucionales de Xuntos-Actúa, Xabier Garaloces y en base a la argumentación jurídica y manifestada públicamente en diversos medios de comunicación del Catedrático en Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla, Javier Pérez Royo 

 

Madrid es territorio Actúa

En 2003 y en nuestra Comunidad Autónoma se conjugaron todos los esfuerzos, incluidos los más turbios, para que la izquierda política y social no gobernara en nuestra región

Como nos adelantó Freud y reflexionaba Bauman, la insuficiencia de nuestros métodos para regular las relaciones humanas en la familia, el Estado y la sociedad, junto a la supremacía de la naturaleza, forman parte de la génesis del sufrimiento humano. Y no les faltaba razón.

En estos días nuestra Comunidad Autónoma está reviviendo en lo mediático el dolor que nos genera esta insuficiencia metodológica. En el día a día, esta carencia está generando un efecto demoledor sobre la confianza en nuestras instituciones, los anhelos de regeneración democrática y el futuro sostenible e integrador de nuestra región.

Un máster, supuestamente más devaluado que evaluado, nos devuelve a una realidad pre configurada e institucionalizada por la persistente situación económica: la igualdad de oportunidades es más virtual que real. Nuestra sociedad, por mor del progreso competitivo, beneficia a quienes mejor tienen tejidas sus redes sociales y sumerge en la incertidumbre a quienes cuentan con el único arte “reconocible y encomiable” de “sobrevivir” en este mundo desigual. Hoy todo apunta a que el futuro tan sólo está reservado a los primeros. Sin embargo, el futuro no está escrito. Tenemos que ser capaces de reorientarlo y contraponerlo al de quienes sólo piensan para sí mismos.

El Partido Popular está inhabilitado para trabajar por la construcción de una sociedad sostenible, integradora y con futuro. No ha sido capaz de regenerarse y cuanto más tiempo necesite para lavar su imagen pública, menos tiempo tendrá para frenar el embate de la nueva derecha que propone Ciudadanos. Esta afirmación, que la demoscopia aflora, encuesta tras encuesta, también afecta a la Comunidad Autónoma de Madrid. La alargada sombra de la corrupción tiene ante los tribunales a relevantes excargos públicos del Partido Popular madrileño. Y ahora Cristina Cifuentes, por un máster, también está en una cuerda floja que no soporta más presión. Es el momento de decir basta al Partido Popular.

Es incuestionable que las urnas han mantenido en nuestra región al Partido Popular gobernando. Hoy, esa misma demoscopia dibuja una feroz batalla por la hegemonía de la derecha. Pero, en su conjunto, también les sonríe de cara a futuros gobiernos en nuestra autonomía y en el gobierno central. A esta situación no se ha llegado por casualidad; tampoco por mandato electoral.

En 2003 y en nuestra Comunidad Autónoma se conjugaron todos los esfuerzos, incluidos los más turbios, para que la izquierda política y social no gobernara en nuestra región. Fueron Tamayo y Sáez quienes pusieron su “rostro” para que Esperanza Aguirre llenara de “ranas” las enlodadas charcas que afean y devalúan el crédito de nuestra democracia y región.

Tampoco podemos olvidar que una parte de la izquierda se afanó en zancadillear las posibilidades de cambio en nuestra región pidiendo el voto para un rival electoral. Sin aquellas patadas en la propia espinilla, a partir de mayo de 2015 la historia hubiese sido otra, seguro que bien distinta. La suma del voto progresista habría superado al del conjunto de la derecha que hoy nos gobierna en la Comunidad de Madrid. Los errores del pasado también conforman la realidad y orientan el futuro; reconocerlos, es el paso previo para acotar los efectos de la postverdad.

Madrid es territorio Actúa. Cuando nos sondean sobre la idoneidad de la aparición de una nueva fuerza política de izquierdas, quienes lo hacen, en la mayoría de los casos y con su mejor intención, nos trasladan su preocupación por la división del voto progresista. El ecosistema de la izquierda política y social es poliédrico; ninguna fuerza política ostenta su hegemonía, ninguna puede aspirar a ello y ninguna sobra. Las personas que hemos apostado por el proyecto de Actúa sabemos que, al contrario de la uniformidad, la pluralidad enriquece ideas, propuestas, soluciones y ofrece alternativas más solidarias y con más futuro. Y Madrid necesita girar hacia ese futuro contando con su realidad social, plural, multicultural y diversa.

Un simple máster ha puesto de nuevo en riesgo la credibilidad de nuestras instituciones, alejado el horizonte de la regeneración democrática prometida, lapidado el prestigio internacional de España y socavado los cimientos de nuestra democracia. Por salvar el futuro político de una presidenta autonómica, la derecha está dispuesta a hacer todo lo posible por mantenerse en el poder, aunque el peaje a pagar vaya a cuenta del desprestigio de una universidad madrileña y pública. Claro, que ya sabemos para qué les importa lo público…

La dimisión de Cristina Cifuentes sería suficiente para devolver algo de normalidad a nuestra deteriorada Comunidad Autónoma. El poder no lo justifica todo y la derecha madrileña es experta en justificaciones por su ansia irrefrenable de poder.

No partimos de la nada, tampoco venimos a dividir. Nuestra apuesta quiere sumar, convencer al voto progresista y de izquierdas, devolver la ilusión a aquellas personas que hoy se sienten frustradas y defraudadas

La crisis económica, los métodos de la derecha para atajarla y el modelo socioeconómico que nos proponen no generan seguridad y ahondan en el sufrimiento de las personas. Salarios de miseria y empleos precarizados para los jóvenes y no tan jóvenes. Un sistema educativo basado en las estadísticas y no en la formación de una ciudadanía crítica. Una sanidad que, a poco que se rasque, indica que el negocio se antepone a la salud de todas y todos. Un modelo de desarrollo territorial que entiende el espacio público como una oportunidad para la especulación. Un servicio de dependencia en el que sus beneficiarios pueden llegar a morir sin tan siquiera contar con la primera evaluación de su grado de dependencia. En definitiva, una apuesta clara y decidida de la derecha por ofrecernos una sociedad individualista, con un futuro incierto, incluso para quienes hoy están por encima de la media de la pirámide social, y que valora los mermados servicios públicos del Estado del bienestar como una oportunidad para el lucro económico de unos pocos.

Un máster, supuestamente más devaluado que evaluado, nos ha devuelto a la realidad. Es tiempo de actuar. En Madrid capital Actúa ya se ha presentado en sociedad, y ahora seguimos haciéndolo pueblo a pueblo, ciudad a ciudad; y lo hacemos con ganas, con convicción; acercándonos a la gente que ha confiado en este proyecto político. Y también lo estamos haciendo con la sociedad organizada y lo continuaremos haciendo con el resto de organizaciones políticas de izquierdas y progresistas que compartan con nosotros la idea de que la cooperación es la única salida.

En poco más de un año, las madrileñas y los madrileños estaremos convocados de nuevo a las urnas. Será el momento de evaluar los compromisos cumplidos, las promesas olvidadas y los anhelos frustrados. Será el momento de recordar los errores y los turbios movimientos del pasado que propiciaron los gobiernos del Partido Popular en España y en nuestra Comunidad Autónoma. Y en esa oferta de ideas, proyectos y futuro, Actúa también estará presente. Madrid es territorio Actúa. Sabemos que el reto es difícil, pero no sólo nos mueve el convencimiento y la ilusión, también nos impulsan nuestra experiencia institucional y fuerzas renovadas. No partimos de la nada, tampoco venimos a dividir. Nuestra apuesta quiere sumar, convencer al voto progresista y de izquierdas, devolver la ilusión a aquellas personas que hoy se sienten frustradas y defraudadas. Tenemos la convicción de que esta suma será capaz de abrir desde el ecosistema de la izquierda una ventana al futuro sostenible e integrador que necesita nuestra región y toda su ciudadanía.

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