Togheter vs A por ellos

Cada vez que Escocia remueve la idea de su independencia (con o sin referéndum, que allí por el Norte lo de la democracia se toma más en serio) los unionistas responden con campañas centradas en lo bien que estamos juntos o lo mucho que nos queremos. Aquí, en el país de los delitos de odio (esa figura legal que ha facilitado las cosas para encarcelar a dibujantes y titiriteros, además de meter el miedo en el cuerpo a quien se le ocurra criticar al Poder), el Let’s stick together del Reino Unido ha sido sustituido por un futbolero y más visceral A por ellos. Tal vez porque no sepamos hacer política en España fuera del odio y la venganza. Tal vez porque no sepamos/queramos hacer Política. Tal vez porque de tantas dosis metidas en vena, confundamos la política con el fútbol y los debates parlamentarios con una discusión de taberna.

El pasado 23 de marzo conocíamos la última decisión llegada desde Madrid referente a esa cruzada orgiástica de odio, venganza y humillación que algunos están llevando a cabo contra Catalunya (al menos contra una parte de aquel país), sin valorar las consecuencias futuras. El juez que ha asumido un papel a caballo entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo ha enviado a prisión provisional sin fianza a Turull, Romeva, Bassa, Forcadell y Rull, que se reunirán con Sánchez, Cuixart o Junqueras, quienes -sin que sepamos aún si va a haber motivos para condenarles- ya se han tragado 4 meses de prisión sin apenas comunicación con el exterior.

Es posible que estemos acumulando demasiados sucesos graves para seguir pensando en el futuro fortalecimiento de un Estado que parece haber tomado definitivamente el camino del desmembramiento de manos de los patriotas de “banderitas en la muñeca y cuentas corrientes en Panamá”. Mañana, el pleno del Parlament no podrá nombrar president a Turull, que se convierte así en el tercer candidato que “no gusta” en la orbita de La Moncloa, lugar en el que viven en esa dualidad agustiniana de la no aceptación del resultado de las elecciones convocadas por Rajoy el 21-D y la necesidad inmediata de que se conforme un gobierno en Catalunya para poder desactivar el 155 y comenzar a negociar los presupuestos del Estado con el PNV.

Aquel mismo día 23 conocíamos, además, que la ONU había instado al Estado español a garantizar los derechos políticos de Jordi Sánchez, demandándonos medidas cautelares -de acuerdo al artículo 92 de sus normas de funcionamiento- y pidiendo que se envíe cualquier información u observación sobre el caso de nchez en un plazo de 6 meses. Tal vez tengamos que acostumbrarnos a recibir notificaciones de este tipo en el futuro, al igual que otros países de dudosa trayectoria democrática. Tal vez puedan ser más graves. Incluso es muy probable que se repitan sentencias como la reciente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, condenando a España a pagar las costas del juicio e indemnizaciones por vulnerar la libertad de expresión de dos jóvenes que quemaron una foto de los reyes. Tal vez el Estado español y más concretamente el Poder Judicial tengan que afrontar un desprestigio que afecte a acuerdos internacionales y a nuestra política exterior. Y llegado el caso, tal vez -sólo tal vez- los del 155 y del a-por-ellos no vayan a asumir ninguna responsabilidad al respecto.

Desde el golpe de Estado de 1936 y la posterior Guerra Civil, no habíamos sufrido en España una situación con tantos políticos elegidos democráticamente en la cárcel o en el exilio. Y si esto aún no ha encendido todas las alarmas, ya no lo hará; provocando que nos dirijamos paso a paso hacia ese momento en que únicamente la sabiduría popular será capaz de articular alguno de esos dichos, que no servirán como solución ni ayudarán como consuelo.

De 155 a 451 ºF

Desde un tiempo a esta parte, casi sin darnos cuenta, ya no se gobierna a la
ciudadanía desde el poder ejecutivo o legislativo, sino desde el poder judicial. Hoy
en día, es más determinante la Audiencia nacional, el Tribunal Supremo o el
tribunal Constitucional que un acto «democrático», como las elecciones del 21-D,
para la gobernabilidad de Cataluña.
Es una auténtica tragedia democrática que vulnera la separación de poderes y que
puede extenderse al resto del Estado, según qué coyunturas se den. Es un nuevo
error… tan mayúsculo como la «solución» judicial respecto del pacto político que
supuso el Estatut.
La justicia española ha entrado de nuevo en el túnel del tiempo y nadie sabe cómo
acabará, pero lo que es seguro es que esto no beneficia a la democracia, más
bien la degrada.
En un Estado de Derecho, es la «batalla» democrática la única que no se puede
perder, pese a que con el uso y abuso de la fuerza judicial, económica y mediática,
sea el movimiento del 155 quien imponga sus arbitrariedades.
Con el estado de congelación actual, descenderemos en el índice democrático
mundial; a medio plazo, esos 155 grados supondrán una temperatura insoportable
para cualquier ser humano; y a largo plazo, alcanzaremos los 451 grados en los
que arderá y se inflamará el papel del Estado.
¿Quo vadis, España?

Por una Europa social, verde e integradora

Europa se encuentra en un momento crítico de su existencia. No como la Europa histórica, en permanente conflicto, que ya pertenece al pasado, sino como la Unión Europea. Es en estos momentos cuando la Unión debe redefinirse frente a los partidos radicales y antieuropeos que están surgiendo por todo su territorio, frente a los millones de personas que día tras día pierden la esperanza en este proyecto tan necesario y frente a un escenario internacional que necesita, cada vez con más urgencia, actores que aporten el impulso integrador y social que las relaciones y organizaciones internacionales necesitan.

Este es el espacio que debería ocupar la Unión Europea y nosotros, europeos, deberíamos moverla en esa dirección. No es posible ni aceptable volver a una existencia pre-unión, aún con la reciente experiencia inglesa, así que la renovación de la unión se torna como algo necesario.

Pues no es casualidad que Saint-Simon, considerado el padre del socialismo francés, defendiese ya en su época la idea de una Europa unida fraternalmente, una sociedad equitativa y productiva que condujera a la construcción de un nuevo sistema político. La idea de Saint-Simon no se tradujo hasta siglo y medio después, cuando, después de una horrible y devastadora Segunda Guerra Mundial, Europa pudo comprobar de primera mano la necesidad de acabar con los nacionalismos que la carcomían y comenzó el complicado proceso de integración que todos conocemos. Un proceso que, paso a paso, debería construir la soñada Europa de Saint-Simon. Un proceso que, desgraciadamente, parece atascado en las políticas monetarias y liberales, que no consigue definirse a sí mismo del todo, que acepta de buen grado el ”fin de la historia” de Fukuyama y el aparente triunfo del liberalismo más individualista.

La Unión Europea cuenta con la infraestructura y las posibilidades ideales para promover una legislación ecologista y social que de verdad marque la diferencia, no solo en la propia Europa sino en el resto del globo. Con el abandono de EEUU del Acuerdo de París nunca fue tan urgente que un actor internacional de peso se posicione firmemente a favor de las políticas medioambientales tan necesarias y tan olvidadas en la práctica de muchos Estados. Unas políticas que no mantengan un objetivo económico con el menor daño medioambiental posible, sino un objetivo medioambiental sostenible y rejuvenecedor donde pueda entrar una política económica a su medida.

Es posible que, a estas alturas, se me haya calificado ya de idealista, o, peor, de ingenuo. Puede que se piense que la situación europea actual se encuentra demasiado enquistada y que cualquier intento de cambiarla será fútil. Nunca he sido un gran defensor del pesimismo determinista. Pienso que, si algo debe mejorar, es nuestro deber actuar para mejorarlo, defender nuestras ideas dentro de un marco adecuadamente realista y aportar nuestro granito de arena para que se lleven a cabo.

Estas palabras cobran aún más significado tras los resultados de la ultraderecha en Francia, Alemania y, más recientemente, en Italia. El triunfo de partidos nacionalistas en estos Estados clave solo podría suponer un atraso colosal en las dinámicas de integración que tan urgentemente necesita el hombre para conocerse y respetarse a sí mismo y la consiguiente vuelta del más rancio anarquismo internacional.

Ahora más que nunca, actuemos para evitar este funesto destino, devolvamos la ilusión a millones de europeos y, por encima de todo, aportemos nuestro granito de arena para lograr un mundo más justo y equitativo para todos.

Reflexiones en torno al 8 de marzo: hacia una izquierda feminista y comunicativa

Parece que este año, la huelga feminista del 8 de marzo tiene menos resistencias y que, efectivamente, cada año somos más. Los diversos y mediáticos escándalos de abusos sexuales han confirmado, por si quedaba dudas, que lo personal es político y que aquello que no se puede decir, hay que gritarlo más alto. El silencio, como decía Audre Lorde, no nos protege y nuestro espacio es el de una imaginación política que cambie estructuras y mecanismos hetero-cis-patriarcales.

A pesar de ello, hay aún muchas resistencias, como igualar el machismo al feminismo y no al hembrismo. La trampa de una universalidad e igualdad de derechos que se han hecho a escala del varón, invisibilizando la situación de la que parten y las experiencias e intereses de las mujeres. Y la falta de consideración de conceptos fundamentales en la construcción del Estado democrático como la equidad, la diferencia o la interseccionalidad.

La politóloga Iris Marion Young proponía una política de la diferencia ya que no hay un reciprocidad igualitaria y simétrica entre varones y mujeres, ni tan siquiera entre mujeres que pueden sufrir una interseccionalidad de discriminaciones: étnica, generacional, diversidad afectivo-sexual, situación migratoria, etc. Critica la universalización de las normas de los grupos dominantes en base a unas políticas de distribución que son ciegas a la diferencia de las personas y los colectivos. Este modo de hacer democracia da prioridad a una argumentación racional que no admite diferencias entre hablar y escuchar. Por ello es necesario dar voz a los grupos en desventaja por medio de mecanismos especiales de representación y no confrontación.

Para evitar exclusiones dentro de la democracia es necesario encontrar formas de comunicación válidas. Esta acción comunicativa se basa en una reciprocidad asimétrica entre los sujetos, donde hay un respeto igual, pero cada participante se señala como diferencialmente posicionado, reconociendo que cada interlocutor lleva un bagaje personal. Propone una democracia comunicativa donde las diferencias de cultura, género, perspectiva social o compromiso particular sean recursos útiles para alcanzar un entendimiento en la discusión democrática y no en las divisiones que deben ser superadas. De este modo, es un tipo de democracia donde las mujeres pueden hablar más y mejor. Esto supone establecer un diálogo (no confrontación) desde las diferencias y particularidades, de manera abierta, sin miedo al disenso.

En esta misma línea, Judith Butler cuestiona como en democracia se estereotipan sujetos e ideas como categorías construidas e inamovibles. Butler propone una política de “unidades provisionales en el contexto de acciones específicas” y de coaliciones abiertas que creen identidades distintas y electivas en base a los objetivos que tengan y sin que haya obediencia a una finalidad normativa de definición cerrada.

Ambas teorías feministas nos llevan a repensar la Izquierda no como un campo lleno de líneas rojas sino como un camino comunicativo. En ambas se propone una comunicación de las mujeres y de las identidades infra o no representadas (migrantes, etnias, empobrecimiento) objeto también de preocupación por parte de los feminismos.

Estas posturas y otras dentro del feminismo proponen la construcción del Estado desde una posición diferente: lo particular y diferenciado frente a lo general y universal, lo afectivo frente a la racionalización, la empatía frente a la norma. Es un modo de volver a plantear el Estado Democrático, que sólo se puede hacer desde el feminismo y desde una Izquierda comunicativa.

Carmen Romero Bachiller plantea esta problemática en torno a dos cuestiones:

La primera es la presencia de las mujeres en la política, la mera presencia de mujeres en política no garantiza una práctica feminista. El patriarcado es transcultural y abarca tanto a varones como a mujeres. Pero lo que está claro es que sin mujeres no puede haber políticas feministas, ya que, nos aclara Romero “no se puede tener presente lo que no se ve, lo que no se concibe como posible”. Para ello son necesarios los equitativos mecanismos paritarios y las políticas de cuotas. No se trata de ocupar en los hemiciclos de los parlamentos cuerpos de mujeres hasta el 50% sino de ocupar modos de ver diferentes, tantos como los que ocupa un 50% de la población infrarrepresentado.

Romero reivindica el polémico texto “El derecho al mal” de Amelia Valcárcel, para justificar los logros feministas en el ámbito político y legal, mediante actos subversivos, como las manifestaciones, modificando el orden de las cosas heterocispatriarcal y para sacar a las mujeres de ese ámbito evanescente y precavido, “modosito” y políticamente correcto. Es este un plus de excelencia que se pide a las mujeres en política y que no se pide a los varones o se les da por supuesto. Es un peaje que las mujeres deben pagar por ocupar la esfera pública, junto con una serie de prejuicios como la inexperiencia y juventud de políticas de menos de 40 años, si es atractiva o fea, si es masculina o si es femenina, en definitiva, si se pliega al estereotipo heterocispatriarcal, ámbitos en los que no son cuestionados los varones, porque de ellos es el espacio público. Las mujeres ocupan lo público por cuerpos tradicionalmente excluidos del mismo, especialmente en política, donde son una excepción digna de señalar cuando aparece.

La segunda es la feminización de la política, como hemos visto recientemente en los ayuntamientos de Madrid y Barcelona, con Manuela Carmena y Ada Colau, respectivamente, con una transformación en las formas dirigido a una mayor participación y una vuelta hacia los colectivos excluidos. El interés por la diversidad afectivo-sexual, las políticas en educación infantil o el interés por derechos como la ecología o la vivienda.

Fuera de nuestras fronteras nos encontramos con Margot Wallström que desde 2014 ejerce como Ministra de Asuntos Exteriores de Suecia. Desde el primer momento aclaró que su política sería feminista y así se puede ver en la web de su Ministerio, focalizando en mujeres, niñas y en personas LGBTQ. Tres son los pilares de su política: respeto por los derechos humanos, ya que los derechos de las mujeres y las personas LGTBIQ han sido tratados como un tema aparte y excluidos de las políticas públicas. Representación femenina en todos los ámbitos como condición incontestable para alcanzar la equidad de género. Y finalmente recursos orientados a objetivos y resultados de género, con presupuestos especiales e incrementados en este sentido.

Todas representan una izquierda comunicativa y eficaz para el feminismo, que alcanza sus máximos acuerdos en torno al mismo. Un feminismo que no puede ser desde una Derecha que ignora los derechos sociales y da primacía a un capital antifeminista.

La buena dirección

Anacrónico es no apoyar plenamente las políticas de igualdad salarial, laboral y social hoy en día. Lamentable es que esta actitud proceda del presidente del Gobierno.

En la entrevista en Onda Cero del pasado miércoles 24 de enero, Mariano Rajoy dejó meridianamente clara su postura respecto a la vergonzosa brecha salarial que existe en España por motivos de género, además de afirmar, falazmente, que el Estado carece de competencias para fijar un salario mínimo, o cuanto menos, adecuado para el sector privado. Y digo meridianamente porque estas desafortunadas declaraciones no hacen más que reafirmar lo que ya sabíamos por la exangüe actividad parlamentaria al respecto.

Sr. Rajoy, usted afirma en la ya mencionada entrevista que tenemos que dar pasos en la buena dirección, y déjeme decirle que tiene usted razón. La buena dirección es la que ha seguido recientemente Islandia, por ejemplo. Desde el pasado 1 de enero es ilegal pagar menos a una mujer que a un hombre por el mismo trabajo. Esa es la forma adecuada de abordar el problema de la igualdad de género, o, mejor dicho, el problema de la desigualdad de género, pues la igualdad no es ningún problema. No basta con declaraciones amables con evidentes fines electorales ni con recomendaciones o instrucciones no vinculantes, es necesaria una acción real y contundente que no alargue más el problema. En este sentido ha intentado actuar la nueva edición del Foro Económico Mundial celebrado en estas fechas, dirigido en esta ocasión por mujeres para concienciar acerca de la desigualdad de género, un acto que no acaba de tapar la realidad observable entre sus asistentes: solo el 21% son mujeres.

La buena dirección para solucionar la incipiente pobreza que afecta a más de 1.000.000. hogares españoles no pasa por un salario mínimo que a duras penas les permite pagar únicamente el alquiler. Un salario mínimo que, comparado con el de otros países que a menudo nos sirven de referencia en el día a día, se perfila como la consecuencia de la poca importancia que adquieren los asuntos sociales en el presupuesto y en el ideario del gobierno.

Tanto la brecha salarial por motivos de género como la falta de políticas sociales contundentes para paliar la pobreza que sufren muchos conciudadanos son problemas muy serios que requieren un trabajo constante, pero sobre todo requieren una actitud de compromiso por parte de todos. Unas declaraciones como las que pudimos escuchar acerca de estos problemas deberían generar un rechazo de la sociedad que se tradujera en las urnas, pues la vileza que transmiten está más allá de cualquier sociedad democrática y de bienestar que se precie de serlo.

Pólvora del Rey

Juan Ignacio Zoido, el ministro de las 12.500 medallas, ha abandonado el palco del Estadio Sánchez Pizjuán para revelarnos que la Operación Copérnico, ese despliegue policial en Catalunya que nos hizo ocupar las portadas de la prensa internacional, con alguna de las imágenes y titulares más vergonzosas de los últimos años, nos ha costado 87 millones de euros. Así, a lo tonto, casi 120.000 Sueldos mínimos interprofesionales a pagar entre todos por repartir estopa entre unos pocos o -visto de otro modo- casi la tercera parte del presupuesto aprobado en 2017 para la Renta garantizada de ciudadanía en toda Catalunya, antes de que la 14/2017 pasara a engrosar la abultada lista de leyes anuladas por el TC. Ya sabemos que los “parásitos de lo público” en España no son precisamente los Tercios, a quienes les iba en el sueldo la propia pólvora que empleaban; el problema actual radica en que esta pólvora ya no es del Rey, si no de los súbditos, que tienen que sufrir mil y un recortes en sus derechos básicos mientras ven cómo se malgasta su dinero.

La obsesión del último año por acabar con todo lo que venga de Catalunya, como si los palos fueran la mejor medicina para “curar” una ideología, está provocando el efecto contrario. En cada recuento electoral suman más votos los partidos favorables a la instauración de una república en Catalunya; y estos, a su vez, radicalizan más su postura en pro del independentismo catalán a cada nueva medida (más bien arroutada, diríamos en Galicia), que llega de Madrid.

Mientras la Audiencia Nacional y hasta el propio Tribunal Supremo juegan a hacer política, ante la ausencia de quienes debieran estar realizando esta labor, el Tribunal Constitucional tumba una tras otra las leyes y decretos aprobados por el Parlament catalán; alguna de ellas tan “burguesa” como la aprobación de la Renta garantizada de ciudadanía, el Decreto-Ley contra la pobreza energética, la del comercio y horarios comerciales, impuesto a los depósitos bancarios, contra los desahucios, impuestos a la energía nuclear, tasa a los operadores de internet o la que prohíbe el uso del fracking en la búsqueda de hidrocarburos en Catalunya.

Todo esto mientras el BOE anuncia que nos cobrarán por la callada 80 millones de euros en el recibo de la luz de este 2018 para indemnizar al Proyecto Castor, sólo unas semanas después de que el mismo TC (ese que últimamente parece interpretar la Torah para algunos) declarara nula esta indemnización. O mientras esperamos que la ministra del diferido nos explique si el ejército que España envió a Letonia, con la mayor capacidad de combate que ha desplegado nunca en el exterior y que costó 63 millones de euros solo en 2017 tiene alguna relación con el silencio de Letonia sobre la independencia catalana. De paso, también podría explicarnos porqué estas tropas fueron enviadas sin la autorización del Congreso, como ordena la Ley Orgánica 5/2005 y la propia Constitución Española.

Así las cosas, no parece que el asunto vaya a arreglarse por el Noreste de la península. Y si me apuran, tampoco parece que vaya a mejorar en el resto del Estado. Como muy acertadamente dice en su blog Iñaki Anasagasti:

“se parte de la base de que España es Madrid y que es además castellana y que eso de las naciones, idiomas cooficiales y personalidad e identidad propia solo debe llegar al nivel de los “coros y danzas” del franquismo y que lo demás es un mal sueño y una mala broma porque a “estos se les ha dado demasiado y lo que quieren es romper España”

Lejos se adivina el espacio de convivencia basado en el respeto y la pluralidad que la mayor parte de ciudadanas y ciudadanos en el conjunto del Estado (o eso quiero creer) deseamos construir. Tal vez porque nos hayan convencido de que la política es como un partido de fútbol y -si es en favor de “los nuestros”- tenemos que pedir penalti aunque la mano haya sido involuntaria y fuera del área. O tal vez porque tenemos tanta información y tan poco tiempo, que somos incapaces de distinguir a nuestro equipo antes de reclamarle al árbitro que pite el final del partido.

 

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