El conflicto de Eulen y la Marca España

Cuando en julio comenzó la huelga de los trabajadores de Eulen en el Aeropuerto del Prat, recordé cómo se fue fraguando la semiprivatización de Aena. Y mucho antes, cómo se empezaron a privatizar los servicios de seguridad en nuestro país, no solo en los aeropuertos.

Siempre me manifesté en contra de estas privatizaciones. Primero porque creo que el transporte es un sector estratégico en cualquier país y debe garantizarse un servicio de carácter universal. Segundo, porque sólo una autoridad pública, en relación con la actividad de los servicios de seguridad, tiene capacidad para invadir nuestra intimidad en el registro de nuestros equipajes y de nuestro cuerpo.

El discurso favorito de los grandes partidos que durante años han llevado a cabo estas privatizaciones era que se trataba de “externalizar” servicios de carácter auxiliar que no afectaban al servicio público. Por tanto, que tales externalizaciones no hacían peligrar ni el servicio ni los derechos de los ciudadanos.

Por eso, viendo cómo se desarrollaba el conflicto laboral del Prat tuve el convencimiento de que se comenzaba a construir un relato alejado de la realidad y de la legalidad de nuestro país: Las imágenes de las colas en los controles de seguridad del aeropuerto y las manifestaciones que comenzaron oportunamente a realizar los responsables políticos haciendo ver que tal circunstancia era un problema enorme para el país empezaban a anticipar el futuro del conflicto en la opinión pública. Y de la solución del mismo, finalmente política que no laboral.

Algunos pensaron en trazar la misma senda que hace unos años se siguió con los controladores aéreos y se pusieron a ello. Pero en este caso no era de recibo esgrimir el discurso de los trabajadores privilegiados, con salarios altos y condiciones laborables envidiables. Este es un caso de trabajadores precarizados, que perciben un salario medio de 900 euros, con turnos endiablados y cuyo pecado ha sido reivindicar ni más ni menos que una subida de sueldo anual de 350 euros. Son trabajadores que representan como pocos la consecuencia de las privatizaciones de los servicios públicos: el marco de contratación del Estado en el que el precio del contrato es el elemento prioritario de adjudicación para obtener no sabemos si un ahorro de dinero público o unos abultados beneficios industriales para los adjudicatarios.

Y claro, frente a esta realidad laboral precarizada e indecente se contraponían los enormes problemas que ocasionaba esta huelga a los viajeros en plena campaña estival, que tenían que soportar colas de varias horas y, en el peor de los casos, perdían sus vuelos.

No dudo de la incomodidad generada y del perjuicio que las huelgas y los conflictos conllevan para los ciudadanos, pero tampoco dudo respecto a lo que representan la huelga y otros mecanismos de presión de los trabajadores frente a la empresa para intentar conseguir derechos o mejorar sus condiciones laborales. Es en este debate en el que a mi juicio comienza la manipulación de un conflicto que ha permitido, con unanimidad de las administraciones implicadas, que se tomen decisiones de legalidad discutible y que vienen a limitar de facto el derecho de huelga.

Las huelgas frente a la empresa carecen de sentido si no se hacen en momentos en los que la decisión de no trabajar provoque daño. Son un mecanismo de presión para mejorar la correlación de fuerzas en el marco de la negociación. Parece razonable que se convoquen en los momentos de mayor actividad empresarial. En el caso que nos ocupa, cuando la afluencia de viajeros es la propia de la estación estival, muy alta. Sería tan absurdo plantear una huelga en temporada baja turística como hacerlo en el sector industrial cuando no hay pedidos pendientes, o cuando hay exceso de producción… Cuando estos días he oído comentarios reprochando a los trabajadores que hubieran planteado la huelga en estos momentos, he tenido la sensación de que no se sabe (o no se quiere entender) para qué es una huelga, huelga con la que por cierto los trabajadores ven reducidos considerablemente sus ya bajos ingresos.

Por otro lado, carece de sentido el planteamiento que se ha hecho en este conflicto de que, frente a un derecho constitucional como el de la huelga, se estaba vulnerando el derecho a la libre circulación de las personas, y que tal colisión de derechos obligaba a intervenir a las administraciones públicas. Tal colisión no ha existido porque las incomodidades derivadas de las largas colas en los controles de seguridad o la pérdida de un avión no suponen en ningún momento la vulneración del derecho a la libre circulación de personas. Si esto fuese así, ¿qué ocurre cuando las compañías dejan al pasaje en tierra por avería o porque no disponen de suficientes plazas para cubrir los billetes vendidos? ¿Estarían vulnerando un derecho fundamental, impidiendo la libre circulación de personas? Cuando así sucede, no pocas veces, jamás he oído a ministro alguno alegar tal vulneración y sí remitir a las correspondientes indemnizaciones que deberían percibir los viajeros.

Es evidente que el objetivo ha sido construir un relato que diese cobertura a las decisiones que anticipadamente ya se habían tomado. Han seguido una hoja de ruta perfectamente trazada. Porque, a todo esto, ¿dónde está la empresa EULEN? La que es objeto de la medida de presión, la que paga a los trabajadores, la que ha sido adjudicataria del servicio de seguridad, la que ha ofertado un precio que se supone cubriría el servicio.

Precisamente, lo sorprendente de este conflicto es que la empresa ha estado desaparecida mientras la administración se ha erigido en su defensora. Solamente ha tenido que alegar que no podía acceder a las demandas de los trabajadores porque el contrato no lo cubría. Y así, desaparecer y dejar la solución en manos de las instituciones locales, autonómicas y estatales.

Sorprende la opacidad respecto al contrato suscrito con Aena por Eulen , la cuantía, los servicios ofertados, los costes laborales estimados, los realmente ejecutados, el beneficio industrial previsto, los costes de gestión del contrato, etc. Sería bueno conocer todo ello así como sería bueno conocer si Aena ha hecho un seguimiento estricto del cumplimiento de contrato, de las plantillas, de la cobertura de bajas, de los turnos, del personal asignado… Sería bueno conocerlo porque Aena todavía es una empresa con mayoría de capital público y debe rendir cuentas de su gestión.

Dar por bueno sin discusión ni contraste que el contrato suscrito con Eulen no permite asumir la subida salarial de los trabajadores es tanto como decir que la empresa no puede reducir su beneficio industrial o su coste de gestión y que la única solución para garantizar la subida salarial es la variación del contrato. No creo que se haya dado la información transparente de ese contrato, ni de su nivel de cumplimiento, ni que se haya exigido a la empresa un papel proactivo en el conflicto.

La otra barbaridad del conflicto consiste en mandar a la Guardia Civil a vigilar a los trabajadores que tenían que cubrir los servicios mínimos, que por cierto eran de un 90%. No puede admitirse ese papel de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, no está entre sus funciones controlar el cumplimiento de los servicios mínimos en las huelgas. Esa labor compete a las empresas. En todo caso, la Guardia Civil debería realizar la labor contraria a la luz de nuestro ordenamiento jurídico, la de garantizar el libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos, como es el derecho de huelga. Utilizar a la Guardia Civil para estos fines es, a mi juicio, ilegal y obsceno, y muy preocupante desde el punto de vista democrático la escasa discusión de esta decisión.

Por si estos elementos no fuesen suficientemente escandalosos, el Consejo de Ministros se reúne en pleno agosto, con carácter de urgencia, y decide imponer un laudo arbitral por considerar que la huelga estaba afectando “gravemente” (entre otras cosas a un servicio de carácter esencial) ni más ni menos que a la “Marca España”. Adoptar en un conflicto de estas características, en el inicio de una huelga de carácter indefinido y con unos servicios decretados del 90% un laudo arbitral, que está previsto legalmente para casos extraordinarios y como una medida excepcional, es algo realmente desproporcionado y carente de fundamento jurídico.

Escuchar las declaraciones del ministro de Fomento produce bochorno. Rizan el rizo al considerar que el control de seguridad de un aeropuerto es un servicio esencial para el Estado los mismos que defendieron su privatización no hace tantos años alegando que era un servicio de carácter auxiliar no esencial. Como tal argumento no se sostendría, menos aún con los servicios mínimos decretados del 90%, añaden que el conflicto afecta negativamente a la Marca España. Escucharlo produce sonrojo porque un conflicto laboral protagonizado por trabajadores que cobran 900 euros, que hacen una huelga y que reivindican mejoras salariales, no puede perjudicar a la Marca España.

Lo que afecta negativamente a la Marca España es ver los efectos de las privatizaciones en este país, la precarización laboral que se ha instalado amparándose en una crisis interminable. Afecta negativamente a la Marca España tener un gobierno sustentado por un partido que está permanentemente en los tribunales, entre otras cosas acusado del cobro de las comisiones por la adjudicación de obras y servicios públicos en los que luego se producen conflictos que ellos mismos acuden servilmente  a solventar.

Desgraciadamente, y si los Tribunales no lo remedian, este conflicto dejará tras de sí un nuevo antecedente que viene a limitar el derecho de huelga y a criminalizar la legitima reivindicación de derechos por parte de los trabajadores.

Estaría bien que más pronto que tarde se conozcan los detalles del conflicto, los contratos suscritos, las empresas afectadas y que se pidan las explicaciones necesarias y se adopten las decisiones parlamentarias oportunas, no solo para que alguien dimita, sino para que al menos se sepa cómo se ha privatizado, cómo se licitan los concursos y cuáles son sus consecuencias para los trabajadores y para los servicios. Porque  todavía se pueden y se debe intentar cambiar las cosas.

Publicado en Publico.es

Montserrat Muñoz de Diego
Portavoz de Izquierda Abierta y promotora de Actúa

El “modelo” Aguirre

La exposición mediática que ha generado la detención de Ignacio González y las lágrimas de Esperanza Aguirre en los últimos días me han recordado todo el periodo de gobierno de este clan en la Comunidad de Madrid, periodo en el que también la presencia y el protagonismo mediático de los mismos personajes eran apabullantes.

Francamente, creo que Esperanza Aguirre, su equipo y su forma de entender la política y el gobierno de las instituciones han sido dramáticas para la mayoría de la ciudadanía madrileña. Desde su llegada al gobierno de Madrid, enlodada en el oscuro TAMAYAZO, hasta hoy, la historia de Esperanza Aguirre ha sido percibida por muchos como una carrera de éxitos políticos y de gestión: aplaudida por “opinadores” de todo tipo, ensalzada por su partido y rodeada siempre de una cohorte de aduladores dispuestos siempre a reírle las gracias…

Sin embargo algunos que como yo tuvimos que compartir espacio político y de gestión de los intereses públicos con ella y que no formábamos parte del PP conocimos con Esperanza Aguirre una forma de actuar en política con métodos y resultados poco edificantes desde el punto de vista democrático: era la otra realidad.

Esperanza Aguirre y su equipo llegaron a Madrid imponiendo un modo de gobierno que confundía las instituciones con su partido, era difícil saber cuándo actuaba la presidenta de Gobierno de todos los madrileños y cuando la presidenta del PP. Por ello no me ha extrañado demasiado que tantos a su alrededor no hayan tenido claro los límites entre lo público y lo privado, lo institucional y lo partidista.

En esa época eran habituales los desprecios a los alcaldes de otro color político, a los que se ninguneaba manteniendo reuniones antes con los portavoces del PP en la oposición que con los representantes de los gobiernos democráticos de los ayuntamientos. Basta tirar de hemeroteca para comprobar cuántos anuncios de inversión, cuánta información relativa a asuntos municipales fueron hechos públicos antes por portavoces del PP que por los propios alcaldes. Esta actitud demostraba claramente que sus interlocutores eran los “suyos” y no los representantes de las instituciones.

A ello unía una personalidad autoritaria que escenificaba con órdenes rotundas, regañinas públicas a sus “subordinados” y con declaraciones u opiniones poco afortunadas que eran aplaudidas por sus correligionarios con entusiasmo, quizás porque enfrentarse a su círculo de confianza suponía, según manifestaban en privado, pasar al ostracismo en el partido. Muchos desde fuera confundieron ese autoritarismo con capacidad de gestión, su desparpajo a veces insultante con naturalidad… Era la LIDERESA.

Esta forma de entender la política y la gestión provocó a mi juicio que Esperanza Aguirre y su cohorte se acabaran convirtiendo en un aparato de poder arrollador, que como se ha evidenciado por los casos de corrupción destapados en Madrid, actuaba sin límites, con sensación de impunidad y en el convencimiento de que Madrid les pertenecía y les pertenecería siempre. Convirtieron la región en un gran mercado en el que todo se podía comprar y vender, desde la educación a la sanidad, pasando por el conjunto de los servicios públicos y bienes colectivos. Se instaló en Madrid el mensaje de la eficacia y la libertad como atributos propios del PP y su gestión cuando si se analizaba con rigor contribuía de un modo delirante a la ineficiencia y al cada vez menor ejercicio de las libertades de la mayoría.

Este modelo de Madrid impulsado por el PP desde hace muchos años acabó convirtiendo a nuestra comunidad en un lodazal de intereses, de grupos económicos, en el que han vivido, con total impunidad y mucha capacidad de poder, personajes que manejaron los hilos del gobierno de Madrid, que tomaron grandes decisiones que nos afectarán durante años y que hoy pernoctan en la cárcel.

Creo que Esperanza Aguirre no es ajena a este entramado porque ella favoreció un modelo de gobierno y de acción política en el que los intereses privados y de partido se mezclaban hasta la confusión con los intereses públicos y este escenario permitió que las prácticas corruptas de grupos cada vez más amplios de sus gobiernos y de su partido camparan a sus anchas  por toda la comunidad.

En aquella época, Esperanza Aguirre y el PP de Madrid representaban al PP triunfante, sin complejos, ejemplo a seguir para el PP nacional y para Mariano Rajoy.

Esperanza Aguirre dimitió, según sus propias palabras, por no haber vigilado convenientemente ni a los responsables de su partido, ni a los de su gobierno, protagonistas de escandalosos casos de corrupción que repugnan a cualquier ciudadano decente. El PP aplaudió esta actitud porque representaba la asunción de su responsabilidad política.

La pregunta ahora no puede ser otra que por qué no se aplica la misma vara de medir a Mariano Rajoy, presidente del PP nacional, por no haber vigilado correctamente a sus subordinados en el partido y por haber compartido equipos de dirección y a veces de gestión publica con muchas personas cuyas acciones se dirimen hoy en sede judicial.

Obviamente, no se pedirán esas responsabilidades porque el PP ha demostrado que  carece de la capacidad para regenerarse política y éticamente, al menos mientras todos los protagonistas de esta etapa tan infame para la democracia española sigan teniendo cargos de responsabilidad política.

Por ello, por salud democrática, porque es necesaria recuperar la credibilidad de las instituciones democráticas y de la política es imprescindible ACTUAR para que los protagonistas de toda esta etapa política dejen de gobernarnos. Este país necesita ya gobiernos limpios para avanzar, para conseguir un futuro mejor para las mayorías sociales.

Después de lo que conocemos, las fuerzas políticas tienen la obligación de articular alternativas al gobierno del PP huyendo de la teatralización de la política, del victimismo y de las líneas rojas, buscando los acuerdos posibles ante una situación de emergencia democrática. Si no lo hacen, la responsabilidad de que el PP siga gobernando en nuestro país será otra vez más suya y muchos ciudadanos no lo olvidaremos.

Cinismo ante la Constitución

Cualquier proyecto de reforma solo prosperará si se busca cierto grado de consenso

La Constitución de 1978, que acaba de cumplir 38 años, rubricó la muerte del franquismo y un cambio radical en nuestra historia. Lejos de la idílica visión de una transición pacífica y una democracia otorgada, Franco murió en la cama, pero la dictadura feneció en la calle, en un ambiente tenso, entre atentados terroristas, conspiraciones de la extrema derecha, huelgas y una dura represión. La legalización del Partido Comunista demostró que las fuerzas armadas perdían su derecho de veto. Más que un punto de partida o llegada, fue un punto de encuentro.

La Ley de leyes estableció un Estado social y democrático de derecho abogando por una “democracia avanzada”. En su artículo 9.2 señala que “corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad e igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas y remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud”. El 128 afirma que “toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general (…)”.

José Saramago manifestaba que “nuestra Constitución puede servir de programa político a cualquier partido de izquierdas”. Julio Anguita decía hace unos meses que “muchos rojos imbéciles hablan de cambiar la Constitución. No, primero cumple esta”. Sin embargo, Alberto Garzón, pese a reconocer que el artículo 128 “es el programa de Izquierda Unida” y que “la Constitución se ha hecho de ultraizquierda porque la sociedad se ha ido derechizando”, afirma que “reformarla no tiene ningún sentido” y reclama una nueva.

Situados en la necesidad de actualizar el pacto constitucional, el proyecto solo prosperará si se busca cierto grado de consenso: hoy la correlación de fuerzas es peor que en 1978. Abogamos en nuestra propuesta de máximos por un Estado federal, laico y republicano, plurinacional, democrático y solidario, en la perspectiva de un doble federalismo, español y europeo. En la mesa, los cuatro puntos sobre los que informó el Consejo de Estado: fin de la preeminencia del varón sobre la mujer en la sucesión de la Corona; inclusión del nombre de las comunidades autónomas; reforma del Senado y una referencia a nuestra pertenencia a la UE. Hay un abanico de propuestas para el reconocimiento de la plurinacionalidad y la diversidad lingüística; la aclaración de competencias entre Gobierno, comunidades y Ayuntamientos, junto a su financiación respectiva; la conversión del Senado en cámara territorial; la laicidad del Estado; la reforma del sistema electoral y del Poder Judicial; la revisión, ampliación y blindaje de derechos y libertades… Todo esto muestra la dificultad del ejercicio.

Alberto Garzón, aunque reconoce que el artículo 128 “es el programa de Izquierda Unida”, afirma que “reformarla no tiene ningún sentido” y reclama una nueva

La crisis social y política derivada de las políticas de austeridad ha provocado la degeneración de la ideología en dogmatismo y cinismo político. En el último aniversario de la Constitución hemos visto desde la apropiación a la descalificación: gestos y discursos vacíos en un momento importante para la necesaria regeneración democrática. Paradójica apropiación la de quienes no la protagonizaron y más han contribuido al vaciamiento de sus contenidos sociales, los derechos civiles y el reconocimiento de la pluralidad territorial, en su momento con el precedente del referéndum OTAN y con la reforma exprés del artículo 135 (2011). Pero descalificación más dolorosa e incomprensible por parte de quienes, formando parte del bloque social y político que más luchó y contribuyó al pacto constitucional, hoy incurren en el repudio a la Constitución con términos falsos como “restauración borbónica”, “imposición franquista” o “régimen del 78”.

No santificaremos la Constitución. Sí diremos que no se puede ignorar que sus contenidos democráticos y sociales eran los de una democracia avanzada para la época, un salto sin parangón en los derechos políticos y sociales para un país que salía de una dictadura con sus aparatos de poder íntegros. Salvo la forma de Estado, parte del sistema electoral y la ambigüedad del modelo territorial, las principales insuficiencias que se achacan al texto constitucional son más fruto de la gestión timorata de los sucesivos Gobiernos, en particular del PSOE. Ocurrió en la construcción titubeante del Estado del medio estar, la sesgada aconfesionalidad o la integración en la OTAN.

La reforma es imprescindible, pero no será a través del dogma ni del cinismo. Solo se conseguirá mediante respuestas a los problemas actuales con previsión de futuro, una ciudadanía implicada y acuerdos políticos que garanticen mayorías para hacerlas posibles.

Montserrat Muñoz es portavoz de Izquierda Abierta y exdiputada.

Publicado en ElPaís.com

 

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