El CETA y las mujeres: hay razones para oponerse

El CETA es el acuerdo económico comercial global entre la Unión Europea y Canadá. Este acuerdo no pone énfasis en la bajada o anulación de aranceles sino en la apertura de nuevos mercados para las empresas globales (principalmente en el comercio de servicios y la contratación pública) y, sobre todo, en la cooperación reglamentaria y en la puesta en marcha de nuevas reglas de juego, incluyendo tribunales de arbitraje internacional para dirimir los litigios entre los inversores internacionales y los estados (ICS, Investment Court System).

Estos tribunales suponen una limitación de la soberanía nacional, y pueden intimidar o  incluso coaccionar a los estados para que no desarrollen  políticas que puedan ir en contra de los intereses de los inversores internacionales. Concretamente, el que está previsto en el CETA limita competencias y jurisdicción a los tribunales españoles y usurpa funciones judiciales estatales, a la vez que garantiza derechos a los inversores extranjeros que no están permitidos a la ciudadanía ni a los inversores nacionales en sus propios territorios. Por esa razón esta siendo criticado por diversas organizaciones de juristas, como la Asociación Europea de Magistrados. Y también debe serlo desde una perspectiva de género.

En este artículo quisiera dejar de lado otros efectos del CETA para centrarme en los que tiene sobre las mujeres y para ello creo que hay que contemplar tres cuestiones fundamentales: el por qué un tratado comercial afecta de manera diferenciada a mujeres y hombres; qué sabemos del efecto de género de otros tratados comerciales; y finalmente, cómo influye en concreto lo establecido en el CETA.

La primera cuestión es bastante obvia. Cualquier política económica y en general cualquier nueva regla de juego en el ámbito de la economía tiene efectos diferenciados en aquellas personas que se encuentran en una posición de desigualdad frente los mercados. Y mucho más cuando se trata de un tratado comercial que pretende regular tantos aspectos de la vida de las personas, avanzar hacia una mayor mercantilización y transformar sustancialmente la participación y el funcionamiento de algunos mercados disminuyendo la presencia pública y aumentando la “libertad” de acción en ellos de los agentes.

Las privatizaciones de servicios públicos y por tanto que se mercantilicen más sectores económicos y ámbitos de nuestra vida, condiciona en mayor medida nuestro bienestar a las opciones reales que cada persona o grupo de personas tengamos de integrarnos en los mercados, especialmente en el de trabajo. Y si bien hay muchas estratificaciones sociales como la clase, la etnia, el origen geográfico o la raza que atraviesan las desigualdades de género y nos hacen estar en posiciones diferenciadas entre las propias mujeres y entre los propios hombres, existen también claras diferencias de género.

Si nuestro bienestar va a ser cada vez más dependiente de nuestra capacidad de insertarnos en los mercados y el grado de privatización de los servicios públicos, hay que insistir en que mujeres y hombres no estamos en posiciones similares ni de partida ni de llegada respecto al mercado de trabajo o a la dependencia de los servicios públicos. Las mujeres accedemos menos y en peores condiciones a los mercados de trabajo. Tenemos menores tasas de actividad y ocupación, mayores tasas de paro, parcialidad y temporalidad, sufrimos mayor segregación ocupacional, concentrándonos en menos sectores, y lo hacemos además en los puestos de menor responsabilidad y remuneración.

Tampoco tenemos el mismo acceso que los hombres a otros mercados como el crediticio, el de la propiedad de la tierra o el inmobiliario. Ni disfrutamos del mismo acceso a los recursos, y mucho menos a su control. No participamos de manera igualitaria en los procesos de toma de decisiones y por tanto, no tenemos el mismo acceso al poder.

Todo ello, hace que las mujeres disfrutemos de menos renta, acumulemos menos patrimonio o tengamos más riesgo de caer en la pobreza. Además, en el ámbito de la familia, las mujeres tejemos las redes de seguridad de última instancia y seguimos siendo las principales proveedoras del cuidado, realizando la mayor parte del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado.

Dependientes del gasto público

Todo ello nos hace especialmente dependientes del gasto público, de los servicios públicos que entre otras cosas son los que junto con la educación, la terciarización de la economía, la caída de la fecundidad o el desarrollo de sistemas legales más igualitarios, nos han permitido y permiten una inclusión más igualitaria en los mercados en el mercado de trabajo, y el acceso a las prestaciones sociales que la participación plena en el mercado de trabajo lleva asociado en sistemas de bienestar como el español.

La ratificación del CETA limitará la capacidad de los gobiernos para crear, expandir y regular los servicios públicos o revertir privatizaciones fallidas.  Por tanto,  cualquier política que pueda alterar el acceso a los servicios públicos, su grado de privatización y por tanto, la mercantilización de nuestras vidas, nos va a afectar de manera especial a las mujeres, sobre todo a aquellas con menor formación, patrimonio o menor disponibilidad de tiempo.

Es cierto, que las posibilidades de empleo bien remunerado que pueden ofrecer los sectores que se privaticen o expandan, al amparo de un acuerdo como el CETA, también pueden favorecer a algunas mujeres, sobre todo las que tenga la formación adecuada y dispongan de mucho tiempo al modo que lo hacen muchos hombres, bien porque no tienen responsabilidades de cuidado, bien porque las privatizan. Pero se tratará de una minoría cualificada, y su incorporación tendrá un efecto limitado en la transformación social necesaria para avanzar en sociedades más igualitarias también desde la perspectiva de género. Y además,  servirá para legitimar la falacia de la meritocracia sobre la que se sustenta el sistema capitalista, haciendo ver que quién quiere, quién se esfuerza, llega.

La segunda cuestión implica mirar qué efectos han tenido en las mujeres y la igualdad de género otros tratados de libre comercio. Lo que demuestran los numerosos estudios que se han realizado sobre todo para países en desarrollo es que los efectos de la liberalización comercial en el bienestar de las mujeres y la igualdad de género han sido muy variados por regiones, países o sectores económicos. No obstante, todos coinciden en apuntar que en ningún caso existe una correlación automática y positiva entre apertura comercial y avances en las oportunidades reales y el bienestar de las mujeres. Asociar de manera automática liberalización comercial con avances en la igualdad de género es un mito tan falaz como que de que el libre comercio siempre es positivo para todas las regiones, países o agentes que en él participan.

Los tratados de libre comercio y la apertura comercial han sido las arterias de la globalización que han fomentado la externalizacion y la subcontratación de muchos procesos productivos. Es cierto, que eso ha supuesto la creación de oportunidades laborales para muchas personas en países donde éstas escaseaban o estaban vinculadas a una economía de subsistencia, pero también que se ha hecho en un marco de relaciones laborales informales muy alejados de los estándares de trabajo digno propuestos por la OIT. Eso en sí mismo ha favorecido la incorporación de mujeres a esos empleos, pero en condiciones que no les han permitido ganar en autonomía y mucho menos en bienestar, debido a la carrera a la baja de las condiciones laborales y los estándares de vida que estos procesos han provocado, y el hecho que no han ido acompañados del desarrollo de servicios públicos de cuidado lo que ha implicado una intensificación del trabajo de las mujeres o la sustitución de las madres por las hijas en las labores de cuidado.

La tercera cuestión, la vinculada a las novedades que trae un tratado como el CETA, está unida al énfasis que ponen estos tratados en la regulación y los servicios. Los tratados como el CETA no suponen de manera prioritaria una bajada de aranceles sino que buscan avanzar en la liberalización de servicios y sobre todo, establecer unas nuevas reglas de juego globales, que a través de estos acuerdos se impongan en las regulaciones nacionales.  Una re-regulación de la vida económica que amenaza con implicar una pérdida de soberanía económica de los estados y de control democrático de la ciudadanía sobre los asuntos económicos.

Karl Polanyi ya explicó en los años cuarenta del siglo XX al analizar el surgimiento de la sociedad de mercado en el siglo XIX y primeras décadas del XX, que el libre mercado, el laissez faire, era un mito. Polanyi explicó cómo el nacimiento de la economía y sociedad de mercado no fueron fruto de una evolución natural sino que necesitaron de un conjunto coherente de acciones de gobierno, de políticas e instituciones que redujeran las barreras legales e institucionales a los movimientos de bienes, servicios y capital.

Negociaciones “ocultas a la ciudadanía”

Entonces como ahora con nuevas instituciones o tratados como el CETA, la deliberada intervención en los mercados se hace en nombre de la libertad de mercado. Entonces como ahora, no hubo nada de “natural” en la expansión de esos mercados “libres”. Y entonces como ahora, fue impuesta desde arriba, y sin participación de las personas a las que esos cambios afectaban. Y esto último, tiene especial trascendencia para las mujeres y la igualdad de género.

En este sentido, no nos debe extrañar que las negociaciones sobre el CETA, como también ocurriera con el TTIP, hayan estado durante mucho tiempo ocultas a la ciudadanía y alejadas del debate público. Incluyendo la ausencia de análisis de impacto sobre aspectos tan cruciales para nuestro bienestar como las necesidades y la provisión de los cuidados que no se mencionan en ningún documento. El mayor poder de negociación de los inversores globales sobre los estados y los trabajadores, el debilitamiento de la soberanía nacional, o las dificultades de garantizar el acceso a un empleo digno que los estándares a la baja de este tipo de tratados traen, tiene consecuencias en la forma en la que se puede garantizar el bienestar y la dignidad de las personas. Algo que se acaba materializando en los hogares, poniendo una presión insoportable sobre las últimas responsables de garantizarlo, que en la mayoría de los casos, son las mujeres.

El mayor poder de negociación de las empresas globales que la globalización neoliberal ha traído -y que se busca intensificar con tratados como el CETA-, también ha disminuido la capacidad de negociación de los estados de manera individual y por tanto, disminuido sus potenciales fuentes de ingreso. Estas reglas de juego han facilitado la movilidad internacional del capital lo que facilita la presión de las empresas globales de forzar a la baja la fiscalidad de los estados o incluso la legalización de la evasión fiscal a través del mantenimiento de los paraísos fiscales o las prácticas de ingeniería fiscal en los propios territorios nacionales.

Esto ha tenido varios efectos especialmente negativos para las mujeres, pero señalaré solo tres. Por un lado, la menor recaudación fiscal vinculada a los beneficios del capital ha hecho recaer la capacidad impositiva de los estados en las rentas del trabajo y sobre todo en los impuestos indirectos que son especialmente regresivos, y que afectan en mayor medida a las personas con ingresos más bajos, donde se concentran en mayor medida las mujeres.

Por otra parte, esta disminución de ingresos potenciales merma la capacidad de gasto público del que son especialmente dependientes las mujeres, no solo para su bienestar directo a modo de transferencias y sobre todo, a través de los servicios públicos que sustituyen o pueden sustituir trabajo no pagado, sino también porque limitan las opciones de poner en marcha políticas públicas que permitan avanzar en la igualdad de género y fomentar una verdadera transformación social hacia sociedades más igualitarias.

Y por último, la peor y más vulnerable integración de las mujeres en los mercados, el tejer las redes de seguridad de ultima instancia y ser más dependientes de los servicios públicos, hace que las mujeres necesitemos en mayor medida aún que los hombres que se avance y no se retroceda en democracia económica. Necesitamos  participar en los procesos de toma de decisión poniendo sobre la mesa el volumen y las implicaciones que el trabajo de cuidados no remunerado, y su desigual reparto, deben tener en el diseño de la política macroeconómica.

La estrategia del gobierno español de acelerar la ratificación del CETA sin apenas permitir control parlamentario, acortando los procesos de consultas internas, solo puede reforzar el temor al retroceso democrático que la firma de un tratado de estas características puede conllevar. Y a las mujeres, como he dicho antes, este hurto democrático nos debe preocupar especialmente. Por tanto, creo que tenemos razones sobradas para estar en contra de la ratificación de un tratado como el CETA.

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Rebaja de impuestos y dependencia

En estos días, las supuestas bondades asociadas a la bajada de impuestos han vuelto a copar titulares de prensa debido a la rebaja de impuestos pactada entre Ciudadanos y PP. El tanto se lo ha apuntado Ciudadanos. Pero ¿a quién le ha metido el gol? A nadie, al PP, a la sociedad española en general o a amplios grupos de la misma.

Sin duda, es posible que el PP hubiera obtenido un mayor rédito electoral de haber llevado la iniciativa en la bajada de impuestos. Aunque también es cierto que al ceder ante Ciudadanos, se garantiza su continuidad en el Gobierno. Y seguir gobernando cuando no se tiene mayoría absoluta puede considerarse un triunfo en sí mismo. Así que cabe preguntarse por el efecto de esta rebaja fiscal en la sociedad española y en grupos concretos de personas. Especialmente importante me parece la apuesta política de bonificar a las familias con personas dependientes frente a fomentar el pleno desarrollo de la Ley de Dependencia.

Lo primero que habría que decir es que en España, la pedagogía fiscal brilla por su ausencia. Por el contrario, estamos bien servidos de la gran influencia que en la opinión pública tienen grupos de poder que se benefician de la sistemática bajada de impuestos, y del deterioro democrático que le ha ido parejo en estas últimas décadas. De ahí que bajar impuestos siempre se venda como algo bueno para el conjunto de la población y para el funcionamiento de la economía del país.

Las más de las veces, las decisiones sobre fiscalidad se hayan envueltas de demagogia y tecnicismos. Así, el debate siempre se simplifica en la disyuntiva entre la bondad o maldad de subir o bajar impuestos, cuando lo que hay que determinar es hasta qué punto las subidas, bajadas o modificaciones de cada impuesto en particular, incluidas las bonificaciones, afectan a la equidad de nuestro sistema económico, a la sociedad en su conjunto, y más específicamente, a grupos sociales concretos o al fomento de la igualdad.

La forma en la que se diseña cada impuesto implica una mayor o menor recaudación por un concepto determinado. Pero también lleva aparejada toda una serie de incentivos que pueden ser de distinto signo para personas que se encuentren en situaciones desiguales y que afectan a la creación de riqueza, de empleo o la decisión de participar o no en el mercado de trabajo -algo muy sensible para las mujeres y su especialización histórica en el cuidado-, y que siempre conllevan una redistribución determinada de la renta. Por tanto, tienen consecuencias en la justicia social, la igualdad y el bienestar de la ciudadanía. De ahí que cuando hablamos de impuestos estemos tratando de medidas con un amplio calado político y que en un sistema democrático deberían ser resueltas en un informado y transparente debate público, y no sólo como moneda de cambio para conseguir apoyos parlamentarios.

¿Alta presión fiscal?

Así se suele presentar a España como un país con una alta presión fiscal, cuando los datos demuestran que nos encontramos en la parte media-inferior de la tabla en relación a la OCDE, la UE o la Eurozona, como denuncian sistemáticamente los técnicos de hacienda. España tiene una presión fiscal 6,6 puntos menor -33,6%- que la media ponderada de la Zona Euro -40,2%-, y 5,2 puntos menos que la media europea de los 28 -38,8%, con un trato fiscal bastante ventajoso para las rentas del capital, pero no sólo. España también recauda menos por impuestos del trabajo, sobre todo debido a las bonificiaciones que rebajan las cotizaciones a la seguridad social. Nuestro país ocupa la plaza 14 respecto a la presión de fiscal al trabajo en la UE, lo que hace que el Estado español ingrese 30.000 millones de euros menos que la media comunitaria por impuestos al trabajo.

Esto explica que España sea uno de los países que menos impuestos recauda y que tenga una presión fiscal más baja, a lo que habría que añadir la existencia de unos  servicios públicos claramente insuficientes, y un sistema de ayudas directas de los menos eficaces de la UE. De heho, los informes de la OCDE o de la UE apuntan sistemáticamente a la infrafinanciación de la Hacienda española respecto a las de sus socios comunitaros o los pertenecientes a la OCDE. Y a pesar de ello, y pese a los compromisos adquiridos con la UE respecto a la reducción del déficit público, se anuncia una rebaja de impuestos para el próximo año y sucesivos.

De hecho, son varios los especialistas que dudan de los efectos beneficiosos que esta rebaja de impuestos pueda tener en la renta disponible de los trabajadores y, sobre todo, alertan sobre la falta de progresividad de las bonificaciones a familias con dependientes y a las familias numerosas. Ya que en muchos casos, beneficiarían a familias que no se encuentran entre las que tienen las rentas más bajas, y por tanto, más necesidades. Mientras que esta rebaja sí que supone una reducción de los ingresos del Estado y por tanto, de su capacidad de gasto, incluído el gasto social.

No hay que olvidar que España se sigue situando muy por debajo de la media de la UE en gasto social respecto a nuestro PIB; por ejemplo, a cuatro puntos de Alemania o a 9 de Francia. Y que somos uno de los países en los que la desigualdad económica cambia menos antes y después de impuestos. Lo que quiere decir que tenemos un sistema muy poco progresivo, ya que una parte importante del gasto social, en torno al 20%, lo reciben las rentas más altas, precisamente a través del abuso de las bonificaciones que es el modelo que se fomenta con esta rebaja de impuestos. Sobre todo,  en lo relativo a la bonificación a las familias numerosas que los datos nos dicen que se concentran en los tramos más elevados de renta.

Pero esta falta de progresividad fiscal también se observa en la propuesta de bonificación a las familias con dependientes. En cambio, la Ley de Dependencia sigue estando infrafinanciada, y son muchas las familias que tienen que dedicar al menos un miembro de la misma, normalmente una mujer de mediana edad, a tiempo más que completo al cuidado de la persona dependiente. Así se explica que el empleo que se debería haber generado con la puesta en marcha de la ley tanto en instituciones públicas como a través del cuidado especializado domiciliario haya quedado muy alejado de las estimaciones realizadas en el Libro Blanco de la Dependecia publicado por el Ministero de Trabajo y Asuntos Sociales en 2005.

Fallos y virtudes de la Ley de Dependencia

La Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia supuso un auténtico hito en la construcción del cuarto pilar de nuestro Estado del Bienestar. Esta ley tuvo varios fallos. Tal vez,  el fallo principal fue el de no haber pactado previamente su financiación, lo que unido al boicot político que hicieron algunos Gobiernos autonómicos, haya llevado a una desigualdad territorial en su aplicación más que manifiesta. A lo que hay que añadir la paralización que el desarrollo de la Ley tuvo durante la crisis económica al ver reducida drásticamente su financiación.

Pero también tuvo varias virtudes, entre ellas, el reconocer el derecho a la autonomía personal como un derecho individual. Pero hacerlo con un critero de progresividad fiscal que debería permitir una mejor redistribución de la renta y por tanto, de bienestar para las personas y sus familias, que el sistema de bonificación propuesto en la reforma actual no lleva aparejado. La obtención de los cuidados necesarios para suplir la falta de autonomía funcional debe reconocerse como un derecho elemental de las personas dependientes. Pero debe ir de la mano del reconocimiento del derecho de las personas cuidadoras a la libre elección de poder o no cuidar. Esto lo garantiza mucho mejor un sistema de servicios públicos y ayuda profesional a domicilio que las bonificiaciones sin progresividad que además pueden detraer ingresos al sistema.

Es cierto que el desarrollo insuficiente e infrafinanciado de la Ley de Dependencia ha llevado al abuso de la tercera figura contemplada para el cuidado de las personas dependientes, el cuidador o cuidadora familiar. Pero eso no quiere decir que haya que abandonar el desarrollo de la Ley promocionando un sistema de bonificaciones como el que se contempla en la bajada de impuestos propuesta por Ciudadanos. Ahora que se ha salido de la recesión, es necesario apostar de manera clara por un sistema que garantice que ninguna persona dependiente se sienta desamparada de su derecho de autonomía, al tiempo que ninguna persona se vea obligada a reunciar a su empleo o proyecto vital para evitar esa situación.

Para ello, es fundamental que el sistema se aplique con progresividad fiscal; y teniendo en cuenta la situación desigual en la que mujeres y hombres se encuentran en relación al mandato social en torno a los cuidados, ya que el sistema de bonificaciones tomando la familia como unidad puede suponer un incentivo perverso a la decisión y forma de participar de las mujeres en el mercado de trabajo.

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¿Por qué el Brexit ha beneficiado a Corbyn?

Jeremy Corbyn no ganó las elecciones del 8 de junio, Theresa May le aventajó en 47 escaños. Pero el líder laborista tampoco las perdió, porque ganó 31 diputados respecto a las elecciones de 2015, mientras que May perdió 12, junto con la mayoría absoluta.

Como me ocurriera el año pasado con el referéndum sobre el Brexit, estas elecciones también han coincidido con una estancia mía en las Islas Británicas y he podido comprobar de primera mano, la euforia de los progresistas británicos tras el resultado electoral, sobre todo porque están convencidos de que la estrecha victoria conservadora obligará a May a abandonar la estrategia de negociar un Brexit duro.

El apoyo que el partido laborista ha recibido de los jóvenes, que fueron los que más claramente se opusieron al Brexit, y la promesa laborista de alejarse de un Brexit duro son las razones que mis colegas universitarios esgrimen para explicar los resultados del laborismo. A lo que es posible añadir el propio carisma de Corbyn y la coherencia que ha demostrado , tanto a lo largo de su carrera política como durante la campaña, con los principios de la socialdemocracia, algo que no hicieron los líderes laboristas de la tercera vía como Tony Blair o Gordon Brown.

Si esos análisis son correctos, Corbyn se habría beneficiado del rechazo de parte de la población al Brexit o, cuanto menos, a la línea dura del mismo. Lo paradójico de ese argumento, tras haber leído completo el programa del partido laborista, es que Corbyn no dijo no al Brexit, ni propuso convocar un nuevo referéndum. Tampoco en Escocia. Sólo propuso una versión más blanda del Brexit, respetando los derechos adquiridos de los tres millones de ciudadanos de la UE que viven en el Reino Unido y reclamando lo mismo para el millón doscientos mil británicos que viven en países de la Unión.

El Brexit del programa laborista implicaría seguir manteniendo relaciones comerciales con su principal socio, la UE, pero mirando sobre todo por el “crecimiento, el trabajo y la prosperidad” del Reino Unido. Y ello incluiría la continuidad del programa Erasmus, la participación de fondos de investigación como los del programa europeo Horizon 2020 o la cooperación en seguridad y defensa.

Pero el Brexit del programa laborista también supondría acabar con la libre circulación de personas. El epígrafe del programa reservado a inmigración se sitúa dentro del capítulo dedicado al Brexit, donde se propone textualmente crear “un nuevo sistema que esté basado en nuestras necesidades económicas”.

En la propuesta laborista, el gobierno, junto con las empresas y los sindicatos, debería establecer cuáles son las necesidades o carencias del mercado de trabajo británico. Esas carencias, según el capítulo dedicado a educación, deberían de poder ser cubiertas en el medio plazo con la mejora del sistema educativo, pero en el corto plazo podrían serlo mediante la importación de trabajadores a la carta.

De hecho, en el capítulo reservado a sanidad y a la mejora del sistema nacional de salud (NHS), se alaba explícitamente la labor de los profesionales extranjeros e, incluso, se les promete una subida de sueldo y unas mejores condiciones de trabajo.

También son mencionados en el epígrafe de inmigración, y bienvenidos, los estudiantes internacionales, al reconocer sin rubor que aportan a la economía británica 25 billones de libras. Tal vez promocionar aún más la llegada de estudiantes internacionales fuera una de las estrategias que los laboristas tenían en mente cuando lanzaron una de sus medidas estrella, que sin duda está detrás del incremento en el número de jóvenes que se registraron para votar en las elecciones del pasado jueves. Me refiero a la gratuidad de la enseñanza universitaria. Una medida por otra parte muy justa y acertada, teniendo en cuenta que la deuda media de los estudiantes universitarios al graduarse en Gran Bretaña es de 44.000 libras.

Pero la remontada del laborismo le debe mucho más al Brexit que a esa medida y en una línea muy distinta a la apuntada por mis colegas . La salida de la UE ha permitido a Corbyn y a su Partido Laborista elaborar un programa electoral y, en particular, unas propuestas económicas marcadamente nacionalistas, que el mismo partido no podría haber planteado en caso de que el Reino Unido hubiera elegido seguir perteneciendo a la UE. Mediante esas propuestas, los laboristas británicos han abandonado la ambigüedad de la que adolece gran parte de la socialdemocracia europea acerca de qué modelo económico necesitamos para conseguir una sociedad más justa e igualitaria.

En el programa con el que Corbyn concurrió a las elecciones había medidas contrarias a las leyes de competencia y de liberalización de mercados de la UE, Entre ellas, por ejemplo, encontramos la propuesta de utilizar “todas las herramientas” para apoyar las exportaciones de las empresas británicas -especialmente de las pequeñas y medianas empresas- o la de nacionalizar los sectores estratégicos de la economía británica, incluyendo, claro está, la renacionalización de los ferrocarriles privatizados en 1993.

El programa con el que el Partido Laborista y Corbyn se presentaron a las elecciones del pasado jueves representaba una auténtica apuesta socialdemócrata y sonaba mucho a viejo laborismo, hasta en la ausencia de la transversalidad de género en el mismo, teniendo en cuenta que incluye un pequeño epígrafe sobre mujeres justo antes de uno sobre el colectivo LGTB, que precede a otro sobre diversidad y un cuarto sobre discapacidad. Todos los “colectivos” puestos en fila.

El programa de Corbyn abogaba por una redistribución de la riqueza a través de una fiscalidad progresiva y un amplio programa de gasto y servicios públicos, desde vivienda hasta el servicio postal, que haría también las veces de sucursal bancaria garantizando a todos los municipios el acceso a los servicios financieros. También retomaba el protagonismo de lo público, no sólo a través de las nacionalizaciones, sino creando sistemas nacionales de educación o dependencia al estilo del sistema nacional de salud. Y reforzaba el papel de los sindicatos.

En definitiva, un programa que, como apuntaba su propio título, buscaba alcanzar un bienestar que fuera “For the many, not for the few”, es decir, que los réditos del crecimiento económico se distribuyeran de manera más justa en la sociedad británica, a través de una continua rendición de cuentas en un parlamento que debería tener más poder que el que actualmente tiene, independientemente del cedido a Bruselas.

Tal vez la propuesta del actual laborismo británico de apostar por las fronteras del estado nación para garantizar un auténtico control democrático de la política, especialmente de la política económica, sea la solución por la que debe decantarse la socialdemocracia para no volver a caer en las ambigüedades en las que ha estado incurriendo en estos últimos años y así diferenciarse claramente de los planteamientos económicos neoliberales.

Personalmente, no sé si esa es la solución o si, por el contrario, es posible encontrar una manera de construir instituciones que garanticen una democracia global y bienestar para todas las personas y no sólo para los ciudadanos y ciudadanas de los países ricos que puedan permitirse una política nacionalista y una apertura de fronteras a la carta.

Desgraciadamente, no sabremos si la apuesta del Partido Laborista británico para las elecciones del 8 de junio era la correcta, porque el programa de Corbyn no ha resultado lo suficientemente atractivo o creíble para los británicos, que han decidido seguir siendo gobernados por el partido conservador y Theresa May.

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Los Trump y Arabia Saudí se “blanquean” en violeta

“Los grandes poderes económicos y financieros, a los que pertenecen los Trump, nos están robando las palabras y el significado de luchas justas como la del feminismo y no podemos permitírselo, ni caer en su juego”

La familia Trump acaba de realizar su primer viaje oficial al extranjero desde que Donald, el patriarca, ostenta el cargo de presidente de los EE.UU. La prensa está llena de sus salidas de tono, errores diplomáticos y también del contraste de vestimentas de las damas, Melania e Ivanka, en Arabia Saudí y en el Vaticano. En el primero, sin velo, dando imagen de modernidad; y en el segundo, con mantilla negra y de luto riguroso, proporcionando una imagen muy rancia y arcaica. Algo que, en mi opinión, no es casual, especialmente en lo relativo a la imagen de modernidad que los Trump y los intereses que defienden, que no son precisamente los de la mayor parte del pueblo americano, querían dar de Arabia Saudí, eligiendo para ello precisamente uno de los aspectos más siniestros de ese país, el de la condición de las mujeres.

En Arabia Saudí se practica un auténtico apartheid de género que conlleva una segregación total entre los espacios destinados a las mujeres y el resto de los espacios. Los hombres tutelan a las mujeres desde el nacimiento hasta la muerte,ya que éstas no pueden obrar por sí mismas y están incapacitadas tanto desde el punto de vista jurídico como el económico.

No en vano, la participación laboral de las mujeres es la más baja del mundo, en torno al 5%. Pero todo esto no impide que, coincidiendo con la visita de los Trump a Arabia Saudí, su monarquía haya donado 100 millones de dólares a un fondo promovido por Ivanka Trump y gestionado por el Banco Mundial cuyo objetivo es conseguir un mayor empoderamiento de las mujeres en el mundo.

A Arabia Saudí fueron los Trump a cerrar el mayor acuerdo de venta de armamento de la Historia de Estados Unidos. Un compromiso de 110 billones de dólares, negociado previamente por Jared Kushner, yerno del presidente y marido de Ivanka Trump. Armas de empresas norteamericanas que, como sabemos, no encierran los saudíes en museos para que los visitantes las puedan admirar, ni pasean en coches las mujeres –en ese país éstas no pueden ni siquiera obtener el permiso de conducir– sino que alientan guerras.

Es necesario recordar que, desde 2011, esta monarquía absolutista ha intervenido militarmente o a través de sus servicios secretos en Siria, Bahréin, Yemen y Egipto, bombardeando a civiles, apoyando golpes de estado o entregando armas y apoyo económico a grupos fundamentalistas. Es decir, ha fomentado guerras que están matando a cientos de miles de personas y desestabilizando Oriente Próximo en favor de sus intereses geoestratégicos, políticos y culturales, incluido el de imponer su orden de género.

Es posible que los Trump y los mandatarios de Arabia Saudí hayan llegado a otros acuerdos que no sólo comprometen la vida de millones de personas en determinadas zonas del planeta a través de la promoción de guerras que mantienen el negocio armamentístico, sino que también ponen en riesgo la sostenibilidad del propio planeta. Por ejemplo, a través de una planificada bajada del precio del petróleo ahora que EEUU, a través de la apuesta presupuestaria de la administración Trump, contempla la venta de  casi la mitad de la reserva estratégica de petróleo estadounidense y abrir a la explotación petrolera el refugio nacional del Ártico en Alaska, lo que podría herir de muerte a la industria de las energías renovables, una de las pocas herramientas con las que todavía contamos para frenar el cambio climático.

Pero parece que hasta los Trump y el Gobierno saudí son conscientes de que promover la guerra y detener la lucha contra el cambio climático no tienen buena prensa. Por ello, se han puesto de acuerdo en blanquear en violeta el viaje del mandatario estadounidense y su familia al reino saudí  mediante la millonaria donación del Gobierno de este paísal al ya mencionado fondo liderado por Ivanka Trump y el Banco Mundial y destinado a la promoción del emprendimiento de las mujeres en el mundo.

El fondo, que cuenta también con el apoyo de Angela Merkel y el Gobierno canadiense, busca trabajar con empresas que deseen facilitar el acceso de las mujeres a la financiación, los mercados y las redes empresariales. Comenzó a gestarse, y así lo reflejó la prensa, cuando en marzo de este año el primer ministro canadiense Justin Trudeau visitó la Casa Blanca y él e Ivanka Trump anunciaron la creación del Canada-United States Council for Advancement of Women Entrepreneurs and Business Leaders. Y fue cogiendo forma en la cumbre del G20 en Berlín –denominada del W20, por “women”–a la cual Angela Merkel invitó a Ivanka Trump y en la que hubo una sesión dedicada nada más y nada menos que al feminismo y el empoderamiento femenino. Dicha sesión contó también con la participación de otras figuras como Christine Lagarde o Chrystia Freeland, ministra de asuntos exteriores canadiense. En ella, Ivanka Trump llegó a decir que su padre era un “tremendous champion of supporting families”. Sobre todo, habría que añadir, de la suya propia.

¿Labor altruista a favor de la igualdad de género?

La promoción del empoderamiento de las mujeres facilitando su inserción en los mercados, sobre todo a través del acceso al crédito, no es algo nuevo. Se trata de una estrategia que lleva potenciándose desde hace varios lustros para que cada vez más actores y, sobre todo, actrices se integren en el sistema y amplíen mercados, con el fin de seguir pedaleando y que no se caiga la bicicleta del capitalismo. Esta estrategia ha servido a gobiernos, instituciones y, en particular, a muchas empresas para abrir nuevos nichos de mercado vendiendo esta acción como si en realidad se tratara de una labor altruista a favor de la igualdad de género. Algo que, al parecer, se debe de vender muy bien, a pesar de lo que cuesta dar pasitos pequeños en esa dirección.

Además, esta promoción no es independiente del mantenimiento de un modelo económico que se basa en la cada vez menor participación de los salarios en las rentas y que explica que las familias necesiten cada vez de más miembros participando en el mercado de trabajo –o emprendiendo autónomamente–para poder conservar, junto con el endeudamiento, unos estándares de vida y una falsa sensación de riqueza que les impidan cuestionar la injusticia del sistema en el que todos nos hayamos inmersos.

Si, además, esto se hace a través del emprendimiento, la sensación de empoderamiento está asegurada, lo que casa bastante bien con el justo discurso feminista sobre la libertad y la autonomía de las mujeres. Sin tener en cuenta que lo que a menudo se consigue a través de ese emprendimiento, que suele ser precario, es una individualización del riesgo y la posibilidad de que las mujeres sigan compatibilizando su participación en los mercados con el cuidado de las familias, sin que se cuestione el patriarcado, y de modo que los estados eviten desbordar su factura social y puedan seguir privatizando y reduciendo sus dimensiones y, por tanto, la dimensión de lo público.

Obviamente, que en una economía de mercado las mujeres tengan acceso a recursos como el empleo o el crédito, que les permitantener ingresos monetarios o emprender un negocio, es un aspecto positivo en tanto que ha impulsado a millones de mujeres en todo el mundo a diseñar proyectos vitales más autónomos e incluso independientes de los hombres. Pero si esa promoción no va unida a otros cambios en lo relativo a la organización social del cuidado y a una distribución primaria y redistribución de la riqueza que alcancen una mayor equidad social, puede incluso ser dañina para las mujeres. La mercantilización de cada vez más aspectos de la vida y la individualización del riesgo que conlleva el capitalismo neoliberal desbridado ponen en jaque tanto el bienestar de las mujeres como la existencia de una ética alternativa a la del lucro y el interés personal.

En tanto que seguimos siendo las responsables del cuidado y las tejedoras de las redes de última instancia, a las mujeres no nos beneficia la dependencia exclusiva del mercado, donde nos insertamos con menor capacidad que los hombres por tener menor disponibilidad de movilidad y tiempo y porque las empresas capitalistas funcionan preferentemente bajo la horma de un trabajador libre de cargas de cuidado, como es, en términos generales, la de los varones.

El fondo “feminista” de los Trump es uno de los mejores ejemplos de cómo el neoliberalismo ha resignificado, en su afán por legitimarse, causas justas como las del feminismo y la igualdad de género. La filósofa Nancy Fraser habla de la coincidencia desafortunada, a lo largo de la revolución neoliberal, del neoliberalismo y el feminismo. Pero lo que está ocurriendo, sobre todo en estos últimos años, no es ninguna coincidencia, sino un uso intencionado de las palabras, los ideales y los símbolos para legitimar un sistema injusto, pero en el que la gente debe creer que tiene cabida, imponiéndonos una ética individualista del lucro. Los grandes poderes económicos y financieros, a los que pertenecen los Trump, nos están robando las palabras y el significado de luchas justas como la del feminismo y no podemos permitírselo, ni caer en su juego.

Publicado en ElDiario.es

La hipocresía de Europa y los males de la globalización

La globalización ha traído mayor desigualdad, afectando a ciertos territorios y personas, sobre todo a aquellos que tienen menor resiliencia y capacidad de adaptación a los cambios.

El pasado 10 de mayo la Unión Europa lanzó un documento en el que reflexionaba sobre los efectos negativos de la globalización, y que la mayor parte de la prensa ha recogido como la entonación de un mea culpa y la expresión de un propósito de cambio por parte de una Unión amenazada por el Brexit, la victoria de Trump o el creciente protagonismo en Europa de lo que llaman populismos. Yo, en cambio, dudo de que simplemente reconocer que “los miedos de la globalización son reales y bien fundados”, y que ha dejado regiones y personas perdedoras también en Europa, suponga un cambio de rumbo que siente las bases de una nueva forma de gobernanza global o europea.

Por la sencilla razón de que la propia construcción europea es una pieza esencial de ese modelo de crecimiento y gobernanza que comenzó a desarrollarse en las décadas de los setenta y ochenta del siglo pasado, de la mano de la revolución neoliberal, la globalización, la financiarización de la economía y las grandes transformaciones -también de base tecnológica- que se han dado en el sistema productivo y en el modelo de acumulación, multiplicando los factores de inestabilidad y riesgo, aumentando las desigualdades económicas, privatizando las condiciones de vida de gran parte de la población y limitando el funcionamiento de la democracia.

Cuando en 1992 se firmó el Tratado de Maastricht, punto de inflexión del actual modelo de gobernanza europeo, yo tenía 22 años y acababa de obtener una beca para realizar mi tesis doctoral en el Instituto Universitario Europeo, centro de investigación de postgrado dependiente de la Unión Europea y ubicado en las colinas que rodean Florencia. Me había licenciado el año anterior en la universidad francesa de Lyon, gracias precisamente a otra beca europea –a la que se sumaba la beca Gálvez-Muñoz–, y era, como todos mis colegas de doctorado, una ferviente pro-europeísta. También era una española de mi generación que seguía identificando Europa con avances en democracia, bienestar e igualdad.

Supongo que aún era demasiado joven y estaba demasiado concentrada en mi carrera académica y en la realización de mi tesis doctoral para ser consciente de que la arquitectura institucional que se estaba construyendo en Europa en ese momento, de la mano de la hiperglobalización financiera y la revolución neoliberal, nos estaba llevando a una creciente pérdida de soberanía que no iba unida a más sino a menos democracia.

El economista Dani Rodrik afirma que nuestras sociedades se enfrentan a un trilema, que tienen que elegir entre globalización, estado nación y democracia. En teoría, puede parecer claro que la pieza del trilema que hay que dejar caer es el estado nación. La globalización, como reconoce textualmente el propio documento de la Unión Europea sobre sus efectos nocivos, ha traído también muchos beneficios a la humanidad: “Un mundo más conectado ha supuesto disfrutar de nuevas oportunidades. Las personas ahora viajan, trabajan, aprenden y viven en diferentes países. Interactúan también en la web, compartiendo sus ideas, culturas y experiencias. Los estudiantes tienen acceso on line a cursos que desarrollan las universidades más importantes del mundo. Los países producen más por menos, especializándose en aquello que hacen mejor y explotando economías de escala en mercados globales. La competencia internacional, la acción global contra el cambio climático, la cooperación científica y el intercambio de ideas ha estimulado la creatividad y acelerado la innovación. Las empresas activas en los mercados internacionales se mantienen competitivas porque aprenden y se adaptan con mayor rapidez (…) La globalización ha tenido efectos positivos similares alrededor del mundo. Ha ayudado a salir a cientos de millones de personas de la pobreza y a los países pobres a converger. Ha jugado un importante papel en el aumento de la estabilidad, la democracia y la paz”. Pero nada dice el texto de las condiciones de esclavitud que las empresas globalizadas han impuestos a millones de personas, de los desplazamientos de población, del trafico de personas o de los conflictos bélicos que asoman por doquier.

Por el contrario, el documento sí se refiere a otros efectos nocivos y nos dice que la globalización, además de todo lo bueno anteriormente enumerado, también ha traído mayor desigualdad, afectando especialmente a ciertos territorios y personas, sobre todo a aquellos que tienen menor resiliencia y capacidad de adaptación a los cambios. El documento alude a que esto ha sido así por deficiencias en los sistemas educativos y de formación y, sobre todo, por la competencia desleal que sobre Europa han ejercido otros territorios o empresas extranjeras.

Como el documento también habla de la inmigración ilegal como causa de esos efectos perniciosos de la globalización, podemos pensar que nos está diciendo que los inmigrantes ilegales también han incurrido en competencia desleal para con la ciudadanía europea. De hecho, controlar la inmigración ilegal es, junto con invertir en educación e innovación para garantizar la correcta cualificación de la ciudadanía europea asegurar la competencia justa y regular los mercados de manera inteligente cuando se requiera, una de las principales recetas que ofrece el documento. Se aboga por una mejor gobernanza global y por reglas de juego globales para evitar la espiral proteccionista y aislacionista que se cierne en el horizonte: ‘The global rulebook remains far from complete’, la elaboración de las reglas de juego globales está lejos de ser completada.

En ese sentido, una economía y una sociedad globalizada sólo podrán coexistir con unas instituciones, reglas de juego o gobierno globalizados, o lo más cercano a ello, que puede ser una institución supranacional como la UE. No obstante, el desarrollo histórico de estas últimas décadas nos muestra una realidad bien distinta. Primero, no es cierto que estemos en un escenario de globalización, sino en uno de hiperglobalización financiera. Lo único que se mueve con total libertad y ausencia de control es el capital, lo que ha llevado a una financiarización de nuestras economías.

La financiarización se refiere a la importancia que adquieren los mercados, los motivos, las instituciones y las élites financieras en la economía y las instituciones que la gobiernan, tanto a nivel nacional como internacional. Sus manifestaciones son, por tanto, muy plurales y afectan a la práctica totalidad de la vida económica, e incluso a la actividad social y política, y suponen el predominio de la economía financiera sobre las economías productiva y reproductiva. Gracias a que genera grandes beneficios, la actividad financiera da lugar además a un gran poder político que transforma la gobernanza internacional y también las nacionales, y otorga gran influencia social a quienes poseen recursos financieros. No sólo a través de su gran capacidad de decisión, sino también de su intervención en la producción científica y la opinión pública, tanto controlando los medios de comunicación como, más recientemente, el uso del Big data, algo que ha quedado demostrado con la victoria del Trump o con el Brexit.

Política de fronteras

Basta con contrastar la movilidad del capital con la de las personas para entender de qué hablo. Mientras que algoritmos matemáticos mueven cientos de miles de millones de dólares, euros, yenes o yuanes en microsegundos, el Mediterráneo se parece cada día más a un cementerio, también de bebés, de criaturas para quienes se buscaba una vida con más oportunidades y dignidad de las que podían garantizarles sus países de origen, en parte gracias a los efectos diferenciados de esa globalización económica en los distintos países y, sobre todo, en los diversos grupos de personas dentro de cada país.

En la otra gran frontera de desigualdad económica, la de Estados Unidos con México, el presidente Donald Trump busca fondos para completar un muro que ya comenzara en su día Bill Clinton. En las propias fronteras españolas con Marruecos tenemos vallas armadas con concertinas. Y las mafias que trafican con personas, especialmente con refugiados, mujeres y menores, aumentan cada día el beneficio de un comercio sumamente lucrativo.

Así que no estamos frente a una globalización total y la Unión Europea, con su política de fronteras o el acuerdo con Turquía para retener a los refugiados víctimas de guerras con las que se lucran nuestras empresas, es un buen ejemplo de ello. Además, la Unión Europea, a través de su arquitectura supranacional, se ha convertido en un espacio privilegiado para el desarrollo de políticas que han favorecido los intereses de esos grandes grupos empresariales y financieros, en contra de los propios principios rectores de la Unión y de esa idea que aún subyace en parte de la ciudadanía de que más Europa es igual a más democracia, bienestar e igualdad.

Lo que ha ocurrido en la Unión Europea, con referéndums que no han sido respetados, como en el caso de Grecia, o la imposición de políticas de austeridad sumamente gravosas para la población de determinados países a través de los rescates o los memorandum of understanding, nos puede llevar a pensar que esta institución, tal y como la conocemos ahora, es un ejemplo de cómo la soberanía popular y la democracia dentro del capitalismo sólo pueden garantizarse dentro de los límites del estado nación. Así que quizás no es el estado nación el elemento que hay que dejar caer del trilema. Sería maravilloso disponer de reglas de juego globales que aseguraran el acceso a los recursos, la dignidad y la participación en la vida común de todas las personas, pero no es eso lo que está promoviendo la Unión Europea con sus políticas, ni siquiera con este documento tan aparentemente buenista y medido.

Lo que, en mi opinión, busca la Unión Europa con este documento sobre los efectos negativos de la globalización son dos cosas. Primero, legitimar la idea de Europa, de la actual Unión Europea, de cara a su ciudadanía, entre quienes se encuentran muchos perdedores y perdedoras de la globalización, pero también del deterioro democrático que la construcción europea ha traído en estas últimas décadas. Y en vez de atraerlos reforzando unas estructuras comunes más democráticas, lo hace prometiendo que su trozo de pastel quedará para la ciudadanía europea gracias al control de la inmigración ilegal. No se dice nada de cómo se repartirá el pastel que le toque a Europa entre los propios europeos y europeas, más allá de hablar de políticas sectoriales y territoriales para los sectores o zonas más castigadas por la competencia internacional, sin mencionar, por ejemplo, los propios desequilibrios internos que un diseño desigual del euro ha traído entre países.

El documento insiste en que la ciudadanía europea debe tener confianza en que sus gobiernos la protegerán y empoderarán a través de políticas sociales robustas, como parte esencial de la respuesta europea a la globalización. Pero no aclara en ningún momento cómo va a ser eso posible dentro de una Europa que desde hace varios lustros promueve la privatización y reducción del estado social a través de políticas de corte deflacionistas, ahora mal llamadas de austeridad. Sólo alude a la mejor preparación de la ciudadanía frente a los retos del cambio tecnológico y la globalización, poniendo precisamente como ejemplos el modelo de educación dual vocacional alemana o la flexiseguridad danesa, que no garantizan de hecho la igualdad de oportunidades entre los distintos grupos de población en relación a su género, clase o etnia.

El segundo objetivo que, desde mi punto de vista, busca la Unión Europea con la publicación de este documento es seguir construyendo, una vez que se relegitime la Unión, esa estructura supranacional que permita a las élites europeas colocarse en una buena posición de cara a los retos que la globalización, el cambio tecnológico, la financiarización de la economía, el incremento de las desigualdades económicas y los nuevos equilibrios o desequilibrios geopolíticos sin duda traerán a modo de movimiento tectónico global que hará temblar los cimientos de nuestras sociedades. Así, habla de mejores acuerdos con sus socios comerciales, del control de fronteras previamente aludido o de una más integrada y proactiva diplomacia económica europea, que abrirá delegaciones en más partes del mundo para permitir a la Unión tener instrumentos efectivos de defensa comercial. Por tanto, este documento no implica ningún cambio de ruta hacia una globalización o una Europa más justas, inclusivas y democráticas. Más bien parece una guía para desarrollar una Europa que, más que por sus valores humanos y sociales, se distinga por su identidad, construida en oposición a quien no es europeo.

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