Juana tampoco está en mi casa

Mi casa ocupa una minúscula superficie del territorio de un país que se llama España. Me complace comprobar que formamos parte de una comunidad de naciones en las que no deben existir puertas ni ventanas para que puedan transitar, sin obstáculos, los derechos y libertades de todos sus ciudadanos. Nos regimos por una Constitución democrática que consagra la división de poderes y el respeto a las normas internacionales recogidas en los tratados que voluntariamente ratifica nuestro país. Entre ellos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, en la que se consagra como una verdad irrebatible, que todos los seres humanos nacen libres e iguales en derechos, sin distinción entre hombres y mujeres.

Los conflictos que surgen en la vida diaria de las parejas, son inevitables y consustanciales a la naturaleza de las relaciones humanas y a la convivencia entre las personas. Sería deseable que se resolviesen civilizadamente y sin traumas. Lamentablemente no siempre sucede así y las diferencias y enconos, que en muchos casos afectan a los  hijos, deben encomendarse a la regulación de la ley, cuya aplicación corresponde en exclusiva a los jueces, encargados por la Constitución de la misión de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. La labor de los jueces, en asuntos de esta naturaleza, tiene una especial dificultad porque los sentimientos están a flor de piel.

Cuando el conflicto estalla en el seno de relaciones conyugales de personas de distinta nacionalidad, la cuestión legal se complica en cuanto que hay que determinar previamente cuáles son los jueces competentes para afrontar el conflicto, cuál es la legislación aplicable y cómo se protegen los intereses superiores de los hijos, en el caso de que los haya. La protección de la familia es un imperativo constitucional que pone especial énfasis en la tutela integral de los hijos que proporcionan las leyes y  los acuerdos internacionales que velan por sus derechos.

Durante todo el mes agosto hemos vivido con intensidad el conflicto, con tintes dramáticos y exposición televisiva y mediática, derivados de la crisis matrimonial entre una española Juana Rivas y un ciudadano italiano de cuyo matrimonio han nacido dos hijos. Según los datos, suficientemente conocidos por la opinión pública, en el año 2009 el marido es condenado por un episodio de violencia en el ámbito familiar. Del contenido de la sentencia se desprende que los hechos fueron aceptados y reconocidos por el marido. Nadie va a discutir la existencia y la fuerza legal de dicha resolución pero conviene recordar, ante determinados excesos y manipulaciones, que un condenado por un episodio de malos tratos no es un reo de por vida, que tiene derecho a la reinserción, a la cancelación de sus antecedentes y a organizar su vida futura, sin que pesen sobre él, como una losa permanente, las condenas del pasado.

También aparece acreditado que la esposa Juana Rivas decidió restablecer la convivencia de manera voluntaria con su marido, fijando su residencia en un pueblo de Cerdeña, donde reanudaron su relación y engendraron un nuevo hijo. A pesar de todas estas vicisitudes la relación volvió hacer crisis, lo que originó que el marido presentarse una demanda ante los tribunales de su país de origen y de residencia, donde habían convivido durante los últimos años.

La jueza italiana que decidió conceder la custodia al marido y un régimen de visitas a Juana, tuvo ante sí todos los datos necesarios para valorar los hechos, antecedentes y circunstancias, solicitó informe de los servicios de asistencia social y psicológica y a la vista de todo lo que conoció, escuchó y valoró, decidió, dentro la más estricta legalidad, adjudicar la custodia de los hijos al padre, estableciendo un régimen de visitas para  la madre. La decisión judicial se cumplió durante cierto, hasta que Juana, por las vías de hecho, se trae los hijos a España y decide quebrantar el contenido de la resolución judicial italiana, negándose a devolverlos a su padre.

Como era de esperar, el marido acude a las autoridades judiciales italianas invocando el Tratado de la Haya en relación con la custodia y entrega de los hijos que, en el caso de ciudadanos comunitarios, se encuentra reforzado por el Reglamento del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental. El Consejo Europeo corroboró el principio del reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales como piedra angular de la creación de un verdadero espacio judicial, destacando el derecho de visita como prioritario.

La petición de auxilio judicial para hacer cumplir la sentencia italiana, como era de esperar,  llegó a los juzgados españoles que, cumpliendo escrupulosamente los compromisos internacionales y con las normas, usos y costumbres del derecho internacional que rige entre las naciones civilizadas, pusieron en marcha los mecanismos para hacer ejecutar la sentencia italiana, acordando la devolución de los hijos al padre.

Juana, al recibir esta comunicación, seguramente debió contactar con personas expertas y conocedoras del derecho, cuyos consejos no conozco con detalle, pero, a juzgar por los hechos parece que le indicaron que se negase a la devolución, invocando la existencia de una nueva denuncia por malos tratos sin advertirla de que, en todo caso, su veracidad y existencia, debido a que los hechos habían sucedido en Italia, debía encomendarse, en exclusiva, a los jueces italianos.

Cuando los requerimientos judiciales fueron apremiantes, Juana, no sé si por propia iniciativa o aconsejada desafortunadamente por otras personas, decidió desaparecer con sus hijos ocultándolos y sustrayéndolos a los posibles medidas que inevitablemente debían acordarse. Alguien debió advertirla de que estaba cometiendo un delito que lleva aparejada una pena de dos a seis años de prisión y la posible pérdida de la patria potestad. Este delito ha sido cometido en España, por tanto deben ser las autoridades judiciales españolas las que juzguen los hechos.

Por si la situación no era lo suficientemente tensa, el presidente del Gobierno, la presidenta de la Junta de Andalucía y algunos políticos más, con una grave irresponsabilidad, entraron en el debate social y mediático, mostrando una cierta comprensión con una conducta que vulneraba flagrantemente la ley y los compromisos internacionales contraídos por España.

El tono y la agresividad de grupos y sectores comenzó a elevarse llegando a violentar gravemente, hasta extremos que pudieran lindar con Código Penal, la libertad y de independencia de los jueces españoles, tachándoles poco más o menos de prevaricadores y llegando a presentar una denuncia del Consejo General del Poder Judicial para que se investigue a una jueza que no había hecho más que cumplir estrictamente con la ley para salvaguardar el Estado de derecho y el prestigio internacional de nuestro país.

Afortunadamente la situación se ha resuelto, por lo menos de momento. Espero que cuando salgan estas líneas, los niños estén ya en Italia, donde las autoridades italianas han manifestado, como no podía ser de otra manera, que harán un examen y reconsideración de las resoluciones adoptadas, basándose en informes de los servicios de psicólogos especializados. También tendrán que decidir los tribunales italianos sobre la nueva denuncia de maltrato, presentada por Juana contra su marido. Si efectivamente esta es cierta y fundada, no hay duda de que revocarán las decisiones adoptadas o por el contrario, si estiman que se trata de una acusación y denuncia falsas, procederán en consecuencia.

Todos los sectores y grupos feministas que arroparon y aprobaron la injustificada acción de Juana tienen ahora la oportunidad, y creo que la obligación, de prestarle ayuda jurídica en Italia. Esta ayuda, por razones obvias es costosa, y por tanto también deben socorrerla  económicamente. Para mí no serían coherentes, si ahora no asumiese seriamente este compromiso.

La actitud pasiva de las autoridades nos podía haber llevado a una complicada situación en el mundo internacional del auxilio judicial. Si la situación hubiera persistido, Italia –en virtud del principio de reciprocidad– tenía todo el derecho a negarse a ejecutar sentencias españolas y en virtud del Reglamento europeo denunciarnos al Consejo de la Unión Europea y al Tribunal de Justicia de Luxemburgo por incumplimiento de los Reglamentos comunitarios. No me entra en la cabeza que los servicios jurídicos de nuestro Gobierno o de la Junta de Andalucía no hayan valorado esta situación y no hayan aconsejado, con firmeza, que la situación exigía la entrega voluntaria o ejecutada de manera coercitiva.

Juana está ahora en la casa construida sobre un espacio, formado por una comunidad de naciones, que tiene como lemas, la libertad, la seguridad y la justicia.

Publicado en ElDiario.es

La mística de la eutanasia

La presidenta de la Asociación para una Muerte Digna manifestó, hace unos días, en el programa de radio A vivir que son dos días, que dirige Javier del Pino, que en todas las escuelas se debía enseñar una asignatura para aprender a morir. La idea no me parece desacertada, pero dudo mucho que la inmensa mayoría de los alumnos consiguiésemos superar dignamente los contenidos de tan compleja y enigmática materia. Yo personalmente me doy por autosuspendido.

Asistimos en estos momentos, en nuestro país, al enésimo debate sobre la legalización de la eutanasia (buena muerte en su sentido etimológico del griego) pero que yo me atrevería a traducir como la muerte que cada uno tiene derecho a elegir, según sus circunstancias vitales. Obsérvese que en un país de referencia, siempre que surge la controversia, como Suiza, no se utiliza el término eutanasia sino el de suicidio asistido y lo que es más humano, acompañado de las personas que, en ese momento, deseas que te rodeen y te ayuden para que el tránsito sea más benigno, tranquilo e incluso placentero.

Cuando se aborda el debate en nuestro país, inmediatamente, se alza la voz dogmática, tronante y condenatoria de la jerarquía de la Iglesia Católica. Al parecer, según las encuestas, no todos los católicos practicantes comulgan con esta intransigencia, carente de la más mínima racionalidad, incluso de respeto para ese Dios que dicen que es el dueño de la vida,  del amor y de la muerte. Si realmente es así, resulta difícil comprender cómo puede desear el  sufrimiento de aquellos seres a los que, según la doctrina ortodoxa de los jerarcas, ama como hijos por él creados.

CUANDO SE ABORDA EL DEBATE EN NUESTRO PAÍS, INMEDIATAMENTE, SE ALZA LA VOZ DOGMÁTICA, TRONANTE Y CONDENATORIA DE LA JERARQUÍA DE LA IGLESIA CATÓLICA

Cuando se trata de defender posturas antagónicas no sé lo que me produce más irritación, si los doctrinarios irracionales que ponen a Dios como pretexto, o los que, haciendo un alarde hipócrita de una libertad que tengo la sensación de que no les entusiasma demasiado, argumentan que la eutanasia sería equiparable al genocidio del holocausto. Otros, bajando un poco el elevado listón, alegan que podría  propiciar la tentación de una eugenesia que eliminase a los que, teniendo una edad elevada, no se les considera productivos y además, ahora, podrían añadir que representan una carga para la Seguridad Social y las pensiones.

Queden tranquilos, ya que las decisiones de exterminios selectivos sólo pueden darse en una dictadura, a la que muchos, en España, se han negado a condenar. La democracia es el imperio del respeto a la libertad y dignidad  en la persona humana. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en derecho, tienen o deben disfrutar de las condiciones que les permitan el libre desarrollo de su personalidad y el de elegir en determinadas circunstancias la muerte, como la liberación de una vida incompatible con la dignidad del ser humano.

Esta sensación de desasosiego con la vida que les ha tocado vivir la interpretó insuperablemente nuestra mística por excelencia, Santa Teresa de Jesús,  en uno de sus poemas más conocido: “Vivo sin vivir en mí, y tan alta vida espero, que muero porque no muero”. Como expresión de un ardiente deseo de llegar, a través de la muerte, a un anhelado destino, puede servir como punto de reflexión, incluso a los agnósticos.

El que vive impotente, postrado, prisionero en un cuerpo inerte o aquejado por una enfermedad dolorosa, incurable e irremediablemente mortal puede pensar y sentir lo mismo que Santa Teresa expone en otro verso de su poema.  “Ay qué larga es esta vida!  ¡Qué duros estos destierros, esta cárcel estos hierros, en que el alma está metida!”

¿Cómo se puede explicar la intransigencia cruel del que contempla impasible un cuerpo que late pero carece de vida plena porque está encerrado en sí mismo y no responde a la capacidad normal de cualquier ser humano para desarrollar su vida? ¿Cómo no entender que puede desear y decidir una muerte digna? Ramón Sampedro, que nos aportó su vida y su ejemplo para comprender este terrible dilema, desahogaba su mente escribiendo, manejando la pluma con su boca; son textos que a nadie pueden dejar indiferente, y a los que puso un título altamente expresivo, Cartas desde el infierno.

Un poder político democrático, respetuoso con la dignidad humana, no tiene legitimación ni argumentos para impedir que se regule la forma de morir dignamente. Ya he dicho que la palabra eutanasia traducida como buena muerte no me parece enteramente acertada. Creo más adecuado traducirla como muerte voluntaria y querida, en su doble acepción de muerte decidida de forma autónoma y libre, o en su acepción de deseada para dejar el horror del presente y dirigirse hacia otros horizontes. En este camino también nos acompañan los místicos.

UN PODER POLÍTICO DEMOCRÁTICO, RESPETUOSO CON LA DIGNIDAD HUMANA, NO TIENE LEGITIMACIÓN NI ARGUMENTOS PARA IMPEDIR QUE SE REGULE LA FORMA DE MORIR DIGNAMENTE

El debate es universal. Ya una sentencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos de Norteamérica del año 1997 advertía de que uno de los problemas con mayor trascendencia ética que se están planteando las sociedades contemporáneas es la respuesta jurídica que el derecho debe dar al auxilio al suicidio. Añade que cada vez son más y adquieren creciente difusión los casos de situaciones dramáticas en las que viven algunas personas que, para dejar de vivir, reclaman colaboración de otras, después de haber tomado la decisión de poner fin a su vida.

Es cierto que un juez ultraconservador, Rehnquist, consiguió imponer sus ideas, en este caso,  para rechazarla. Otros jueces disidentes se preguntaron si este enfoque restrictivo, basado en algunas leyes estatales, representa una “imposición arbitraria”, o una “restricción inútil”. Afortunadamente, en otras resoluciones, como la sentencia Casey, se afirma: “En el corazón de la libertad está el derecho a definir y diseñar la propia existencia, así como el sentido del universo y el misterio de la vida humana. El Estado no puede establecer imperativamente las creencias sobre estas materias, ya que conforman los atributos de la personalidad”.

Esta sentencia termina diciendo que los ciudadanos norteamericanos están llevando a cabo un debate honesto y profundo acerca de la moralidad, la legalidad y la práctica del suicidio con asistencia médica. La sentencia que citamos nos sirve para recordar a nuestros políticos que afrontar esta cuestión es una exigencia ineludible en una sociedad democrática.

Nos gustaría conocer con qué argumentos algunos juristas, que gozan de una decisiva influencia en partidos conservadores, se niegan a regular la ley del suicidio asistido y mantienen su penalización. Con notable hipocresía castigan, si bien más levemente, la conducta del que causare o cooperare activamente con actos necesarios y directos a la muerte de otro, por la petición expresa, seria e inequívoca de éste, en el caso de que la víctima sufriera una enfermedad grave que conduciría necesariamente a su muerte o que produjera graves padecimientos permanentes y difíciles de soportar.

NOS GUSTARÍA CONOCER CON QUÉ ARGUMENTOS ALGUNOS JURISTAS, QUE GOZAN DE UNA DECISIVA INFLUENCIA EN PARTIDOS CONSERVADORES, SE NIEGAN A REGULAR LA LEY DEL SUICIDIO ASISTIDO

Ante situaciones como la que se describe en el Código Penal, cabe preguntarse qué base se esgrime para justificar un reproche penal y qué bien jurídico se está lesionando. El mismo legislador no encuentra explicación satisfactoria alguna y se limita gratuita y caprichosamente a imponer, en estos casos, una pena notablemente inferior a la del homicidio o asesinato. En una sociedad democrática, pluralista, laica y respetuosa con la dignidad y la libertad de los seres humanos nadie está legitimado para imponer sus creencias personales y morales, que algunas veces son verdaderas dismorfias del espíritu, a personas que, ante la imposibilidad de actuar o decidir terminar con su vida, están obligados a llegar al trance final bebiendo hasta la última gota el cáliz de la amargura. Pienso que su angustia se ve agravada por la incomprensión de una parte de la sociedad que no tolera ni les ayuda a ejercer el dominio sobre su vida. Muy al contrario, imponen reproches, incluso penales, llegando en su insensata soberbia a justificar su postura invocando la voluntad de un Supremo Creador, del que muchos agnósticos pensamos que no puede ser tan cruel con sus criaturas.

Permanecer anclados en estas posturas parece que ya no es posible. Muchos partidos políticos propugnan la inaplazable necesidad de regular el derecho a una muerte digna o un suicidio asistido. Ha llegado el momento de pasar de las propuestas a los hechos y dejar de un lado disputas infantiles sobre la mejor de las soluciones. Es el momento de sentarse a debatir serenamente, conjugar todas las aportaciones que se hagan y alcanzar acuerdos que ya se han logrado en otros países.

No son necesarias grandes disquisiciones morales, éticas o legales. Disponemos de modelos perfectamente válidos y asumibles. La eutanasia es legal en Holanda, Bélgica, Luxemburgo, en Suiza, donde recibe la denominación de suicidio asistido, y en cinco Estados de los Estados Unidos de Norteamérica.

 Estoy seguro de que Santa Teresa de Jesús y nuestros místicos estarían mucho más cercanos a facilitar una solución legal para que sea posible una partida serena, responsablemente elegida y digna hacia otros espacios infinitos, desconocidos e inexplorados. Nos lo recuerda en su poesía: “Sólo esperar la salida me causa dolor tan fiero que muero porque no muero”.

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José Antonio Martín Pallín. Magistrado emérito del Tribunal Supremo. Comisionado español de la Comisión Internacional de Juristas (Ginebra). Abogado de Lifeabogados.

 

Publicado en CTX.es

Sacad vuestras sucias manos de la acción popular

Escandaliza que presuntos delincuentes hayan establecido contactos y traten de presionar al Gobierno, a través del Ministerio de Justicia, para que se avenga a suprimirla o vaciarla de contenido.

Si la justicia emana del pueblo, como proclama nuestra Constitución y otras homólogas, parece lógico pensar que los ciudadanos puedan ejercer la acción popular para la persecución de determinados delitos. Sin embargo, por razones espúreas que trataremos de explicar a lo largo de este artículo, está siendo cuestionada con argumentos completamente ajenos a los principios esenciales que deben regir en una sociedad democrática, consciente de la indeclinable defensa del valor justicia, establecido como pórtico de nuestro texto constitucional.

Tiene sus raíces en Inglaterra y fue adoptada por nuestros liberales desde la Constitución de 1812 que consagró la acción popular si bien, en principio, estaba limitada a los sobornos, cohechos y prevaricaciones cometidos por magistrados y jueces. Su permanencia nunca ha sido cuestionada, ni siquiera en los periodos dictatoriales que se han interferido en el devenir democrático de nuestra historia.

No creo que haga falta acudir a citas históricas para justificar su existencia. Es una consecuencia lógica de la profundización democrática y del derecho de participación de los ciudadanos en la cosa pública. Si esto ha sido así y admitido pacíficamente durante más de dos siglos, resulta sorprendente y hasta sospechoso que, con ocasión de procesos en los que se ven involucradas personas pertenecientes a la familia real, como una hija del anterior monarca, financieros o políticos cercanos al poder, se haya tratado de poner en duda su legitimidad. Dicho esto, no descarto que puedan hacerse algunas correcciones técnicas, meramente formales, para regular su ejercicio.

Me parece que el vigente artículo 110 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en el que se formula de forma clara y a mi parecer impecable que todos los ciudadanos españoles, sean o no ofendidos por el delito, pueden ejercitar la acción popular, cubre suficientemente las previsiones de las Constituciones anteriores y de la vigente que, en su artículo 125, le atribuye rango constitucional.

LA ACCIÓN POPULAR ES UNA CONSECUENCIA LÓGICA DE LA PROFUNDIZACIÓN DEMOCRÁTICA Y DEL DERECHO DE PARTICIPACIÓN DE LOS CIUDADANOS EN LA COSA PÚBLICA

El legislador solamente ha puesto como cautela la posibilidad de que el juez exija una fianza a las personas que pretendan ejercitarla, si bien, de acuerdo con una reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional, estas fianzas nunca pueden ser desproporcionadas, hasta tal punto de que conviertan en disuasoria la pretensión de utilizarla. Salvado este obstáculo, corresponde a los jueces velar por que no se produzcan abusos o corruptelas en su ejercicio.

En otros países, el monopolio de la acción penal corresponde al Ministerio Fiscal, si bien existen variantes más cercanas a nuestra forma de regular el ejercicio de la acción penal. Este monopolio no se corresponde con nuestra cultura y tradición histórica y, por otro lado, la actualidad pone en evidencia que la estructura del Ministerio Fiscal, jerarquizada bajo la dirección de un Fiscal General del Estado nombrado por el Gobierno y regido no sólo por el principio de  legalidad, sino también por el de oportunidad, no es la institución más adecuada para adjudicarle la exclusiva de la persecución de los delitos y mucho menos la instrucción de las diligencias previas al juicio oral.

Durante muchos años nadie discutió que la acción popular era un derecho de los ciudadanos españoles, considerados como personas individuales, que dotados de la plenitud de sus derechos civiles podían ejercitar la acción penal ante los juzgados y tribunales. La Ley Orgánica del Poder Judicial ha venido a complicar, en cierto modo, esta clara y uniforme regulación de la institución, introduciendo la posibilidad de extender la acción popular a las Corporaciones, Asociaciones y grupos. En mi opinión el legislador ha querido, sin expresarlo de forma nítida,  reservarla exclusivamente para la defensa de los intereses generales, siempre que estos colectivos estén legal y específicamente habilitados para su defensa y promoción.

LAS PERSONAS JURÍDICAS PUEDEN EJERCITAR LA ACCIÓN POPULAR EN LA PERSECUCIÓN DE AQUELLOS DELITOS QUE LESIONEN LOS INTERESES GENERALES QUE SON PROPIOS DE SU OBJETO SOCIAL

En mi opinión, las personas jurídicas pueden ejercitar la acción popular en la persecución de aquellos delitos que lesionen los intereses generales que son propios de su objeto social. Así por ejemplo una asociación dedicada a la lucha contra la violencia machista no hay duda de que estaría legitimada para ejercitar la acción popular en los delitos de violencia de género. Del mismo modo, una asociación de ecologistas tendría plena legitimación para ejercitar la acción popular en los casos de delitos medioambientales o relacionados con la ordenación del territorio. O una asociación de protección de los animales estaría legitimada para perseguir su maltrato.

Sin embargo, al socaire de esta habilitación legal han proliferado asociaciones y grupos  cuya misión justiciera se centra en perseguir indiscriminadamente cualquier clase de delito público que se cometa en territorio español. Esta interpretación me parece desmesurada y fuera de las previsiones legales.

La consecuencia no se ha hecho esperar. El “sindicato” Manos Limpias, omnipresente en toda clase de procesos, ha sido acusado de utilizar la acción popular para extorsionar a personas y entidades, erigiéndose en una especie de institución paralela al Ministerio Fiscal. Las consecuencias han sido nefastas, hasta tal punto que se ha producido una deslegitimación de la acción popular y se ha dado pie para que los poderes políticos y financieros que puedan verse afectados por el ejercicio abusivo de la acción popular hayan recurrido a todo género de artificios, presiones políticas y propuestas legislativas para borrar del panorama procesal español la acción popular. Acabamos de conocer que una asociación promovida por un excomisario de policía, denominada Transparencia y Justicia, ha sido admitida como parte acusadora en el denominado Caso Lezo.

ES EVIDENTE QUE MANOS LIMPIAS HA ENSUCIADO LA LEGITIMIDAD Y LA FUERZA DEMOCRÁTICA Y CIUDADANA DE LA ACCIÓN POPULAR

Es evidente que Manos Limpias ha ensuciado la legitimidad y la fuerza democrática y ciudadana de la acción popular. Me tranquiliza que se esté investigando la posible comisión de hechos delictivos por parte de sus integrantes. Pero más me preocupa y escandaliza, según hemos escuchado en la transcripción de las conversaciones telefónicas interceptadas con ocasión de los últimos escándalos de corrupción, que presuntos delincuentes hayan establecido contactos y traten de presionar al Gobierno, a través del Ministerio de Justicia, para que se avenga a suprimir la acción popular o vaciarla de contenido.

Esta desvergüenza obscena, pornográfica y prepotente, me preocupa mucho más que las actividades procesales fraudulentas que pueden ser perfectamente controladas por los jueces. Disponen de líneas interpretativas suficientes para aceptar o denegar querellas injustificadas y maliciosas interpuestas al amparo de la acción popular. Su desaparición supondría un retroceso democrático y una desconfianza generalizada en un sistema judicial, en estos momentos, preocupantemente afectado por las reprobaciones solicitadas, en sede parlamentaria, del Fiscal General del Estado, el Fiscal Jefe Anticorrupción y el ministro de Justicia.

Expulsemos del proceso a los que utilizan la acción popular para deslegitimarla y conseguir su eliminación, potenciando su ejercicio, dentro de la legalidad, como instrumento para fortalecer los valores constitucionales, en el seno de una sociedad plenamente democrática de ciudadanos participativos que se sientan comprometidos con la limpieza de las instituciones.

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José Antonio Martin Pallín.-   Magistrado emérito del Tribunal Supremo. Comisionado español de la Comisión Internacional de Juristas (Ginebra) Abogado de Lifeabogados.

Publicado en ctxt.es

 

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