catalunya, 1 de octubre, ni derrota ni victoria

La convocatoria de un referéndum el próximo 1 de Octubre en Catalunya bien podría entenderse como un ejercicio de participación democrática y respeto a la voluntad mayoritaria libremente expresada. Sin embargo, esta propuesta ha sido recibida con una escalada sin fin de recursos judiciales, amenazas y descalificaciones políticas y personales sin precedentes, que permiten anticipar un riesgo claro de confrontación entre sensibilidades distintas y la consiguiente división y frustración, que será difícil de gestionar el día después de la pretendida cita con las urnas, que nadie se atreve a predecir si finalmente se llevará a cabo, en qué condiciones y con qué resultado.

Los acontecimientos discurren a velocidad de vértigo hasta el punto de que el atentado yihadista, perpetrado en Barcelona el pasado 17 de agosto, parece ya historia olvidada. Poco o nada hemos aprendido de lo acaecido entonces. Parecemos condenados una y otra vez a repetir los mismos errores, que desacreditan y contribuyen a la pérdida de confianza en los representantes políticos, que deberían gestionar con responsabilidad, eficacia y eficiencia, en lugar de enquistar los conflictos y conducirnos a un callejón sin salida.

Me refiero en concreto al Partido Popular que hizo gala de una actitud poco responsable tras la masacre cometida en Las Ramblas, en la misma línea que mantuvo durante el negro período del terrorismo de ETA, manipulando el dolor y el sufrimiento de una sociedad en estado de shock para imponer su ideología y acallar y censurar aquellas otras que discrepan o no son coincidentes con la suya.

Ocurrió así con motivo del atentado yihadista del 11 de marzo del 2004, se ha  repetido en el último ataque terrorista llevado a cabo en Barcelona, concretamente con la operación puesta en marcha para desacreditar la acción de los Mossos de Esquadra, alabada por el prestigioso diario Wall Street, y ahora, salvando todas las distancias, se emplea la misma técnica para desautorizar a quienes en Catalunya reivindican el derecho a decidir. Euskadi fue pionera al liderar este debate entre los años 2005-2009, pero la intransigencia e intolerancia del PP y PSOE no nos permitió avanzar por esta senda, avalada por el Parlamento vasco, que, además, conectaba con una demanda democrática de la mayoría social.

Es verdad que Catalunya ha llegado mucho más lejos de lo que nunca hubiéramos imaginado cuando se puso sobre la mesa  el nuevo Estatuto Político, pero también lo es que sus responsables  han asumido muchos más  riesgos, que no sabemos aún hacia dónde les llevarán.

Aunque pudiera parecer muy tarde, debemos seguir lanzando llamamientos al diálogo, el acuerdo y el pacto, términos  que nada tienen que ver con la búsqueda de la uniformidad, que implica que todos pensemos lo mismo.
Catalunya y Barcelona han sido, son y deberán seguir siendo un modelo de respeto y convivencia, integrado por personas que conocen y valoran la diversidad y la diferencia como motor de crecimiento y desarrollo para construir bienestar, armonía y paz. El abrazo entre el padre del niño de tres años muerto en Las Ramblas, y el imán de Rubí, y los aplausos que recibió en Cambrils la hermana de dos terroristas abatidos, son el mejor ejemplo de ello. Ojalá la política tomara buena nota de este modo de entender el mundo y actuara en consecuencia.

Catalunya y su ciudadanía merecen ser escuchadas, del mismo modo que merecen dirigentes más responsables tanto en su Comunidad como en España. Países como Canadá y Gran Bretaña han demostrado que cuando hay voluntad sincera  se pueden buscar soluciones compartidas a las demandas de pueblos con su propia identidad como Quebec o Escocia. Habría que preguntarse por qué estamos inmersos en este caos cuando otros han sabido resolver con pedigrí democrático problemas que en nuestro caso se traducen en: la judicializaciòn de la vida política, la persecución de cargos electos, la presión del miedo ante  posibles encarcelamientos, el chantaje de las grandes empresas anticipando una debacle económica y la intervención del Rey al dictado del PP.

España no ha estado a la altura de este proceso desde la aprobación del nuevo Estatuto Catalán, que el Tribunal Constitucional desvirtuó, al dictado de la doctrina del Partido Popular y el PSOE. La corrupción  en el seno de CIU, con la familia Pujol como máximo exponente, también ha influido en este contencioso, que pesa como una losa sobre el  futuro de una formación política, que no logra en las urnas las adhesiones que pretende.

Preocupa también, y mucho, en este sentido, que la polémica desatada por el referéndum oculte otras prioridades a las que Catalunya no es ajena. Las consecuencias de la crisis lejos de solventarse se han agravado y son muchas las familias y personas que no encuentran trabajo,  y cuando lo logran, es siempre un empleo precario y mal pagado. La Generalitat tampoco se ha caracterizado por su conciencia ética  y los recortes en sanidad y educación han sido una dura realidad bajo el mandato de CiU, cuestionada por la ciudadanía. Es seguro que el discurso a favor del derecho a decidir podría generar más avales entre la población si estuviera acompañado de un modelo de progreso y profundización en derechos laborales y sociales. Un proyecto de país ilusionante debe tener como horizonte crear una Comunidad de hombres y mujeres libres,  que disfrutan de los recursos necesarios para encontrar respuestas a sus aspiraciones vitales.

Quienes están al frente de la opción independentista tienen ante sí una ardua tarea que acometer y que hasta la fecha no han emprendido. Si lo hubieran hecho, con seguridad hoy tendrían más crédito y más apoyos, incluso ante quienes recelan de la ruptura con España.

Ocurra lo que ocurra el 1 de octubre,  vienen a mi memoria unas palabras de José Saramago, que dicen : “La derrota tiene algo positivo, nunca es definitiva. En cambio, la victoria tiene algo negativo, jamás es definitiva”.

Artículo de opinion publicado en EL CORREO, septiembre 2017.

 

autocritica necesaria

El coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, ha necesitado un año para asumir una evidencia, que muchas voces progresistas denunciaron en el momento en el que esta formación política acordó suscribir una coalición electoral con Podemos para concurrir conjuntamente a los comicios generales celebrados en junio de 2016. En algunos sectores de la organización se instaló el miedo a que IU fuera arrasada electoralmente por una fuerza en alza, encabezada por un líder carismático como Pablo Iglesias, a pesar que en las elecciones de diciembre de 2015, cuando se presentaron por separado, IU tuvo más de un millón de votos. Sin duda alguna, esta inquietud estuvo en el origen de una alianza, más oportunista y tacticísta que estratégica, abanderada por el PCE y por el propio Alberto Garzón, quien ahora ha sabido hacer una autocrítica inteligente, más allá de las urgencias que le llevaron a sellar el compromiso con Podemos.

Me consta que detrás de este acuerdo también había una voluntad clara de frenar el avance de la derecha representada por Mariano Rajoy y ganar en las urnas al PSOE con el objetivo de abrir el debate sobre un pacto de progreso que, llegado el caso, contara con el respaldo de las formaciones nacionalistas, especialmente en una coyuntura compleja marcada por el referéndum en Catalunya. Estos pronósticos no se cumplieron y hoy Izquierda Unida es, de algún modo, rehén de una entente, que ahora, transcurrido el tiempo, presenta más sombras que luces.

El informe presentado por Alberto Garzón en el mes de junio en el marco de la Asamblea Política y Social de Izquierda Unida hace suyas las críticas lanzadas en su día por Gaspar Llamazares, alertando sobre los riesgos del acuerdo con Podemos. Me refiero a la pérdida de identidad de unas siglas políticas, nacidas hace treinta años, y a la falta de visibilidad de sus dirigentes y, más importante, de sus iniciativas y mensajes. Condicionada por el control de Podemos, el número de propuestas presentadas por Izquierda Unida en Congreso de los Diputados es prácticamente testimonial y cuando una de ellas tiene impacto, como ocurre con la exigencia de una Ley de Eutanasia, el mérito se atribuye a la formación morada.

Creo firmemente en la unidad de acción de la izquierda porque favorece y estimula las opciones de cambio frente a la hegemonía de la derecha en el poder. Y no me refiero solo al Partido Popular. La monarquía, la banca, el Ibex 35, determinados sectores de la justicia y muchos medios de comunicación defienden intereses de clase para preservar sus privilegios. Actúan de la mano porque saben que así son más fuertes y eficaces en la consecución de sus fines. La izquierda tiene que interiorizar esta lección, pero debe hacerlo desde el respeto a la pluralidad entendida como un valor irrenunciable. La historia, en cambio, no apunta en esta dirección. La izquierda es reacia al entendimiento. Busca la absorción del pequeño por parte del grande y en la práctica lejos de generar ilusión provoca desencanto. El último ejemplo es Unidos Podemos.

El último posicionamiento de Alberto Garzón por reivindicar reconocimiento, influencia y visibilidad responde a un sentimiento de preocupación y malestar en el seno de Izquierda Unida, cuya base social y militancia rechaza el camino del empotramiento y disolución de facto en Podemos al que inexorablemente camina de no dar un urgente golpe de timón. Este giro es anhelado por unas bases comprometidas, reivindicativas y activas, que no siempre comulgan con el discurso de Pablo Iglesias y menos aún con el destierro al que somete a quienes no comparten su estrategia o sus ideas. Alberto Garzón, sin ir más lejos, ha pasado de situarse entre los políticos mejor valorados de este país a saberse eclipsado en un grupo en el que su protagonismo es menor del que merece, por no decir que éste es nulo. Por ello, se hace imprescindible la puesta en valor de Izquierda Unida no como oposición a Podemos sino como refuerzo a un proyecto compartido desde un criterio de respeto a la pluralidad. Resulta contradictorio hablar de generosidad con sus socios como hace Pablo Iglesias y luego mostrar actitudes de superioridad, prepotencia y búsqueda de la hegemonía, incompatibles con acuerdos justos, basados en la lealtad la colaboración y la integración. El triunfo de Pedro Sánchez favorece un acercamiento entre las distintas sensibilidades de progreso, que no se puede desaprovechar. Hace bien Izquierda Unida en buscar una interlocución directa con el PSOE. Ni puede ni debe delegar su representatividad en la formación morada. De hecho, le corresponde promover un papel de mediador para consolidar, llegado el momento, un gobierno de Izquierda, que ponga fin a una etapa negra de corrupción, recupere y profundice los derechos sociales y laborales de la ciudadanía, y gestione el tránsito hacia un estado federal y republicano. Las elecciones municipales, forales y autonómicas de 2019 serán un test para conocer la viabilidad de este frente amplio. Claro que para ello y como paso previo, Izquierda Unida deberá reconsiderar primero el marco de relaciones futuras a mantener con Podemos. Llegados a este punto, ¿basta con dotar de mayor visibilidad a Alberto Garzón o es preciso reformular las bases iniciales de una alianza basada en la subordinación y subalternidad en la que el más grande busca devorar al más pequeño?.

Este sería el camino más lógico y natural, acorde con la trayectoria de una fuerza política integra y coherente, pero no parece el más factible. Da la impresión que estamos ante un camino de no retorno. Izquierda Unida vive bajo la presión constante de su desaparición si participa en solitario en las urnas; Podemos, por su parte, ha visto rebajadas sus expectativas electorales hasta el punto de que lo que menos le interesa es una competencia a su izquierda. La necesidad nunca es el mejor punto de partida para una alianza estable y permanente. En el primer aniversario de Unidos Podemos asoman las dudas. El futuro está por escribir. Ojalá esté definido por la unidad.

Artículo de opinión publicada en EL CORREO. Julio 2017

IGUALDAD DE VOTO

La democracia española, como todas, es imperfecta, pero además, en nuestro caso, es perversa e injusta. La Constitución de 1978 se aprobó aún bajo la presión de los poderes fácticos, heredados de la dictadura y reacios a perder su poder e influencia. Fueron estos sectores los que promovieron, vía Decreto Ley, las condiciones en las que habrían de celebrarse los primero comicios generales posteriores a la muerte del dictador. Lógicamente jugaron con cartas marcadas, que les permitieron establecer unas reglas de juego ventajosas para sus intereses, que quedaron consagradas en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de Junio. Esta normativa, contraria al espíritu y a la letra de la Carta Magna, perpetúa, en la práctica, un modelo lesivo para la credibilidad y la legitimidad del sistema y el propio estado de derecho. Bien puede afirmarse que la democracia española nace débil y así pervive hasta nuestros días, en la medida en la que no garantiza ni la proporcionalidad, ni el principio de la igualdad de voto. Poco o nada importa que la Constitución, en su artículo 14, establezca que “todos los españoles somos iguales ante la ley” o bien que el artículo 68.3 determine que “la elección se verificará en cada circunscripción atendiendo a criterios de representación proporcional”. Izquierda Unida, por ejemplo, necesita 500.000 sufragios para obtener un escaño en el Congreso de los Diputados, mientras que a PSOE y PP les bastan 65.000, e incluso 24.000 les son suficientes en enclaves como Soria. CiU y PNV son las otras dos fuerzas políticas beneficiadas de esta situación tan anómala como amoral, que atenta contra el concepto mismo del sufragio igual para toda la ciudadanía.

Nos encontramos, por tanto, ante una normativa obsoleta, por un lado, e injusta, por otro, que debe ser modificada con urgencia para evitar que el voto de una persona valga menos que el de otra o, en el peor de los casos, no valga nada, tal y como ocurre en la actualidad. Lamentablemente, no hay opciones de cambio porque PSOE, PP, CiU y PNV se oponen frontalmente a ello. Formaciones a priori ideológicamente enfrentadas, derecha e izquierda, centralistas y nacionalistas, cierran filas cuando se trata de boicotear la participación ciudadana, negar el pluralismo político e impedir, en definitiva, la actualización de la legislación electoral. Este discurso puede parecer, en primera instancia, duro y severo con PSOE, PP, CiU y PNV, pero las pruebas son evidentes y los hechos concluyentes. Se han opuesto con firmeza en el Congreso de los Diputados a una reforma de la normativa vigente y han hecho oídos sordos a las recomendaciones del Consejo de Estado que, en un informe remitido al Gobierno en 2009, avala el incremento en la igualdad de los votos y el respeto a la proporcionalidad, en coherencia con las propuestas planteadas por Izquierda Unida en la Comisión Constitucional de la Cámara Baja. Bastaría para ello aumentar en cincuenta personas el número de diputadas y diputados, reducir a un escaño la representación mínima por circunscripción, sustituir el método D,Hont por la fórmula Hare y habilitar una lista de restos a nivel estatal. Estas medidas respetan los dictados la Carta Magna y tienen pleno encaje en el derecho comparado, que toma como referencia otras realidades europeas de larga trayectoria democrática. Aristóteles, en el siglo IV a.C. ya lo dijo bien claro: “La democracia surge de la idea de que si las personas son iguales en cualquier aspecto, lo son en todos”. Es decir, o todos los votos valen lo mismo o nuestra democracia no es tal. El Código de Buenas Prácticas en materia electoral, aprobado en 2002 por el Consejo de Europa, diferencia entre “igualdad en el derecho a voto” e “igualdad del poder de voto”. PSOE, PP, PNV y CiU tienen mucho que aprender y la democracia española mucho más por andar.

Artículo publicado en “Noticias Obreras”. 

Europa, memoria y responsabilidad

Este año se cumple el 60 aniversario de la firma del Tratado de Roma, un acuerdo clave para la creación de una Europa más unida y próspera, defensora de valores como son, entre otros, la igualdad, la solidaridad y la convivencia. Grandes expectativas, sin duda alguna, que lamentablemente se han visto frustradas. La conmemoración de esta efemérides no ha podido tener un sabor más amargo. Los discursos y llamamientos lanzados por los Gobiernos de los Estados miembros, defendiendo con poco éxito un proyecto en sus horas más bajas, se han enfrentado a la realidad del Brexit, el auge de las ideologías de extrema derecha, el empobrecimiento crónico de las clases medias y populares, la crisis de las personas refugiadas y la desconfianza, cuando no el rechazo explicito, de la ciudadanía, a la que deberían representar.

Europa se enfrenta a un futuro lleno de incertidumbres, derivado, en gran medida, de la incapacidad demostrada por sus gestores para responder satisfactoriamente a las necesidades y aspiraciones de las personas que la integran. La unidad económica y monetaria, el banco único, la defensa basada en el militarismo impuesto por la OTAN y la ausencia de un control democrático sobre las decisiones adoptadas en Bruselas o Estrasburgo, se han convertido en el verdadero fundamento de la Unión Europea, y están en el origen de la pérdida de legitimidad de unas instituciones y un modelo, que no han mostrado ninguna sensibilidad ante dramas como el paro, los recortes sociales, el racismo o el cambio climático.

Los desafíos que amenazan a Europa en el corto plazo se agravan día a día, sin que sus responsables sepan cómo abordarlos de un modo proactivo y eficaz. Parece difícil concluir que quienes nos han conducido al abismo puedan ahora salvarnos de la debacle que se intuye. El terrorismo yihadista, la llegada a la Casa Blanca de Donald Trump, las tendencias centrífugas que cobran fuerza en cada vez más países, la desafección creciente de la ciudadanía europea hacia un proyecto compartido o las amenazas que se proyectan sobre las próximas elecciones en Francia y Alemania son razones suficientes para la preocupación y el desasosiego . La radicalización de grupos islamistas asentados en el corazón de Europa alimentan los posicionamientos más xenófobos, en una espiral peligrosa, que parece no tener fin. En este contexto, solo cabe preguntarse si hay una solución viable y útil que nos ayude a repensar y reformular el concepto Europa.

La respuesta no es fácil. Las instituciones de la UE son percibidas como una estructura opaca, ajena a las preocupaciones de la ciudadanía, dirigida por élites que actúan como un ejército fiel al servicio del neoliberalismo más feroz. Las fuerzas de la derecha y del centro hacen suyos planteamientos del populismo más reaccionario en un intento por preservar su espacio y evitar la pérdida de votos, en una estrategia fallida que termina por fortalecer la posición política de figuras como Le Pen o Wilders, entre otros. La izquierda, por su parte, no tiene un relato convincente y compartido sobre la Unión Europea, más allá de una posición crítica, que no logra articular una alternativa creíble con opciones de ser socializada.

Son muchas las voces que alertan sobre los efectos perniciosos del capitalismo y la urgencia de promover un cambio del modelo de desarrollo, que tenga como prioridad atender los requerimientos de las personas. Me refiero a derechos fundamentales como son el empleo, la educación, la sanidad, la vivienda, un sistema digno de pensiones y un medio ambiente sano. Hablamos, en definitiva, de aspectos clave que contribuyen a una vida más plena y feliz. Soñamos, en su día, especialmente en España tras cuarenta años de dictadura, con una Europa más democrática, más justa y más solidaria, y ahora sentimos decepción, frustración y desapego. Incluso los representantes de los Estados miembros de la Unión saben que, sin la adhesión ciudadana, Europa se resquebraja. Sin embargo, siendo esto verdad, no son capaces de planificar una hoja de ruta que nos permita salir del atolladero en el que nos encontramos. Las fuerzas neoliberales no muestran propósito sincero de enmienda, presionadas además por el avance la extrema derecha, y la izquierda, debilitada en el contexto europeo, no puede ejercer la influencia deseada. Parece evidente que este escenario no invita al optimismo. La revolución tecnológica y la globalización, al menos en los próximos diez años, destruirán más empleo de los que crearán y la desigualdad continuará creciendo, profundizando la brecha social.

Por ello, resulta prioritario que las fuerzas de la izquierda alternativa y transformadora sumen voluntades para definir una alternativa efectiva, plural y unitaria , desarrollando un nuevo relato sobre Europa, que se centre en recuperar sus señas de identidad originarias. Un proyecto que ilusione , movilice y confronte con el modelo hegemónico de la derecha , que cuenta con la colaboración inestimable de la mal llamada socialdemocracia, que se ha reducido a hacer del espacio europeo un gran mercado ,sostenido por un entramado institucional con grandes déficits democráticos, y que aplica sobre los estados más débiles la tiranía del austericidio. Pienso en una Europa más democrática, que escuche a sus habitantes, establezca cauces de participación y fije como criterios de funcionamiento la transparencia y la ética; una Europa más social, que fije una carta de derechos sociales y laborales vinculante, que establezca políticas fiscales progresivas y mecanismos reales de redistribución , que combata las causas que explican el empobrecimiento de la población, luche contra la injusticia y los abusos, y garantice políticas que favorezcan el bienestar y calidad de vida de la población; una Europa más solidaria, que integre a las personas inmigrantes, acoja a quienes buscan refugio huyendo del hambre y de las guerras y haga de la diversidad un factor de enriquecimiento; una Europa más plural, que reconozca el derecho a decidir de pueblos como Euskadi, Catalunya o Escocia, entre otros. En definitiva, como decía José​ Saramago, “sin memoria no existimos y sin responsabilidad quizá no merezcamos existir”. Aprendamos la lección.

Artículo publicado en EL CORREO

Dividir es perder

El próximo 11 de marzo se cumplirán tres años de la inscripción de Podemos en el registro de partidos políticos del Ministerio del Interior. Esta decisión fue un paso necesario para poder concurrir a los comicios europeos que se celebraron el 25 de mayo de 2014. Podemos fue entonces la fuerza revelación, al obtener cinco escaños, que evidenciaron el descontento y la indignación de una parte importante de la ciudadanía con la gestión de la crisis económica, llevada a cabo por el Gobierno de Mariano Rajoy. Por primera vez desde la transición, el bipartidismo se sintió amenazado y muchas voces empezaron a tomar en serio a un grupo de jóvenes profesores de Universidad, que parecían tan unidos como generadores de ilusión.

Hoy, en los días previos a la convocatoria de la Asamblea de Vistalegre II, estos hechos parecen tan lejanos como olvidados. Podemos se ha sumido en una lucha por el control de la formación , una disputa de egos, celos, traiciones y ambiciones, cuando no ha cumplido tres años de vida. Sus máximos dirigentes son los responsables de una confrontación que cuestiona su credibilidad y lesiona la confianza de quiénes pensaron que Podemos había llegado a la escena política para defender los intereses de las personas más vulnerables y de las  clases empobrecidas. España necesitaba una alternativa ilusionante y esperanzadora, que liderara con valentía y legitimidad  la movilización social y el activismo institucional.

Lamentablemente, esta expectativa se ha quebrado y en el contexto presente parece poco probable que se recupere, al menos a corto o medio plazo. El enfrentamiento entre Pablo Iglesias e Íñigo Errejón de lucha por el poder y de carácter político, ha derivado en un desencuentro personal, que dejará heridas que costará cicatrizar. Las disputas en el seno de Izquierda Unida, que tanto daño hicieron a su viabilidad y terminaron por generar un descrédito imposible de remontar, parecen un asunto menor comparadas con la virulencia que practican los dirigentes de Podemos. Es obvio que no hemos aprendido nada de los errores cometidos en el ámbito de la izquierda, siempre dividida, y olvidamos que la política es un instrumento de transformación social y no una pelea  de gallos de corral, que tanto beneficia a la derecha, empeñada en reinstaurar el bipartidismo con la complicidad del PSOE.

Podemos está perdiendo un tiempo clave para ocuparse de los problemas reales de la gente, su auténtica razón de ser.  Nunca como ahora un movimiento de rebeldía y acción ha sido tan importante. Estamos inmersos en cinco crisis globales- económica, institucional, social, ética y medioambiental- que son cada día más profundas y dejan un mayor número de víctimas. La automatización, la robótica y la inteligencia artificial, símbolos de progreso, no traerán consigo, de forma mecánica,nuevos puestos de trabajo ni tampoco más bienestar. El Foro Económico Mundial, que ha reunido en la ciudad suiza de Davos a líderes políticos y empresariales, lo ha dejado bien claro, aunque sus amenazas han pasado inadvertidas para la opinión pública. En esta cita se ha constatado que solo la industria 4.0 destruirá en un año siete millones de empleos en Europa.

El futuro, por tanto, parece condenado a cronificar el paro, la desigualdad y la feminización de la pobreza si no se establecen mecanismos de redistribución de la riqueza. Por cada cinco puestos de trabajo perdidos para las mujeres únicamente se creará uno para ellas. Este panorama tan desalentador fue puesto sobre la mesa por personas de influencia como los presidentes del BBVA y Banco de Santander, Francisco González y Ana Botín, respectivamente. El primero de ellos aseguró que la digitalización implicará menos empleo y afirmó que es competencia del sector público tomar las medidas necesarias para paliar las consecuencias.

No es casualidad que en este marco se impulse desde los poderes políticos y económicos más conservadores el debate sobre una renta básica universal, entendida,en su caso, como una red mínima de seguridad, que contribuya a controlar y a sofocar posibles brotes de conflicto derivados de un cambio drástico en los modos de vida.

En los próximos veinte años un número importante de trabajos, cualificados o no, serán reemplazados por máquinas y avances de vanguardia, entre ellos el big data, la nanotecnología o la impresión 3D. Finlandia es ahora mismo un laboratorio de referencia, en el que 2.000 personas recibirán durante dos años 560 euros por el hecho de existir. ¿Es ésta la  solución ? Evidentemente, no. Es la legitimación de la dualidad social que niega el derecho a desempeñar competencias y habilidades, dos aspectos clave de los que depende nuestra autoestima y dignidad. Por eso, es tan relevante que la izquierda se fortalezca y sume voluntades. Donald Trump se lo está poniendo fácil con actuaciones contrarias a los derechos humanos y a la democracia.

José Mugica, ex presidente de Uruguay, sostiene, con toda la razón, que “somos derrotados cuando bajamos los brazos”.  No es el momento ni de la resignación ciudadana ni tampoco el de la confrontación en la izquierda. Divididos no podemos; divididos, perdemos. Gana la derecha y con ella quienes mueven sus hilos y toman las decisiones; esto es, la banca, la patronal y las transnacionales. Las corrientes que integran la formación morada están en su derecho a discrepar.

Es positivo que debatan y se rebatan, pero si quieren sobrevivir con éxito tienen que reconectar con su base social, hacer suyas sus preocupaciones e inquietudes y proponer respuestas alternativas en las instituciones y en la calle. Si no lo logran el Partido Popular y el PSOE tendrán tiempo para  retomar la iniciativa, marcar la agenda política, revalidar el bipartidismo y  defender los intereses de los privilegiados frente a los derechos de la población.

Artículo publicado en el diario EL CORREO, Febrero 2017. Javier Madrazo Lavín

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