Así no, compañeros

Cuando parecía que llegábamos al final del camino de la cadena de candidatos inviables, con la convicción de unos y otros en la necesidad de lograr un aspirante efectivo, para terminar con el 155 y evitar la amenaza de unas nuevas elecciones que todos temen y nadie quiere, hemos vuelto al principio una vez más.

Otra vez el proceso independentista sigue adelante con la construcción de una república de ficción, con elaboraciones cada vez más delirantes, sin que el principio de realidad prevalezca, en una huida hacia adelante sin otra meta ni horizonte que la alucinación de una república idílica donde ya no habrá clases, desigualdad, pobreza, infelicidad o corrupción.

Poco importa que los resultados electorales hayan confirmado, una vez más, que la sociedad catalana está dividida y que la independencia ni siquiera cuenta con una mayoría que la sustente, y por tanto, que se trata de convivir y convencer sin forzar la realidad.

Se trataría, sin embargo, para el sector soberanista de una suerte de ocupantes molestos empeñados en obstaculizar el proceso de la mano de los franquistas españoles y de sus leyes e instituciones secularmente impuestas, como si no hubiesen surgido de la mezcla, el pacto y el acuerdo.

Poco o nada parecen importar las consecuencias económicas. Siempre hay otros datos que demuestran que no son ciertos, que la cosa cambiará con la república o que la conspiración española está detrás de la falsa realidad y de los datos manipulados.

Poco o nada importa el cierre de filas en la UE ante la perspectiva de la desestabilización y la fractura por el Brexit. La opinión pública es voluble y puede cambiar como consecuencia de la sobreactuación de los tribunales y la solemne e impostada torpeza del Gobierno Rajoy.

Pero sobre todo, poco importan la Constitución, el Estatut y las leyes donde haya un pueblo, un movimiento nacional y unos dirigentes con derecho a ignorarlas y a decidir por encima de todo.

Otra vez el fuego amigo entre los partidos independentistas, entre la legitimidad de origen de Puigdemont, el pragmatismo de ocasión de ERC y la revolución anti todos los sistemas de las CUP, va dejando el camino sembrado de candidatos, de creacionismo parlamentario-asambleario y de rabia y frustración social.

Otra vez más el juez Llarena y el Tribunal Supremo, como si de acción y reacción se tratara, siguen adelante en su instrucción de acusaciones, a cada cual más desmesurada, que van de la prevaricación a la sedición y de ésta a la rebelión, en una reconstrucción retrospectiva de una pesadilla de procés como asonada violenta, una construcción delirante de ruina contrapuesta a la ficción independentista, y en los correspondientes encarcelamientos por continuidad delictiva, más basados en una supuesta intencionalidad que en los hechos objetivos.

Otra vez el Gobierno del PP y Ciudadanos a la greña por quién se queda con la primogenitura de la derecha española, unos con el y dos huevos duros más y otros con la reacción-aplicación del 155 permanente.

Pero sobre todo otra vez la izquierda, mi querida izquierda irreconocible, tropezando en la misma piedra del nacionalismo, confundiendo antes el referéndum con la democracia y la defensa de la Constitución con el autoritarismo.

De nuevo confundiendo a los jueces con la Justicia, y a ésta con la legalidad y con el Estado democrático. O confundiendo a los nacionalistas con Cataluña y a Rajoy y el PP con España.

Otra vez la izquierda, que pretendiendo dar una salida transversal al procés vuelve a alinearse con el independentismo asimilándolo a la lucha por la libertad frente a unas acusaciones y encarcelamientos que muchos consideramos injustos, pero que no pueden asimilarse a un Estado represor.

Porque en el lado de la libertad, muy mayoritario en Cataluña y en España, puede y debe haber independentistas y no independentistas.

Así no haremos de puente entre ellos, sólo serviremos de coartada continua para la estrategia de bloques y de confrontación.

Así no facilitaremos la comprensión de los trabajadores de Cataluña y mucho menos de los del resto de España. Así los dejaremos huérfanos o en manos de la confrontación nacionalista, catalana o española, tanto da.

Así colaboraremos una vez más en la legitimación de la vía unilateral a la independencia y a la consiguiente descalificación de las instituciones democráticas españolas y catalanas.

Así no compañeros. Ese no es el camino.

Publicado en ElMundo.es

La urgente refundación de la Atención Primaria

Desde Alma Ata se define la Atención Primaria (AP) como “la estrategia imprescindible para el desarrollo de sistemas de salud universales equitativos y sostenibles”. En igual sentido, el grupo de trabajo de Europa de la OMS aseguró que la AP está destinada a orientar la actuación del resto de los niveles de atención sanitaria del sistema con integralidad, equidad, eficiencia y utilización racional de recursos, fármacos y tecnología.

Ha quedado demostrado en el nacimiento y posterior evolución de nuestro Sistema Nacional de Salud que basarse en la AP conlleva mejores niveles de salud, de cobertura y accesibilidad a un menor coste, con la incorporación junto a la atención clínica de una cada vez mayor calidad de actividades, si bien con niveles dispares de integralidad y desarrollo, de promoción, prevención, educación y participación ciudadana.

Sin embargo, a pesar de la agenda AP-21 y de las 477 medidas posteriores, asistimos desde hace años a la fatiga del modelo comunitario y a un papel cada vez menor de la AP como eje del sistema en favor del modelo hospitalario, orientado al uso intensivo de tecnologías y nuevos fármacos de alto coste, desde una perspectiva exclusivamente reparadora.

La Atención Primaria ha quedado paulatinamente relegada al papel de puerta de entrada del sistema con el recorte de sus funciones a un mero cribaje de pacientes. Es urgente, por tanto, una agenda para su relanzamiento y refundación en España como parte de la refundación del conjunto del SNS.

Digo bien “relanzamiento” porque significa poner la Atención Primaria al ritmo que exigen los tiempos, después de una dura crisis y sus recortes, que han impactado especialmente en la salud pública y en la propia AP. Y digo también “refundación” porque significa una apuesta por volver a los valores esenciales y originales, los que luego se contrastan día a día con la realidad; a la Atención Primaria como atención comunitaria, como atención comunitaria de salud y no solo como atención de enfermedad. Pero también como eje del SNS, transformando a fondo su modelo para adaptarlo a los nuevos tiempos.

Lo propongo, como tantos otros, reivindicando ante todo el sistema sanitario público español. En estos tiempos de zozobra en que tan frecuente es considerar que todo lo hemos hecho mal, hay que afirmar que el sistema sanitario público es una de las grandes conquistas de este país. Sin duda es uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo desde el punto de vista de la atención sanitaria, es verdad que sometido al estrés de los recortes, las privatizaciones, la mezcla con el modelo de seguro y sus exclusiones, y el agotamiento de su impulso inicial, que como hemos dicho en un anterior artículo sobre “Los retos estratégicos del sistema”, nos obliga a cambiar, al tiempo que a recuperar lo perdido.

Diversos institutos han estudiado recientemente el nivel de los sistemas de salud. El SNS español sigue saliendo, a pesar de todo, bastante bien parado en general, la Atención Primaria en particular. Sin embargo, a lo largo de estos años, el pilar fundamental del nuevo sistema sanitario público y universal español se ha venido debilitando (sino degradando). La Atención Primaria ha retrocedido como consecuencia de muchos factores: Uno de ellos, en la cabeza de todos, es la crisis económica y el impacto que han tenido las políticas de austeridad sobre los servicios públicos. El debilitamiento del conjunto del sistema sanitario se ha cebado con la Atención Primaria y de la salud pública, que han sufrido los mayores recortes, de un 10% y más de un 6% respectivamente. Ambos ya eran los que menos recibían y sin embargo han sufrido más, más cupos y menos recursos, cosa generalizada en este país: la distribución injusta y asimétrica de los recortes.

Por otro lado, ha cambiado el patrón de enfermar en crónicos y el patrón de salud en nuestro país. Eso también significa una mayor presión y una demanda distinta sobre la Atención Primaria en la actualidad. El avance tecnológico y farmacéutico supone otro reto para la Primaria. Hay que recordar también, en esta reflexión, que España ha elaborado muy recientemente una Ley de Salud Pública. Data de 2011, es decir, desde la Ley General de Sanidad hasta la Ley de Salud Pública han pasado muchos años y la Ley de Salud Pública, fundamentalmente basada en la introducción de la salud en todas las políticas (no solo en la política de atención al enfermo), debe informar en estos momentos al conjunto del sistema sanitario pero, en particular, a la Atención Primaria y su carácter comunitario.

Estos factores han provocado que se haya formulado por parte de muchos sectores, más allá de la Atención Primaria, su urgente refundación. Refundar, en términos sencillos, es volver otra vez a la idea de una Atención Primaria comunitaria, cuando lo que se ha producido a lo largo de este tiempo han sido avances, pero insuficiencias. ¿Qué avances? Básicamente, en relación con la atención ambulatoria, la Atención Primaria de salud es una atención programada, no solamente una atención a demanda. Se realiza por un equipo y es una atención que tiene un área de influencia que llamamos comunitaria. Esos fueron los grandes cambios que han representado que la Atención Primaria se haya convertido en la puerta del sistema sanitario. Pero no solo se pretendía que fuera esa puerta, queríamos que fuera el pilar y la agencia de casos del conjunto del sistema sanitario público, uno de los ejes fundamentales del sistema sanitario público.

A lo largo de la crisis se han visto las deficiencias y el agotamiento del impulso inicial de la Atención Primaria. Así surge la AP21 y más tarde las 47 medidas que en 2014 iban en el sentido del relanzamiento, medidas para que fuese más resolutiva en la solución de los casos y para la descentralización de tecnologías, también desde el nivel hospitalario hacia la AP, aún con el riesgo de convertirse en una consulta externa en la comunidad.

Si nos quedamos solo en esto, se estará produciendo una hospitalización de la Primaria, que se convertiría en la puerta de entrada del sistema hospitalario, sus consultas externas. La AP recibiría progresivamente los medios técnicos y las especialidades dados por el sistema hospitalario, pero no realizaría su labor esencial de relación humana médico-paciente o equipo sanitario con la comunidad en el sentido de prevención, promoción de salud, investigación y docencia. Unas materias que han quedado profundamente debilitadas en esta proceso.

Ello supone también la transformación del modelo de trabajo cada vez más individual y de puertas adentro, donde tanto la actividad comunitaria como la relación y los municipios forman una parte menor de una cartera de servicios básicamente clínicos, cuando los determinantes de salud, los estilos de vida y la participación de ciudadanos y municipios en salud son esenciales.

Por tanto, habría que retomar una agenda de reflexión sobre dónde estamos en materia de Atención Primaria y de una propuesta de relanzamiento, de recuperación y refundación de la misma. Para ello es primordial un mejor nivel de compromiso presupuestario: más presupuesto y más recursos para que la Atención Primaria al menos vuelva a los niveles previos a la crisis.

Pero la Atención Primaria debe ir más allá, jugar un papel más equilibrado con la atención hospitalaria. Hoy por hoy supone aproximadamente el 14% del gasto e inversión frente a más del 50% hospitalario, cuando debería llegar, como en alguna comunidad autónoma, hasta el 17 ó el 18%, y no solo en gasto, sino en el poder de agencia de casos que debería recaer en la Atención Primaria.

Por otra parte, sería necesario abordar otras debilidades que tiene la AP en estos momentos, como la integración del conjunto de los subsistemas que existen de atención continuada en las comunidades autónomas. Además, hay otros aspectos que están en la mente de todos y que tienen que ver con la prioridad de la prevención y promoción de salud, en los que recientemente la responsable de la Organización Mundial de la Salud alertaba sobre la necesidad de su incorporación a la Atención Primaria. Otro aspecto a abordar es la puesta en marcha de un instrumento de gestión de la investigación en materia de AP y en otras cuestiones como la docencia o la formación continuada, que siguen en manos fundamentalmente de las compañías farmacéuticas con una participación anecdótica de la administración sanitaria.

Todas estas son, entre otras, prioridades a las que debería responder la agenda de cambio: plantear el relanzamiento y la refundación de la Atención Primaria de salud para avanzar en la consolidación de los principios rectores y la transformación de nuestro SNS.

Publicado en RedaccionMedica.com

El Instituto Nacional de Silicosis, en tierra de nadie

Hoy asistimos a lo que podríamos llamar una etapa de aislamiento y parálisis en la nueva dirección del INS, con la pasividad del Gobierno central, el servicio de salud asturiano SESPA y de la Consejería de Sanidad

En los últimos días hemos podido constatar que la silicosis no es una enfermedad del pasado ligada a la declinante minería de carbón, a la que el actual Gobierno quiere aplicar lo que en el tenis se denomina ‘muerte súbita’, y por tanto abocada también a la desaparición.

Muy al contrario, hemos visto a colectivos de trabajadores de sectores como la construcción o los nuevos materiales, que en buena parte por la relajación de la prevención de riesgos laborales, padecen ya una silicosis que avanza más rápidamente y de forma mas grave que la hasta ahora conocida.

Es por ello que, lejos de reducirse, se ha amplía el ámbito de trabajo preventivo, técnico y de atención del Instituto Nacional de Silicosis (INS), ubicado en Asturias, como centro de referencia estatal de enfermedades respiratorias de origen laboral.

El INS, sin embargo, después de una etapa de lanzamiento y consolidación inicial ligada al desarrollo de la minería y sus graves consecuencias para la salud de los mineros en cuanto a enfermedades profesionales y accidentabilidad laboral, sufrió más tarde, como el propio sector minero o más precipitadamente, una etapa de declive y más tarde de disolución y pérdida de identidad, sobre todo con el traslado del mismo al nuevo hospital central de Asturias HUCA y su inmersión en el Área clínica de Pulmón.

Hoy asistimos a lo que podríamos llamar una etapa de aislamiento y parálisis en la nueva dirección del INS, con la pasividad del Gobierno central, el servicio de salud asturiano SESPA y de la Consejería de Sanidad, que contrasta con la prevalencia de la nueva silicosis, y por extensión, de las enfermedades pulmonares de origen laboral.

A pesar de que orgánicamente el INS ha pasado -por iniciativa de Izquierda Unida en el pacto de investidura- a recuperar su identidad, a depender del SESPA y a contar con un director propio al margen del HUCA, todo el personal que desarrollaba su trabajo el instituto (técnicos de ámbito nacional, químicos, auxiliares de laboratorio y personal médico, sanitario y administrativo) continúa dependiendo del HUCA, sin que hasta ahora el compromiso de su traslado se cumpla. Al contrario, se comienza a contratar nuevo personal y a convocar nuevas plazas, dejando en tierra de nadie al personal que, en el HUCA, sigue haciendo funcionar el INS hoy.

De igual modo, las profesionales del área de medicina ocupacional se mantienen en el servicio de Neumología del HUCA dedicadas casi en exclusiva a tareas clínicas, dejando lo ocupacional de forma residual para sus tiempos de descanso después de guardia. También en este caso la nueva dirección convocó dos plazas clínicas, tres de personal de apoyo sanitario y administrativo sin apenas medios propios y con la falta de colaboración, sino el desacuerdo explícito por parte de la dirección de área de gestión clínica de Pulmón del HUCA.

En consecuencia, la lista de espera a demanda ascendía en fechas recientes a 400 pacientes de toda España pendientes de consulta. Además, sigue sin ejecutarse, a pesar del reciente acuerdo de julio de 2017, la equiparación salarial de los técnicos del INS con los del Principado para sus desplazamientos a empresas, administraciones e instalaciones de fuera de Asturias, dándose la paradoja de que sus trabajos y estudios técnicos son costeados por aquellas al Principado. Esto incide negativamente en el potencial de Silicosis como centro de referencia nacional.

Tampoco en este año se han realizado jornadas técnicas ni actos científicos ni se ha estado presente en foros nacionales o internacionales para actualizar conocimientos, como por ejemplo el relativo a la entrada del sílice en la directiva de cancerígenos.

Por último, no se concreta la anunciada reunión de la comisión de participación, donde se encuentra la representación sindical; ni la plantilla orgánica del INS ni su reconocimiento como centro de gasto; y la ya escasa financiación del Estado se ha visto recortada en más de un tercio en 2017.

Es imprescindible que el Gobierno dé cuenta de cada uno de estos temas a los que no ha respondido o ha dado evasivas. Nos jugamos mucho.

Es urgente la integración del personal técnico, clínico y administrativo, hoy en el Área de pulmón, en el Instituto Nacional de Silicosis. También lo es el cumplimiento del acuerdo con los técnicos, de acuerdo con sus funciones de centro de referencia nacional. Es necesaria asimismo la presentación del plan de acción y la convocatoria inmediata de la comisión de participación del INS, su reconocimiento efectivo como centro de gasto, la publicación de su plantilla orgánica y la obtención de la autorización sanitaria independiente del HUCA como centro de referencia. Por ultimo, es preciso el relanzamiento de su capacidad científica, técnica e investigadora en proyectos y foros propios, nacionales e internacionales, y la recuperación, al menos, de la cofinanciación del Ministerio de Industria, recortada en un tercio en 2017.

Publicado en NuevaTribuna.es

Luces y sombras en la Ley de Contratos del Sector Público

Este mes ha entrado en vigor la Ley de Contratos del Sector Público aprobada el pasado noviembre. De un primer vistazo, al primar la calidad en la contratación, la transparencia y las cláusulas sociales en la ejecución de los contratos, parece un acertado intento en la dirección correcta. Sin embargo, es un texto largo y farragoso que incluye determinaciones que, en contra de la agilidad que persiguen preservar, podrían promover el mantenimiento de inercias negativas de la Administración, como la imposición de bajas por anteponer el precio o los procedimientos poco abiertos a la concurrencia.

En un análisis más calmado del texto, se comprueba que se ha dejado más por hacer de lo que se ha incorporado en materias sensibles como el fraude del encadenamiento de subcontrataciones, la precariedad laboral, la igualdad de género o la contratación de empresas con intereses en paraísos fiscales.

El Gobierno, con sus aliados tanto en el independentismo conservador como en el nacionalismo español, tampoco se ha cortado a la hora de interferir en cuestiones sensibles como la reversión de las privatizaciones. Dificulta la recuperación para la gestión pública de modelos privados en sanidad (modelo Alzira) exigiendo un informe previo que no sólo demuestre que la administración puede hacerse cargo, sino que su gestión será más eficiente que la privada. No es otra cosa que consolidar el veto ya establecido en la última Ley de Presupuestos. Por otro lado, la excusa de la compra centralizada tampoco evita la posibilidad de plantear, mediante real decreto, problemas a la subasta de medicamentos de Andalucía, por ejemplo, en una clara invasión de la competencia en productos farmacéuticos y al margen de reiteradas sentencias del TC.

No obstante, importante y positiva sí es la previsión respecto a las especialidades de contratación pública en los servicios educativos, sociales y sanitarios excepcionados de las de concurrencia del mercado por carácter estratégico. Se prevé que pueda darse un régimen no contractual y un régimen singular de contratación, anteponiendo aspectos técnicos, de calidad y principios de interés general como la universalidad, solidaridad y eficiencia.

La acción concertada es una opción no contractual que exige previsión legal expresa y determina la modalidad de servicio, de las prestaciones y del sistema retributivo. Por ello será de agradecer una respuesta ágil de las administraciones y servicios públicos en su adaptación a la norma. En materia de servicios sociales, todo ello permitiría a las comunidades autónomas restablecer convenios con el tercer sector que estaban sufriendo la creciente penetración de fondos privados en detrimento del servicio público.

Las administraciones públicas tienen por delante una labor importante para elaborar nuevos pliegos comunes de cláusulas administrativas y revisiones para cumplir las previsiones normativas, que en su preámbulo recogen como objetivos fundamentales más transparencia y la consecución de una mejor relación calidad-precio en la contratación pública, introduciendo la obligación de que los criterios de adjudicación permitan obtener obras, suministros y servicios de gran calidad mediante la inclusión de aspectos cualitativos, medioambientales, sociales e innovadores vinculados al objeto del contrato.

La Ley mantiene tres niveles de aplicabilidad respecto de las entidades del sector público que configuran su ámbito, y la configuración negativa o de exclusión de los contratos y negocios (como los servicios públicos) no regulados en la misma. Este ámbito subjetivo de aplicación se ha extendido con la idea de aplicar las normas a entidades no sujetas, siempre que se cumplan criterios como que su financiación sea mayoritariamente pública, y siempre respecto de los contratos sometidos a regulación armonizada.

En cuanto a la delimitación de los tipos de contratos, las principales novedades se han introducido en la regulación del contrato de concesión, en el contrato mixto y en la supresión del contrato de colaboración público-privada por su escasa utilidad práctica. Habrá que ver sus repercusiones, en particular en el ámbito sanitario. Sí merece especial referencia, en cuanto a la ejecución de los contratos, el novedoso régimen de su modificación, en línea con lo establecido en las directivas comunitarias. Por primera vez regulan la subcontratación y las medidas de racionalización técnica de la contratación, estructuradas en dos elementos: los acuerdos marco y los sistemas dinámicos de adquisición, destacando el nuevo régimen que se establece en la Ley respecto de la contratación centralizada, donde el principio de la innovación en el ámbito farmacéutico ha contado con el aplauso del sector multinacional.

El texto legal realiza también una apuesta en favor de la contratación electrónica, obligatoria desde su entrada en vigor, anticipándose a los plazos previstos a nivel comunitario.

Se alude a los requisitos y criterios para la adjudicación de contratos públicos en el artículo 145 de la norma: características estéticas y funcionales, de accesibilidad, el diseño universal, las características sociales; medioambientales e innovadoras, la reducción del nivel de emisión de gases de efecto invernadero, el empleo de medidas de ahorro y eficiencia energética y la utilización de renovables durante la ejecución del contrato; el mantenimiento o mejora de los recursos naturales; el fomento de la integración social de personas con discapacidad, desfavorecidas o miembros de grupos vulnerables; la inserción sociolaboral, los planes de entre mujeres y hombres, el fomento de la contratación femenina, la conciliación de la vida laboral, personal y familiar; la mejora de las condiciones laborales y salariales y la estabilidad en el empleo.

Además, el nuevo texto legal acuña el concepto “mejor relación calidad-precio” en sustitución del de “oferta económica más ventajosa”. Esto propicia la evaluación atendiendo a criterios económicos y cualitativos, pudiendo incluir aspectos sociales o medioambientales vinculados al objeto del contrato.

Pros y contras de un asunto complejo que ahora habrá de responder al desafío de la práctica.

Pensionistas por la dignidad

Por sorpresa, como en el 15-M, los pensionistas han salido del fondo de la tierra. No para conquistar el cielo, sino para denunciar la pérdida de poder adquisitivo y defender el modelo público de pensiones.

La enésima ofensiva neoliberal contra el Estado de bienestar y por la privatización de derechos y servicios públicos ha sido el desencadenante. Ofensiva que por desgracia cuenta (y no es la primera vez) con apoyo desde las mismas entrañas de las instituciones públicas. El propio presidente del Gobierno actúa como un comercial de fondos de pensiones, emulando al gobernador del Banco de España, con la doble intención de socavar la credibilidad del sistema público y de ofrecer a los bancos un mayor trozo del pastel. En lugar de proponer al Pacto de Toledo reformas que consoliden el sistema, Rajoy se dedica a asustar a la gente y encender la mecha en un polvorín que le ha estallado en las calles con la presencia masiva de los pensionistas. Pero él sigue en la misma línea, como demuestra su última comparecencia en el Congreso, llena de vaguedades y vacía de propuestas de calado. Claro, no ha de extrañarnos, es el mismo Rajoy que burló el Pacto con medidas aprobadas mediante un decreto ley de los más de 50 que dictó el PP de la mayoría absoluta.

El Gobierno y el gobernador del Banco de España traspasan el límite de la publicidad engañosa para entrar en la profecía autocumplida. Vaticinan el hundimiento del sistema si los trabajadores no se apresuran a contratar fondos privados, aún reconociendo que no son seguros, carecen de la garantía del Estado, no son eficientes ni tienen voluntad redistributiva. Como dato, en los EEUU, cuna del capitalismo sin compasión, acumulan una deuda estratosférica de 3’8 billones de dólares, lo que les sitúa al borde de la quiebra. Por otro lado, quienes proponen el sistema de capitalización privado ocultan algo: si es verdad que en un determinado momento de declive demográfico cada vez menos activos contribuirán a financiar a más pensionistas, también lo es que cada vez será menor el número de los que comprarán las pólizas de los suscriptores de fondos privados que llegan a la jubilación.

Seamos claros, la política de recortes de gasto no da para más en España. La edad real de retiro se acerca a la nominal a un año de los 65, es de las más altas de Europa. Sólo un 5% de los mayores de 65 años siguen actualmente en activo, tasa similar a la de países del entorno. Además, el 50% de los mayores de 55 años están sin empleo y en situación económica muy precaria. Y es que aconsejar a los trabajadores que ahorren en planes de pensiones es humor negro cuando a una gran parte les cuesta llegar a fin de mes, apenas son mileuristas, precarios, cuando directamente no están desempleados.

El Gobierno persigue dar una vuelta de tuerca a las reformas del PSOE primero, cuando se fijó un aumento progresivo de la edad de jubilación hasta los 67 años en 2027, y del PP en 2013, cuando introdujo el factor de sostenibilidad de las pensiones y desvinculó su evolución del Índice de Precios al Consumo, un caso único en Europa. Si las actuales movilizaciones no lo evitan, los recortes reducirán la tasa de reemplazo del último salario a menos de la mitad en los próximos años (el porcentaje de pensión que un jubilado cobra en relación al último salario) y mermarán en un tercio su poder adquisitivo en los próximos 20 años. Con la paupérrima subida del 0,25% anual impuesta por el PP, las pensiones perderán en 2018 más de un 2% de su poder adquisitivo. Si a ello le sumamos la congelación y las pérdidas sufridas los primeros años de la crisis, la devaluación supera el 7%. Una devaluación que contrasta con el fuerte crecimiento del precio de la electricidad, del copago farmacéutico y, sobre todo, con el papel de colchón de la economía familiar que juega uno de cada cuatro pensionistas.

Por eso la primera medida es recuperar, por ley, la revalorización de las pensiones y derogar el infausto factor de sostenibilidad, antes incluso de abordar el futuro del sistema en el marco del Pacto de Toledo. Las rebajas fiscales de Montoro son una tirita cosmética, mientras continúa la hemorragia. Una rebaja fiscal para la minoría de un tercio, con pensiones sujetas a declaración de la renta que ignora las carencias y el deterioro que afecta a la mayoría. Porque no es verdad que gastemos en pensiones de manera desproporcionada: estamos en el 11%, a cuatro puntos del PIB de los países de nuestro entorno. El déficit de la Seguridad Social se debe ante todo a las reformas laborales y a la devaluación salarial, que han condenado a los cotizantes a empleos de subsistencia. La reforma laboral que ha dejado a los trabajadores en la indefensión es también prioridad ineludible.

Otra cosa es planificar el futuro y garantizar la sostenibilidad, que no está en cuestión, el problema no es inexorable. Las dificultades de las pensiones residen más en los ingresos que en los gastos, afección que se cura con más y mejor empleo, con mejores salarios y pensiones que incentivarán el consumo e incrementarán los ingresos por cotizaciones y la recaudación fiscal. Por ejemplo, si España tuviera la tasa de actividad femenina de Suecia, 2,8 millones más de trabajadoras contribuirían a la Seguridad Social. La Universidad de Granada estima que un incremento de un 4,5% en la productividad laboral española sería suficiente para equilibrar en el futuro el sistema de pensiones.

Porque las pensiones serán públicas y dignas o no serán. Para conseguirlo bastaría con aumentar progresivamente las bases de cotización y el Salario Mínimo Interprofesional; eliminar el tope máximo de cotización que privilegia a los altos salarios; traspasar de la Seguridad Social a Hacienda las pensiones no contributivas, las exenciones, tarifas planas de cotización y bonificaciones establecidas en las políticas activas de empleo. Además, los Presupuestos Generales del Estado pueden aumentar sus aportaciones vía impuestos cuando sea necesario complementar el sistema público de pensiones. Luego habría que contemplar otras cuestiones, como el hecho de que el Parlamento Europeo ya plantee que haya que establecer una fiscalidad sobre la innovación tecnológica (cotizar por los robots).

La rebeldía de los pensionistas está justificada. Su reivindicación es justa y la ampara el modelo social establecido en la Constitución del 78 (sacralizada e intocable para unos, inservible en su conjunto para otros), artículo 50: “Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad”. Por tanto, el Estado, a través de la Seguridad Social, debe garantizar el derecho constitucional que defienden los pensionistas. Defienden sus pensiones, pero sobre todo la dignidad de las éstas, las actuales y las futuras, frente a la pobreza, la precariedad laboral y la privatización.

Publicado en Publico.es

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