Industria 4.0, ¿trauma u oportunidad?

No es noticia de portada en ningún medio de comunicación, pero forma parte del conjunto de asuntos que están ahí, de fondo, que son inminentes, inevitables y trascendentales, y que requieren un análisis para saber cómo afrontar las consecuencias de su implantación. Me refiero a la Cuarta Revolución Industrial, también conocida como Industria 4.0.

El concepto denomina una nueva manera de organizar los medios de producción que se está implantando. El objetivo final, como en toda revolución industrial, es aumentar la producción y la eficiencia. Para ello, con la 4.0 vendría la puesta en marcha de las «fábricas inteligentes», capaces de adaptarse a las necesidades y a los procesos de producción que el mercado exige, en paralelo a una asignación más eficiente de los recursos.

La 4.0 no es aún una realidad consolidada y experimentada, sí un nuevo hito en la evolución industrial que aguarda a la vuelta de la esquina y que sin duda marcará importantes cambios sociales en las próximas décadas. El uso intensivo de Internet y de las tecnologías punta será multiplicado varias veces frente al uso actual, por difícil que nos parezca, para lograr el desarrollo de plantas industriales y generadores de energía más inteligentes, en teoría más respetuosos con el medio ambiente y haciendo funcionar cadenas de producción mucho mejor comunicadas entre sí y con los mercados de oferta y demanda.

Como el resto de revoluciones industriales, conlleva ventajas. Las anteriores mejoraron las condiciones de vida de una parte de la humanidad, si bien fueron acompañadas de los comienzos de trabajos explotadores en cuanto a jornadas, salarios… Llegó la mano de obra barata y la paulatina precarización. Pero claro, no hay que olvidar que el sistema económico capitalista se sustenta sobre una amplia base de pobreza sistematizada y bien estructurada, y las revoluciones industriales las utiliza en su propio beneficio. Por ello, no hay por qué dudar de las ventajas de la Industria 4.0, pero sí prever sus inevitables consecuencias negativas y trabajar de antemano para evitar que los daños sean masivos entre las clases trabajadoras.

El mayor damnificado será el mercado laboral. La implantación de fábricas inteligentes y la robotización de la producción supondrán una destrucción masiva de puestos de trabajo actuales, que afectará no tanto a los empleos muy cualificados ni a los precarizados, sino a toda esa masa intermedia de trabajadores sustituibles por la robótica y los sistemas inteligentes.

Y esta realidad inevitable probablemente coincide en el tiempo con la situación de crisis económica no superada que se inauguró en 2008. Por eso es el momento de tomar conciencia e ir profundizando en debates multilaterales que impliquen a instituciones, partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales, para su correspondiente legislación al respecto, de forma que el conjunto de damnificados sea paliado con otras medidas laborales y socioeconómicas. En este punto los partidos de izquierdas, junto con los sindicatos de clase, afrontan el reto de saber compatibilizar esta revolución con la defensa y lucha por preservar derechos y libertades igualitarios; que se garanticen los derechos laborales colectivos frente a la tendencia individualista de los nuevos puestos de trabajo.

Por otra parte, también parece conveniente identificar a quiénes están llamados a ser los actores principales que impulsarán esta Cuarta Revolución Industrial: “los gigantes de la red”. Sólo quienes tienen un acceso masivo a la información cuentan con el poder de diversificar su crecimiento, por tanto de implantar la 4.0. Y no son precisamente gobiernos democráticos de países dispuestos a amortiguar las negativas consecuencias del nuevo modelo, gobiernos a favor de los mejores intereses para la mayoría de la ciudadanía, sino que se trata de las grandes empresas de Internet: Google, Facebook, Apple o Amazon.

Estos cuatro gigantes de la información y los negocios, en constante desarrollo y crecimiento económico, corren el riesgo de convertirse en los cuatro jinetes del Apocalipsis para las relaciones sociales y laborales del futuro inminente si los gobiernos democráticos y las instituciones internacionales no regulan su función y las consecuencias de sus acciones. Una nueva suerte de neo feudalismo basado en el control de la información personal que extraen del uso que hacemos de las redes sociales. Ya están desarrollando un modelo de dependencia disfrazado de libertad individual que condicionará los hábitos de producción para un tipo de consumo que consolide un nuevo tipo de vasallaje basado en la satisfacción inmediata de las emociones.

Ante todo eso surgen otras muchas preguntas, algunas enormes, que necesitan una respuesta urgente: ¿seremos capaces de adaptar el sistema educativo adecuado a los nuevos retos laborales de la 4.0 o mantendremos un modelo continuista del siglo XX? Ante la destrucción inevitable de puestos de trabajo actuales, ¿qué hacer con las bolsas masivas de desempleados que quedarán fuera del mercado laboral? ¿Debe cobrar fuerza la idea de una renta universal de ciudadanía, bien de forma permanente, bien de forma transitoria, hasta que se produzca el reajuste del mercado laboral? ¿Cómo abordar el control de los sectores estratégicos por parte de los gobiernos nacionales o supranacionales ante la “amenaza” de los gigantes de Internet? ¿Qué papel deben jugar los gobiernos nacionales y supranacionales en la intervención en la economía a través de una banca pública que frene no sólo a la banca tradicional que ha provocado la crisis económica actual, sino que evite que los gigantes de la Industria 4.0 pongan en riesgo a la propia banca tradicional? ¿Hay suficiente legislación al respecto de la eficiencia energética y nuevas fuentes de energía como para que la 4.0 garantice el respeto al medio ambiente? ¿Deben crearse nuevos impuestos a las máquinas para garantizar la suficiente financiación de servicios de bienestar social ante la evidente destrucción de puestos de trabajo?

El debate y algunas preguntas están servidas. De su abordaje y las mejores respuestas que puedan darse depende que la nueva revolución industrial sea traumática o un salto histórico que mejore la vida de la gentes y del planeta.

Publicado en Diario16.com

La república como coartada.

El republicanismo es en esencia el gobierno de la pluralidad, sea ideológica, política o cultural. En una revisión histórica, el republicanismo español no encuentra momento de compatibilidad con el independentismo. La pretensión de una Cataluña republicana e independiente es una formulación contradictoria en sí misma.

El escenario actual es el del decisionismo del referéndum ligado a un relato independentista alejado del republicanismo. El 1-O propone una consulta que huye de la legalidad y nada tiene que ver con la noción republicana que equilibra autogobierno y responsabilidad, necesidad de un marco legal, división de poderes, deliberación. El respeto y participación de las minorías quedan enterradas. Estamos ante el referéndum de una parte y un engañoso debate sobre el derecho de autodeterminación. Una consulta con garantías ha de dirigirse al conjunto, proporcionar un amplio espacio de deliberación y una solución compatible con la pluralidad. La democracia participativa se da en el marco de la representativa, no la suprime.

Hoy, el autoritarismo del PP y el independentismo son dos polos de un populismo autoritario. Durante la Segunda República, Azaña se posicionó con acierto respecto al debate estatutario, tan opuesto a la conllevanza regionalista y uniformizadora de Ortega como al escapismo del sector independentista del nacionalismo. Hablaba Azaña de la república como única opción democrática para lograr “una unión libre entre iguales” dentro del marco común español. Apostaba por que la razón orientase a la tradición. Las experiencias de ambas repúblicas demuestran contradictoria la relación entre independentismo y republicanismo en el abordaje y solución de la pluralidad. Después llegó Franco y pasó lo que pasó: ni república, ni autonomía.

Manifiesta su torpeza el Gobierno del PP cuando se niega al diálogo político, comete atropellos injustificables cuando limita la libertad de expresión en un acto público, interviene las competencias de la comunidad autónoma o debilita la legitimidad del Estado para oponerse al desafío independentista. El relato independentista se nutre y crece gracias a la sobreactuación del PP hasta cerrar el círculo del derecho de autodeterminación del pueblo catalán frente al estado opresor español. Nada es lo que parece. La identidad comunitaria del pueblo catalán y su derecho a votar resumen la posición independentista, pero el republicanismo contrapone la pluralidad y la deliberación. La hoja de ruta seguida al margen de la Constitución y la exclusión de la diversidad de identidades españolas y catalanas, así como la falta de respeto a los procedimientos democráticos en el Parlament o la ausencia de transparencia y garantías del referéndum son contradictorios con el republicanismo.

Entre ambos extremos estamos quienes anhelamos una propuesta federalista como alternativa republicana de organización territorial, fundamentada en principios como la autonomía frente a la tiranía, el pluralismo, la solidaridad, la participación y la deliberación democráticas, la ley como expresión de la voluntad popular y la virtud cívica. Un republicanismo con una pulsión ineludible por la igualdad de origen, más allá de la de oportunidades. Cabe preguntarse si no es hora ya de introducir la codeterminación o la consulta frente a términos contrapuestos como la autodeterminación o el referéndum binario.

No ha lugar el argumento de que la fractura será beneficiosa para los trabajadores ni para las clases populares, ni para las de España, ni para las de Cataluña. Al contrario, nos pondría ante un escenario de involución social y política. La solución es diálogo, codeterminación, deliberación, consulta y corresponsabilidad.

Solo el momento populista que vivimos explica esta extraña mezcla del independentismo y el republicanismo y que las únicas respuestas remitan a maximalismos del orden de la defensa de los derechos civiles o del referéndum pactado, todo ello en la lógica del relato independentista. No es mezcla inocente, responde a la táctica de oponer el nuevo comienzo de la República Catalana al régimen monárquico del 78. Ni nuevo comienzo, ni régimen: independencia unilateral frente a transición pactada.

Distintas versiones del populismo autoritario, nacidas de la pesadilla social del neoliberalismo, están haciendo trizas a las izquierdas y a los mismos principios republicanos. Hay pocas cosas más contradictorias que la utilización del republicanismo como coartada por parte del independentismo catalán.

Gaspar Llamazares Trigo es promotor de Actúa y portavoz de Izquierda Abierta.

Publicado en elpais.es

Temeridad

La memoria tiene que ver con el presente. El pacto constitucional de 1978 no fue un milagro, sino un salto mortal sin red. La cuadratura del círculo, integrar a la derecha franquista con la izquierda retornada del exilio en un nuevo Estado, sin condenar la dictadura ni reivindicar la legalidad republicana de 1931, fue una temeridad, no una proeza. Sobre una política pública de memoria encubierta plagada de mentiras y manipulaciones, que nunca dejarán de serlo por muy buenas que fueran las intenciones que presuntamente las inspiraron, se levantó el edificio que ahora se desmorona. Durante cuarenta años, hemos acumulado distorsiones inconcebibles en cualquier otra sociedad democrática madura. Así, España se ha convertido en una pegatina de los fachas, una casa ajena para millones de españoles que nunca tendrán otra. La derecha actúa como si hubiera heredado este país de sus abuelos, que para eso ganaron la guerra, y la izquierda le da tácitamente la razón, aceptando sin rechistar la condición de realquilada con derecho a cocina. Los progresistas españoles rechazan su propia patria, pero asumen el patriotismo de los nacionalistas, conservadores y clericales, como propio, en una pirueta tan incomprensible desde el punto de vista ideológico como desde el sentimental. La reacción y el progreso se convierten en vapor, conceptos tan difusos que quienes invocan el Estado de derecho no acatan sus reglas, y quienes reclaman democracia olvidan que, en un Estado democrático, la ley garantiza los derechos de los más débiles. La memoria no tiene que ver con el pasado, sino con el presente y, sobre todo, con el futuro. No es una frase hecha, sino la clave de lo que estamos viviendo ahora mismo. ¿Lo han entendido ya?

Publicado en ElPaís.com

 

¿‘Quo vadis’ Maza?

El pasado viernes, ocurrió un hecho no menor, que pasó bastante desapercibido entre la vorágine de acontecimientos de estos días en torno al dislate del referéndum de independencia de Cataluña. El teniente fiscal de la Audiencia Nacional, apoyándose en los hechos acontecidos como consecuencia de los registros y detenciones en la Conselleria de Hacienda de la Generalitat y según los cuales “una turba” de personas agredió a los agentes de la Guardia Civil, dañó varios vehículos e impidió el normal ejercicio de sus funciones como policía judicial, presentó denuncia ante el Juzgado Central de Instrucción Decano en la que afirma que conforme al art. 65.1º, a) Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (LOPJ) en relación con el artículo 544 CP, por cuanto las conductas denunciadas son constitutivas de un delito de sedición y estaban anteriormente incluidas en los delitos contra la forma de Gobierno (art. 163 CP de 1973, vigente en el momento de la redacción de la LOPJ), de los cuales la Audiencia Nacional es competente para su conocimiento.

No dudo que el teniente fiscal cumplía órdenes de su jefe, el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, a quien por tanto me dirijo:

Pues bien, señor fiscal general, la Audiencia Nacional (AN) no es competente para instruir ni juzgar el delito de sedición (cuando no hay violencia), como tampoco lo es para el de rebelión (cuando hay violencia). La LOPJ, no incluye estos delitos entre los que determinan la competencia de aquel organismo de la justicia española. El primero se ubica entre los delitos contra el Orden Público (Título XXII, arts. 544 y siguientes, del CP); el segundo, entre los delitos contra la Constitución (Título XXI, capítulo I, arts. 472 y ss).

Para comprobarlo, usted debería haber medido esta decisión y comprobar las reformas del Código Penal, desde 1973 y especialmente un auto del pleno de la Sala Penal de la Audiencia Nacional, que sin duda le es familiar porque consta en la causa seguida contra mí por investigar los crímenes franquistas, de lo que se me absolvió en sentencia de 27 de febrero de 2012, a la que usted hizo un voto particular, pidiendo mi condena. El auto de referencia es de fecha 2 de diciembre de 2008 y en él aquella sala estableció llanamente que con la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial “… cuando se otorga competencia a la Sala Penal de la Audiencia Nacional para el enjuiciamiento…, de los Delitos contra el titular de la Corona, su Consorte, su Sucesor, Altos Organismos de la Nación y forma de Gobierno”. “… Pues bien, el delito de rebelión (y por ende el de sedición, al que el propio escrito del fiscal llama “rebelión en pequeño”) nunca ha sido competencia de esta Audiencia Nacional”.

En la aplicación del derecho penal, debe estar el principio de la proporcionalidad

Si esto es así, cabe preguntarse cuál es la razón de una denuncia por un delito que ni siquiera alcanzaría el título de sedición (este no) ni de conspiración para la sedición como contradictoriamente expone el fiscal en su escrito al hablar de la necesidad de un lapso de tiempo relevante entre el acuerdo y la ejecución y a la vez de que “no puede calificarse como conspiración el mutuo acuerdo surgido espontáneamente”, que es lo que ocurrió. No pensaré que este movimiento forma parte de una estrategia más amplia que pretende generar la competencia de la Audiencia Nacional para dar cobertura a calificaciones más graves como las constitutivas de terrorismo de determinados “extremistas”. Si fuera así, sería muy grave. Por tanto, solo me atreveré a afirmar que la decisión forma parte del cúmulo de sobreactuaciones impulsadas, auspiciadas o consentidas por la fiscalía. Por ejemplo, la citación como investigados de más de 700 alcaldes por el hecho de haber firmado un documento en el que anuncian que prestarán locales para la votación del 1-O, hecho que en sí mismo no es delictivo al no haberse dado inicio la materialización de la desobediencia hasta ese día, en su caso; las prohibiciones de actos en apoyo del pretendido referéndum en otras partes de España que forman parte del ejercicio de la libertad de expresión; las detenciones que motivaron los hechos calificados por el fiscal como sedicentes y que tres días antes, en una entrevista periodística usted, señor fiscal general, había intuido que se producirían y que ya calificaba, con grandes dotes adivinatorias, como sedición y competencia de la Audiencia Nacional.

En la aplicación del Derecho Penal, además de regir el principio de intervención mínima, debe estar presente el principio de la proporcionalidad y el que los clásicos llamaban “prudentia”. Ambos se han marginado por el fiscal general, señor Maza, optando por una acción expansiva y preventiva que puede contribuir a una cadena de reacciones de imprevisibles consecuencias.

Hay un cúmulo de sobreactuaciones impulsadas o consentidas por la fiscalía

Pienso sinceramente que el Gobierno hace un uso abusivo de las instituciones estatales y específicamente de la justicia, cercenando los principios de independencia e imparcialidad que deben regir en estos casos. Los jueces y fiscales no son ni pueden ser arietes de una política cuando menos discutible de un Ejecutivo, que huyendo del debate y la negociación parlamentarias, ha gestionado torpemente el desafío soberanista ilegítimo y con apariencia delictiva, de la que deberán responder sus máximos responsables en su momento, pero que, en todo caso, redundará en daño para todos los españoles.

No sé si el Ejecutivo es consciente de que una vez que la justicia comienza a rodar, no puede pararse. El arrepentimiento posterior no la frena. Ni la política, ni el debate. Y si nuestros ministros y nuestro presidente son conscientes de ello, habrá que pensar en que quizás este despliegue de acciones es la cortina de humo que oculta algo que alguien desea que no se vea. Hablo de la corrupción sobre la que apenas leo noticias últimamente aunque me consta que en sede judicial se continúa trabajando con afán. Quizás por esa razón no se negocia, quizás por eso nos llevan inevitablemente a la batalla.

La fiscalía es pues para el Gobierno un arma cargada de futuro. Pero al fiscal general habría que preguntarle como Cristo preguntó a Pedro, en la película del mismo título ¿Quo vadis Maza? ¿A qué peligroso territorio conducen estas actuaciones?

Cuenta la tradición que cuando Pedro, avergonzado porque Cristo le recordó que de nuevo iba a ser abandonado, decidió regresar a Roma, se portó con valentía y sobrellevó la crucifixión dignamente con el consuelo del buen trabajo realizado. Yo diría que el fiscal Maza está recorriendo el camino equivocado. Roma está sin duda en la otra dirección, sería preciso tal vez que diera la vuelta. Aunque a lo mejor teme que le crucifiquen.

Publicado en ElPaís.com

Urgente: deber de memoria

Cuando enfrentamos situaciones especialmente complejas que requieren aplicar el buen sentido cuya ausencia condujo en buena medida a ellas; cuando debemos, sin renunciar a lo que es justo y debido, aplazar acciones que pueden aumentar todavía la emoción en detrimento de la razón; cuando nos damos cuenta de que, por desmemoriados, hemos aceptado una y otra vez lo inaceptable y es preciso ahora corregir serena y firmemente las tendencias presentes; cuando, por haber cometido delito de silencio, somos conscientes de que nada es inexorable si se tiene el coraje de corregir a tiempo… puede ayudar leer este poema que escribí en Madrid, el 23 de abril de 1999:
“Deber de memoria
de quienes dieron su vida
por la paz
que hoy disfruto.
De quienes fueron
amordazados
de la voz que
ahora elevo.
De quienes estuvieron
en prisión
y torturados
por la libertad
que hoy vivo
y me da vida…”
Deber de memoria para saber lo que aconteció y para saber, en este instante, actuar con determinación antes de que sea demasiado tarde.

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