El conflicto de Eulen y la Marca España

Cuando en julio comenzó la huelga de los trabajadores de Eulen en el Aeropuerto del Prat, recordé cómo se fue fraguando la semiprivatización de Aena. Y mucho antes, cómo se empezaron a privatizar los servicios de seguridad en nuestro país, no solo en los aeropuertos.

Siempre me manifesté en contra de estas privatizaciones. Primero porque creo que el transporte es un sector estratégico en cualquier país y debe garantizarse un servicio de carácter universal. Segundo, porque sólo una autoridad pública, en relación con la actividad de los servicios de seguridad, tiene capacidad para invadir nuestra intimidad en el registro de nuestros equipajes y de nuestro cuerpo.

El discurso favorito de los grandes partidos que durante años han llevado a cabo estas privatizaciones era que se trataba de “externalizar” servicios de carácter auxiliar que no afectaban al servicio público. Por tanto, que tales externalizaciones no hacían peligrar ni el servicio ni los derechos de los ciudadanos.

Por eso, viendo cómo se desarrollaba el conflicto laboral del Prat tuve el convencimiento de que se comenzaba a construir un relato alejado de la realidad y de la legalidad de nuestro país: Las imágenes de las colas en los controles de seguridad del aeropuerto y las manifestaciones que comenzaron oportunamente a realizar los responsables políticos haciendo ver que tal circunstancia era un problema enorme para el país empezaban a anticipar el futuro del conflicto en la opinión pública. Y de la solución del mismo, finalmente política que no laboral.

Algunos pensaron en trazar la misma senda que hace unos años se siguió con los controladores aéreos y se pusieron a ello. Pero en este caso no era de recibo esgrimir el discurso de los trabajadores privilegiados, con salarios altos y condiciones laborables envidiables. Este es un caso de trabajadores precarizados, que perciben un salario medio de 900 euros, con turnos endiablados y cuyo pecado ha sido reivindicar ni más ni menos que una subida de sueldo anual de 350 euros. Son trabajadores que representan como pocos la consecuencia de las privatizaciones de los servicios públicos: el marco de contratación del Estado en el que el precio del contrato es el elemento prioritario de adjudicación para obtener no sabemos si un ahorro de dinero público o unos abultados beneficios industriales para los adjudicatarios.

Y claro, frente a esta realidad laboral precarizada e indecente se contraponían los enormes problemas que ocasionaba esta huelga a los viajeros en plena campaña estival, que tenían que soportar colas de varias horas y, en el peor de los casos, perdían sus vuelos.

No dudo de la incomodidad generada y del perjuicio que las huelgas y los conflictos conllevan para los ciudadanos, pero tampoco dudo respecto a lo que representan la huelga y otros mecanismos de presión de los trabajadores frente a la empresa para intentar conseguir derechos o mejorar sus condiciones laborales. Es en este debate en el que a mi juicio comienza la manipulación de un conflicto que ha permitido, con unanimidad de las administraciones implicadas, que se tomen decisiones de legalidad discutible y que vienen a limitar de facto el derecho de huelga.

Las huelgas frente a la empresa carecen de sentido si no se hacen en momentos en los que la decisión de no trabajar provoque daño. Son un mecanismo de presión para mejorar la correlación de fuerzas en el marco de la negociación. Parece razonable que se convoquen en los momentos de mayor actividad empresarial. En el caso que nos ocupa, cuando la afluencia de viajeros es la propia de la estación estival, muy alta. Sería tan absurdo plantear una huelga en temporada baja turística como hacerlo en el sector industrial cuando no hay pedidos pendientes, o cuando hay exceso de producción… Cuando estos días he oído comentarios reprochando a los trabajadores que hubieran planteado la huelga en estos momentos, he tenido la sensación de que no se sabe (o no se quiere entender) para qué es una huelga, huelga con la que por cierto los trabajadores ven reducidos considerablemente sus ya bajos ingresos.

Por otro lado, carece de sentido el planteamiento que se ha hecho en este conflicto de que, frente a un derecho constitucional como el de la huelga, se estaba vulnerando el derecho a la libre circulación de las personas, y que tal colisión de derechos obligaba a intervenir a las administraciones públicas. Tal colisión no ha existido porque las incomodidades derivadas de las largas colas en los controles de seguridad o la pérdida de un avión no suponen en ningún momento la vulneración del derecho a la libre circulación de personas. Si esto fuese así, ¿qué ocurre cuando las compañías dejan al pasaje en tierra por avería o porque no disponen de suficientes plazas para cubrir los billetes vendidos? ¿Estarían vulnerando un derecho fundamental, impidiendo la libre circulación de personas? Cuando así sucede, no pocas veces, jamás he oído a ministro alguno alegar tal vulneración y sí remitir a las correspondientes indemnizaciones que deberían percibir los viajeros.

Es evidente que el objetivo ha sido construir un relato que diese cobertura a las decisiones que anticipadamente ya se habían tomado. Han seguido una hoja de ruta perfectamente trazada. Porque, a todo esto, ¿dónde está la empresa EULEN? La que es objeto de la medida de presión, la que paga a los trabajadores, la que ha sido adjudicataria del servicio de seguridad, la que ha ofertado un precio que se supone cubriría el servicio.

Precisamente, lo sorprendente de este conflicto es que la empresa ha estado desaparecida mientras la administración se ha erigido en su defensora. Solamente ha tenido que alegar que no podía acceder a las demandas de los trabajadores porque el contrato no lo cubría. Y así, desaparecer y dejar la solución en manos de las instituciones locales, autonómicas y estatales.

Sorprende la opacidad respecto al contrato suscrito con Aena por Eulen , la cuantía, los servicios ofertados, los costes laborales estimados, los realmente ejecutados, el beneficio industrial previsto, los costes de gestión del contrato, etc. Sería bueno conocer todo ello así como sería bueno conocer si Aena ha hecho un seguimiento estricto del cumplimiento de contrato, de las plantillas, de la cobertura de bajas, de los turnos, del personal asignado… Sería bueno conocerlo porque Aena todavía es una empresa con mayoría de capital público y debe rendir cuentas de su gestión.

Dar por bueno sin discusión ni contraste que el contrato suscrito con Eulen no permite asumir la subida salarial de los trabajadores es tanto como decir que la empresa no puede reducir su beneficio industrial o su coste de gestión y que la única solución para garantizar la subida salarial es la variación del contrato. No creo que se haya dado la información transparente de ese contrato, ni de su nivel de cumplimiento, ni que se haya exigido a la empresa un papel proactivo en el conflicto.

La otra barbaridad del conflicto consiste en mandar a la Guardia Civil a vigilar a los trabajadores que tenían que cubrir los servicios mínimos, que por cierto eran de un 90%. No puede admitirse ese papel de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, no está entre sus funciones controlar el cumplimiento de los servicios mínimos en las huelgas. Esa labor compete a las empresas. En todo caso, la Guardia Civil debería realizar la labor contraria a la luz de nuestro ordenamiento jurídico, la de garantizar el libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos, como es el derecho de huelga. Utilizar a la Guardia Civil para estos fines es, a mi juicio, ilegal y obsceno, y muy preocupante desde el punto de vista democrático la escasa discusión de esta decisión.

Por si estos elementos no fuesen suficientemente escandalosos, el Consejo de Ministros se reúne en pleno agosto, con carácter de urgencia, y decide imponer un laudo arbitral por considerar que la huelga estaba afectando “gravemente” (entre otras cosas a un servicio de carácter esencial) ni más ni menos que a la “Marca España”. Adoptar en un conflicto de estas características, en el inicio de una huelga de carácter indefinido y con unos servicios decretados del 90% un laudo arbitral, que está previsto legalmente para casos extraordinarios y como una medida excepcional, es algo realmente desproporcionado y carente de fundamento jurídico.

Escuchar las declaraciones del ministro de Fomento produce bochorno. Rizan el rizo al considerar que el control de seguridad de un aeropuerto es un servicio esencial para el Estado los mismos que defendieron su privatización no hace tantos años alegando que era un servicio de carácter auxiliar no esencial. Como tal argumento no se sostendría, menos aún con los servicios mínimos decretados del 90%, añaden que el conflicto afecta negativamente a la Marca España. Escucharlo produce sonrojo porque un conflicto laboral protagonizado por trabajadores que cobran 900 euros, que hacen una huelga y que reivindican mejoras salariales, no puede perjudicar a la Marca España.

Lo que afecta negativamente a la Marca España es ver los efectos de las privatizaciones en este país, la precarización laboral que se ha instalado amparándose en una crisis interminable. Afecta negativamente a la Marca España tener un gobierno sustentado por un partido que está permanentemente en los tribunales, entre otras cosas acusado del cobro de las comisiones por la adjudicación de obras y servicios públicos en los que luego se producen conflictos que ellos mismos acuden servilmente  a solventar.

Desgraciadamente, y si los Tribunales no lo remedian, este conflicto dejará tras de sí un nuevo antecedente que viene a limitar el derecho de huelga y a criminalizar la legitima reivindicación de derechos por parte de los trabajadores.

Estaría bien que más pronto que tarde se conozcan los detalles del conflicto, los contratos suscritos, las empresas afectadas y que se pidan las explicaciones necesarias y se adopten las decisiones parlamentarias oportunas, no solo para que alguien dimita, sino para que al menos se sepa cómo se ha privatizado, cómo se licitan los concursos y cuáles son sus consecuencias para los trabajadores y para los servicios. Porque  todavía se pueden y se debe intentar cambiar las cosas.

Publicado en Publico.es

Montserrat Muñoz de Diego
Portavoz de Izquierda Abierta y promotora de Actúa

Actúa solicita a los poderes públicos la elaboración de un informe exhaustivo sobre los atentados del 17-A

Una vez pasado lo más duro del duelo por la tragedia acaecida en Barcelona y Cambrils, Actúa considera que es el momento de iniciar por parte de los poderes públicos un análisis exhaustivo de lo ocurrido y de las posibles medidas de mejora que podrían tomarse en materia de seguridad. Todo ello, evitando volver a caer en las acusaciones mutuas, en la ausencia de empatía y colaboración, dinámica que no es resolutiva, avergüenza a la ciudadanía y además es una falta de respeto hacia las víctimas del terrorismo, sus familias y allegados.

Actúa entiende y solicita a todas las partes implicadas en la seguridad, investigación y prevención del terrorismo la máxima colaboración con la Justicia en el proceso abierto por los atentados perpetrados el pasado 17 de agosto.

Desde la plataforma consideramos que es preciso, para empezar, la elaboración de un informe compartido de las administraciones concernidas: en particular de la Generalitat de Catalunya, de los ayuntamientos de Barcelona, Cambrils, Alcanar, Ripoll, del propio Ministerio del interior y del CNI. Dicho informe debería remitirse, respetando los plazos judiciales y el secreto de las investigaciones, a las respectivas Comisiones de los Parlamentos y consistorios citados.

Para Actúa, los resultados de este informe serían fundamentales para que las respectivas Comisiones de investigación establezcan las comparecencias técnicas y de responsables políticos. Dichas comisiones habrán de extraer las lecciones aprendidas, qué márgenes y medidas de mejora son posibles, así como un calendario de puesta en marcha de las mismas.

La unidad contra el terrorismo no puede ser meramente proclamada y formalmente publicitada o escenificada, sino puesta en marcha de forma real y constatable. Para ello, se precisa fraguar una verdadera unidad de acción política y una colaboración absoluta con la Justicia, dejando al margen las descalificaciones o acusaciones mutuas que, cuando afectan al funcionamiento de las instituciones, tiene consecuencias nocivas para la seguridad de todos y todas.

Solo desde el encuentro, información compartida y trabajo en común se podrá transcender desde la irreparable tragedia sufrida hacia una posibilidad de protección real y una mejor armonía social. Para ello, se precisa profundizar en el conocimiento de los hechos y sus causas, procediendo desde una perspectiva mas amplia que la estrictamente judicial para, de esta forma, definir una dinámica que propicie la creación o actualización de los mecanismos necesarios para garantizar una seguridad integral de la ciudadanía, en un marco de  respeto de la libertades y demás conquistas democráticas.

Así mismo, Actúa considera que una política de Estado responsable para combatir eficazmente el terrorismo yihadista necesita del fortalecimiento real de cooperación nacional e internacional en plano de igualdad y sin reserva de espacios de información y/o de inteligencia entre los diferentes organismos e instituciones competentes en este campo; precisa de las herramientas políticas y jurídicas necesarias para profundizar en el conocimiento y sanción de quienes, directa o indirectamente, favorezcan la amenaza, protejan sus actividades o faciliten su expansión, su  financiación, el suministro de armas o el diseño de estructuras que faciliten la impunidad de sus acciones.

 

 

Puedes conocer más sobre Actúa y firmar aquí su manifiesto.

 

Actúa nace en abril. Es una plataforma, un lugar de encuentro, diálogo, reflexión e intervención política.

Lleva algunos meses más fraguándose. Se presenta en Madrid, aparece en los medios, se conceden entrevistas, se presenta también en Valladolid… y llega el verano. Y Actúa, que sigue su trabajo tranquilo, pero sin pausa, salta a la palestra de nuevo en agosto porque aparece la marca en el registro de partidos del Ministerio de Interior. Las explicaciones se han dado, su registro es preventivo e instrumental. Pero las opiniones se multiplican, para todos los gustos. Algunas, sin gusto alguno, llenas de insidia, insulto y acusaciones injustas cargadas de intencionalidad.

Parece que hemos perdido la capacidad de la escucha activa, más allá de las palabras y de la pasión que desprendan. Cosa de los tiempos que vivimos, debe ser. Por eso la gente buena e inteligente hemos de recuperar ese ejercicio de inocencia. Y como así somos en Izquierda Abierta (IzAb), donde nuestro portavoz ha sido diana de los peores ataques, así lo haremos.

Vamos a pensar que en la dirección federal de Izquierda Unida no se nos odia, que solo reaccionan con pasión ante lo que consideran el comportamiento erróneo de un compañero que antes que ellos también fue dirección. Vamos a pensar que lo que les preocupa es creer que nuestra acción divide la izquierda y los insultos y menosprecios no lo son tanto hacia nuestra capacidad de medir y nuestra honradez, como una reacción propia del miedo.

Nosotros no ignoramos ni despreciamos los riesgos. Los enfrentamos. Somos gente que solo pretende luchar y no ser la salvadora de nadie. Por eso creemos importante explicar cuál es nuestro objetivo, el objetivo de Actúa, la plataforma en la que participa Izquierda Abierta, y que estos días ha quedado difuminado entre juicios sumarísimos de honestidad y lealtad especialmente dirigidos a nuestro portavoz, Gaspar Llamazares.

Claro que en IzAb también existen dudas, de unos más que de otros. Tenemos compañeros que piensan con vértigo en la cantidad de partidos de izquierdas registrados en el Ministerio del Interior, que se corresponden casi con el número de militantes de izquierdas, y que tienen muchos recelos. Otros, sin embargo, convencidísimos de que la variedad refleja la pluralidad que es imprescindible en la izquierda. Sabemos de mucha gente que ha decidido que es mejor quedarse en casa y dejar que lo que hay en la izquierda haga lo que pueda. Y otra gente que ha apostado por seguir en la pelea de reivindicar lo común y la justicia para todos.

División o suma son opiniones diferentes, lícitas ambas, ante la incertidumbre de eventos futuribles. ¿Qué hará el electorado de izquierdas? ¿Se mantendrá constante y se dividirá ante un aumento de partidos concurrentes o se ampliará multiplicando la representación de la izquierda ante el electorado? Nosotros trabajamos en Actúa para tender puentes, para hallar mínimos comunes que nos permitan avanzar. Eso nos ha llevado, desde que en abril se presentase a los medios, a ir hablando con unas y otros. Un trabajo que ya hacíamos y mantenemos desde la propia IzAb. El registro de la marca se ha cruzado en el mes estival más perezoso y la reunión con Pedro Sánchez –también hábilmente utilizada como arma arrojadiza– no tuvo más chicha que la de un café entre exdiputados que se tienen aprecio. Café que, por cierto, se produjo antes de la inscripción de Actúa, sin la información ni las cámaras que tanto preocupan a algunos.

¿Por qué estamos en Actúa? Para llegar a otra gente, la cansada, la hastiada y desesperanzada, la que lee y escucha desde el respeto (también en agosto) porque está a punto de descolgarse y no quiere. Entrar una vez más en peleas internas no les va a animar.

Estimado coordinador general de IU, sabemos que te preocupa la unión de la izquierda. También nos preocupa a nosotros. Pero esto no tiene que ver con lealtad a Izquierda Unida. Va de gente cansada y hastiada. Gente que entró en política y se retiró asustada. Gente que llevaba mucho tiempo y se marchó o la hicieron marchar cansada de inquinas, ausencia de fraternidad y de que en la izquierda el concurso de egos no tuviera solución y siempre se primase frente al concurso de propuestas de mínimos comunes. No es deslealtad, es honestidad la razón de ser de IzAb y es honestidad lo que nos ha llevado a participar en Actúa: un espacio de ideas, de gentes y organizaciones que, como nosotros, hace tiempo que trabajan con análisis parecidos de la situación. Y será cuando estemos todos los que debemos estar, que decidamos si es pertinente y útil usar la marca del partido o es mejor dejarla encerrada en el armario de agosto del que salió.

Las acusaciones de deshonestidad que hemos escuchado estos días esconden la clara intencionalidad de señalar al enemigo con la marca de Caín. Sólo hacía falta añadir el estigma de la traición con el enemigo socialista en base a la noticia intrascendente de un café informal. Así, aunque la inscripción de Actúa, además de proteger la marca, debería haber sido saludada por la izquierda como la incorporación de nuevos activos a la política. Por el contrario, se ha obtenido desconfianza y rechazo. Lo malo es que el juicio de intenciones y el estigma pretendidos se basan en datos falsos. Eso sí, convenientemente manipulados para dar la apariencia de veracidad.

La honestidad, según remite el diccionario de la lengua, está vinculada a las buenas costumbres y los principios morales.

El núcleo de las acusaciones lanzadas contra nuestro portavoz radica en un juicio de intenciones según el cual las diferencias y críticas que explícitamente ha realizado al proceso de confluencia con Podemos serían simplemente la antesala de su supuestamente proyectado abandono de IU. Juicio de intenciones que resulta muy conveniente para obviar el hecho de que en el camino de esa confluencia se haya diluido toda una cultura política y abandonado a una parte importante de sus activos y votantes de una izquierda coherente, de pacto y de gobierno: la de Izquierda Unida.

Lo que sí es cierto es que la parte de la militancia de IzAb que también lo es de IU no sabe nada sobre la superación-anulación de la IU de Garzón por otro sujeto político con Podemos. Y mucho menos si competirá electoralmente en las próximas elecciones autonómicas, municipales y europeas. Pero es mejor desviar la atención con especulaciones sobre otros. En la mejor tradición puritana se pretende aplicar a los demás un nivel de honradez, coherencia y compromiso con el proyecto que la dirección no se aplica a sí misma. Aquí es necesario diferenciar la lealtad con un sistema de ideas y una práctica política del seguidismo de una dirección concreta, sobre todo si su línea política se da de bruces con la táctica y estrategia tradicional de IU, al punto de negar su papel en el pacto por la libertad, la transición política y durante buena parte de la democracia. Una política para ser la izquierda de la izquierda de Podemos, que además es un imposible.

Se nos acusa también a IzAb y en especial a nuestro portavoz de ir a nuestra bola en los medios de comunicación. Toda una muestra de exclusivismo e intolerancia con la pluralidad interna. No basta con reducir la presencia institucional de los diferentes a la mínima expresión, sino que hay que acallar su voz, como hemos visto recientemente en el caso de Podemos e Íñigo Errejón.

Vamos a pensar que reacciones como las sufridas en agosto (y que no son de ahora, que la ofensiva viene de atrás), maleducadas, malintencionadas, apoyadas reiteradamente en el insulto y la falsedad, son fruto de una forma de oír sin escuchar, o de escuchar desde la pasividad de aquel que no quiere mover un ápice su posición. No parece la mejor forma de sumar compañeros de viaje. El enriquecimiento de la izquierda va más allá del mantra de la unidad, cuando resulta que no es tal si cada vez une a menos, o solo a los que son como uno mismo. A los colegas. La colaboración, el diálogo, los acuerdos mínimos, la negociación, la lucha y la generosidad son mucho más importantes. Así lo entendemos desde Izquierda Abierta y desde esa cultura participamos en Actúa, donde nos encontramos con otros a los que en muchos casos no nos parecemos demasiado, pero que comparten con nosotros algunos objetivos e inquietudes.

No podemos suspender la política.

Ha pasado algo más de una semana. Independientemente de las gestiones realizadas desde las administraciones, por las fuerzas de seguridad y desde la propia política, el drama sigue y seguirá instalado en las víctimas, sus familias y allegados, no lo olvidemos.

Se han repetido otra vez las llamadas retóricas a la unidad y ya desde antes de su confirmación hubo una utilización partidista y sectaria del atentado terrorista, exigiendo la condena preventiva por nuestra parte, la de los flojos buenistas, cuando no directamente cómplices. Otra vez la búsqueda del enemigo interno en quienes profesan otra religión u otro color de piel. Las equivocadas, según algunos.
Otra vez el reparto de responsabilidades por supuesta falta de prevención, aún antes de la investigación y aunque la competencia en la materia sea compartida y las decisiones de un marcado carácter técnico y profesional.

De nuevo el debate sobre el derecho a la información y la preservación de la imagen de las víctimas. Otra vez la degradación de la imagen de la política y el elogio de la ciudadanía y de los servicios públicos, como si no formasen parte de la misma comunidad y no tuviesen iguales virtudes y defectos.

Es cierto que hay quienes no se han cortado en introducir de rondón en la coyuntura de ‘el procés’ la información sobre el atentado, aunque hay que reconocer que han sido minoritarios…

Otra vez, en definitiva, la unidad entendida como sumisión a un discurso político único en materia antiterrorista, de seguridad interior y de política exterior. En definitiva, de modelo de sociedad.

Sin embargo, claro que se puede y se debe estar unidos con las víctimas y contra el terrorismo yihadista que ha sembrado de dolor y muerte Barcelona. Se puede y se deben apoyar las medidas preventivas, de inteligencia y seguridad propia e internacional para reducir el riesgo, sin manipular el miedo ni comprometer una seguridad absoluta: porque lo absoluto no es posible. Se puede y se debe evitar la espiral del odio y la islamofobia frente a quienes aprovechan el atentado para lanzar más agravios y agitar el caldo de cultivo del malestar.

Pero lo que no se puede ni debe es suspender la política. No se puede eludir el debate y las propuestas sobre como contrarrestar el fascismo yihadista, la banalización de la violencia o el nihilismo entre algunos de ‘nuestros’ jóvenes. No podemos renunciar a la memoria de tanta guerra y desestabilización de estados y pueblos como el de Iraq. No podemos renunciar a cambiar de raíz nuestra política exterior y de exportación de armas favorable a países como Arabia Saudí o Qatar, principales focos de la internacional del odio. Tampoco podemos renunciar a una política de paz en los actuales focos de guerra y de conflicto como Siria o Palestina. Unidad, que no uniformidad.

No olvidemos que los dos pactos antiterroristas, más allá de la condena y de la solidaridad con las víctimas, incluyen (el primero) la confrontación política de constitucionalistas frente a nacionalistas vascos y toda la panoplia penal del PP (el yihadista), incluida la eufemísticamente denominada prisión permanente revisable. Es decir, la entrada por la puerta de atrás de la Constitución de la cadena perpetua. No se trata pues de pactos antiterroristas, son pactos políticos en los que uno puede o no estar de acuerdo.

No podemos renunciar a una política propia de integración y convivencia en los barrios frente al dejar hacer, a la exclusión y la segregación. Tampoco a analizar el atentado en frío y establecer las lecciones aprendidas y las mejoras necesarias en inteligencia, prevención, coordinación internacional y seguridad policial. Hemos de analizar cómo afrontamos ideologías totalitarias como el fascismo yihadista, el nihilismo o la banalización de la violencia entre nuestros distintos grupos de jóvenes, y no solo entre los excluidos.

Ni es una guerra, ni estamos ante un intento de acabar con nuestra democracia o modo de vida. De hecho, el 80% de los atentados son fuera de Europa y la mayoría de las víctimas, musulmanes.

Publicado en ElDiario.es

Atreverse a saber, saber atreverse

Primero, enterarse muy bien de qué se trata. Transformar la noticia en información y la información en conocimiento. No sólo de los espacios que iluminan los focos de los medios de comunicación, con frecuencia tan sesgados, sino del conjunto de la cuestión.
“Ver los invisibles”, decía Bernard Lawn, para poder hacer los imposibles”… porque, una vez se sabe, es imprescindible -y ahora, además, apremiante cuando se trata de procesos potencialmente irreversibles- actuar.
Es tiempo de acción. Disponemos de muchos diagnósticos pero los tratamientos a tiempo son escasos.
Atreverse a saber…. y saber atreverse. Porque el riesgo sin conocimiento es peligroso pero el conocimiento sin riesgo es inútil.
Son muchos los imposibles hoy que debemos convertir en posibles mañana.
Saber… y actuar.

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