¿Por qué el Brexit ha beneficiado a Corbyn?

Jeremy Corbyn no ganó las elecciones del 8 de junio, Theresa May le aventajó en 47 escaños. Pero el líder laborista tampoco las perdió, porque ganó 31 diputados respecto a las elecciones de 2015, mientras que May perdió 12, junto con la mayoría absoluta.

Como me ocurriera el año pasado con el referéndum sobre el Brexit, estas elecciones también han coincidido con una estancia mía en las Islas Británicas y he podido comprobar de primera mano, la euforia de los progresistas británicos tras el resultado electoral, sobre todo porque están convencidos de que la estrecha victoria conservadora obligará a May a abandonar la estrategia de negociar un Brexit duro.

El apoyo que el partido laborista ha recibido de los jóvenes, que fueron los que más claramente se opusieron al Brexit, y la promesa laborista de alejarse de un Brexit duro son las razones que mis colegas universitarios esgrimen para explicar los resultados del laborismo. A lo que es posible añadir el propio carisma de Corbyn y la coherencia que ha demostrado , tanto a lo largo de su carrera política como durante la campaña, con los principios de la socialdemocracia, algo que no hicieron los líderes laboristas de la tercera vía como Tony Blair o Gordon Brown.

Si esos análisis son correctos, Corbyn se habría beneficiado del rechazo de parte de la población al Brexit o, cuanto menos, a la línea dura del mismo. Lo paradójico de ese argumento, tras haber leído completo el programa del partido laborista, es que Corbyn no dijo no al Brexit, ni propuso convocar un nuevo referéndum. Tampoco en Escocia. Sólo propuso una versión más blanda del Brexit, respetando los derechos adquiridos de los tres millones de ciudadanos de la UE que viven en el Reino Unido y reclamando lo mismo para el millón doscientos mil británicos que viven en países de la Unión.

El Brexit del programa laborista implicaría seguir manteniendo relaciones comerciales con su principal socio, la UE, pero mirando sobre todo por el “crecimiento, el trabajo y la prosperidad” del Reino Unido. Y ello incluiría la continuidad del programa Erasmus, la participación de fondos de investigación como los del programa europeo Horizon 2020 o la cooperación en seguridad y defensa.

Pero el Brexit del programa laborista también supondría acabar con la libre circulación de personas. El epígrafe del programa reservado a inmigración se sitúa dentro del capítulo dedicado al Brexit, donde se propone textualmente crear “un nuevo sistema que esté basado en nuestras necesidades económicas”.

En la propuesta laborista, el gobierno, junto con las empresas y los sindicatos, debería establecer cuáles son las necesidades o carencias del mercado de trabajo británico. Esas carencias, según el capítulo dedicado a educación, deberían de poder ser cubiertas en el medio plazo con la mejora del sistema educativo, pero en el corto plazo podrían serlo mediante la importación de trabajadores a la carta.

De hecho, en el capítulo reservado a sanidad y a la mejora del sistema nacional de salud (NHS), se alaba explícitamente la labor de los profesionales extranjeros e, incluso, se les promete una subida de sueldo y unas mejores condiciones de trabajo.

También son mencionados en el epígrafe de inmigración, y bienvenidos, los estudiantes internacionales, al reconocer sin rubor que aportan a la economía británica 25 billones de libras. Tal vez promocionar aún más la llegada de estudiantes internacionales fuera una de las estrategias que los laboristas tenían en mente cuando lanzaron una de sus medidas estrella, que sin duda está detrás del incremento en el número de jóvenes que se registraron para votar en las elecciones del pasado jueves. Me refiero a la gratuidad de la enseñanza universitaria. Una medida por otra parte muy justa y acertada, teniendo en cuenta que la deuda media de los estudiantes universitarios al graduarse en Gran Bretaña es de 44.000 libras.

Pero la remontada del laborismo le debe mucho más al Brexit que a esa medida y en una línea muy distinta a la apuntada por mis colegas . La salida de la UE ha permitido a Corbyn y a su Partido Laborista elaborar un programa electoral y, en particular, unas propuestas económicas marcadamente nacionalistas, que el mismo partido no podría haber planteado en caso de que el Reino Unido hubiera elegido seguir perteneciendo a la UE. Mediante esas propuestas, los laboristas británicos han abandonado la ambigüedad de la que adolece gran parte de la socialdemocracia europea acerca de qué modelo económico necesitamos para conseguir una sociedad más justa e igualitaria.

En el programa con el que Corbyn concurrió a las elecciones había medidas contrarias a las leyes de competencia y de liberalización de mercados de la UE, Entre ellas, por ejemplo, encontramos la propuesta de utilizar “todas las herramientas” para apoyar las exportaciones de las empresas británicas -especialmente de las pequeñas y medianas empresas- o la de nacionalizar los sectores estratégicos de la economía británica, incluyendo, claro está, la renacionalización de los ferrocarriles privatizados en 1993.

El programa con el que el Partido Laborista y Corbyn se presentaron a las elecciones del pasado jueves representaba una auténtica apuesta socialdemócrata y sonaba mucho a viejo laborismo, hasta en la ausencia de la transversalidad de género en el mismo, teniendo en cuenta que incluye un pequeño epígrafe sobre mujeres justo antes de uno sobre el colectivo LGTB, que precede a otro sobre diversidad y un cuarto sobre discapacidad. Todos los “colectivos” puestos en fila.

El programa de Corbyn abogaba por una redistribución de la riqueza a través de una fiscalidad progresiva y un amplio programa de gasto y servicios públicos, desde vivienda hasta el servicio postal, que haría también las veces de sucursal bancaria garantizando a todos los municipios el acceso a los servicios financieros. También retomaba el protagonismo de lo público, no sólo a través de las nacionalizaciones, sino creando sistemas nacionales de educación o dependencia al estilo del sistema nacional de salud. Y reforzaba el papel de los sindicatos.

En definitiva, un programa que, como apuntaba su propio título, buscaba alcanzar un bienestar que fuera “For the many, not for the few”, es decir, que los réditos del crecimiento económico se distribuyeran de manera más justa en la sociedad británica, a través de una continua rendición de cuentas en un parlamento que debería tener más poder que el que actualmente tiene, independientemente del cedido a Bruselas.

Tal vez la propuesta del actual laborismo británico de apostar por las fronteras del estado nación para garantizar un auténtico control democrático de la política, especialmente de la política económica, sea la solución por la que debe decantarse la socialdemocracia para no volver a caer en las ambigüedades en las que ha estado incurriendo en estos últimos años y así diferenciarse claramente de los planteamientos económicos neoliberales.

Personalmente, no sé si esa es la solución o si, por el contrario, es posible encontrar una manera de construir instituciones que garanticen una democracia global y bienestar para todas las personas y no sólo para los ciudadanos y ciudadanas de los países ricos que puedan permitirse una política nacionalista y una apertura de fronteras a la carta.

Desgraciadamente, no sabremos si la apuesta del Partido Laborista británico para las elecciones del 8 de junio era la correcta, porque el programa de Corbyn no ha resultado lo suficientemente atractivo o creíble para los británicos, que han decidido seguir siendo gobernados por el partido conservador y Theresa May.

Publicado en Eldiario.es

Actúa se presenta en Madrid con una #PropuestaDeMínimos para un gobierno sin el Partido Popular

Madrid. 10 de junio de 2017.

Actúa ha hecho hoy su primera aparición pública tras su presentación mediática para exponer en Madrid una Propuesta de Mínimos (documento adjunto) elaborada por un equipo integrado en la plataforma y que cuenta con el visto bueno de la misma. Una Propuesta, vertebrada en 10 bloques temáticos, que pone a disposición de las fuerzas políticas que entiende que están llamadas a encontrarse sí o sí en el acuerdo por el objetivo común y urgente de echar al Partido Popular del poder.

Sabedores de que la inminente moción de censura que se debatirá el próximo día 13 no prosperará, desde Actúa se ha apelado a la construcción dialogada de otra que se fundamente en la priorización del objetivo regenerador y el acuerdo previo, que consensue un candidato o candidata para poner en marcha ese programa de mínimos con un gobierno alternativo al de Mariano Rajoy y al del PP durante un máximo de 2 años.

Actúa nació como plataforma el pasado 19 de abril para lograr que la oposición, tras fracasar en las dos convocatorias electorales, consiga romper de una vez el ciclo de frustración en el que han sumido a millones de votantes que pidieron cambio, que no un cambio revolucionario de izquierdas, pero sí un cambio regenerador de la propia política y la democracia, ambas devaluadas hasta niveles ínfimos por el Partido Popular, sus prácticas corruptas, su intromisión y manejo de la Justicia y sus políticas antisociales devastadoras para las clases trabajadoras.

Inspirados en el ejemplo del país vecino, Actúa ha celebrado hoy un acto ‘a la portuguesa’ para demostrar que el acuerdo es posible si la voluntad y la responsabilidad de las partes progresistas y de izquierdas son firmes y se anteponen a los vetos mutuos y estrategias competitivas que la urgencia del momento les habría de hacer aparcar. Con un cartel de intervenciones de altura intelectual y política como las de Federico Mayor Zaragoza, ex director de la Unesco: José Antonio Martín Pallín, magistrado emérito del Supremo; la abogada Cristina Almeida; el jurista Baltasar Garzón, el médico y político Gaspar Llamazares; el economista y ex rector de la UCM Carlos Berzosa; la escritora y periodista Teresa Aranguren o la ex diputada Montserrat Muñoz, entre otras, el auditorio del Centro Cultural Puerta de Toledo ha acogido la Propuesta de Mínimos de la plataforma Actúa.

El llamamiento que a finales de abril se lanzó a través de la web actua.digital ya cuenta con más de mil firmas. La esencia y razón de ser de Actúa sigue siendo la misma: frenar el continuo retroceso democrático, de derechos y libertades, el empobrecimiento generalizado, la impunidad ante la corrupción, la insensibilidad y el desinterés por lo social, los recortes aún en época de teórico crecimiento económico, etc. El neoliberalismo del PP nos aboca al fracaso y nos roba el futuro. Cuanto más les dejemos hacer, más complicado será desmontar las estructuras que han ido construyendo para afianzar un sistema que deja atrás a mucha gente, un sistema insolidario que premia a quienes más tienen y se ceba con las clases más desfavorecidas.

Actúa pide una vez más a todos los grupos políticos del Congreso de los Diputados que asuman la gravedad política del momento y logren ponerse de acuerdo para promover un cambio de gobierno que restaure los principios democráticos, dignifique la propia política y haga que millones de personas vuelvan a sentir esperanza en el futuro.

Propuesta de mínimos en pdf

 

 

 

 

Puedes conocer más sobre Actúa y firmar aquí su manifiesto.

¿Son populistas o comunistas?

Los dirigentes del PP vuelven a la estrategia del “y tú más”. Con poco tiempo de vida, piensa la derecha que algunos miembros notables de Podemos pueden servir de excusa para debilitar las críticas del nuevo partido contra la corrupción. La lógica del “todos somos iguales” resulta siempre útil al pensamiento reaccionario. Desprestigiar la política va en favor de los que quieren tener las manos libres y hacer negocios sin regulación alguna del Estado. Ahora, además, sirve para arrebatarle a Podemos su aire de nueva y limpia política, algo que en una situación de corrupciones generalizadas atrajo el voto de sectores muy diversos.
Estos ataques, claro está, forman parte de un ruido superficial. Podemos ha metido la pata más que la mano a la hora de explicar y resolver algunos casos; pero nadie puede equiparar con honestidad asuntos menores como la beca de Errejón o las operaciones del padre de Espinar en nombre de su hijo con las tramas de corrupción organizada por el PP para enriquecerse con el dinero público.

Este tipo de críticas no merecen consideración alguna. Mayor interés me despiertan las descalificaciones contra Podemos por sus orígenes comunistas o populistas. ¿En qué quedamos? Las críticas de comunismo quieren contagiar la idea de que se trata de un movimiento fracasado, viejo, perteneciente a otra época. Las críticas al populismo aluden al nuevo fantasma que sufren las élites económicas en los inicios del siglo XXI. Los ataques no casan bien en el tiempo, pero tampoco en el espacio ideológico, porque el comunismo buscó organizaciones muy jerarquizadas, de control sólido y programas calculados a largo plazo, y el populismo tiene que ver con masas sin articulación, multitudes manipuladas por el ímpetu de las indignaciones efímeras.

También hay una diferencia en torno al concepto de libertad. Como el comunismo cree en el Estado, la libertad tiene para él una inevitable dimensión social. Se trata de construir un marco de igualdades en el que cada individuo se pueda desarrollar con libertad. Los movimientos populistas proponen en realidad una fe en las patrias y constituyen una acumulación de soledades bajo la luz de un caudillo.El comunismo se condenó al fracaso cuando perdió el respeto por el Estado como espacio de representación popular y convirtió a los revolucionarios en policías en favor de una élite política. Acabó con la conciencia del militante para dar paso a las represiones y a la devoción de los feligreses. La democracia se ha pervertido también por una pérdida de respeto al Estado, convertido en el gran negocio de las élites económicas. El populismo que tanto temen los neoliberales surge en Francia y Estados Unidos después de años en los que mucha gente ha comprobado que el sistema no sirve para solucionar sus problemas. Conservadores y progresistas trabajaban con los matices de sus alternancias en favor de un mismo poder.

Los caudillos procuran hablar directamente con sus devotos sin intermediaciones democráticas. Trump, por ejemplo, intenta saltarse a la torera a los jueces y a los periodistas para componer una realidad alternativa con mensajes de Twitter a sus seguidores. La alternativa a un caudillo no puede ser, desde luego, un político como Mariano Rajoy que manipula a la fiscalía del Estado y a los medios públicos de información (con la ayuda de los grandes medios privados) para legitimar sus abusos de poder y sus mentiras. Ni lo uno, ni lo otro.

¿En qué quedamos? Si me interesan más las acusaciones de populismo y comunismo contra Podemos que los insultos del “y tú más” y del “todos somos iguales”, es porque nos pueden ayudar a comprender un camino útil a la hora de presentar una alternativa útil contra el neoliberalismo.

No me atrevo a decir que una democracia social debería escoger lo mejor del comunismo y del populismo. No están los tiempos para eso, y además sería una mezcla de laboratorio sin meditación verdadera sobre la realidad española. Pero estoy convencido de que se debe reconstruir el valor democrático de un Estado firme como representación popular y consolidar los espacios fundamentales de intermediación. Necesitamos sociedades dueñas de su Estado y una prensa independiente capaz de vigilar las injusticias del poder. Necesitamos también una izquierda organizada capaz de respetar al Estado y de expulsar del poder a los que trabajan para las élites económicas. Representar a la mayoría social, dialogar y decidir es la tarea de esa izquierda.

¿Por dónde empezar? No creo que el debate sea ahora el “y tú más”, ni las purezas, ni el populismo o el comunismo. Empecemos por plantearnos la función de las puertas giratorias, las complicidades de la política con las élites económicas y el papel de IBEX35 en el Estado. Y que cada cual se sitúe.

Publicado en InfoLibre.es

Actuemos porque el asunto es serio

Durante estos días asistimos al debate público sobre las bondades y desaciertos de sendas mociones de censura que la organización Podemos ha planteado en la Asamblea de Madrid y en el Congreso de los Diputados. En esta misma Guía Extemporánea ya comentábamos el pasado mes de abril la necesidad de pasar a la acción para construir el cambio, y lo teorizábamos a través de una moción de censura que pidió Gaspar Llamazares en la rueda de prensa en que se presentó la plataforma Actúa, la misma mañana que detenían a Ignacio González en el marco de la operación Lezo.

No cabe duda que las imperiosas razones que existen para desalojar al Partido Popular de las instituciones están más que justificadas. Son innegables. La regeneración de nuestro sistema, la recuperación de nuestros derechos sociales o la búsqueda de nuevas fórmulas para luchar contra una corrupción que no cesa son causas que justifican, de forma contundente, un cambio de gobierno y de partido ante el actual e insoportable más de lo mismo. Está en juego nada más y nada menos que el crédito de una DEMOCRACIA que urge poner en valor.

Sin embargo, el planteamiento que realiza Podemos, en su aspecto formal, lo hace inoperante para conseguir el objetivo que una mayoría de gente queremos: el cambio votado en las urnas que hoy es más urgente si cabe. Una moción de censura no se presenta. Una moción de censura se construye. Una moción de censura se anuncia para ganarla cuando la tienes previamente cocinada. De nada sirve un golpe mediático cuando lo que nos jugamos es un nuevo efecto devastador de desánimo para quienes creemos que es posible enviar al PP al banquillo de la oposición.

El ejemplo de esta forma de proceder con la moción sin contenido tiene que servir para enmarcar la situación de emergencia que vive nuestro país y debatir sobre el cómo debemos, todos y todas, poner en marcha una forma de actuación plural, pero unitaria, en un contexto donde ninguna fuerza política tiene la hegemonía. El asunto que nos traemos entre manos es algo más serio que anotarse un punto más de postureo frente al resto de la oposición.

Porque la realidad es que las últimas encuestas y sondeos de intención de voto siguen situando al PP como el partido más votado, y a ello contribuye el grado de desconexión entre las fuerzas progresistas y de la izquierda. Es de tal magnitud su confrontación que unas y otras han preferido –digan lo que digan porque a los hechos nos remitimos- que el partido que mayor deterioro social ha causado a este país siga en el poder, con todas sus contrarreformas vigentes y más vivas que nunca.

Con todo un 2016 en funciones y lo que llevamos de 2017 sin alternativa, es fundamental y urgente provocar un marco de entendimiento real, con sensatez, honestidad, realismo y huyendo de todo sectarismo. Es obligatorio un escenario regeneracionista en el que la exclusión sea un concepto vetado en la práctica por la necesidad de unir y confluir con quien entienda que a corto plazo el objetivo es concretar un programa de mínimos para el impulso democrático y la cohesión social.

Un programa de mínimos que ponga en marcha un cambio político. Un programa con un rescate social, contra la pobreza y la desigualdad, recuperando y ampliando derechos y libertades y luchando contra la corrupción. Que tenga presente una memoria colectiva que haga honor a la verdad, justicia y reparación. Que ponga el pacto de Estado contras la violencia machista sobre la mesa de lo urgente. Que vaya cambiando el modelo productivo y la política económica. Que garantice los derechos sociales básicos, promocione la cultura, la paz y a solidaridad. Y con un modelo territorial federal y solidario, apostando por el municipalismo para transformar el entorno inmediato.

Es momento de actuar, de hacerlo conjuntamente con las gentes de la izquierda, con los movimientos sociales y con todas aquellas personas que no se resignan a vivir en este modelo de pobreza social.

Publicado en diario16.com

31 mujeres y cuatro hijos e hijas de estas, asesinadas durante 2017

Las organizaciones feministas exigen un Pacto de Estado contra la violencia de género: ¿dónde tenía que haberse materializado? En los PGE 20017. Y qué ha pasado: otra oportunidad perdida para evitar más asesinatos de mujeres, niñas y niños.

Presupuestos y participación, para que de verdad las violencias machistas sean Cuestión de Estado”, fue el lema de la manifestación feminista convocada el pasado 25 de mayo de 2017 en Madrid y de las acciones en otras ciudades, ante la prevista aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2017 y de la propuesta de la Subcomisión del Congreso de los Diputados de Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

Más de un centenar de organizaciones feministas pidieron la modificación del Proyecto de Presupuestos 2017 presentado (y ya aprobado) por el Gobierno, pues asignaba al Programa 232C Violencia de Género 27.728.180 euros (un 9,9% más que en 2016, pero un 10,8% menos que en 2010) y congela en 19.741.840 euros el Programa 232B Igualdad entre mujeres y hombres, un 41,2% menos que en 2010.

Las políticas contra la discriminación y la violencia suman 47,47 millones de euros, el 0,01 % de los gastos del PGE para 2017 (443.133 millones de euros), porcentaje impropio de lo que desde noviembre de 2016 se viene llamando pomposamente ‘Pacto de Estado contra la Violencia de Género’. Y afirman que no aumentar el presupuesto para 2017 del Programa 232C Violencia de Género significativamente, en al menos 120 millones de euros, sería una ofensa a las víctimas, que no sólo son las asesinadas, sino los 4 millones de mujeres que, según la macroencuesta 2015 del propio Gobierno, sufren violencia de pareja (2,5 millones de mujeres) o sexual fuera de la pareja (1,5 millones).

Se sigue  sin asignar ni un euro a la prevención en los ámbitos educativo, sanitario y de medios de comunicación, por lo que no se puede realizar la prevención y atención a la violencia sexual que exige el Convenio de Estambul vigente desde 2014, no mejora la respuesta judicial y no cubre el coste de los servicios jurídicos, sicológicos y sociales en las Entidades Locales establecidos en el art. 19 de la Ley O 1/2004.

El Presupuesto es la radiografía de cuerpo entero de las políticas públicas, y en materia de discriminación y violencia contra las mujeres el Estado español ha empeorado.

El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de Naciones Unidas en sus Observaciones finales sobre la aplicación en España en el periodo 2008-2014 de la Convención CEDAW recomendaba revertir las medidas de austeridad, la eliminación del Ministerio de Igualdad en 2010 y el debilitamiento del Instituto de la Mujer, que empobrecen y diluyen las políticas de igualdad de género, derivando en una falta de estrategia coherente a nivel estatal, la insuficiente coordinación con las comunidades autónomas, la reducción de las competencias municipales al modificar el artículo 28 de la Ley de Régimen Local por la Ley 27/2013 y la falta de cooperación con las organizaciones de la sociedad civil.

En los cuatro años de gobierno del PP con mayoría absoluta, más el año de gobierno en funciones, el movimiento feminista ha realizado las mayores manifestaciones de su historia en España: contra el recorte del derecho al aborto en 2013-2014, la marcha del 7N 2015 contra las violencias machistas, las manifestaciones del 8 de marzo 2017. El gobierno del PP ha hecho oídos sordos a esas demandas, hasta el punto de ni siquiera renovar ni convocar desde febrero de 2015, aunque legalmente ha de reunirse al menos dos veces al año, el Consejo de Participación de la Mujer, pese a ser un órgano debilitado por el dominio gubernamental.

Pero ahora el gobierno del PP ya no tiene mayoría absoluta en el Congreso de Diputados, y los otros seis grupos parlamentarios también se han retratado, primero en los Presupuestos del Estado y después en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. El Gobierno ha presentado esos 27,7 millones para violencia y 19,7 millones para igualdad, que, como decía antes, ni siquiera restablecen los recursos de 2010, y menos aún abordan la violencia sexual de la pareja, a lo que está obligado desde 2014 por el Convenio de Estambul, compensan la reforma del Régimen Local, ni tampoco subsana evidentes problemas de la Ley estatal 1/2004, como la inaplicación de su Título sobre Prevención en el ámbito educativo, sanitario y de la publicidad y medios de comunicación, con 0 euros en los Presupuestos del Estado; que solo se presupuesten ayudas sociales o de empleo para 1.700 de las 142.893 víctimas con denuncia (el 1,2%,) o el famoso artículo 19, que para dar asistencia jurídica, psicológica y social a 4 millones de mujeres “en todo el territorio del Estado” sólo cuenta con 5,7 millones de euros.

Hace poco más de seis meses, el 15 de noviembre de 2016, cuando el Pleno del Congreso aprobó por unanimidad la Proposición no de ley de Pacto de Estado contra la Violencia de Género, diez de los once partidos que intervinieron, todos excepto el PP, demandaron el aumento presupuestario. Ahora, que se ha votado, ¿qué dicen o callan los partidos?

Respecto a los del Pacto Presupuestario 2017, Ciudadanos publicitó el 30 de marzo 1.650 millones más para medidas sociales, de los que 2,5 (0,15%) son para violencia de género.

Ana Oramas, de Coalición Canaria, dijo en noviembre “Tenemos que aumentar los supuestos de todo lo que es violencia contra las mujeres. Tenemos que poner partidas presupuestarias, señores del Gobierno, y recuperar el dinero para luchar e integrar”, pero omite el tema al justificar su apoyo en que en julio se librarán más de 200 millones de euros para dependencia o sanidad en Canarias, y el diputado Quevedo de Nueva Canarias, habló “a segundo nivel” de más recursos para combatir la violencia de género, aunque parece que sin resultado.

El diputado del PNV, Joseba Agirretxea, dijo en noviembre que en 2008 y 2009 que otra subcomisión hizo “unas recomendaciones a nivel educativo, a nivel institucional y social, a nivel de tutela judicial, etc. Y había un elemento que parece que se ha olvidado, el presupuestario. Evidentemente, si queremos que en los ámbitos judicial, policial, social y familiar se puedan aplicar todas las medidas que aparecen en la ley, que aparecían en las recomendaciones, hay que dotar a todas esas instituciones para que tengan un presupuesto suficiente para poder abordar con garantías la lucha contra la violencia de género. Si no, lo demás es cuento. Cuando por la violencia familiar una pareja se rompe, porque no se puede convivir con alguien que mata o maltrata, la víctima necesita después un apoyo económico aparte del apoyo social, el apoyo psicológico y el apoyo institucional”. Pero su pacto presupuestario del 3 de mayo rebaja el Cupo en 500 millones, dota la Y vasca ferroviaria para que esté operativa en 2023 y reduce la factura eléctrica de las empresas… Él también se ha olvidado de las mujeres, y no vale, conforme al Premio Naciones Unidas 2015 a Emakunde, decir que “sus” mujeres están a salvo.

¿Y la izquierda, aliada tradicional del movimiento feminista? Los Grupos Socialista, Confederal de Unidos Podemos-En Comú-En Marea, Esquerra Republicana y la parte de izquierdas del Grupo Mixto, ¿han dado más importancia a sus obvias diferencias, o a la mejora de las políticas públicas contra la desigualdad social y de género?

Ahora no pueden decirnos, como en 1931 a Clara Campoamor, que no hay miles de mujeres observándoles y demandando en las calles.

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Begoña San José es activista de la Plataforma 7N contra las violencias machistas y del Fórum de Política Feminista y es también promotora de Actúa.

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