Urgencia democrática

Cuando la degradación de la vida pública se convierte en una rutina, un acontecer diario de corrupciones y ejercicios fraudulentos de poder, la firmeza democrática es un imperativo del compromiso cívico. La exigencia activa es el modo más directo de oponerse al muro que separa el ámbito social y la vida de la gente. La indiferencia, el silencio, el acomodo y la sumisión pudren la voluntad de convivir, pervierten las actuaciones individuales, abren brechas irreparables y desarticulan las ilusiones colectivas de una sociedad.

El deterioro democrático desemboca siempre en una separación entre la soberanía popular y sus representantes. Quien se apropia de las instituciones y el patrimonio público para usos particulares establece una distancia oscura entre la ciudadanía y la actuación política. Quien procura imponer por sistema y a largo plazo decisiones al margen de la voluntad de los ciudadanos establece una distancia tal vez legal, pero ilegítima, entre el poder y la realidad social.
Hay evidencias muy graves que indican la falta de vigor de la democracia española. Señalo tres fiebres de espacial significación:

 

1.- La manipulación del concepto de populismo para desacreditar el peso de la soberanía popular en la configuración de la vida pública.2.- La falta de pudor con la que un partido en el Gobierno intenta silenciar y enmascarar una corrupción generalizada en su gestión del poder.

3.- El modo en el que se enfoca la articulación territorial del Estado.

Siempre me ha resultado penoso ver cómo los partidos mayoritarios han sustituido un proceso serio de articulación territorial por operaciones de compra y venta de los votos de los partidos nacionalistas cada vez que han necesitado su apoyo para aprobar unos presupuestos o asegurar una mayoría de gobierno. Los límites de obscenidad y descaro del que ofrece o de los que piden son capaces de enrojecer las mejillas más curtidas; y, en cualquier caso, se trata siempre de un proceso que sólo sirve para parchear coyunturas, alimentar dinámicas de enfrentamiento y crear agravios comparativos.

En los análisis políticos de los últimos meses, se han unido con frecuencia los escándalos de corrupción con los debates sobre el independentismo. Se ha dicho que unos y otros utilizan el conflicto territorial para ocultar sus escandalosos aprovechamientos del patrimonio público. A mí me gustaría unir corrupción y debate territorial desde otro punto de vista: en ambos casos se trata de expulsar de la vida pública a la ciudadanía. En este sentido, judicializar el debate político legítimo supone un proceso de degradación democrática que va en paralelo al saqueo impudoroso de las arcas públicas. Se opacan las dinámicas de transparencia de la voluntad popular y de sus patrimonios.

La consulta a los ciudadanos es la única forma democrática de solucionar los conflictos serios. Y aceptar la necesidad de un referéndum sobre la definición territorial de Cataluña no es una exigencia sólo de los independentistas catalanes, sino de todos los que consideramos –vamos a repetirlo– que las urnas son el único modo democrático de solucionar los conflictos. Es algo que pide de un modo mayoritario la ciudadanía catalana, sea cual sea después el sentido de su voto. Y aunque a mí me gustaría por motivos sociales y políticos que Cataluña siguiera formando parte del Estado español, no creo compatible la firmeza democrática con la negación del derecho a un referéndum.

Señalé como primer síntoma de debilidad democrática la manipulación del concepto de populismo para desacreditar cualquier protagonismo de la soberanía popular. Y es que no creo en una democracia plebiscitaria que sustituya a la democracia constitucional. No creo que las leyes deban someterse a los vértigos de la indignación, la sociedad del espectáculo y los instintos de la telebasura. Pero eso es una cosa y otra muy distinta convertir las constituciones en unos mausoleos perpetuados al margen de la realidad social. Una Constitución es una carta de convivencia que debe responder a las transformaciones de la sociedad. Quien piense que la Constitución española no permite un referéndum exigido por la mayoría de las organizaciones políticas y sociales de una comunidad, no tendrá más remedio que cambiar la Constitución o que asumir el uso antidemocrático de la ley.

Preparar un ámbito sereno de discusión y participación en condiciones de igualdad en un referéndum es, pues, la tarea de los que consideran que las urnas son la manera democrática de resolver los conflictos serios y de alcanzar un entendimiento.

Contra la rutina de los escándalos, contra la degradación de la convivencia y de la virtud pública, resulta imprescindible la exigencia de una firmeza democrática capaz de romper el muro que se ha levantado entre el poder oficial y la realidad de la gente. Si no reaccionamos pronto, veremos cómo se humillan nuestras vidas a un sistema de impudor bananero en el que los mismo que judicializan la política nacional o autonómica, arremeten luego contra los jueces y las fuerzas de seguridad cuando investigan sus robos y sus escandalosas corrupciones. ¡Vaya tropa!

Nación

Una nación, según el diccionario de la RAE, es el conjunto de los habitantes de un país regido por el mismo gobierno. Según esta definición, todas las comunidades autónomas son naciones

Patxi López le preguntó a Pedro Sánchez si sabía lo que era una nación y media España se regocijó por su ingeniosa astucia. Los aplausos me sumieron en tal perplejidad que, antes incluso de mirar el diccionario, me pregunté si López sabe lo que es un principado. Porque en España hay uno, el de Asturias, que aparte de la heráldica, no tiene ni más ni menos relación que el resto de las comunidades autónomas con el príncipe o princesa que ostenta tal título. Los asturianos decidieron ser un principado porque pudieron y les apeteció, del mismo modo que los navarros, sin tener un rey propio, se autodenominan Reino cuando les parece bien, y llaman a su legislación autonómica Fueros, en lugar de Estatuto, porque sienten predilección por esa palabra.

Una nación, según el diccionario de la RAE, es el conjunto de los habitantes de un país regido por el mismo gobierno. Según esta definición, todas las comunidades autónomas son naciones, lo cual pone de manifiesto dos cosas importantes y ninguna tiene que ver con Sánchez. La primera es que el Estado de las Autonomías fue una chapuza que ya ha empezado a arrojar consecuencias nefastas. La segunda, que durante la Transición, la necesidad de concordia y el anhelo de convivencia pacífica admitió toda clase de soluciones imaginativas que hoy han perdido su vigencia, porque aquel espíritu urgente, que acabó legitimando las más pintorescas fantasías, ha caducado. Ese es el verdadero problema de España, y no que Cataluña tenga o no derecho a llamarse nación.

Publicado en CadenaSer.com

MOVILIZACIÓN, YA: MAÑANA PUEDE SER TARDE

Ya nos advirtió Martin Luther King que la mayoría de las catástrofes  -que ahora pueden ser, además, irreversibles- no sólo se producían por los errores o la acción de los malvados sino por el silencio de los bondadosos…

Esto es lo que esta sucediendo ahora, con un poder mediático que silencia los acontecimientos que no le convienen y acallan los pocos que se atreven a  exponer sus discrepancias.

“Vergüenza”, dijo el Papa Francisco  en sus breves, espléndidas y desoídas palabras después del “Vía Crucis” del pasado Viernes Santo.  “Vergüenza” sentimos cuando nos damos cuenta de que seguimos mirando hacia otro lado en lugar de acoger a los refugiados, como es nuestro deber humano y su derecho…  Y cuando en lugar de incrementar los fondos para el desarrollo sostenible los reducimos y mantenemos a los inmigrantes en auténticos “campos de concentración”…  Y cuando olvidamos que durante el año 2016 más de 6,000 seres humanos han fallecido en el Mediterráneo, Mare Nostrum ensangrentado, fosa común culposa…  Y cuando aumentamos las ya inmensas inversiones (4,000 millones de dólares al día) en armas y gastos militares al tiempo –no me canso de repetirlo- que siguen muriendo de hambre varios millares de personas al día, la mayoría niñas y  niños de 1 a 5 años de edad…

Vergüenza, ya lo he escrito, porque en la reciente reunión de los “cuatro grandes” de la Unión Europea, celebrada en Madrid, lo único que se les ocurrió, en lugar de abordar la urgente necesidad de completar una maltrecha Unión monetaria con una Unión social, política y cultural, basada en los principios y valores originales, fue incrementar el presupuesto bélico. Y, al día siguiente, vergüenza mayúscula porque en la reunión del grupo plutocrático G-7 en Roma, no sólo se accedió también, con increíble tibieza, a los requerimientos sobre seguridad del insólito presidente Trump, sino que -¡qué espanto!- se eliminaron de la agenda las apremiantes medidas para frenar el cambio climático, responsabilidad intergeneracional inaplazable.

Y vergüenza y pesar democrático en nuestro país al ver que se “compran votos” con la promesa de inversiones públicas… y nos aconsejan “mirar hacia otro lado”.

Vergüenza cuando no se adoptan medias tajantes frente a los peligrosísimos brotes de prevalencia étnica, xenofobia, racismo, fanatismo.

Vergüenza de haber aceptado una concentración de poder sin precedentes y que las Naciones Unidas se hayan sustituido por grupos de los países más prósperos que  han pretendido la gobernanza mundial de ¡193 países!  Vergüenza de que, además, los valores éticos en que se basa el sistema multilateral democrático se hayan sustituido por los valores bursátiles.

Ha llegado el momento de “Nosotros, los pueblos…”, como tan lúcidamente establece la primera frase de la Carta de las Naciones Unidas.  Esta es la resolución mundial de los que, ahora que ya pueden expresarse libremente, deben tomar en sus manos las riendas del destino común.

Y, de forma inmediata, exigir unas reformas que permitan que, con representación de la sociedad civil y la incorporación de dos Consejos de Seguridad adicionales –el Socioeconómico y el Medio Ambiental- se adopten, frente a amenazas globales, medidas globales que permitirían reconducir las erráticas y erróneas tendencias actuales.

Movilización inmediata.  Los intelectuales, artistas, científicos, universidades, universitarios… deberían liderarla.  Mañana puede ser tarde.

La hipocresía de Europa y los males de la globalización

La globalización ha traído mayor desigualdad, afectando a ciertos territorios y personas, sobre todo a aquellos que tienen menor resiliencia y capacidad de adaptación a los cambios.

El pasado 10 de mayo la Unión Europa lanzó un documento en el que reflexionaba sobre los efectos negativos de la globalización, y que la mayor parte de la prensa ha recogido como la entonación de un mea culpa y la expresión de un propósito de cambio por parte de una Unión amenazada por el Brexit, la victoria de Trump o el creciente protagonismo en Europa de lo que llaman populismos. Yo, en cambio, dudo de que simplemente reconocer que “los miedos de la globalización son reales y bien fundados”, y que ha dejado regiones y personas perdedoras también en Europa, suponga un cambio de rumbo que siente las bases de una nueva forma de gobernanza global o europea.

Por la sencilla razón de que la propia construcción europea es una pieza esencial de ese modelo de crecimiento y gobernanza que comenzó a desarrollarse en las décadas de los setenta y ochenta del siglo pasado, de la mano de la revolución neoliberal, la globalización, la financiarización de la economía y las grandes transformaciones -también de base tecnológica- que se han dado en el sistema productivo y en el modelo de acumulación, multiplicando los factores de inestabilidad y riesgo, aumentando las desigualdades económicas, privatizando las condiciones de vida de gran parte de la población y limitando el funcionamiento de la democracia.

Cuando en 1992 se firmó el Tratado de Maastricht, punto de inflexión del actual modelo de gobernanza europeo, yo tenía 22 años y acababa de obtener una beca para realizar mi tesis doctoral en el Instituto Universitario Europeo, centro de investigación de postgrado dependiente de la Unión Europea y ubicado en las colinas que rodean Florencia. Me había licenciado el año anterior en la universidad francesa de Lyon, gracias precisamente a otra beca europea –a la que se sumaba la beca Gálvez-Muñoz–, y era, como todos mis colegas de doctorado, una ferviente pro-europeísta. También era una española de mi generación que seguía identificando Europa con avances en democracia, bienestar e igualdad.

Supongo que aún era demasiado joven y estaba demasiado concentrada en mi carrera académica y en la realización de mi tesis doctoral para ser consciente de que la arquitectura institucional que se estaba construyendo en Europa en ese momento, de la mano de la hiperglobalización financiera y la revolución neoliberal, nos estaba llevando a una creciente pérdida de soberanía que no iba unida a más sino a menos democracia.

El economista Dani Rodrik afirma que nuestras sociedades se enfrentan a un trilema, que tienen que elegir entre globalización, estado nación y democracia. En teoría, puede parecer claro que la pieza del trilema que hay que dejar caer es el estado nación. La globalización, como reconoce textualmente el propio documento de la Unión Europea sobre sus efectos nocivos, ha traído también muchos beneficios a la humanidad: “Un mundo más conectado ha supuesto disfrutar de nuevas oportunidades. Las personas ahora viajan, trabajan, aprenden y viven en diferentes países. Interactúan también en la web, compartiendo sus ideas, culturas y experiencias. Los estudiantes tienen acceso on line a cursos que desarrollan las universidades más importantes del mundo. Los países producen más por menos, especializándose en aquello que hacen mejor y explotando economías de escala en mercados globales. La competencia internacional, la acción global contra el cambio climático, la cooperación científica y el intercambio de ideas ha estimulado la creatividad y acelerado la innovación. Las empresas activas en los mercados internacionales se mantienen competitivas porque aprenden y se adaptan con mayor rapidez (…) La globalización ha tenido efectos positivos similares alrededor del mundo. Ha ayudado a salir a cientos de millones de personas de la pobreza y a los países pobres a converger. Ha jugado un importante papel en el aumento de la estabilidad, la democracia y la paz”. Pero nada dice el texto de las condiciones de esclavitud que las empresas globalizadas han impuestos a millones de personas, de los desplazamientos de población, del trafico de personas o de los conflictos bélicos que asoman por doquier.

Por el contrario, el documento sí se refiere a otros efectos nocivos y nos dice que la globalización, además de todo lo bueno anteriormente enumerado, también ha traído mayor desigualdad, afectando especialmente a ciertos territorios y personas, sobre todo a aquellos que tienen menor resiliencia y capacidad de adaptación a los cambios. El documento alude a que esto ha sido así por deficiencias en los sistemas educativos y de formación y, sobre todo, por la competencia desleal que sobre Europa han ejercido otros territorios o empresas extranjeras.

Como el documento también habla de la inmigración ilegal como causa de esos efectos perniciosos de la globalización, podemos pensar que nos está diciendo que los inmigrantes ilegales también han incurrido en competencia desleal para con la ciudadanía europea. De hecho, controlar la inmigración ilegal es, junto con invertir en educación e innovación para garantizar la correcta cualificación de la ciudadanía europea asegurar la competencia justa y regular los mercados de manera inteligente cuando se requiera, una de las principales recetas que ofrece el documento. Se aboga por una mejor gobernanza global y por reglas de juego globales para evitar la espiral proteccionista y aislacionista que se cierne en el horizonte: ‘The global rulebook remains far from complete’, la elaboración de las reglas de juego globales está lejos de ser completada.

En ese sentido, una economía y una sociedad globalizada sólo podrán coexistir con unas instituciones, reglas de juego o gobierno globalizados, o lo más cercano a ello, que puede ser una institución supranacional como la UE. No obstante, el desarrollo histórico de estas últimas décadas nos muestra una realidad bien distinta. Primero, no es cierto que estemos en un escenario de globalización, sino en uno de hiperglobalización financiera. Lo único que se mueve con total libertad y ausencia de control es el capital, lo que ha llevado a una financiarización de nuestras economías.

La financiarización se refiere a la importancia que adquieren los mercados, los motivos, las instituciones y las élites financieras en la economía y las instituciones que la gobiernan, tanto a nivel nacional como internacional. Sus manifestaciones son, por tanto, muy plurales y afectan a la práctica totalidad de la vida económica, e incluso a la actividad social y política, y suponen el predominio de la economía financiera sobre las economías productiva y reproductiva. Gracias a que genera grandes beneficios, la actividad financiera da lugar además a un gran poder político que transforma la gobernanza internacional y también las nacionales, y otorga gran influencia social a quienes poseen recursos financieros. No sólo a través de su gran capacidad de decisión, sino también de su intervención en la producción científica y la opinión pública, tanto controlando los medios de comunicación como, más recientemente, el uso del Big data, algo que ha quedado demostrado con la victoria del Trump o con el Brexit.

Política de fronteras

Basta con contrastar la movilidad del capital con la de las personas para entender de qué hablo. Mientras que algoritmos matemáticos mueven cientos de miles de millones de dólares, euros, yenes o yuanes en microsegundos, el Mediterráneo se parece cada día más a un cementerio, también de bebés, de criaturas para quienes se buscaba una vida con más oportunidades y dignidad de las que podían garantizarles sus países de origen, en parte gracias a los efectos diferenciados de esa globalización económica en los distintos países y, sobre todo, en los diversos grupos de personas dentro de cada país.

En la otra gran frontera de desigualdad económica, la de Estados Unidos con México, el presidente Donald Trump busca fondos para completar un muro que ya comenzara en su día Bill Clinton. En las propias fronteras españolas con Marruecos tenemos vallas armadas con concertinas. Y las mafias que trafican con personas, especialmente con refugiados, mujeres y menores, aumentan cada día el beneficio de un comercio sumamente lucrativo.

Así que no estamos frente a una globalización total y la Unión Europea, con su política de fronteras o el acuerdo con Turquía para retener a los refugiados víctimas de guerras con las que se lucran nuestras empresas, es un buen ejemplo de ello. Además, la Unión Europea, a través de su arquitectura supranacional, se ha convertido en un espacio privilegiado para el desarrollo de políticas que han favorecido los intereses de esos grandes grupos empresariales y financieros, en contra de los propios principios rectores de la Unión y de esa idea que aún subyace en parte de la ciudadanía de que más Europa es igual a más democracia, bienestar e igualdad.

Lo que ha ocurrido en la Unión Europea, con referéndums que no han sido respetados, como en el caso de Grecia, o la imposición de políticas de austeridad sumamente gravosas para la población de determinados países a través de los rescates o los memorandum of understanding, nos puede llevar a pensar que esta institución, tal y como la conocemos ahora, es un ejemplo de cómo la soberanía popular y la democracia dentro del capitalismo sólo pueden garantizarse dentro de los límites del estado nación. Así que quizás no es el estado nación el elemento que hay que dejar caer del trilema. Sería maravilloso disponer de reglas de juego globales que aseguraran el acceso a los recursos, la dignidad y la participación en la vida común de todas las personas, pero no es eso lo que está promoviendo la Unión Europea con sus políticas, ni siquiera con este documento tan aparentemente buenista y medido.

Lo que, en mi opinión, busca la Unión Europa con este documento sobre los efectos negativos de la globalización son dos cosas. Primero, legitimar la idea de Europa, de la actual Unión Europea, de cara a su ciudadanía, entre quienes se encuentran muchos perdedores y perdedoras de la globalización, pero también del deterioro democrático que la construcción europea ha traído en estas últimas décadas. Y en vez de atraerlos reforzando unas estructuras comunes más democráticas, lo hace prometiendo que su trozo de pastel quedará para la ciudadanía europea gracias al control de la inmigración ilegal. No se dice nada de cómo se repartirá el pastel que le toque a Europa entre los propios europeos y europeas, más allá de hablar de políticas sectoriales y territoriales para los sectores o zonas más castigadas por la competencia internacional, sin mencionar, por ejemplo, los propios desequilibrios internos que un diseño desigual del euro ha traído entre países.

El documento insiste en que la ciudadanía europea debe tener confianza en que sus gobiernos la protegerán y empoderarán a través de políticas sociales robustas, como parte esencial de la respuesta europea a la globalización. Pero no aclara en ningún momento cómo va a ser eso posible dentro de una Europa que desde hace varios lustros promueve la privatización y reducción del estado social a través de políticas de corte deflacionistas, ahora mal llamadas de austeridad. Sólo alude a la mejor preparación de la ciudadanía frente a los retos del cambio tecnológico y la globalización, poniendo precisamente como ejemplos el modelo de educación dual vocacional alemana o la flexiseguridad danesa, que no garantizan de hecho la igualdad de oportunidades entre los distintos grupos de población en relación a su género, clase o etnia.

El segundo objetivo que, desde mi punto de vista, busca la Unión Europea con la publicación de este documento es seguir construyendo, una vez que se relegitime la Unión, esa estructura supranacional que permita a las élites europeas colocarse en una buena posición de cara a los retos que la globalización, el cambio tecnológico, la financiarización de la economía, el incremento de las desigualdades económicas y los nuevos equilibrios o desequilibrios geopolíticos sin duda traerán a modo de movimiento tectónico global que hará temblar los cimientos de nuestras sociedades. Así, habla de mejores acuerdos con sus socios comerciales, del control de fronteras previamente aludido o de una más integrada y proactiva diplomacia económica europea, que abrirá delegaciones en más partes del mundo para permitir a la Unión tener instrumentos efectivos de defensa comercial. Por tanto, este documento no implica ningún cambio de ruta hacia una globalización o una Europa más justas, inclusivas y democráticas. Más bien parece una guía para desarrollar una Europa que, más que por sus valores humanos y sociales, se distinga por su identidad, construida en oposición a quien no es europeo.

Publicado en ElDiario.es

 

Cuelgamuros

Nuestros nietos deben contemplar ese mausoleo, aprender que lo levantaron trabajadores esclavos cuya explotación enriqueció a empresas privadas

Hace unos años, en este mismo espacio, expliqué las razones por las que no soy partidaria de sacar los restos de Franco del Valle de los Caídos. Pensaba entonces, y sigo pensando ahora, que la memoria no tiene que ver con el pasado, sino con el futuro. Y los españoles del futuro tienen derecho a que preservemos su patrimonio, a enjuiciar la figura del dictador en función también de la imagen que él quiso legar a la posteridad. Nuestros nietos deben contemplar ese mausoleo, aprender que lo levantaron trabajadores esclavos cuya explotación enriqueció a empresas privadas que dominarían la economía nacional durante décadas, conocer el dinero que costó mientras sus antepasados se morían literalmente de hambre o de enfermedades, erradicadas antes de la guerra, que sólo resucitaron y prosperaron gracias a su espantosa miseria. Esa es la clave de mi postura. Ante el extraordinario acontecimiento que representa la abstención de la derecha española en una cuestión ligada a los símbolos de la dictadura franquista —y me gustaría pensar que este cambio de criterio se debe a un saludable ejercicio de coherencia democrática, y no al cerco que la Operación Lezo estrecha día a día sobre el partido del Gobierno, pero no estoy muy segura—, insisto en que, con restos o sin ellos, el Valle de los Caídos debe convertirse en un lugar de memoria consagrado a la figura y la obra del Caudillo. Esto no sólo no implica un homenaje sino que, a imagen y semejanza de la preservación de los campos de exterminio nazis, representa todo lo contrario. Pero si no se clausura el monasterio, si no se desacraliza la basílica, si no se instala una exposición informativa permanente, dará igual que los restos de Franco estén allí o en cualquier otro lugar.
Publicado en ElPaís.com

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.Actúa

ACEPTAR
Aviso de cookies