La realidad

Yo diría que el problema del PSOE no es Sánchez, sino unos dirigentes incapaces de interpretar el pensamiento y los sentimientos de sus compañeros

A veces el destino es clemente con los perdedores, aunque el precio de su piedad sea muy alto. El atentado de Manchester y el gran momento escénico de Puigdemont han corrido un compasivo velo sobre la derrota de Susana Díaz. Lo que hace sólo unos días se presentaba como el acontecimiento decisivo para la viabilidad del Estado, parece ya tan rancio como un yogur caducado.

A riesgo de parecer anacrónica, quiero manifestar mi estupor por la sorpresa que ha provocado una victoria que estaba cantada desde que se publicaron los avales. Yo diría que el problema del PSOE no es Sánchez, sino unos dirigentes incapaces de interpretar el pensamiento y los sentimientos de sus compañeros. Que se cante la Internacional en una sede socialista no es una monstruosidad, sino algo normal. Como es normal que los militantes sean los dueños de este o cualquier otro partido, aunque la airada indignación de muchos medios sugiriera que el PSOE es patrimonio nacional. No es verdad. Tampoco es cierto que se pueda equiparar la victoria de Sánchez con las que han producido otras primarias socialistas europeas. Los españoles seguimos yendo a contracorriente, y la innovación política no es aquí la pujanza de la extrema derecha, sino el inesperado éxito de un partido de izquierdas cuya irrupción dibuja un panorama incomparable con la situación francesa o británica. Lenin, campeón mundial del análisis político de todos los tiempos, decía que la primera misión de un revolucionario es comprender la realidad. Sus palabras siguen vigentes hoy hasta para los contrarrevolucionarios.

Sacad vuestras sucias manos de la acción popular

Escandaliza que presuntos delincuentes hayan establecido contactos y traten de presionar al Gobierno, a través del Ministerio de Justicia, para que se avenga a suprimirla o vaciarla de contenido.

Si la justicia emana del pueblo, como proclama nuestra Constitución y otras homólogas, parece lógico pensar que los ciudadanos puedan ejercer la acción popular para la persecución de determinados delitos. Sin embargo, por razones espúreas que trataremos de explicar a lo largo de este artículo, está siendo cuestionada con argumentos completamente ajenos a los principios esenciales que deben regir en una sociedad democrática, consciente de la indeclinable defensa del valor justicia, establecido como pórtico de nuestro texto constitucional.

Tiene sus raíces en Inglaterra y fue adoptada por nuestros liberales desde la Constitución de 1812 que consagró la acción popular si bien, en principio, estaba limitada a los sobornos, cohechos y prevaricaciones cometidos por magistrados y jueces. Su permanencia nunca ha sido cuestionada, ni siquiera en los periodos dictatoriales que se han interferido en el devenir democrático de nuestra historia.

No creo que haga falta acudir a citas históricas para justificar su existencia. Es una consecuencia lógica de la profundización democrática y del derecho de participación de los ciudadanos en la cosa pública. Si esto ha sido así y admitido pacíficamente durante más de dos siglos, resulta sorprendente y hasta sospechoso que, con ocasión de procesos en los que se ven involucradas personas pertenecientes a la familia real, como una hija del anterior monarca, financieros o políticos cercanos al poder, se haya tratado de poner en duda su legitimidad. Dicho esto, no descarto que puedan hacerse algunas correcciones técnicas, meramente formales, para regular su ejercicio.

Me parece que el vigente artículo 110 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en el que se formula de forma clara y a mi parecer impecable que todos los ciudadanos españoles, sean o no ofendidos por el delito, pueden ejercitar la acción popular, cubre suficientemente las previsiones de las Constituciones anteriores y de la vigente que, en su artículo 125, le atribuye rango constitucional.

LA ACCIÓN POPULAR ES UNA CONSECUENCIA LÓGICA DE LA PROFUNDIZACIÓN DEMOCRÁTICA Y DEL DERECHO DE PARTICIPACIÓN DE LOS CIUDADANOS EN LA COSA PÚBLICA

El legislador solamente ha puesto como cautela la posibilidad de que el juez exija una fianza a las personas que pretendan ejercitarla, si bien, de acuerdo con una reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional, estas fianzas nunca pueden ser desproporcionadas, hasta tal punto de que conviertan en disuasoria la pretensión de utilizarla. Salvado este obstáculo, corresponde a los jueces velar por que no se produzcan abusos o corruptelas en su ejercicio.

En otros países, el monopolio de la acción penal corresponde al Ministerio Fiscal, si bien existen variantes más cercanas a nuestra forma de regular el ejercicio de la acción penal. Este monopolio no se corresponde con nuestra cultura y tradición histórica y, por otro lado, la actualidad pone en evidencia que la estructura del Ministerio Fiscal, jerarquizada bajo la dirección de un Fiscal General del Estado nombrado por el Gobierno y regido no sólo por el principio de  legalidad, sino también por el de oportunidad, no es la institución más adecuada para adjudicarle la exclusiva de la persecución de los delitos y mucho menos la instrucción de las diligencias previas al juicio oral.

Durante muchos años nadie discutió que la acción popular era un derecho de los ciudadanos españoles, considerados como personas individuales, que dotados de la plenitud de sus derechos civiles podían ejercitar la acción penal ante los juzgados y tribunales. La Ley Orgánica del Poder Judicial ha venido a complicar, en cierto modo, esta clara y uniforme regulación de la institución, introduciendo la posibilidad de extender la acción popular a las Corporaciones, Asociaciones y grupos. En mi opinión el legislador ha querido, sin expresarlo de forma nítida,  reservarla exclusivamente para la defensa de los intereses generales, siempre que estos colectivos estén legal y específicamente habilitados para su defensa y promoción.

LAS PERSONAS JURÍDICAS PUEDEN EJERCITAR LA ACCIÓN POPULAR EN LA PERSECUCIÓN DE AQUELLOS DELITOS QUE LESIONEN LOS INTERESES GENERALES QUE SON PROPIOS DE SU OBJETO SOCIAL

En mi opinión, las personas jurídicas pueden ejercitar la acción popular en la persecución de aquellos delitos que lesionen los intereses generales que son propios de su objeto social. Así por ejemplo una asociación dedicada a la lucha contra la violencia machista no hay duda de que estaría legitimada para ejercitar la acción popular en los delitos de violencia de género. Del mismo modo, una asociación de ecologistas tendría plena legitimación para ejercitar la acción popular en los casos de delitos medioambientales o relacionados con la ordenación del territorio. O una asociación de protección de los animales estaría legitimada para perseguir su maltrato.

Sin embargo, al socaire de esta habilitación legal han proliferado asociaciones y grupos  cuya misión justiciera se centra en perseguir indiscriminadamente cualquier clase de delito público que se cometa en territorio español. Esta interpretación me parece desmesurada y fuera de las previsiones legales.

La consecuencia no se ha hecho esperar. El “sindicato” Manos Limpias, omnipresente en toda clase de procesos, ha sido acusado de utilizar la acción popular para extorsionar a personas y entidades, erigiéndose en una especie de institución paralela al Ministerio Fiscal. Las consecuencias han sido nefastas, hasta tal punto que se ha producido una deslegitimación de la acción popular y se ha dado pie para que los poderes políticos y financieros que puedan verse afectados por el ejercicio abusivo de la acción popular hayan recurrido a todo género de artificios, presiones políticas y propuestas legislativas para borrar del panorama procesal español la acción popular. Acabamos de conocer que una asociación promovida por un excomisario de policía, denominada Transparencia y Justicia, ha sido admitida como parte acusadora en el denominado Caso Lezo.

ES EVIDENTE QUE MANOS LIMPIAS HA ENSUCIADO LA LEGITIMIDAD Y LA FUERZA DEMOCRÁTICA Y CIUDADANA DE LA ACCIÓN POPULAR

Es evidente que Manos Limpias ha ensuciado la legitimidad y la fuerza democrática y ciudadana de la acción popular. Me tranquiliza que se esté investigando la posible comisión de hechos delictivos por parte de sus integrantes. Pero más me preocupa y escandaliza, según hemos escuchado en la transcripción de las conversaciones telefónicas interceptadas con ocasión de los últimos escándalos de corrupción, que presuntos delincuentes hayan establecido contactos y traten de presionar al Gobierno, a través del Ministerio de Justicia, para que se avenga a suprimir la acción popular o vaciarla de contenido.

Esta desvergüenza obscena, pornográfica y prepotente, me preocupa mucho más que las actividades procesales fraudulentas que pueden ser perfectamente controladas por los jueces. Disponen de líneas interpretativas suficientes para aceptar o denegar querellas injustificadas y maliciosas interpuestas al amparo de la acción popular. Su desaparición supondría un retroceso democrático y una desconfianza generalizada en un sistema judicial, en estos momentos, preocupantemente afectado por las reprobaciones solicitadas, en sede parlamentaria, del Fiscal General del Estado, el Fiscal Jefe Anticorrupción y el ministro de Justicia.

Expulsemos del proceso a los que utilizan la acción popular para deslegitimarla y conseguir su eliminación, potenciando su ejercicio, dentro de la legalidad, como instrumento para fortalecer los valores constitucionales, en el seno de una sociedad plenamente democrática de ciudadanos participativos que se sientan comprometidos con la limpieza de las instituciones.

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José Antonio Martin Pallín.-   Magistrado emérito del Tribunal Supremo. Comisionado español de la Comisión Internacional de Juristas (Ginebra) Abogado de Lifeabogados.

Publicado en ctxt.es

 

Actúa por los derechos de las víctimas

Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de no repetición. Estos son los cuatro derechos que el Derecho Internacional reconoce a las víctimas y sobre cuya no aplicación en nuestro país han  puesto el foco en los últimos años distintos grupos de trabajo y relatores de Naciones Unidas.

Lo cierto es que si bien la mirada internacional se ha vuelto finalmente hacia nuestro país (prueba de ello es la visita del pasado martes que hizo una delegación del Comité de peticiones del Parlamento Europeo), en España aún no hemos puesto los cimientos para la construcción de una Memoria Colectiva que permita que más de 40 años después de la aprobación de una Constitución democrática se cumpla nuestro derecho como sociedad a las garantías de no repetición.

Este gobierno, como lo hicieran todos los anteriores, no reconoce siquiera el estatus de víctimas a quienes sufrieron los crímenes atroces de la dictadura de Francisco Franco. Sea tal vez porque les afecta ese mal llamado desmemoria, que desde el inicio de la democracia los poderes fácticos han inoculado a nuestra sociedad y que pareciera hacer gala a aquello de que Franco lo dejó todo “bien atado”. Un país que sólo en número de desaparecidos ocupa el segundo lugar del mundo tras Camboya, en el que más de 30.000 niños fueron robados y entregados a familias leales al régimen para eliminarles el “gen rojo”; donde grandes infraestructuras aún en uso fueron construidas con el sudor de trabajadores esclavos; en el que se desconoce y se pasea alegremente por lugares que representaron centros de detención en los que se torturaba a personas sólo por sus ideas; donde se sigue honrando la figura del máximo responsable de todos estos crímenes sin consecuencia legal alguna; donde aún podemos oír cosas como “fueron cosas de la guerra”, “qué hay de los muertos del otro bando”  o, lo que es peor, “están bien muertos por rojos”. Un país así padece un cáncer al borde de la metástasis que requiere intervención pública inmediata, una intervención que sólo se puede conseguir con valentía y voluntad política para que de una vez por todas recuperemos la dignidad que como sociedad perdemos cada vez que damos la espalda a nuestras víctimas.

A pesar de todo, hoy observamos vientos de cambio. Afortunadamente, hay avances que están tomando forma gracias a las fuerzas de izquierdas y progresistas de nuestro país y, sobre todo, al empuje de iniciativas ciudadanas, diferentes colectivos y asociaciones. Leyes de Memoria autonómicas están siendo aprobadas con gran valentía y esfuerzo de los parlamentos regionales. O la reciente resolución del 10 de mayo, aprobada sin votos en contra, para sacar los restos de Franco del Valle de los Caídos y otras 20 medidas. O los esfuerzos de ayuntamientos junto con la sociedad civil para que se dé reconocimiento a las víctimas. Todo ello muestra que es el momento de actuar. Es por eso que desde Actúa nos hemos propuesto sumar y canalizar estos esfuerzos, aunarlos, vigilar para que no cejen, funcionar como bisagra para que las últimas conquistas democráticas que se están consiguiendo no queden en meros gestos aislados. Exigiremos a los poderes políticos de este país que se cumplan todas y cada una de las recomendaciones de Naciones Unidas. En definitiva, que se comience a aplicar el derecho internacional.

Construyamos por fin el país sólido, plural y solidario que nos merecemos. Tomemos conciencia como sociedad de los errores que hemos cometido al no atender a nuestras víctimas. Seamos capaces de mirar bien alto y unidos. Tras haber conocido bien nuestro pasado, forjemos juntos un futuro desde el presente. Sólo así nuestra democracia podrá asentarse sobre unos cimientos fuertes. Actuemos. Rompamos los mitos y las cadenas que nos mantienen anclados a una de las épocas más horribles de nuestra historia.

Por todo lo anterior, entendemos, que el establecimiento de una Comisión de la Verdad en nuestro país puede contribuir al esclarecimiento de los hechos, a la preservación de la memoria de las víctimas del franquismo y a fijar responsabilidades, sociales y políticas en relación con nuestro pasado más oscuro y brutal como fue la dictadura franquista. Las comisiones de la verdad son órganos de investigación oficiales, de carácter temporal y extrajudicial, que disponen de un plazo relativamente corto paras tomar declaraciones, realizar investigaciones, estudios, y celebrar audiencias públicas antes de ultimar su labor con la publicación de un informe, fruto de la misma. Son un mecanismo de justicia transicional recomendado para nuestro país por diferentes organismos de Naciones Unidas, utilizado ampliamente en más de 40 países y con enormes posibilidades de adaptación a diferentes realidades y situaciones relacionadas con hechos que ofenden a toda la humanidad.

Desde Actúa y ante la falta de tutela judicial efectiva de las víctimas del franquismo, queremos que sin demora y con los medios adecuados se atiendan los derechos a la Verdad, Justicia y Reparación. Que se termine con la impunidad, se anulen los juicios-farsa y no se olvide lo que supusieron las detenciones ilegales, las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, la sustracción de bebés, el trabajo esclavo, el confinamiento arbitrario o la persecución ideológica y el exilio.

Es urgente atender las exigencias de las víctimas, reconociendo su condición y sus derechos, implementando recursos para hacerlos efectivos, estableciendo un verdadero plan de soluciones e identificaciones y que abra e investigue las 2.350 fosas aún existentes. Que retire los signos o referencias que supongan una exaltación del franquismo en los espacios públicos y muy especialmente que resignifique el llamado Valle de los Caídos, entregando los restos humanos allí depositados a las familias, incluidos los del dictador y los del jefe del partido fascista en nuestro país.

Queremos poner fin al sufrimiento de las víctimas y establecer una política de Estado que entienda que el deber de Memoria se sustenta en establecer garantías y condiciones para que la sociedad, centros de pensamiento, academia, organizaciones sociales, de derechos humanos e instituciones avancen en la reconstrucción de nuestra memoria democrática como aporte al derecho a la verdad del que son titulares las víctimas y la sociedad en su conjunto.

La política de Estado supone implementar medidas integradas, coherentes e imparciales en favor a la Verdad, la Memoria y la Reparación. Y nos sumamos a las palabras que nos ha recordado Pablo de Greiff, relator de la ONU, que entiende que la fortaleza de una democracia se mide, entre otras cosas, por su capacidad de gestionar las reclamaciones válidas de las víctimas y su capacidad de garantizar el derecho a la verdad sobre lo acontecido.

* María Garzón, directora de FIBGAR, y Jaime Ruiz, presidente de AMESDE (las dos organizaciones integran, junto a otro centenar, la Plataforma por una Comisión de la Verdad). Ambos son promotores de la Plataforma Actúa, por el Cambio Político.
Publicado en InfoLibre.es

¿Para qué los medios públicos?

¿Para qué necesitamos medios públicos? La pregunta dicha con tonalidad retórica suele enarbolarse como una proclama de modernidad y liberalismo a ultranza, entendiendo, claro está, el término liberal como sinónimo de libertad de mercado y la modernidad como la aspiración, resultado de una admiración sin reservas por el modelo de sociedad estadounidense, a parecernos cada vez más a ellos, a los Estados Unidos de América, digo. Así que en ese contexto de pensamiento ultraliberal la pregunta, dicha con tono retórico y adecuadamente airado, trae prefigurada una única respuesta: para nada.

En realidad la idea de la necesidad de medios públicos es de matriz radicalmente europea. Es en el ámbito europeo en el que toma forma la idea de que los medios audiovisuales son demasiado poderosos como para dejarlos exclusivamente en manos de intereses privados. La necesidad de unos medios públicos sujetos a rigurosos controles de calidad y lo suficientemente potentes como para ser referentes en el ámbito de la comunicación audiovisual parte de la conciencia de que a través de la radio y la televisión no solo se transmiten noticias y entretenimiento, sino también actitudes, emociones, prejuicios o contraprejuicios, estados de opinión y de ánimo que en cierta medida conforman la tonalidad mental de una sociedad. Y no conviene que tanto poder dependa en exclusiva de las leyes de la oferta y la demanda. La noción de “servicio público” aplicado a los medios de comunicación es un logro de las sociedades europeas y se inscribe en el marco ideológico que sustentó la construcción, o el proyecto de construcción, del llamado “Estado del Bienestar”. No es de sorprender por tanto que desde el mundo ultraliberal, los medios de comunicación públicos hayan sido siempre objeto de furibundos ataques. Más aún en época como la actual, cuando la crisis económica y el ascenso de las derechas en Europa está poniendo patas arriba todo lo que lleva el marchamo de “ público”. Desde la sanidad a la radio-televisión pública.

Con todo, no es tanto en el terreno ideológico como en el de la práctica donde se juega la auténtica defensa de los medios de comunicación públicos.
Por muy alineado en el campo ultraliberal que esté un político, sería dífícil que se atreviese a cuestionar, si es británico, la existencia de la BBC, si alemán, de la ARD y la ZDF o, si sueco , de la excelente SVT, la televisión pública de Suecia. Entre otras cosas, porque cualquier político británico o sueco o alemán es consciente de que sus posibles votantes perciben los medios públicos de su país como algo que forma parte de su identidad británica o sueca o alemana, algo propio, que pertenece a los ciudadanos, no al gobierno.

Y una de las claves, no la única pero sí la más determinante, en ese proceso de identificación de la ciudadanía con sus medios públicos es la independencia de éstos con respecto al poder político, la seguridad de que ni su programación ni su línea informativa pueden manejarse desde los despachos de los ministros, o de los asesores de imagen de los ministros, o del presidente del Gobierno y sus asesores de imagen. El prestigio de la BBC, el modelo que siempre viene al caso cuando el caso es la pertinencia o no de unos medios públicos, proviene del amplio margen de independencia profesional con el que funciona. Ese es su gran logro. Y esa es la gran carencia de otros.

“Eso vale para los ingleses o para los suecos, pero aquí en España es imposible, sea el PSOE o el PP, aquí el que está en el gobierno es el que manda en TVE”. Tantas veces hemos escuchado este argumento que se ha convertido en una especie de evidencia incuestionable. Lo dice gente de la derecha y, esto es más grave, a veces gente de la izquierda. Esa resignada aceptación de unas supuestas reglas del juego que asignan a los medios públicos el papel de portavoces del gobierno de turno es el principal argumento en su contra. En contra no ya de su funcionamiento en un momento dado, por aquello de que ahora no mandan los míos, sino en contra de su existencia. Creo que solo desde una radical defensa de su independencia profesional se puede defender radical y eficazmente la existencia de los medios públicos.

En ese sentido la ley para la reforma de los medios de titularidad estatal de 2006 fue un paso importante, al crear un marco legal que amparaba la “desgubernamentalización” de CRTVE. Y porque dio origen al periodo de mayor independencia profesional de la radio-televisión pública en España.

El marco legal por sí solo no habría bastado, pero contó con el empuje y el entusiasmo de los profesionales de la casa y con el respaldo de una ciudadanía que percibió enseguida el valor de lo que estaba ocurriendo, el valor de tener unos medios públicos con credibilidad, rigor e independencia professional. Medios públicos, no gubernamentales.

Pero el éxito suele acarrear suspicacias. El éxito de la radio-televisión pública de esa época no gustó demasiado a los competidores de las cadenas privadas. Y en 2009, el mismo gobierno que había impulsado la reforma de CRTVE asestó lo que yo considero un golpe bajo a su estabilidad presupuestaria, al eliminar por ley los ingresos publicitarios sustituyéndolos por unas tasas a los operadores privados que nunca han alcanzado los niveles previstos. Aun así, CRTVE, especialmente sus informativos, siguió contando con el respaldo de la audiencia.Hasta que el PP llegó al poder.

En abril de 2012, el Gobierno de Mariano Rajoy dictó el decreto ley por el que se cambiaba la ley de 2006 y se facilitaba el nombramiento del Presidente de CRTVE por simple mayoría absoluta. Una de las primeras decisiones del nuevo presidente fue el cese de Fran Llorente, director de los Servicios Informativos, el área más valorada y de mayor éxito de audiencia en todos esos años. El mensaje era claro, olvidense de razones profesionales y menos aún de independencia profesional, las cosas vuelven a ser como siempre han sido, quien manda en el gobierno, manda en los medios públicos. El mensaje vino acompañado de un brutal recorte presupuestario, en torno a un 40%.

La experiencia había durado menos de cinco años. Más que efímera, fue una experiencia abortada. Aun así fue una experiencia importante. Mostró que la cuestión no es que en España, o si se quiere en los países del sur de Europa, no se pueda aspirar a tener unos medios públicos independientes, sino que es preciso contar con una decidida y por supuesto mayoritaria voluntad política para defender ese modelo. Y garantizar su permanencia.

Lo contrario significa resignarse no solo al deprimente panorama de la CRTVE actual con sus informativos sometidos a continua injerencia del partido en el gobierno y perdiendo audiencia al mismo ritmo que prestigio, sino a que los medios públicos dejen de tener sentido para la ciudadanía. Lo contrario significa renunciar a una auténtica defensa de los medios públicos.

Publicado en InfoLibre.es

Pobreza

Es difícil no recordar ahora la insistencia con la que Cristina Cifuentes exigía que Esperanza Aguirre asumiera responsabilidades políticas

El calvario por el que atraviesa Cristina Cifuentes es la crónica de una muerte anunciada, ni más ni menos clamorosa que la de Santiago Nasar, el protagonista del libro de García Márquez. Es difícil no recordar ahora, mientras carga contra la Guardia Civil y se duele del fuego amigo, la insistencia con la que exigía que Esperanza Aguirre asumiera responsabilidades políticas por los subordinados que le habían salido rana, y dimitiera de inmediato. Cuando el fuego amigo lo disparaba ella, sus partidarios lo definían como una muestra de su honestidad y sus ansias de impulsar la regeneración moral del PP de Madrid. Ahora, la culpa es de la UCO o, más bien, de la lengua española, o más precisamente, incluso, del lenguaje como forma de expresión humana, esa diabólica herramienta que hace imposible redactar un informe sobre un posible delito sin utilizar palabras para describir en qué consiste ese delito. Y eso sin contar con Moix, las versiones en las que dice y se contradice, y primero que sí, y luego que no, y mañana ya veremos. ¡Qué cansancio! ¡Qué derroche de mentiras, y de trampas, y de tenacillas que pretenden rizar un rizo que sólo sirve para empeorar la situación de sus supuestos beneficiarios, una y otra vez! Si Cifuentes ha hecho toda su carrera en el PP de Madrid, si ha formado parte de la dirección del Canal de Isabel II, si ha adjudicado contratas ni más ni menos que a Arturo Fernández, imputado en tantos casos por corrupción que me quedaría sin espacio si los anotara todos aquí… ¿cómo es posible creerla? Ella insiste en que vive de alquiler, en que no tiene casas en propiedad, ni cuentas corrientes, ni patrimonio de ninguna clase. Será verdad, pero a su edad y en sus circunstancias, hasta su pobreza es sospechosa.

Publicado en ElPaís.com

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