El consenso económico entre conservadores y socialistas en la UE

En el año 2004 fui invitado a un almuerzo en el que impartía una conferencia Pedro Solbes,  Comisario aún de la Unión Europea (UE), en la que trazó las líneas principales de la política económica de la Comisión. Fue un discurso bien elaborado y argumentado, pero excesivamente convencional. En el turno de preguntas intervine para decir que ese discurso lo podía haber firmado igualmente un conservador. Entonces, una de dos, o bien la economía es una ciencia neutral que no distingue de ideologías políticas, o bien los socialistas habían difuminado su discurso acercándose al pensamiento económico dominante. La respuesta se centró en cuestiones técnicas. Al despedirme, Solbes estaba hablando con Luis Ángel Rojo, que había ya dejado de ser Gobernador del Banco de España, el cual dijo, en plan afectuoso y bromista: “Este rector no tiene remedio”.

Efectivamente no tengo remedio, porque me niego a aceptar que no haya alternativa económica a la que ha predominado, con matices, desde los años ochenta del siglo pasado. Visto a distancia aquel evento y con todo lo que ha pasado a raíz del estallido de la Gran Recesión en 2008 y las políticas aplicadas, mis ideas quedan ratificadas, sobre todo tras los hechos políticos que se están viviendo. La crisis que están sufriendo partidos socialistas en países miembros de la UE confirma los errores que se están cometiendo por haber quedado seducidos por el pensamiento neoliberal. La política económica no es neutral.

Frente al pensamiento único se han alzado análisis de académicos relevantes, aunque en minoría, que sí han planteado otra política económica. Los enfoques críticos a la evolución de los acontecimientos de esta fase del capitalismo, se están haciendo desde diferentes escuelas, como la neokeynesiana, poskeynesiana, institucionalista, estructuralista, marxista feminista y ecologista. Algunas de estas corrientes tiene puntos en común, pero existen diferencias, en algunos casos sustanciales, a la hora de analizar las causas de las tendencias actuales del sistema. En consecuencia, también son muy distintas las proposiciones que se plantean, que van de las más radicales a las reformistas. La economía crítica, tanto desde el plano teórico como práctico se encuentra dividida, lo que es una de sus debilidades ante el bloque unido de la economía convencional.

Los partidos socialistas desde hace un siglo han desarrollado propuestas reformistas renunciando a la revolución. El reformismo también ha tenido etapas, pues en el principio de esta ruptura, entre reforma o revolución, no se renunciaba a alcanzar el ideal socialista como un proyecto diferente al capitalismo aunque este proceso debería ser gradual, sustentado en mejoras sociales y la introducción -dentro del sistema de mercado- de mecanismos propios del socialismo. Fue después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los partidos socialistas renunciaron a Marx y a construir un sistema alternativo al capitalismo. Se adaptaron al sistema, pero con políticas que atenuaran las desigualdades e injusticias del sistema vigente.

El Estado del bienestar, la planificación indicativa, la nacionalización de determinados medios de producción, el aumento salarial, ofrecieron un proyecto que combinó, con cierto grado de éxito, el crecimiento económico y la cohesión social. La crisis de los setenta puso fin a este modelo de economía mixta en el que, sin embargo, predominaban las relaciones de producción capitalistas. Se acabaron las concesiones de los poderes económicos a los trabajadores y a la regulación del mercado. Se inició el camino de las privatizaciones y de la globalización neoliberal. Aunque se han cantado los éxitos de esta fase del sistema, hay que señalar que ha habido un crecimiento menor que en la etapa que va desde el fin de la segunda guerra mundial hasta 1973, al tiempo que este crecimiento es más desigual, aumenta la inseguridad en el trabajo y genera un mayor número de excluidos.

El error de los partidos socialistas es haber abrazado estas ideas económicas, a veces con verdadero entusiasmo, lo que ha supuesto la renuncia a los ideales de la socialdemocracia de posguerra. Así como en este periodo hubo un consenso entre conservadores y socialistas en torno a las ideas keynesianas, ahora ese consenso se establece alrededor de las ideas monetaristas y neoliberales. Los partidos socialistas tienen un buen arsenal de ideas y de propuestas en la economía crítica, a pesar de su segmentación, que pueden favorecer, primero la comprensión del funcionamiento del sistema, que es necesario para, entre otras cosas, saber las limitaciones que se imponen a la política económica, y actuar dentro de lo posible con reformas hacia un modelo social sostenible, equitativo y solidario.

La ruina de los paridos socialistas es plegarse a unas teorías y una práctica que se juega en el terreno de las ideas más conservadoras. En la práctica de la UE no se distingue entre los comisarios socialistas y los conservadores, pues tienen el mismo discurso con las políticas de austeridad, al tiempo que el comportamiento con Grecia ha sido igual de injusto, tanto por unos como por otros. Los destrozos sociales causados tienen que servir para reflexionar y cambiar. La economía ya daba muestras de su mal funcionamiento antes de la crisis. El 23 de abril de 2007 en el diario El País escribimos Koldo Unceta y yo, ante el optimismo reinante por el crecimiento que estaba habiendo, lo siguiente: “En las actuales circunstancias, conviene subrayar que la economía mundial está creciendo de forma desequilibrada….La economía mundial cabalga, pero lo hace a lomos de un tigre, en cuyas fauces puede acabar devorada”. Unos meses más tarde surgió la crisis.

Carlos Bezosa es Catedrático Emérito de la Universidad Complutense de Madrid

Publicado en NuevaTribuna.es

Catalanes

El proceso independentista catalán ha propiciado la época más gloriosa de los dos partidos políticos más corruptos del estado español

Siempre conviene empezar por el principio. En 2006 se celebró en Cataluña un referéndum legal y vinculante en el que no llegó a votar el 50%, pero votó el 48,85% del censo. Los votantes aprobaron la propuesta de un nuevo Estatuto de autonomía con un 73,90% de síes. El PP, y no España, ni los españoles, corrió a interponer un recurso de inconstitucionalidad que se resolvió a su favor en 2010. El argumento principal de la sentencia fue la presencia en el texto del término “nación”. Y, como diría Piqué, ahí empezó todo. En un Estado donde existen Principados sin príncipes, Reinos sin reyes, una sola palabra desencadenó una reacción furiosa y muy comprensible entre quienes habían votado para que su voluntad no sólo fuera ignorada, sino también condenada. Desde entonces, el proceso independentista catalán ha propiciado la época más gloriosa de los dos partidos políticos más corruptos del Estado español. Ambos han acertado a taparse las vergüenzas con sus respectivas banderas, entonando ardientes himnos patrióticos frente a las críticas. A estas alturas, parece evidente que los más perjudicados por el proceso son los catalanes, saqueados dentro y fuera de su territorio —no más que los madrileños, por otra parte— y sometidos, además, a un permanente intercambio de mentiras, amenazas y chantajes de ambos lados. Nadie, propio o ajeno, les ha pedido nunca perdón. Quienes les ignoraron una vez, están dispuestos a seguir ignorando su voluntad. Quienes se arrogan su representación no les ignoran menos, puesto que, de entrada, eluden un mínimo de participación en el referéndum que celebrarán sí o sí. Lo más curioso es que yo hablo casi a diario con algún catalán, y tengo la impresión de que todo esto les trae sin cuidado.

Publicado en ElPaís.com

 

Los Presupuestos de 2017: grano para ricos, paja para pobres

El proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2017 que se debate este lunes en el Congreso es la cortina de humo perfecta de un Gobierno bajo sospecha. Como la treta del general griego Epaminondas para ocultar el movimiento de tropas, los PGE esconden una prórroga recortada del presupuesto de 2016, por mucho que el ministro de Hacienda se esmere en transmitir que son otra cosa. Nos dicen que la economía está creciendo, pero los presupuestos siguen siendo de crisis y austeridad.

Estamos ante un presupuesto sietemesino, cojo, irreal, empobrecedor, insolidario y antisocial, que maltrata a la mayoría de las comunidades autónomas y que sigue agravando el desguace del Estado del Bienestar. Grano para ricos, paja para pobres. Más que unos presupuestos, son una operación propagandística —¿“Un presupuesto para la recuperación”?— de cara a la ciudadanía y a Europa. Venden la estabilidad de un Ejecutivo que más bien sobrevive en un momento convulso, ensimismado en sus casos de corrupción y en una operación de obstrucción a la justicia.

Las contrarreformas en materia laboral, de pensiones, sanitaria, educativa y de dependencia continúan vigentes. Persiste el deterioro y se mantienen los recortes y privatizaciones. No hay nada social en unos presupuestos que dejan un mínimo y jibarizado Estado del Bienestar. Por no decir que la propuesta de presupuesto carece de estudio de impacto de género y demuestran que el PP sigue sin esforzarse lo más mínimo en la lucha contra la violencia machista.

Propaganda ha sido también la rebaja de impuestos que no deflacta la tarifa y hace recaer la carga sobre los trabajadores y sectores medios, que siguen financiando al Estado en ausencia de las grandes fortunas, las plusvalías y las empresas multinacionales: se recorta hoy a las clases medias y trabajadoras lo que ayer se perdonó a las grandes riquezas.

Su carácter pretendidamente social es mera propaganda cuando los pensionistas, a quienes se promete un incremento insultante del 0,25% en sus pensiones, perderán el 3,75% de su poder adquisitivo con una previsión de aumento de los precios en un 4%. Y cuando los desempleados seguirán perdiendo cobertura social. Además, se recupera sólo un 10% de lo recortado en dependencia. Mientras tanto, sube un 32% el presupuesto de Defensa, a la par que se estanca la I+D y se desploma de nuevo la inversión pública. Los anuncios del Gobierno en torno a la culminación de infraestructuras pendientes, como el ferrocarril de largas distancias o cercanías, quedan en papel mojado.

Constatamos que la única obsesión del Ejecutivo de Rajoy es el déficit fiscal, no el social, como demuestra la drástica reducción del déficit de las Administraciones Públicas, a un ritmo innecesaria­mente alto (del 4,3% al 3,1% del PIB). En un momento en que las autonomías —Comunitat Valenciana, Galicia, Asturias, Cantabria, Cataluña o Castilla y León— se rebelan contra el tijeretazo de las inversiones públicas y su reparto clientelar, Montoro tiene la desfachatez de decir que sus presupuestos “fortalecen a las CCAA”, criticando que piden más inversiones en “puentes sin ríos”. Olvida el ministro que su partido sembró España de aeropuertos sin aviones y autopistas sin coches. Lo cierto es que los PGE 2017 reparten en contra de los servicios públicos de autonomías y municipios, en sanidad, educación, servicios sociales y empleo, sin lograr recuperar siquiera los niveles anteriores a la crisis.

Afirma el ministro de Hacienda que su modelo de financiación autonómica “no privilegia a nadie”, cuando su Gobierno, sumido en una extrema debilidad por la corrupción, cede en todo a las presiones del PNV. El lehendakari, tras conseguir el apoyo del PP a los presupuestos vascos, ha sido hábil para asegurar 15 años de paz fiscal, una versión moderna de los panes y los peces: más presupuesto, más transferencias y menos devolución del cupo adeudado al Estado por los servicios prestados en el País Vasco, con una rebaja de 1.400 millones. Este mercadeo muestra la necesidad de un Senado digno de tal nombre y de una reforma electoral que recupere el precepto constitucional de “una persona, un voto”.

Alardea el también ministro de Administraciones Públicas de que Fomento incrementa sus inversiones en un 24,2%. Gran mentira, pues dicho porcentaje mide el supuesto aumento en relación a lo ejecutado en 2016, a sabiendas de que el Gobierno apenas ejecutó nada el pasado ejercicio por estar en funciones. La realidad es que se recortan en un 21% las inversiones en infraestructuras.

En el capítulo de ingresos, arrastramos las malas ideas y peores políticas, como la amnistía fiscal o la rebaja del IRPF en sus tramos altos, lo que supuso incumplir con el déficit y una nueva vuelta de tuerca de la UE para 2017 y 2018, desaprovechando oportunidades fiscales como las aplicadas por el gobierno portugués. Las previsiones de recaudación de Montoro son “ilusorias”, según el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha). El propio gobernador del Banco de España ha cuestionado su “exceso de optimismo”: 7,9% en los procedentes de los impuestos (sobre todo del IRPF) y 6,3% en las cotizaciones. Y si las cuentas están infladas del lado de los ingresos, se desinflarán del lado de los gastos.

Lo que sí reconoció por primera vez el ministro en la presentación del proyecto de los PGE es que “la recuperación económica no ha llegado a todo el mundo” y que “en la X Legislatura” se practicaron “recortes sociales” y se inyectaron “30.000 millones de euros al sistema bancario”.

“Estos presupuestos –expresó Montoro en su día– no son el séptimo cielo ni las siete plagas. Ni nos llevan a la cima, ni nos precipitan al abismo”. Desde Actúa sí que vemos que son unos presupuestos que nos mantienen empantanados en la ciénaga. Después de una borrachera de recortes, el ministro se va de copas para celebrarlo. Y lo peor es que, con probabilidad, conseguirá sacarlos adelante tras negociar “con quien se ha dejado negociar”. Después de haber sorteado el escollo de siete enmiendas a la totalidad, lo previsible es que los PGE 2017 del PP se apruebe gracias al apoyo de sus coaligados UPN y Foro Asturias, además de Ciudadanos, PNV y CC, con la mirada puesta en el disputado voto del diputado Quevedo para superar el trámite de las enmiendas parciales.

Por ello, es cada vez más imprescindible la acción inmediata para la construcción social y política de un programa básico de regeneración democrática y de recuperación de los derechos sociales. Un programa basado en una lucha efectiva contra el fraude y la aplicación de una reforma fiscal progresiva, al tiempo que se flexibiliza el déficit para poner en marcha medidas sociales y de recuperación económica asentadas en el empleo digno, una política de demanda interna sostenible, etc. Alcanzar este objetivo será imposible con un gobierno débil y degradado como el del PP, preocupado por obstruir a la justicia e incapaz de negociar dentro y fuera el necesario plan de recuperación económica y social.

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Montserrat Muñoz de Diego y Gaspar Llamazares Trigo son portavoces de IzAb y promotores de Actúa.
Publicado en InfoLibre.es

La encrucijada del PSOE

Las primarias del PSOE, con una participación orgullosa de la militancia, han sido un claro e inesperado ejemplo de vigor democrático. Por encima de tensiones, desencuentros y salidas de tono, el proceso demuestra que la discusión política abierta es mucho más conveniente para la renovación de un partido que el borreguismo y las ingenierías de control interno. Demuestra también que el PSOE sigue siendo una organización decisiva para la democracia española y que vuelve a equivocarse quien considera que se puede o se debe prescindir de él a la hora de buscar alternativas a la derecha.

El protagonismo de la militancia debería servir no sólo para legitimar la utilidad del proceso y el nombramiento del nuevo secretario general, sino para definir los caminos políticos del PSOE. Siempre se vota a favor de algo y en contra de algo. Saber contra lo que ha votado la mayoría de la militancia ayuda a comprender también el rumbo que se desea establecer.
Son muy reduccionistas las explicaciones basadas en la idea de que la militancia ha votado contra Susana Díaz. Cuando se insiste una y otra vez en que Susana Díaz no es querida fuera de Andalucía, se cuelan todo tipo de matices, mucho de los cuales tienen que ver con el clasismo, el machismo y la caricatura política. La militancia del PSOE ha hecho algo más que votar contra Susana Díaz. Es todo un comportamiento de su partido el que han querido cambiar dentro de un debate claro sobre el papel de la socialdemocracia en España y en Europa.
De verdad que no es una cuestión personal, pero me parece incompatible la figura sagrada de Felipe González con la dignidad política del socialismo. No, no puede seguir haciendo uso del socialismo un señor fascinado por el mundo del dinero, íntimo amigo de Carlos Slim, agente notable de los grandes millonarios latinoamericanos, ejemplo vivo de las puertas giratorias entre la política y las empresas del Ibex-35 y cínico desde 1982 en cada una de sus sílabas. El poder notable que viene ejerciendo en algunos grupos mediáticos, no ha servido para abrillantar su imagen, sino para desprestigiarse más él y desprestigiar más a esos grupos. La militancia ha dicho que eso no puede ser el socialismo. Tres vueltas de llave al sepulcro de su memoria.

La militancia también ha dicho que el socialismo no puede ser una promesa electoral que desemboque en una nueva desilusión de Gobierno. Rodríguez Zapatero es una persona mucho más honesta que Felipe González, pero se equivocó pactando con la derecha el cambio urgente de la constitución para hundir al país en las garras del neoliberalismo europeo. Las cuentas de los grandes bancos y de las multinacionales se lo han agradecido, pero la población quedó desamparada y sufrió el empobrecimiento y la pérdida de derechos sociales.

Cuando Pedro Sánchez se hizo cargo de la organización, tuvo malos resultados electorales. Responsabilizarlo a él fue un error de la cúpula socialista, porque los españoles castigaban con su voto un desencanto que venía de Felipe González, de Zapatero, de Rubalcaba, y de un PSOE condenado a ser parte de la política neoliberal hasta el punto de romper el diálogo con la izquierda y legitimar por activa o por pasiva una gran coalición con el PP. Cuando las descarnadas luchas internas hicieron de Pedro Sánchez una víctima de la situación, su figura representó la alternativa posible a un PSOE descaradamente neoliberal. Lo que unió contra él a toda la cúpula peleada entre sí, unió en su favor a una mayoría de militantes con derecho a exigir otro tipo de partido.

Y es que se pueden hacer muchas cosas por una democracia social sin caer en radicalismos de ningún tipo. Es muy sensato intentar que el Estado español deje de ser el gran negocio de los bancos, de las empresas de la energía, de las constructoras… Es muy sensato establecer una política fiscal que obligue a las grandes fortunas a pagar lo que deben pagar, evitando el fraude y las ingenierías o los paraísos. Es muy sensato equilibrar la relación entre los empresarios y los trabajadores con una legislación laboral más justa. Todo esto se puede hacer. La militancia socialista lo sabe y lo desea. Lo desean también los militantes y los votantes de las otras organizaciones de izquierdas.

Después del resultado de las primarias, ha surgido con fuerza la palabra unidad. Es lógico. Pero se trata de buscar la unidad en el sentido del voto de la mayoría de la militancia socialista. Unidad no debería significar volver a la gran coalición con el PP, a las puertas giratorias y a las complicidades con el mundo del dinero como si no hubiesen existido estas primarias. Pedro Sánchez y sus circunstancias tienen la oportunidad de demostrar que otro PSOE es posible.

Muchos votantes socialistas y yo, que no lo soy, se lo agradeceríamos.

publicado en InfoLibre.es

IGUALDAD DE VOTO

La democracia española, como todas, es imperfecta, pero además, en nuestro caso, es perversa e injusta. La Constitución de 1978 se aprobó aún bajo la presión de los poderes fácticos, heredados de la dictadura y reacios a perder su poder e influencia. Fueron estos sectores los que promovieron, vía Decreto Ley, las condiciones en las que habrían de celebrarse los primero comicios generales posteriores a la muerte del dictador. Lógicamente jugaron con cartas marcadas, que les permitieron establecer unas reglas de juego ventajosas para sus intereses, que quedaron consagradas en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de Junio. Esta normativa, contraria al espíritu y a la letra de la Carta Magna, perpetúa, en la práctica, un modelo lesivo para la credibilidad y la legitimidad del sistema y el propio estado de derecho. Bien puede afirmarse que la democracia española nace débil y así pervive hasta nuestros días, en la medida en la que no garantiza ni la proporcionalidad, ni el principio de la igualdad de voto. Poco o nada importa que la Constitución, en su artículo 14, establezca que “todos los españoles somos iguales ante la ley” o bien que el artículo 68.3 determine que “la elección se verificará en cada circunscripción atendiendo a criterios de representación proporcional”. Izquierda Unida, por ejemplo, necesita 500.000 sufragios para obtener un escaño en el Congreso de los Diputados, mientras que a PSOE y PP les bastan 65.000, e incluso 24.000 les son suficientes en enclaves como Soria. CiU y PNV son las otras dos fuerzas políticas beneficiadas de esta situación tan anómala como amoral, que atenta contra el concepto mismo del sufragio igual para toda la ciudadanía.

Nos encontramos, por tanto, ante una normativa obsoleta, por un lado, e injusta, por otro, que debe ser modificada con urgencia para evitar que el voto de una persona valga menos que el de otra o, en el peor de los casos, no valga nada, tal y como ocurre en la actualidad. Lamentablemente, no hay opciones de cambio porque PSOE, PP, CiU y PNV se oponen frontalmente a ello. Formaciones a priori ideológicamente enfrentadas, derecha e izquierda, centralistas y nacionalistas, cierran filas cuando se trata de boicotear la participación ciudadana, negar el pluralismo político e impedir, en definitiva, la actualización de la legislación electoral. Este discurso puede parecer, en primera instancia, duro y severo con PSOE, PP, CiU y PNV, pero las pruebas son evidentes y los hechos concluyentes. Se han opuesto con firmeza en el Congreso de los Diputados a una reforma de la normativa vigente y han hecho oídos sordos a las recomendaciones del Consejo de Estado que, en un informe remitido al Gobierno en 2009, avala el incremento en la igualdad de los votos y el respeto a la proporcionalidad, en coherencia con las propuestas planteadas por Izquierda Unida en la Comisión Constitucional de la Cámara Baja. Bastaría para ello aumentar en cincuenta personas el número de diputadas y diputados, reducir a un escaño la representación mínima por circunscripción, sustituir el método D,Hont por la fórmula Hare y habilitar una lista de restos a nivel estatal. Estas medidas respetan los dictados la Carta Magna y tienen pleno encaje en el derecho comparado, que toma como referencia otras realidades europeas de larga trayectoria democrática. Aristóteles, en el siglo IV a.C. ya lo dijo bien claro: “La democracia surge de la idea de que si las personas son iguales en cualquier aspecto, lo son en todos”. Es decir, o todos los votos valen lo mismo o nuestra democracia no es tal. El Código de Buenas Prácticas en materia electoral, aprobado en 2002 por el Consejo de Europa, diferencia entre “igualdad en el derecho a voto” e “igualdad del poder de voto”. PSOE, PP, PNV y CiU tienen mucho que aprender y la democracia española mucho más por andar.

Artículo publicado en “Noticias Obreras”. 

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