MANIFIESTO

“POR UNA POLÍTICA PARA EL CAMBIO”

 

Con el convencimiento de que una gran parte de la ciudadanía española, de la que formamos parte, sigue considerando absolutamente necesario y urgente un cambio político que sitúe en primer término de la acción de gobierno la garantía de derechos y libertades, así como los principios de justicia social y democracia, ponemos en marcha Actúa, un espacio de reflexión, debate cívico e intervención política con vocación de servir de punto de encuentro para las diversas fuerzas progresistas y de izquierdas y el objetivo de promover y facilitar futuras alianzas electorales y propuestas unitarias que permitan los cambios radicales que exigen las excepcionales circunstancias que vivimos.

Confiábamos en que las fuerzas progresistas conocidas y las de más reciente aparición evitarían la continuidad del PP en el gobierno. Por razones que obedecieron a intereses partidistas, esto no ha sido así. Y la realidad es que el mayor cambio electoral acaecido en España desde el inicio de la Transición ha dejado de lado la urgente y necesaria regeneración del Estado y de nuestra democracia.

Rechazamos la política económica del Partido Popular, que produce precariedad energética, laboral, desahucios y desamparo para decenas de miles de personas. Rechazamos esta política de recortes y austeridad, orquestada desde Bruselas, que en muy pocos años ha provocado el deterioro de la educación, la sanidad, las pensiones, la cobertura de desempleo, las ayudas a la dependencia y el acceso a la cultura, así como el éxodo de miles de jóvenes y la pobreza de amplios sectores de la población, con especial incidencia en las mujeres.

Estamos asistiendo a la destrucción de los avances sociales conseguidos durante décadas con el esfuerzo y la lucha de las clases trabajadoras. Por ello consideramos necesario establecer unas políticas energéticas, industriales, de inversión y desarrollo tecnológico que superen el modelo económico basado exclusivamente en el corto plazo y la estricta obediencia a las pautas neoliberales, a través de un nuevo enfoque de la política económica y financiera.

Consideramos muy preocupante el debilitamiento de las instituciones por la injerencia del Gobierno en ámbitos donde debe regir la independencia profesional, especialmente en todo lo que concierne a la Justicia. Hay que velar por la igualdad de todos ante la ley y poner en marcha una lucha eficaz contra la corrupción.

Conscientes de la diversidad y la pluralidad nacional de nuestro Estado, creemos que es desde la política y no desde la judicatura desde donde deben abordarse estos conflictos, como es el caso del independentismo catalán, que debe afrontarse y resolverse en un ambiente de diálogo y negociación muy diferente al que ha tenido lugar en los últimos años.

Queremos una España en la que, rápidamente, se lleve a cabo el esclarecimiento de la MemoriaHistórica y que incluya Verdad, Justicia y Reparación.

En el panorama internacional, el triunfo en Estados Unidos de un personaje abiertamente xenófobo y belicista como Donald Trump y el ascenso de partidos de extrema derecha en varios países europeos son exponentes de un alarmante proceso de radicalización racista que se alimenta de la precariedad y el deterioro económico, mientras se busca como chivo expiatorio a los más débiles, sean emigrantes o refugiados.

La soñada Europa unida política, social y culturalmente se ha reducido a intereses puramente mercantilistas y monetarios. Se debilita no sólo por abandonos como el Brexit, también por el deterioro moral expresado en el retroceso en materia de Derechos Humanos, control ambiental, equilibrio planetario y desarrollo humano.

Por todo ello pensamos que es urgente actuar por la regeneración política, económica y social en España y por recuperar la idea de una Europa Unida en torno a los valores de solidaridad, libertad e igualdad. Pensamos que somos muchas las personas que sabemos que el cambio es posible si está alumbrado por la sensatez, la voluntad de colaboración y el realismo.

Creemos que es apremiante desplazar del gobierno a quienes, sometidos a las directrices neoliberales, han debilitado gravemente en los últimos años los pilares esenciales de la educación, la sanidad, la ciencia, la justicia y la calidad del medio ambiente.

Por todo lo anterior, invitamos a todas las personas y organizaciones políticas, sindicales, de derechos humanos, feministas, ecologistas, colectivos LGTBI…, que están luchando en defensa de los mismos principios de gobernanza, a que se manifiesten en favor de este llamamiento y se incorporen a la movilización que hemos iniciado.

Firmantes iniciales

Baltasar Garzón, jurista. Cristina Almeida, abogada. Gaspar Llamazares, médico y diputado. Teresa Aranguren, periodista y escritora. Federico Mayor Zaragoza, ex director general de la Unesco. Montserrat Muñoz, abogada, ex diputada y ex alcaldesa de San Fernando de Henares. José A. Martín Pallín, jurista y ex magistrado del Tribunal Supremo. Almudena Grandes, escritora. Antonio Gutiérrez, ex secretario general de CC.OO.Lina Gálvez, catedrática Economía Universidad de Sevilla. Carmen Rivas, directora Observatorio Medios de Comunicación y Sociedad de la Fundación 1 de Mayo. Luis García Montero, poeta y catedrático de Literatura. Jaime Ruiz Reig, presidente de AMESDE (Asociación de la Memoria Social y Democrática). Mercé Civit, trabajadora social y ex diputada de la Generalitat de Catalunya. Carlos Berzosa, catedrático de Economía Aplicada de la UCM. Daniel Olmos, documentalista, ex Secretario General del Sindicato de Comunicación de CCOO de Madrid. Carmen Vidal, sindicalista CC.OO. Rafael Fraguas, periodista y escritor. José Manuel Fernández, ingeniero y ex alcalde de Bustarviejo. Javier Madrazo, profesor de Filosofía y político. María Garzón Molina, publicista. Carlos del Río, presidente de Ferrol en Común. Esperanza Martínez Calvo, administrativa y concejala. José Luis Arceo, catedrático de Comunicación Institucional y Política de la UCM. Araceli Adalid, politóloga. Antoni Cisteró, ingeniero químico y escritor. Miguel Muñoz, historiador. Ángel López Díaz, médico. Eladio Medel Iglesias, abogado. Rosa Mira Pallás, médico. Ángel Viviente Core, ingeniero aeronáutico. Carmen Esbrí, activista social. Raquel Fernández Rodrigo, periodista especializada en comunicación política. Marcos Sanz Salas, ingeniero técnico y ex concejal de Rivas Vaciamadrid. Mónica Pantín, autónoma. José Antonio Ruiz Gamborena, ingeniero aeronáutico.Miranda Juhasz, arquitecta. Manuel Romero, técnico en Informática y Redes.

 

Firmas

 

Participación

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Prensa

Madrid, 5 de julio de 2018

Los pueblos y ciudades son los espacios políticos y territoriales idóneos para crear y fomentar un espíritu colectivo de ciudadanía que contribuya a implantar modelos de ciudad acogedores, sostenibles, solidarios, incluyentes y protectores. Por su proximidad a su gente, las ciudades y pueblos constituyen el espacio vital donde se desarrolla nuestra vida, pero también donde se manifiestan sus conflictos.

La crisis económica ha mostrado toda su crudeza y en nuestros pueblos y ciudades ha puesto cara a quienes más han sufrido sus consecuencias y continúan padeciéndolas. Nuestros ayuntamientos son la primera puerta de entrada a la que llama la ciudadanía para resolver sus problemas y aspirar a sus anhelos.

La crisis ha sido y sigue siendo económica. Sin embargo, también ha destapado una crisis social, de valores y democrática. La incipiente recuperación económica, lejos de mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía, está mostrando otra oscura cara: la desigualdad que profundiza las consecuencias negativas de las otras crisis.

Para hacer frente a estas crisis, y a las demandas y aspiraciones ciudadanas, las puertas de los ayuntamientos se han abierto de par en par. Sin embargo, el Gobierno central les ha requisado las herramientas y recursos necesarios para ofrecer, desde lo local, desde la proximidad, una solución digna y efectiva que permita combatir la desigualdad, la pobreza, la precariedad y la insolidaridad.

Con la excusa de luchar contra la corrupción y el despilfarro, el Partido Popular ha construido un relato cargado de postverdad. Ha dado la espalda a los ayuntamientos, los problemas de su ciudadanía y, lo que también es muy grave, se ha alejado de un modelo territorial que constitucionalmente y en el ámbito de la Unión Europea apostaba y apuesta por el municipalismo.

La derecha ha vaciado de recursos y capacidad de acción e intervención políticas a nuestros ayuntamientos. Sus vecinas y vecinos han sido los principales afectados por una decisión injusta que devalúa nuestra democracia y proyecto de vida en común.

El PP, durante los últimos años, ha diseñado una arquitectura legal en torno a las administraciones locales cuyo principal objeto era intervenir y dejar sin capacidad de iniciativa política a los ayuntamientos.

Curiosamente quienes más han provocado la situación de descrédito y podredumbre de la vida pública han sido quienes han intentado que otras instituciones no realicen su labor.

Desde ACTÚA  creemos que las entidades locales deben tener competencias y financiación suficientes para poder abordar los retos de la sociedad del siglo XXI. Deben ser entidades autónomas con capacidad para diseñar sus políticas y disponer de la suficiencia financiera para abordar las necesidades de sus vecinas y vecinos, sobre todo las referidas a los servicios de proximidad.

En ACTÚA defendemos un modelo de pueblos y ciudades que se define como una comunidad de derechos, intereses y sueños colectivos, en los que la ciudadanía y sus necesidades deben ser el eje de la intervención pública. Una comunidad que de forma participativa, reconoce su pasado, trabaja por su presente y diseña su futuro, y lo hace desde el respeto, el consenso y la colaboración.

ACTÚA apuesta por un municipalismo del siglo XXI en el que la diversidad social es un hecho incuestionable, defendible y que aporta riqueza a la convivencia y fortaleza a nuestra sociedad. El municipalismo hoy tiene que ser un espejo de ejemplaridad ética y moral para el conjunto de la sociedad.

Desde ACTÚA queremos construir un modelo de pueblos y ciudades compartido y cercano a su ciudadanía. Es prioritario reconstruir un municipalismo que ponga en el centro de su acción e intervención políticas a las personas, garantice la solución de sus problemas y promueva e impulse sus lícitos anhelos, el bienestar y la convivencia.

Con ACTÚA queremos generar ciudadanía crítica y comprometida con su futuro y el de las generaciones venideras en el que la igualdad social y de género y los derechos sean efectivos para todas y todos. Es necesario un presente exigente para soñar un futuro mejor, más integrador y necesariamente sostenible.

Por todo lo anterior, comprometidas y comprometidos con la ejemplaridad ética, la corresponsabilidad institucional, la transparencia, el diálogo, el compromiso con nuestras ciudades, con su ciudadanía, sin exclusiones y sin desigualdades, y su participación efectiva, las concejalas y concejales, cargos y ex cargos públicos que apoyamos el proyecto de ACTÚA en la Comunidad de Madrid:

Declaramos que:

  1. El municipalismo del siglo XXI es pieza clave para una España plural, federal que vertebra y mide el nivel de calidad de vida de la ciudadanía. Los gobiernos locales son el primer pilar básico de una democracia inclusiva, redistribuidora y participativa. Sin ambages, apostamos por la defensa del municipalismo.
  2. Las instituciones locales son el espacio más cercano en donde el Estado del Bienestar desarrolla su función principal. La prestación de los servicios públicos esenciales, bajo los criterios de autonomía, proximidad y representación, permiten redistribuir el acceso a dichos servicios, minimizar las desigualdades y favorecen el reequilibrio territorial.
  3. Apostamos por un municipalismo sin ambigüedades y para ampliar su base competencial –segunda descentralización- desde la corresponsabilidad y la cooperación con los distintos niveles de la administración del Estado.
  4. Apostamos por un modelo de financiación local más justo, corresponsable, estable y autónomo que permita el desarrollo y prestación efectivo de sus competencias y servicios públicos esenciales.
  5. Proponemos una reforma del sistema de financiación local sin demora y abordada junto a la reforma que se está negociando para un nuevo modelo de Financiación Autonómica.
  6. Las leyes  2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, a través de la imposición de la regla de gasto, los planes de ajuste, o la limitación de la tasa de reposición, impiden la autonomía local para proporcionar los Servicios Públicos Básicos a la Ciudadanía.
  7. Para una mayor autonomía financiera es necesaria una revisión de los actuales tributos locales que permitan un espacio fiscal propio y a la vez compartido con otras AAPP, ampliando la participación en las grandes figuras tributarias estatales: IRPF, IVA e Impuestos Especiales. Garantizando la equidad y la igualdad de derechos de los ciudadanos. Participación en los tributos recaudados por las CCAA, evitando su tutela efectiva a través de transferencias condicionales o convenios que limitan la autonomía municipal.
  8. Es Urgente una reforma de la fiscalidad municipal que refuerce la progresividad y limite las exenciones fiscales, muchas de ellas establecidas por normativas estatales, como es el caso del IBI y del IAE.
  9. Se debe potenciar al IBI como figura tributaria más adecuada, dotándolo de mayor capacidad normativa y recaudatoria para la incorporación de criterios de progresividad en el impuesto. Hasta ahora el IBI, grava el bien sin atender a las circunstancias personales del propietario del inmueble: rentas, hipotecas o cargas. En el caso del IAE se debe de devolver su gestión a los municipios, para proporcionar autonomía y suficiencia.
  10.  La financiación municipal debe tender hacía dos grandes grupos de ingresos: unos impuestos locales importantes, entre los que debe destacar el IBI e IAE,  junto con un conjunto de tasas por prestación de servicios, y las transferencias estatales (IVA, IRPF e Impuestos Especiales) y autonómicas (no condicionadas). Lo que se tiene que perseguir con las reformas es una mayor suficiencia financiera, con el fin de potenciar la eficacia social de nuestros municipios, asignando los recursos disponibles bajo el principio de la solidaridad, base de la cultura democrática, a fin de seguir manteniendo y potenciando la convivencia social.

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PROPUESTA DE MÍNIMOS

“Una política para el cambio”

 

España vive una situación de emergencia. Para superarla, nuestra prioridad es que el Partido Popular deje de gobernar o nos llevará al desastre absoluto. Para alcanzar este objetivo, Actúa se propone a todas las fuerzas políticas –excepto al PP- como un espacio de diálogo para la constitución de un gobierno de coalición, presidido por una persona de consenso (diputad@, senador@ o figura destacada por su trayectoria profesional), que con un mandato máximo de dos años ponga en marcha un programa de mínimos para la regeneración democrática y cohesión social.

Para dicho Gobierno de coalición, Actúa plantea la siguiente propuesta de mínimos

  • Paquete de medidas urgentes que aseguren la alimentación y suministros energéticos básicos (luz, agua y gas).
  • Establecer una Renta Mínima Garantizada para asegurar una vida mínimamente digna.
  • Garantizar que la dación en pago suponga la cancelación total de las deudas contraídas en relación con el inmueble hipotecado (gastos, plusvalías, etc.)
  • Especial atención sobre los grupos más vulnerables en riesgo de exclusión social: infancia, personas sin hogar, discapacitados, migrantes y mujeres con cargas familiares.
  • Medidas legislativas para garantizar la devolución de todo lo robado.
  • Reforma de la Ley electoral para garantizar 1 persona/1 voto. Derogación del “voto rogado” y facilidades de voto para los españoles en el extranjero.
  • Reforma integral de la Justicia (Reforzar la autonomía del Ministerio Fiscal; Asignación de responsabilidades en la Judicatura y la Fiscalía en atención exclusiva a la capacidad y al mérito; garantizar la gratuidad de la justicia y su acceso universal).
  • Refuerzo de la independencia de los distintos poderes del Estado para velar por los derechos y libertades.
  • Derogación de la Ley Mordaza.
  • Derogación del artículo 315.3 del Código Penal que criminaliza el derecho de huelga.
  • Reforma de la Ley General de Comunicación Audiovisual. Blindaje de RTVE y demás medios de comunicación públicos como servicios independientes y de calidad, con suficiencia de medios.
  • Endurecer la regulación para evitar conflictos de intereses y las “puertas giratorias”.
  • Ley de Transparencia, Buen Gobierno y Políticas Públicas.

 

  • Construcción desde el Estado y junto a la sociedad de una Memoria Colectiva que haga honor a la Verdad, Justicia y Reparación de los crímenes cometidos durante la Guerra Civil y la larga dictadura franquista. Asimismo, hay que establecer los mecanismos de garantía de no repetición.
  • Retirada de símbolos franquistas y de enaltecimiento a la dictadura.
  • Dotar de recursos a una política integral contra la violencia machista (recuperar un Ministerio de Igualdad, fortalecer el Instituto de la Mujer, integración de políticas transversales de igualdad en todo el sistema público de educación, desde la etapa de Infantil)
  • Denegar custodias compartidas o totales de hijos a maltratadores.
  • Ampliación progresiva de los permisos de maternidad y paternidad, iguales e intransferibles, con la vista puesta en modelos como el noruego.
  • Revertir las restricciones impuestas por el Partido Popular en el derecho a la intervención voluntaria del embarazo. Por un aborto libre, seguro y gratuito y con todas las garantías del marco de la sanidad y la educación sexual públicas.
  • Acuerdo estatal para la racionalización de horarios para la conciliación laboral y familiar. Incentivación a que los padres se acojan a reducciones de jornada compatibles con la reducción de jornada de las madres.
  • Garantizar por ley la presencia de mujeres en al menos un 50% en los consejos de administración de las empresas y asegurar la igualdad salarial entre trabajadores de igual cualificación y responsabilidad sin discriminar por género.
  • Derogación de las reformas laborales de PSOE y PP.
  • Reparto y racionalización del trabajo.
  • Bajada de la edad de jubilación a los 65 años.
  • Subida del SMI a 1.200 euros.
  • Lucha contra la economía sumergida reforzando la Inspección de Trabajo.
  • Blindaje de las pensiones en la Constitución. Actualización de las mismas al menos con el IPC. Garantizar su financiación estable a través del Pacto de Toledo, complementando ingresos contributivos con tributarios.
  • Apoyo a PYMES y autónomos mediante un régimen fiscal simplificado y ventajoso, con mayores facilidades de crédito. Apoyo al pequeño comercio y al comercio tradicional.
  • Batería de medidas para la reactivación del empleo juvenil.
  • Derogar la reforma del artículo 135 de la Constitución y limitar el alcance de la “estabilidad presupuestaria del Estado” como criterio que se refiere a los límites de déficit y deuda para que en ningún caso sea obstáculo a la dotación presupuestaria de los servicios públicos esenciales.
  • Negociar con la UE el objetivo de déficit y la reestructuración de la deuda.
  • Creación de una Banca pública a partir de las entidades financieras intervenidas por el Estado a través del FROB.
  • Reforma integral del sistema tributario con carácter progresivo hasta alcanzar la media de recaudación de la UE (sobre las grandes fortunas y patrimonios; armonización estatal del impuesto de Sucesiones y Donaciones; aumento del Impuesto de Sociedades hasta alcanzar la media de la Eurozona…).
  • Reforma fiscal que impulse la lucha contra el fraude.
  • Aprobación urgente de un paquete de medidas para la recuperación de la Sanidad Pública que incluya: garantizar el acceso universal y gratuito a todas las personas; reposición de todo el empleo perdido en la sanidad pública; reforzar la hoy denostada red de Atención Primaria; acabar con las privatizaciones y recuperar para la gestión pública las concesiones a empresas privadas; garantizar mecanismos efectivos de participación social y profesional en los centros sanitarios públicos.
  • Poner en marcha una Ley de Muerte Digna y regulación de la eutanasia.
  • Apuesta radical por la Educación Pública destinando más recursos y recuperando el personal educativo a la vez que se reduce progresivamente el apoyo económico a la concertada.
  • Derogación de la LOMCE y alcanzar un pacto educativo en el que intervengan partidos políticos y comunidad escolar.
  • Sacar la religión de la Educación Pública (ni siquiera como opción optativa).
  • Garantizar el acceso universal a la educación, desde la etapa de Infantil, creando la red de centros públicos necesaria para absorber toda la demanda.
  • Recuperación del terreno perdido en humanidades, filosofía, enseñanzas artísticas, educación física y deportes.
  • Recuperar una Universidad libre, autónoma, crítica y de calidad, con una dotación económica suficiente.
  • Apostar por la investigación para evitar la fuga de cerebros.
  • Dotar de recursos económicos la Ley de Dependencia para su aplicación efectiva. Establecer con las Comunidades Autónomas una cartera estatal garantizada de derechos y prestaciones.

 

  • Desarrollo federal del estado autonómico en un marco de pluralidad y solidaridad entre los territorios.
  • Resolver los conflictos territoriales desde la política, y no desde la judicatura. Afrontarlos desde un ambiente de diálogo y negociación diferente al que venimos sufriendo en los últimos años.
  • Apuesta por un nuevo municipalismo, impulsando la autonomía local. Derogación de las leyes de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y de Racionalización y Sostenibilidad de las Administraciones Locales (Leyes Montoro).

 

  • Plan estratégico para la Transición Energética contra el Cambio Climático (prohibición del fracking, protección del paisaje, de la costa y del dominio público marino-terrestre; fomento de un turismo sostenible; plan nacional por el agua, impulso de las renovables, cierre paulatino de las nucleares, gestión planificada de las necesidades energéticas…).
  • Políticas hídricas con la perspectiva de la nueva cultura del agua, eliminación programada de regadíos, recuperación de ríos, recuperación de la desalación y eliminación de trasvases, transparencia y gestión pública y planificada del abastecimiento humano, agrícola e industrial
  • Revisión del modelo productivo para la adaptación al cambio climático: recuperar un tejido industrial y agrícola sostenible; revisar desde una perspectiva global el modelo de movilidad y transporte (especialmente el de la movilidad al trabajo) considerando la contaminación atmosférica y la reducción de los combustibles fósiles; descarbonización y descentralización del suministro energético; incorporación de la economía circular desde el diseño en los productos y servicios; control integrado de la contaminación y recuperación del principio de precaución y el de que quien contamina paga.
  • Control de la contaminación (atmosférica, de suelo y agua) como indicador y activador de políticas económicas, sociales, fiscales e impositivas, sanitarias y educativas.
  • Reducción generalizada del IVA cultural al 10%.
  • Protección de la propiedad intelectual y equiparación de artistas con otros profesionales.
  • Apoyo a las artes escénicas, la música y el libro.
  • Cumplimiento de las normas y garantías de asilo y refugio.
  • Cese de las devoluciones en caliente.
  • Acogida de refugiados, al menos cumpliendo la cuota que establece la UE.
  • Apuesta por la transformación de la Unión Europea hacia una dirección más social y democrática.
  • Aportación del 0,7% del Presupuesto del Estado a Cooperación Internacional y Desarrollo.

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