Cuando la degradación de la vida pública se convierte en una rutina, un acontecer diario de corrupciones y ejercicios fraudulentos de poder, la firmeza democrática es un imperativo del compromiso cívico. La exigencia activa es el modo más directo de oponerse al muro que separa el ámbito social y la vida de la gente. La indiferencia, el silencio, el acomodo y la sumisión pudren la voluntad de convivir, pervierten las actuaciones individuales, abren brechas irreparables y desarticulan las ilusiones colectivas de una sociedad.

El deterioro democrático desemboca siempre en una separación entre la soberanía popular y sus representantes. Quien se apropia de las instituciones y el patrimonio público para usos particulares establece una distancia oscura entre la ciudadanía y la actuación política. Quien procura imponer por sistema y a largo plazo decisiones al margen de la voluntad de los ciudadanos establece una distancia tal vez legal, pero ilegítima, entre el poder y la realidad social.
Hay evidencias muy graves que indican la falta de vigor de la democracia española. Señalo tres fiebres de espacial significación:

 

1.- La manipulación del concepto de populismo para desacreditar el peso de la soberanía popular en la configuración de la vida pública.2.- La falta de pudor con la que un partido en el Gobierno intenta silenciar y enmascarar una corrupción generalizada en su gestión del poder.

3.- El modo en el que se enfoca la articulación territorial del Estado.

Siempre me ha resultado penoso ver cómo los partidos mayoritarios han sustituido un proceso serio de articulación territorial por operaciones de compra y venta de los votos de los partidos nacionalistas cada vez que han necesitado su apoyo para aprobar unos presupuestos o asegurar una mayoría de gobierno. Los límites de obscenidad y descaro del que ofrece o de los que piden son capaces de enrojecer las mejillas más curtidas; y, en cualquier caso, se trata siempre de un proceso que sólo sirve para parchear coyunturas, alimentar dinámicas de enfrentamiento y crear agravios comparativos.

En los análisis políticos de los últimos meses, se han unido con frecuencia los escándalos de corrupción con los debates sobre el independentismo. Se ha dicho que unos y otros utilizan el conflicto territorial para ocultar sus escandalosos aprovechamientos del patrimonio público. A mí me gustaría unir corrupción y debate territorial desde otro punto de vista: en ambos casos se trata de expulsar de la vida pública a la ciudadanía. En este sentido, judicializar el debate político legítimo supone un proceso de degradación democrática que va en paralelo al saqueo impudoroso de las arcas públicas. Se opacan las dinámicas de transparencia de la voluntad popular y de sus patrimonios.

La consulta a los ciudadanos es la única forma democrática de solucionar los conflictos serios. Y aceptar la necesidad de un referéndum sobre la definición territorial de Cataluña no es una exigencia sólo de los independentistas catalanes, sino de todos los que consideramos –vamos a repetirlo– que las urnas son el único modo democrático de solucionar los conflictos. Es algo que pide de un modo mayoritario la ciudadanía catalana, sea cual sea después el sentido de su voto. Y aunque a mí me gustaría por motivos sociales y políticos que Cataluña siguiera formando parte del Estado español, no creo compatible la firmeza democrática con la negación del derecho a un referéndum.

Señalé como primer síntoma de debilidad democrática la manipulación del concepto de populismo para desacreditar cualquier protagonismo de la soberanía popular. Y es que no creo en una democracia plebiscitaria que sustituya a la democracia constitucional. No creo que las leyes deban someterse a los vértigos de la indignación, la sociedad del espectáculo y los instintos de la telebasura. Pero eso es una cosa y otra muy distinta convertir las constituciones en unos mausoleos perpetuados al margen de la realidad social. Una Constitución es una carta de convivencia que debe responder a las transformaciones de la sociedad. Quien piense que la Constitución española no permite un referéndum exigido por la mayoría de las organizaciones políticas y sociales de una comunidad, no tendrá más remedio que cambiar la Constitución o que asumir el uso antidemocrático de la ley.

Preparar un ámbito sereno de discusión y participación en condiciones de igualdad en un referéndum es, pues, la tarea de los que consideran que las urnas son la manera democrática de resolver los conflictos serios y de alcanzar un entendimiento.

Contra la rutina de los escándalos, contra la degradación de la convivencia y de la virtud pública, resulta imprescindible la exigencia de una firmeza democrática capaz de romper el muro que se ha levantado entre el poder oficial y la realidad de la gente. Si no reaccionamos pronto, veremos cómo se humillan nuestras vidas a un sistema de impudor bananero en el que los mismo que judicializan la política nacional o autonómica, arremeten luego contra los jueces y las fuerzas de seguridad cuando investigan sus robos y sus escandalosas corrupciones. ¡Vaya tropa!

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