La tragicomedia que hemos vivido estos días en Madrid es una explicación sencilla de lo que está ocurriendo en España y en el mundo. Unos cuantos individuos, que ponen en duda la eficacia de lo público en sus programas de gobierno y que exigen sacrificios graves a los trabajadores, se aprovechan con una eficacia mafiosa de los bienes del Estado para acumular grandes sumas de dinero. Esta operación, que empobrece a las mayorías para concentrar la riqueza en unas cuantas manos, se puede hacer de forma legal o de un modo delictivo. Son las dos caras del hampa neoliberal.
El modo delictivo consiste en el arte de la apropiación indebida por medio de la prevaricación, el cohecho, el blanqueo, el fraude, la estafa y el hurto. El PP ha configurado un minucioso manual del buen corrupto –que se sepa por ahora– en Madrid, Valencia, Murcia y Baleares. Me temo que su poco interés por Cataluña tiene que ver con las dificultades de negocio turbio en aquella tierra, ocupada ya por Convergencia, la familia y sus propios corruptos. La actuación mafiosa descompone el sistema y degrada el Estado cuando, junto al robo, se invaden los terrenos de la Justicia y de la policía para encubrir a los amigos. “Aquí no hay mañana ni esperanza posible”, dice el verso negativo de García Lorca.

El modo legal necesita de la política en un sentido más sonriente. Se trata de que el partido del Gobierno deje de representar los intereses de la ciudadanía y se ponga al servicio de las élites económicas a la hora de aprobar leyes y de aplicar los presupuestos. Puede convertirse así la sanidad pública en un negocio privado, la educación pública en un negocio privado, la economía pública en un negocio privado. Pueden establecerse normas y prácticas para favorecer a las grandes empresas de la energía o la telefonía, a las grandes empresas dedicadas a las obras públicas y a las grandes entidades financieras.

Y, sobre todo, pueden liquidarse los derechos laborales de los trabajadores hasta inventar una nueva forma de esclavitud y miedo. Vamos “a sudores sin fruto”, dice aquí el verso negativo de García Lorca. Los salarios son tan precarios que el puesto de trabajo ni siquiera sirve para salir de la pobreza. El PP ha configurado también un minucioso manual del buen explotador legal. ¡Todo el poder para los grandes ejecutivos que acumulan beneficios! El aumento de la desigualdad es incluso más grave para la convivencia democrática y la cohesión social que la descomposición de las instituciones del Estado.Luego está la perversión ideológica de la educación (no formar personas, sino crear mano de obra barata), de la cultura (sustituir la imaginación moral por el entretenimiento zafio) y del vocabulario (manipulación de palabras como libertad, igualdad, progreso, derecho y humano).

Estos procesos, es verdad, se dan en todo el mundo. Pero ocurre que el PP los ha impuesto de manera concentrada y escandalosa en España al convertir al partido del gobierno, según los propios jueces, en una asociación para el crimen organizado. Con la ayuda del jefe y de algún fiscal, los corruptos no dimiten o tardan siglos en irse, pudiendo así dimitir a medias 3 o 4 veces. Somos el mayor pozo de petróleo de la avaricia neoliberal.

La sustitución de la economía productiva por la especulación ha dañado en todas partes la fuerza del trabajo. Pero el PP se ha lanzado aquí a recuperar los privilegios de las élites económicas del franquismo. Ha debilitado los convenios laborales, ha penalizado el derecho de huelga y ha movido grandes campañas de desprestigio contra los sindicatos. La derecha suele dar fama de inútil a todo lo que quiere inutilizar, ya sea un sindicato o ya sea el poder de regulador del Estado.

Las cosas han llegado a tal extremo que es imprescindible actuar ya. La sociedad civil española, que votó dividida, pero mayoritariamente en contra de Mariano Rajoy, necesita unirse para censurar los comportamientos mafiosos y la desmedida explotación legal que caracterizan desde los tiempos de Aznar la gestión del PP. Y debe tomar conciencia de que la dignificación democrática empieza por el mundo del trabajo como generador de ciudadanía e igualdad.

El primer gran paso de censura social contra este Gobierno se llama 1 de mayo.

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