En estos días, las supuestas bondades asociadas a la bajada de impuestos han vuelto a copar titulares de prensa debido a la rebaja de impuestos pactada entre Ciudadanos y PP. El tanto se lo ha apuntado Ciudadanos. Pero ¿a quién le ha metido el gol? A nadie, al PP, a la sociedad española en general o a amplios grupos de la misma.

Sin duda, es posible que el PP hubiera obtenido un mayor rédito electoral de haber llevado la iniciativa en la bajada de impuestos. Aunque también es cierto que al ceder ante Ciudadanos, se garantiza su continuidad en el Gobierno. Y seguir gobernando cuando no se tiene mayoría absoluta puede considerarse un triunfo en sí mismo. Así que cabe preguntarse por el efecto de esta rebaja fiscal en la sociedad española y en grupos concretos de personas. Especialmente importante me parece la apuesta política de bonificar a las familias con personas dependientes frente a fomentar el pleno desarrollo de la Ley de Dependencia.

Lo primero que habría que decir es que en España, la pedagogía fiscal brilla por su ausencia. Por el contrario, estamos bien servidos de la gran influencia que en la opinión pública tienen grupos de poder que se benefician de la sistemática bajada de impuestos, y del deterioro democrático que le ha ido parejo en estas últimas décadas. De ahí que bajar impuestos siempre se venda como algo bueno para el conjunto de la población y para el funcionamiento de la economía del país.

Las más de las veces, las decisiones sobre fiscalidad se hayan envueltas de demagogia y tecnicismos. Así, el debate siempre se simplifica en la disyuntiva entre la bondad o maldad de subir o bajar impuestos, cuando lo que hay que determinar es hasta qué punto las subidas, bajadas o modificaciones de cada impuesto en particular, incluidas las bonificaciones, afectan a la equidad de nuestro sistema económico, a la sociedad en su conjunto, y más específicamente, a grupos sociales concretos o al fomento de la igualdad.

La forma en la que se diseña cada impuesto implica una mayor o menor recaudación por un concepto determinado. Pero también lleva aparejada toda una serie de incentivos que pueden ser de distinto signo para personas que se encuentren en situaciones desiguales y que afectan a la creación de riqueza, de empleo o la decisión de participar o no en el mercado de trabajo -algo muy sensible para las mujeres y su especialización histórica en el cuidado-, y que siempre conllevan una redistribución determinada de la renta. Por tanto, tienen consecuencias en la justicia social, la igualdad y el bienestar de la ciudadanía. De ahí que cuando hablamos de impuestos estemos tratando de medidas con un amplio calado político y que en un sistema democrático deberían ser resueltas en un informado y transparente debate público, y no sólo como moneda de cambio para conseguir apoyos parlamentarios.

¿Alta presión fiscal?

Así se suele presentar a España como un país con una alta presión fiscal, cuando los datos demuestran que nos encontramos en la parte media-inferior de la tabla en relación a la OCDE, la UE o la Eurozona, como denuncian sistemáticamente los técnicos de hacienda. España tiene una presión fiscal 6,6 puntos menor -33,6%- que la media ponderada de la Zona Euro -40,2%-, y 5,2 puntos menos que la media europea de los 28 -38,8%, con un trato fiscal bastante ventajoso para las rentas del capital, pero no sólo. España también recauda menos por impuestos del trabajo, sobre todo debido a las bonificiaciones que rebajan las cotizaciones a la seguridad social. Nuestro país ocupa la plaza 14 respecto a la presión de fiscal al trabajo en la UE, lo que hace que el Estado español ingrese 30.000 millones de euros menos que la media comunitaria por impuestos al trabajo.

Esto explica que España sea uno de los países que menos impuestos recauda y que tenga una presión fiscal más baja, a lo que habría que añadir la existencia de unos  servicios públicos claramente insuficientes, y un sistema de ayudas directas de los menos eficaces de la UE. De heho, los informes de la OCDE o de la UE apuntan sistemáticamente a la infrafinanciación de la Hacienda española respecto a las de sus socios comunitaros o los pertenecientes a la OCDE. Y a pesar de ello, y pese a los compromisos adquiridos con la UE respecto a la reducción del déficit público, se anuncia una rebaja de impuestos para el próximo año y sucesivos.

De hecho, son varios los especialistas que dudan de los efectos beneficiosos que esta rebaja de impuestos pueda tener en la renta disponible de los trabajadores y, sobre todo, alertan sobre la falta de progresividad de las bonificaciones a familias con dependientes y a las familias numerosas. Ya que en muchos casos, beneficiarían a familias que no se encuentran entre las que tienen las rentas más bajas, y por tanto, más necesidades. Mientras que esta rebaja sí que supone una reducción de los ingresos del Estado y por tanto, de su capacidad de gasto, incluído el gasto social.

No hay que olvidar que España se sigue situando muy por debajo de la media de la UE en gasto social respecto a nuestro PIB; por ejemplo, a cuatro puntos de Alemania o a 9 de Francia. Y que somos uno de los países en los que la desigualdad económica cambia menos antes y después de impuestos. Lo que quiere decir que tenemos un sistema muy poco progresivo, ya que una parte importante del gasto social, en torno al 20%, lo reciben las rentas más altas, precisamente a través del abuso de las bonificaciones que es el modelo que se fomenta con esta rebaja de impuestos. Sobre todo,  en lo relativo a la bonificación a las familias numerosas que los datos nos dicen que se concentran en los tramos más elevados de renta.

Pero esta falta de progresividad fiscal también se observa en la propuesta de bonificación a las familias con dependientes. En cambio, la Ley de Dependencia sigue estando infrafinanciada, y son muchas las familias que tienen que dedicar al menos un miembro de la misma, normalmente una mujer de mediana edad, a tiempo más que completo al cuidado de la persona dependiente. Así se explica que el empleo que se debería haber generado con la puesta en marcha de la ley tanto en instituciones públicas como a través del cuidado especializado domiciliario haya quedado muy alejado de las estimaciones realizadas en el Libro Blanco de la Dependecia publicado por el Ministero de Trabajo y Asuntos Sociales en 2005.

Fallos y virtudes de la Ley de Dependencia

La Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia supuso un auténtico hito en la construcción del cuarto pilar de nuestro Estado del Bienestar. Esta ley tuvo varios fallos. Tal vez,  el fallo principal fue el de no haber pactado previamente su financiación, lo que unido al boicot político que hicieron algunos Gobiernos autonómicos, haya llevado a una desigualdad territorial en su aplicación más que manifiesta. A lo que hay que añadir la paralización que el desarrollo de la Ley tuvo durante la crisis económica al ver reducida drásticamente su financiación.

Pero también tuvo varias virtudes, entre ellas, el reconocer el derecho a la autonomía personal como un derecho individual. Pero hacerlo con un critero de progresividad fiscal que debería permitir una mejor redistribución de la renta y por tanto, de bienestar para las personas y sus familias, que el sistema de bonificación propuesto en la reforma actual no lleva aparejado. La obtención de los cuidados necesarios para suplir la falta de autonomía funcional debe reconocerse como un derecho elemental de las personas dependientes. Pero debe ir de la mano del reconocimiento del derecho de las personas cuidadoras a la libre elección de poder o no cuidar. Esto lo garantiza mucho mejor un sistema de servicios públicos y ayuda profesional a domicilio que las bonificiaciones sin progresividad que además pueden detraer ingresos al sistema.

Es cierto que el desarrollo insuficiente e infrafinanciado de la Ley de Dependencia ha llevado al abuso de la tercera figura contemplada para el cuidado de las personas dependientes, el cuidador o cuidadora familiar. Pero eso no quiere decir que haya que abandonar el desarrollo de la Ley promocionando un sistema de bonificaciones como el que se contempla en la bajada de impuestos propuesta por Ciudadanos. Ahora que se ha salido de la recesión, es necesario apostar de manera clara por un sistema que garantice que ninguna persona dependiente se sienta desamparada de su derecho de autonomía, al tiempo que ninguna persona se vea obligada a reunciar a su empleo o proyecto vital para evitar esa situación.

Para ello, es fundamental que el sistema se aplique con progresividad fiscal; y teniendo en cuenta la situación desigual en la que mujeres y hombres se encuentran en relación al mandato social en torno a los cuidados, ya que el sistema de bonificaciones tomando la familia como unidad puede suponer un incentivo perverso a la decisión y forma de participar de las mujeres en el mercado de trabajo.

Publicado en Eldiario.es

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