Uno de los temas menos tratados y valorados en relación a la política del Partido Popular en tiempos de austericidio han sido sus intentos, en unos casos, y hechos consumados en otros, relativos a la involución de los modelos de bienestar en los servicios universales. Lo más evidente ha sido su política de recortes, los copagos y las privatizaciones varias bajo la excusa o al calor de la crisis. La ciudadanía se ha movilizado en las calles ante tales afrentas y la oposición política en los parlamentos ha ido poniendo freno a sus intenciones y reduciendo sus efectos, a veces con mayor acierto, otras con escasos resultados.

Probablemente los intentos más serios y retrocesos más profundos se hayan dado en la dirección de avanzar hacia un modelo laboral individualizado, precario y pobre, que implica un proceso de transformación a medio plazo del sistema contributivo de pensiones en otro asistencial. Pero el empeño más drástico, porque no contaba con precedentes y porque pretendía la ruptura e involución total del sistema conocido y reconocido, ha sido en cambiar el modelo sanitario.

Desde que en España se pusiera en marcha la Ley General de Sanidad que implementó un sistema sanitario público y universal a partir de la Seguridad Social franquista, nadie había planteado, ni se había intentado siquiera cambiar el modelo sanitario vigente. Más bien al contrario, sucesivos gobiernos, en su calidad de más o menos neoliberales, más o menos conservadores, habían mantenido el modelo democrático como un elemento de consenso e incluso digno de elogio en relación a otros modelo de nuestros vecinos comunitarios.

Sí es cierto que, en paralelo a ese proclamado consenso, se habían aplicado medidas que a veces, con la excusa de la “necesidad de modernización”, lo socavaban en la administración central y más en particular en las comunidades autónomas. Las más conocidas fueron las del informe Abril, la ley Aznar 15/96 que fundamentalmente abría el sistema a la gestión privada. A partir de ahí, se sucedieron pasos que en algunas comunidades, lideradas durante décadas por el PP, lograron casi destrozar el modelo de sanidad pública en favor de otro gestionado por cada vez más manos privadas, de menor calidad y excluyente. Destacaron aquí las experiencias valenciana y madrileña.

Sin embargo, ni los más pesimistas concebían en el inicio del Gobierno Rajoy que el PP intentara desmontar con su famoso modo de proceder, “el decretazo”, todo lo construido con un importante apoyo social y profesional a lo largo de décadas. Incluso cuando el decreto estaba en las Cortes fue difícil explicar, por inconcebible, algo más allá del rechazo a la exclusión de los inmigrantes, los recortes y el copago farmacéutico para pensionistas. Si a la importancia de estas medidas retrógradas sumamos las privatizaciones ya consumadas en las CCAA, la coherencia del conjunto salta a la vista interpretado desde una perspectiva de involución: de un modelo público como derecho ciudadano a un modelo de seguros mixto y competitivo donde el ciudadano protegido se transforma en beneficiario, donde aparece la posibilidad de convenio para los excluidos, se incrementa la participación económica de los copagos y se vislumbran bonificaciones o exenciones fiscales para los contratantes de seguros privados. A la par, la sanidad pública queda reducida a una suerte de beneficencia para quienes no alcancen a convertirse en asegurados por alguna empresa del sector.

Hay que reconocer que el PP ha podido ahondar en este serio intento de demolición de la joya del Estado del Medioestar español porque todavía, a casi tres décadas de la Ley de Sanidad, su desarrollo en materia de universalidad no se había culminado, como tampoco la integración en el sistema de los seguros residuales que aún hoy dan cobertura sanitaria a los funcionarios.

Las razones del fracaso de convertir un sistema sanitario de derechos en un seguro social mixto son múltiples. Una de ellas ha sido sin duda la debilidad financiera en que la crisis fue dejando a nuestra Seguridad Social, impidiendo con ello que se pudiera siquiera pensar en una financiación sanitaria distinta de la actual, con cargo a los impuestos desde los años 90. Aparte de esto, quizá lo que ha hecho fracasar el intento de revertir nuestra sanidad pública haya sido la resistencia de los trabajadores de la sanidad y de distintas organizaciones de derechos humanos y colectivos sociales que deslegitimaron las medidas de exclusión y los recortes desde un principio en el terreno abonado por las privatizaciones y sus redes corruptas en comunidades como la del País Valenciano o la de Madrid. Por otro lado, se ha logrado poner de manifiesto el impacto negativo de la exclusión y los copagos en la prevención y promoción de salud, seguimiento y control de enfermedades infecciosas y de tratamiento a los enfermos crónicos. Algunas regiones también han destacado en el freno parcial de limitar la atención sanitaria a inmigrantes.

Ahora que con el final nominal de la crisis y la vuelta del estancamiento vuelven también las propuestas de recuperación de la inversión en Sanidad, sería bueno que no olvidásemos la fragilidad de tan precioso sistema sanitario, ni nuestras obligaciones de reconstruirlo, completarlo e incluso transformarlo para fortalecerlo. Porque la batalla no ha terminado. Si buenas son las noticias que nos llegan desde la Generalitat Valenciana, que ha comenzado la reversión de su avanzada privatización sanitaria, cada uno de nosotros debemos hacer lo posible, cada cual desde su ámbito, por que se adopten las medidas legales, de gestión y de conciencia profesional y ciudadana para culminar el carácter público, universal, integral y de calidad de nuestro sistema sanitario.

Trump con su trumpain se apresta en EEUU a demoler el tímido sistema de seguro denominado Obamacare. Hay un parecido entre el trumpain norteamericano y el RD16/2012 español del PP frente al modelo sanitario universal, pilar básico de nuestro sistema social. A mi entender, la comisión de Sanidad del Congreso se ha dejado enredar por los anuncios del Gobierno sobre exclusión sanitaria y de reforma de los tramos del copago (repago, porque se paga dos veces), sin enfrentar el verdadero problema: la derogación del RD16/2012.

Por eso, desde el que es mi ámbito actual de acción, el parlamento de Asturias, proponemos al Congreso una ley para derogar el RD16/2012 y para reformar las leyes de sanidad y de cohesión al objeto de blindar el carácter universal del SNS. Es el momento de recomponer nuestra Sanidad Pública.
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Gaspar Llamazares es portavoz de Izquierda Abierta y portavoz parlamentario de IU en Asturias.

 

Publicado en InfoLibre.es

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